25 DE ABRIL 2024
Una jueza mandó a la quiebra al Correo Argentino y Juntos por el Cambio defendió a Macri: "El kirchnerismo ejecuta sus deseos de venganza"
Martes 06 de
Julio 2021
La decisión de la jueza comercial Marta Cirulli de mandar a la quiebra a Correo Argentino SA, la empresa de la familia de Mauricio Macri, y de ordenar la entrega de sus bienes en 5 días derivó en un choque político entre la oposición y el gobierno nacional, debido a que dirigentes de manera individual y Juntos por el Cambio, en bloque, responsabilizaran al kirchnerismo por la decisión y la vincularon a una supuesta “persecución política y una venganza”.
“En un día oscuro para la justicia comercial argentina, la jueza Marta Cirulli decretó hoy la quiebra de Correo Argentino S.A., a pesar de que sus accionistas habían ofrecido pagar el 100% de la deuda más los intereses que determinaran los tribunales”, advirtió el comunicado que fue difundido oficialmente por JxC. Allí, se advirtió que “la única razón para comprender esta decisión es el rechazo del Estado argentino, motorizado por el procurador Carlos Zannini, de aceptar cualquier tipo de acuerdo. Las motivaciones detrás de esta decisión son políticas: no están basadas en el derecho, ni el sentido común, ni en los deberes de un funcionario público que debe cuidar el patrimonio de todos los argentinos, en lugar de usar su cargo para perseguir opositores”.
De todos modos, Juntos por el Cambio no sólo apuntó contra el kirchnerismo, sino que también cuestionó de manera personal a la magistrada que firmó la sentencia, tras un proceso que duró casi 20 años: “Zannini siempre quiso bloquear cualquier acuerdo y empujar a la empresa a la quiebra, con el objetivo político de perjudicar a la familia del ex presidente Mauricio Macri. Hoy lo logró. Las presiones del gobierno y la falta de carácter de la jueza Cirulli llevaron a una decisión injustificable desde el punto de vista del derecho, que pone en riesgo las bases de la justicia comercial en la Argentina. Si una empresa puede ser empujada a la quiebra solo por la voluntad de un gobierno ¿quién garantizará a las empresas que si les va mal tendrán un tratamiento justo por parte de los tribunales?”.
Y agregó que “para conseguir sus objetivos políticos Zannini está perjudicando los intereses del Estado argentino, que ya no cobrará sus acreencias. Repudiamos la persecución a Mauricio Macri, denunciamos el uso partidista que hace de su cargo Carlos Zannini y lamentamos otra señal de las instituciones argentinas en contra de la inversión y el Estado de Derecho. El kirchnerismo está jugando con nuestro Estado para ejecutar sus deseos de venganza. Es momento de decirles basta. En las elecciones de noviembre tenemos una oportunidad”.
El fallo de Cirulli que provocó esa reacción política se produjo ayer, en el primer día hábil después de que la Cámara Comercial, en un fallo urgente, anunció que notificaría a la Corte Suprema sobre la existencia de un recurso por conflicto de competencias con el Superior Tribunal de Justicia. Y, en orden cronológico, después que Macri publicara una carta en Facebook donde declaró: ”El gobierno busca venganza, buscan dañarme y tienen como objetivo a mis hijos. Ese acto lo ejecutan a través de la Justicia, manipulada por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini”.
Además, en la misma declaración publicada el sábado en Facebook, Macri declaró: “Ojalá la Justicia Comercial no quede en la historia como un protagonista responsable de haber contribuido a transformar nuestro querido país en Argenzuela. No pido privilegios, pido justicia”.
Tras ambos planteos se encolumnaron Juntos por el Cambio -que habló de una “venganza y una persecución”- y la empresa Correo Argentino SA, que advirtió en un comunicado: “Hoy es un día nefasto para la justicia comercial argentina. Muchos argumentos jurídicos se escribirán de un lado y del otro, pero es increíble que el Estado se apropie de los bienes de una empresa, le deje las deudas y no acepte el pago del 100%, con lo que ahora la lleva a la quiebra. Todo por venganza e intereses políticos. Un paso más hacia Argenzuela“.
Más allá de los argumentos, fuentes de la empresa confirmaron que presentarán una apelación en el plazo de 5 días que les dio Cirulli para entregar sus bienes. Admiten que esa acción difícilmente tendrá resultados favorables, por lo que confían en que en la Corte Suprema de Justicia pueda ser la última instancia para evitar que la quiebre se aplique no ya sobre los activos remanentes de Correo Argentino SA -que está concursada desde 2001 y sin operaciones desde 2003, cuando fue estatizada por Néstor Kirchner- sino sobre SOCMA, la controlante que tiene entre sus accionistas a la familia Macri.
