Venezuela: Maduro decretó la venta obligatoria de todos los inmuebles que llevan 20 años arrendados
Lunes 31 de
Marzo 2014
Los inquilinos tendrán prioridad y si se incumple la norma, se prevén multas de 40.000 dólares o, incluso, la expropiación. Denuncian la "inconstitucionalidad" del decreto chavista
Los propietarios tienen 60 días hábiles desde este 28 de marzo, fecha en que se firmó el decreto, para poner a la venta sus inmuebles. Afecta a todos aquellos que llevan 20 o más años alquilando sus bienes. Los inquilinos tienen prioridad para comprar, pero si no lo hacen, igual deberá ser vendido.
Para quienes no cumplan, el decreto del Ministerio de Vivienda advierte que la multa inicial será de 2.000 Unidades Tributarias, equivalente a 254.000 bolívares (unos 40.317 dólares a la cotización oficial de 6,3 bolívares por dólar), que debe ser pagada en un lapso de cinco días. La multa será doblada si no se paga en ese lapso y, tras ello, de mantenerse la mora, "la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda solicitará el embargo ejecutivo correspondiente sobre el inmueble o inmuebles objeto de la multa", señala.
En una primera reacción, Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), calificó la norma de "inconstitucional". En declaraciones a la emisora Noticias24, dijo que se trata de una medida que "despoja de su propiedad" a dueños legítimos, pese a que la Constitución sólo prevé la expropiación o la confiscación con el respectivo pago de una indemnización.
La norma, además, establece que el "precio justo" lo determinará la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Viviendas. Según la Asociación de Propietarios, el Gobierno aún no fija los nuevos valores por metro cuadrado de construcción que debe reconocer el índice inflacionario, que en 2013 fue de 56,2 por ciento.
El fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) lanzó en 2011 la Gran Misión Vivienda, un programa para hacer frente al déficit de inmuebles que sufre Venezuela y que, según cifras oficiales, afecta a 3,7 millones de jefes de familia carentes de hogar o con viviendas que requieren ser habilitadas.
El plan se apoya en la firma de diversos convenios con una decena de países, entre ellos, Rusia, China, Uruguay y Bielorrusia, y hasta mediados de 2013, el Gobierno informó de la entrega de 415.218 viviendas en todo el país.
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En una primera reacción, Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), calificó la norma de "inconstitucional". En declaraciones a la emisora Noticias24, dijo que se trata de una medida que "despoja de su propiedad" a dueños legítimos, pese a que la Constitución sólo prevé la expropiación o la confiscación con el respectivo pago de una indemnización.
La norma, además, establece que el "precio justo" lo determinará la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Viviendas. Según la Asociación de Propietarios, el Gobierno aún no fija los nuevos valores por metro cuadrado de construcción que debe reconocer el índice inflacionario, que en 2013 fue de 56,2 por ciento.
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Con información de
Infobae
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