La Corte Penal Internacional rechazó la impugnación del régimen de Maduro y avanza la investigación por violación a los derechos humanos en Venezuela
Lunes 05 de
Julio 2021
La Corte Penal Internacional (CPI) rechazó en las últimas horas la impugnación que el régimen de Nicolás Maduro había hecho sobre la investigación que esa fiscalía había iniciado sobre violación sistemática de derechos humanos bajo el mandato del dictador venezolano.
La resolución preliminar, que lleva fecha del 2 de julio, se conoció recién hoy y estará completa a partir del próximo 21 de julio, día en que vence el plazo para que Venezuela presente sus alegatos para completar el fallo y avanzar en la acusación formal.
El pronunciamiento conocido este lunes da respuesta a la solicitud de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que los escritos presentados durante la incidencia sean publicados con versiones editadas para proteger a las víctimas y testigos, entre otros afectados.
En tal sentido, de acuerdo al documento al que accedió Infobae, la Cámara que evaluó las presentaciones de la dictadura decidió desestimar el “recurso” de control judicial que formuló Venezuela in limine, es decir, por su improcedencia y por ser abiertamente prematuro.
De acuerdo al artículo 11 de la resolución, “la Cámara rechazó que el artículo 21.3 del Estatuto pudiera servir de base jurídica para la reparación solicitada. La Sala indicó que el marco jurídico del Tribunal prevé una oportunidad procesal para presentar el tipo de impugnaciones que estaba siendo presentada por Venezuela y, por lo tanto, no existe ninguna ‘laguna’ en el derecho aplicable. La Sala señaló que la disposición pertinente es el artículo 18 del Estatuto, aunque para que esta disposición esté disponible, el Fiscal debe determinar que existe una base razonable para proceder con una investigación. Debido a que esa determinación aún no había sido anunciada, la Sala concluyó que la solicitud de Venezuela era prematura y la rechazó in limine”.
A tal efecto, la Cámara interviniente determinó que la fiscalía tendrá tiempo hasta el 23 de julio para completar su escrito con la información editada resguardando la identidad de víctimas y testigos. En tanto, también dio plazo hasta el 21 de este mes a la dictadura para que presente sus alegaciones editadas. Sin embargo, este trámite no modificará su resolución de no hacer lugar a la impugnación del régimen de Maduro presentada por Tarek William Saab, Fiscal General de Venezuela.
En junio, la saliente fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, dijo que había tenido la intención de pedir la apertura de una investigación formal sobre los crímenes cometidos por las fuerzas gubernamentales en Venezuela, pero que se le impidió hacerlo en el último minuto tras una intervención del régimen chavista pidiendo a los jueces que se encargaran del caso. El puesto está ahora en manos de Karim Khan, quien deberá decidir, una vez terminado el proceso de la impugnación venezolana, si es que solicita la apertura del juicio.
La CPI abrió en febrero de 2018 un examen preliminar a Venezuela por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad, tanto en las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017 como en algunas cárceles donde se habría maltratado a opositores. Bensouda había adelantado en noviembre del año pasado que existen “fundamentos razonables para creer” que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. En el último informe hecho público, mencionó posibles delitos de tortura, violencia sexual y persecución por motivos políticos, cuyas víctimas habrían sido miembros de la oposición.
En junio, tras el recambio en la fiscalía, la oposición venezolana pidió a Khan “celeridad” sobre el caso venezolano, ya que “se han agotado todas las instancias internas para conseguir justicia”. Julio Borges, nombrado por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, comisionado para las Relaciones Exteriores, añadió: “lamentablemente el sistema judicial venezolano es parte de la estructura de poder que comete crímenes”.
El pronunciamiento conocido este lunes da respuesta a la solicitud de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que los escritos presentados durante la incidencia sean publicados con versiones editadas para proteger a las víctimas y testigos, entre otros afectados.
En tal sentido, de acuerdo al documento al que accedió Infobae, la Cámara que evaluó las presentaciones de la dictadura decidió desestimar el “recurso” de control judicial que formuló Venezuela in limine, es decir, por su improcedencia y por ser abiertamente prematuro.
De acuerdo al artículo 11 de la resolución, “la Cámara rechazó que el artículo 21.3 del Estatuto pudiera servir de base jurídica para la reparación solicitada. La Sala indicó que el marco jurídico del Tribunal prevé una oportunidad procesal para presentar el tipo de impugnaciones que estaba siendo presentada por Venezuela y, por lo tanto, no existe ninguna ‘laguna’ en el derecho aplicable. La Sala señaló que la disposición pertinente es el artículo 18 del Estatuto, aunque para que esta disposición esté disponible, el Fiscal debe determinar que existe una base razonable para proceder con una investigación. Debido a que esa determinación aún no había sido anunciada, la Sala concluyó que la solicitud de Venezuela era prematura y la rechazó in limine”.
A tal efecto, la Cámara interviniente determinó que la fiscalía tendrá tiempo hasta el 23 de julio para completar su escrito con la información editada resguardando la identidad de víctimas y testigos. En tanto, también dio plazo hasta el 21 de este mes a la dictadura para que presente sus alegaciones editadas. Sin embargo, este trámite no modificará su resolución de no hacer lugar a la impugnación del régimen de Maduro presentada por Tarek William Saab, Fiscal General de Venezuela.
En junio, la saliente fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, dijo que había tenido la intención de pedir la apertura de una investigación formal sobre los crímenes cometidos por las fuerzas gubernamentales en Venezuela, pero que se le impidió hacerlo en el último minuto tras una intervención del régimen chavista pidiendo a los jueces que se encargaran del caso. El puesto está ahora en manos de Karim Khan, quien deberá decidir, una vez terminado el proceso de la impugnación venezolana, si es que solicita la apertura del juicio.
La CPI abrió en febrero de 2018 un examen preliminar a Venezuela por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad, tanto en las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017 como en algunas cárceles donde se habría maltratado a opositores. Bensouda había adelantado en noviembre del año pasado que existen “fundamentos razonables para creer” que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. En el último informe hecho público, mencionó posibles delitos de tortura, violencia sexual y persecución por motivos políticos, cuyas víctimas habrían sido miembros de la oposición.
En junio, tras el recambio en la fiscalía, la oposición venezolana pidió a Khan “celeridad” sobre el caso venezolano, ya que “se han agotado todas las instancias internas para conseguir justicia”. Julio Borges, nombrado por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, comisionado para las Relaciones Exteriores, añadió: “lamentablemente el sistema judicial venezolano es parte de la estructura de poder que comete crímenes”.
Con información de
Infobae
