Cristina Kirchner pidió que declaraciones de Alberto Fernández y Sergio Massa sean presenciales
Por:
Sofía Caram
Miércoles 30 de
Junio 2021
A través de un escrito presentado por su abogado Carlos Beraldi, la vicepresidenta Cristina de Kirchner consideró que se trata de testimonios de “una enorme relevancia para el caso”, lo que requiere que todas las partes puedan estar presentes en la sala de audiencias.
Hoy el juicio se desarrolla en forma remota y por los protocolos de prevención del covid-19 sólo pueden estar en Comodoro Py los jueces y el secretario del Tribunal. Por ese motivo, la defensa de Cristina planteó ante el TOF2 que se difieran las declaraciones del Presidente de la Nación y del resto de los funcionarios hasta tanto la situación epidemiológica posibilite la presencialidad plena.
“Es importante garantizar que los testigos puedan ser ampliamente interrogados por todas las partes y por el Tribunal en el marco de un amplio contradictorio público, máxime teniendo en cuenta la investidura que en la actualidad ostentan algunas de estas personas”, justificó Beraldi.
La semana pasada, el Tribunal informó a las partes que una vez concluido el bloque de testigos de la AFIP, serán convocados Sergio Tomás Massa, Juan Manuel Abal Medina, Jorge Milton Capitanich, Carlos Zannini, Aníbal Domingo Fernández y Alberto Fernández.
Se trata de testimonios pedidos por la defensa de Cristina y varios de los demás imputados. Aunque el TOF2 no especificó fechas para estas testimoniales, en caso de no hacer lugar al pedido de la expresidenta de posponerlos se calcula que el Presidente y el resto de los funcionarios estarían prestando declaración en el mes de agosto, cuando ya esté en pleno auge la campaña electoral de cara a las elecciones legislativas.
El escrito recuerda que el Tribunal hizo lugar a solicitudes similares realizadas por la Fiscalía y la Oficina Anticorrupción respecto de otros testigos, incluyendo a Javier Iguacel, denunciante en la causa y considerado un testigo de relevancia. El extitular de Vialidad Nacional del macrismo podrá declarar recién cuando se retome la presencialidad total.
Lo que resuelvan los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu tendrá, inexorablemente, impacto político. Por su parte, si bien los funcionarios pueden elegir declarar por escrito se trata de un juicio de alto voltaje, por lo que cualquier paso que den en este marco generará fuertes repercusiones más allá del edificio de Comodoro Py. Decisión de aplazamiento es del TOF.
Nueva audiencia
En tanto, este martes el juicio continuó con el bloque de testigos de funcionarios de la AFIP que llevaron adelante fiscalizaciones a empresas de Lázaro Báez.
Convocado por al Fiscalía y la querella, el contador Daniel Emilio Rojo dio detalles de su trabajo como supervisor de la división externa de fiscalización de la regional Mar Del Plata.
Rojo participó de las reinspecciones de Austral Construcciones y Constructora Patagónica a partir de diciembre del 2015. En una extensa declaración coincidió con sus colegas que lo antecedieron respecto de las investigaciones por facturación apócrifa.
En ese sentido reconoció que hubo una doble fiscalización sobre Austral por orden específica de la Jefatura Regional, lo que “no es habitual”. La defensa de Báez busca demostrar que hubo un tratamiento desigual y una “persecución” al empresario patagónico por parte de funcionarios de AFIP que respondían a Jaime Mecikovsky, un funcionario del organismo recaudador que actuaba como nexo con Elisa Carrió. La Fiscalía y querella, por su parte, tienen por objeto relacionar las facturas falsas con las supuestas maniobras de direccionamiento de la obra pública.
“Es importante garantizar que los testigos puedan ser ampliamente interrogados por todas las partes y por el Tribunal en el marco de un amplio contradictorio público, máxime teniendo en cuenta la investidura que en la actualidad ostentan algunas de estas personas”, justificó Beraldi.
La semana pasada, el Tribunal informó a las partes que una vez concluido el bloque de testigos de la AFIP, serán convocados Sergio Tomás Massa, Juan Manuel Abal Medina, Jorge Milton Capitanich, Carlos Zannini, Aníbal Domingo Fernández y Alberto Fernández.
Se trata de testimonios pedidos por la defensa de Cristina y varios de los demás imputados. Aunque el TOF2 no especificó fechas para estas testimoniales, en caso de no hacer lugar al pedido de la expresidenta de posponerlos se calcula que el Presidente y el resto de los funcionarios estarían prestando declaración en el mes de agosto, cuando ya esté en pleno auge la campaña electoral de cara a las elecciones legislativas.
El escrito recuerda que el Tribunal hizo lugar a solicitudes similares realizadas por la Fiscalía y la Oficina Anticorrupción respecto de otros testigos, incluyendo a Javier Iguacel, denunciante en la causa y considerado un testigo de relevancia. El extitular de Vialidad Nacional del macrismo podrá declarar recién cuando se retome la presencialidad total.
Lo que resuelvan los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu tendrá, inexorablemente, impacto político. Por su parte, si bien los funcionarios pueden elegir declarar por escrito se trata de un juicio de alto voltaje, por lo que cualquier paso que den en este marco generará fuertes repercusiones más allá del edificio de Comodoro Py. Decisión de aplazamiento es del TOF.
Nueva audiencia
En tanto, este martes el juicio continuó con el bloque de testigos de funcionarios de la AFIP que llevaron adelante fiscalizaciones a empresas de Lázaro Báez.
Convocado por al Fiscalía y la querella, el contador Daniel Emilio Rojo dio detalles de su trabajo como supervisor de la división externa de fiscalización de la regional Mar Del Plata.
Rojo participó de las reinspecciones de Austral Construcciones y Constructora Patagónica a partir de diciembre del 2015. En una extensa declaración coincidió con sus colegas que lo antecedieron respecto de las investigaciones por facturación apócrifa.
En ese sentido reconoció que hubo una doble fiscalización sobre Austral por orden específica de la Jefatura Regional, lo que “no es habitual”. La defensa de Báez busca demostrar que hubo un tratamiento desigual y una “persecución” al empresario patagónico por parte de funcionarios de AFIP que respondían a Jaime Mecikovsky, un funcionario del organismo recaudador que actuaba como nexo con Elisa Carrió. La Fiscalía y querella, por su parte, tienen por objeto relacionar las facturas falsas con las supuestas maniobras de direccionamiento de la obra pública.
Con información de
Ámbito
