Fake news contra Grupo Indalo omite sistema extorsivo macrista
Miércoles 30 de
Junio 2021
El periodista de investigación del diario La Nación, Hugo Alconada Mon, escribió un artículo en el que hace referencia a un informe de la SIGEN.
Este advierte sobreprecios y dilaciones en la obra del Sistema Riachuelo, un proyecto clave para más de cuatro millones que viven en el AMBA.
El trabajo pone el foco en el Lote 2 de esa obra que corresponde al “Sistema Riachuelo. Planta de Tratamiento, Estación Elevador de Entrada, Estación de Bombeo de Salida”.
El periodista hace una comparación del grado de avance de los tres lotes licitados para la obra y asegura que el Lote 2 a cargo de la UTE conformada por las empresas Esuco, JCR, CPC (constructora del Grupo Indalo) y C&E tiene un 30% de grado de avance.
Cabe destacar que se omite la decisión de AYSA a partir de los primeros meses de 2018 para ahogar financieramente al consorcio empresario con el evidente objetivo de quitarle el contrato y cederlo a los amigos del entonces presidente Mauricio Macri. Algo que finalmente ocurrió.
El modus operandi extorsivo del macrismo fue explícito cuando apenas iniciado el mandato, Macri declaró la guerra al Grupo Indalo. La justicia federal investiga la asociación ilícita donde incluso hay un prófugo (Pepín Rodríguez).
En 2016 surgió la denuncia maliciosa contra Oil Combustibles, que provocó la quiebra de la petrolera y así rematar activos a precio vil en meses. También está el caso de la obra de renovación y ampliación de la Ruta Nacional N 3: en mayo de 2018 la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), al mando de Javier Iguacel y con el respaldo del entonces ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, rescindió el contrato de la empresa constructora CPC.
En esa línea de acción se inscribe la situación del Lote 2 de la obra del Sistema Riachuelo. En este caso, los “instrumentadores” fueron el ingeniero José Luis Inglese (AYSA) y el entonces ministro del Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio, ya que la empresa estatal dependía de su área.
Alconada Mon relata que “durante el primer semestre de 2019, el consorcio a cargo del Lote 2, anunció su decisión de ceder su contrato porque CPC, la constructora de Cristóbal López, había entrado en concurso preventivo. Lo cedió a Impregilo, el grupo italiano que era socia de Sideco, el holding de la familia Macri, en la firma Yacylec”.
¿Consultó el periodista a las empresas que integraban la UTE cómo fueron las circunstancias en la que cedieron la obra?
Hay un elemento en la justicia que puede ayudar y se trata de una denuncia realizada ante el Juzgado Federal Nro. 2 de Morón, el 9 de noviembre de 2018, en la cual la UTE planteó los innumerables incumplimientos que AYSA había incurrido en el contrato en cuestión y que era el motivo fundamental de la demora en el avance de los trabajos.
La administración macrista de AYSA demoró pagos y se negó sistemáticamente a redeterminar los precios de los trabajos en 2018 pero con valor de 2016.
La parte grave de la historia es que hubo amenazas a los empresarios y que realizarían acciones para declarar la inhabilitación del registro de contratistas y una denuncia penal por sobreprecios.
Al final, el contrato fue cedido en razón del concurso de acreedores en el cual se encontraba la firma CPC. Acá el propio Alconada Mon reconoce que la italiana Impregilo tenía negocios con el clan Macri.
Queda a la vista que la cesión del contrato fue algo forzado por el macrismo y que las empresas integrantes de la UTE dejaron constancia con denuncia judicial.
El trabajo pone el foco en el Lote 2 de esa obra que corresponde al “Sistema Riachuelo. Planta de Tratamiento, Estación Elevador de Entrada, Estación de Bombeo de Salida”.
El periodista hace una comparación del grado de avance de los tres lotes licitados para la obra y asegura que el Lote 2 a cargo de la UTE conformada por las empresas Esuco, JCR, CPC (constructora del Grupo Indalo) y C&E tiene un 30% de grado de avance.
Cabe destacar que se omite la decisión de AYSA a partir de los primeros meses de 2018 para ahogar financieramente al consorcio empresario con el evidente objetivo de quitarle el contrato y cederlo a los amigos del entonces presidente Mauricio Macri. Algo que finalmente ocurrió.
El modus operandi extorsivo del macrismo fue explícito cuando apenas iniciado el mandato, Macri declaró la guerra al Grupo Indalo. La justicia federal investiga la asociación ilícita donde incluso hay un prófugo (Pepín Rodríguez).
En 2016 surgió la denuncia maliciosa contra Oil Combustibles, que provocó la quiebra de la petrolera y así rematar activos a precio vil en meses. También está el caso de la obra de renovación y ampliación de la Ruta Nacional N 3: en mayo de 2018 la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), al mando de Javier Iguacel y con el respaldo del entonces ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, rescindió el contrato de la empresa constructora CPC.
En esa línea de acción se inscribe la situación del Lote 2 de la obra del Sistema Riachuelo. En este caso, los “instrumentadores” fueron el ingeniero José Luis Inglese (AYSA) y el entonces ministro del Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio, ya que la empresa estatal dependía de su área.
Alconada Mon relata que “durante el primer semestre de 2019, el consorcio a cargo del Lote 2, anunció su decisión de ceder su contrato porque CPC, la constructora de Cristóbal López, había entrado en concurso preventivo. Lo cedió a Impregilo, el grupo italiano que era socia de Sideco, el holding de la familia Macri, en la firma Yacylec”.
¿Consultó el periodista a las empresas que integraban la UTE cómo fueron las circunstancias en la que cedieron la obra?
Hay un elemento en la justicia que puede ayudar y se trata de una denuncia realizada ante el Juzgado Federal Nro. 2 de Morón, el 9 de noviembre de 2018, en la cual la UTE planteó los innumerables incumplimientos que AYSA había incurrido en el contrato en cuestión y que era el motivo fundamental de la demora en el avance de los trabajos.
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Con información de
Ámbito
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