Desde la perspectiva del Gobierno, Correo Argentino S.A. le estaría debiendo al Estado 4.500 millones de pesos, y no los $1.011 millones ofrecidos por la familia Macri y su empresa. En marzo, en la Justicia comercial, la familia Macri había ofrecido pagar esa suma de una vez, o lo que la Justicia determinara, por toda la deuda para evitar la quiebra, pero Zannini, en nombre del Estado, rechazó la oferta y mantuvo el pedido de quiebra que se concretó este lunes.
Sobre esa controversia en torno a lo adeudado, la jueza fue determinante: “Es de suma relevancia hacer notar que el ofrecimiento de la concursada presume de satisfacer íntegramente el único crédito Categoría A, en el 100% del capital nominal ($296.205.376,49), más intereses”. Pero cuestionó la tasa que aplicó para hacer esa oferta. “Es claro que el mantenimiento de esa tasa de interés no puede compensar ni remotamente lo adeudado por falta de pago de los cánones mensuales, devengados -cuando menos- desde el año 2001 hasta el cese de la concesión del servicio postal, dispuesta en el Decreto N° 1075/2003″.
“No podría en ningún caso interpretarse que la posición evidenciada por el acreedor Estado Nacional en este concurso, es irrazonable o abusiva, por la sola circunstancia de no haberse expedido afirmativamente sobre la propuesta de pago o por haberla rechazado”, dijo la jueza. Y añadió: “No encuentro configurados los elementos constitutivos del abuso en el ejercicio del derecho que asiste al acreedor Estado Nacional” ni un “abuso del derecho”, afirmó.
Antecedentes
En 1997 el gobierno de Carlos Menem le dio la concesión del Correo Argentino S.A. al grupo Macri y en 2003, cuando llegó Néstor Kirchner a la Presidencia, rescindió ese contrato al denunciar que la empresa solo había pagado uno de los cánones semestrales que le correspondía abonar por cifras superiores a los 50 millones de pesos/dólares. La empresa adujo que estaba en concurso desde 2001, por la abultada deuda que el Estado tenía con ella, por servicios prestados durante todos esos años. Se trataba de un litigio por deudas cruzadas.
Tras idas y vueltas en el concurso -que atravesó todo el kirchnerismo-, en 2016 se desató la puja que hoy debe dilucidar la Justicia. Es que con Macri ya a cargo del Poder Ejecutivo aceptó una oferta para que se pagara en cuotas la deuda que la firma tenía en 2001. En ese momento, la fiscal ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, denunció que el acuerdo era “abusivo”, con una quita del 98,87 por ciento de la deuda, y que aceptarlo perjudicaba los intereses del Estado. El acuerdo no llegó a concretarse por la oposición fiscal y porque el propio Macri envió el caso a la Procuración del Tesoro.
Si bien los acreedores se cuentan por decenas, el actor principal es el Estado Nacional, debido a contar con las mayores acreencias. La ley 24.522 de Concursos y Quiebras establece en su artículo 48 inciso 8 que “cuando en esta etapa no se obtuviera acuerdo preventivo, por tercero o por el deudor, o el acuerdo no fuese judicialmente homologado, el juez declarará la quiebra sin más trámite”.
Por eso es que la jueza Cirulli tomó la decisión de dictar la quiebra. En su razonamiento, la magistrada avaló la posición de Zannini, al sostener que “el Estado Nacional se sujetó al procedimiento concursal por casi veinte años, haciéndose parte en el proceso, negociando con la concursada, asistiendo a las audiencias donde fue convocado, todo para obtener el cobro de su crédito (lo cual, en definitiva, se proyecta a la sociedad toda), originado hace al menos veinte años en condiciones económicas y de mercado diferentes a las actuales”.
De todos modos, Juntos por el Cambio no sólo apuntó contra el kirchnerismo, sino que también cuestionó de manera personal a la magistrada que firmó la sentencia, tras un proceso que duró casi 20 años: “Zannini siempre quiso bloquear cualquier acuerdo y empujar a la empresa a la quiebra, con el objetivo político de perjudicar a la familia del ex presidente Mauricio Macri. Hoy lo logró. Las presiones del gobierno y la falta de carácter de la jueza Cirulli llevaron a una decisión injustificable desde el punto de vista del derecho, que pone en riesgo las bases de la justicia comercial en la Argentina. Si una empresa puede ser empujada a la quiebra solo por la voluntad de un gobierno ¿quién garantizará a las empresas que si les va mal tendrán un tratamiento justo por parte de los tribunales?”.
Y agregó que “para conseguir sus objetivos políticos Zannini está perjudicando los intereses del Estado argentino, que ya no cobrará sus acreencias. Repudiamos la persecución a Mauricio Macri, denunciamos el uso partidista que hace de su cargo Carlos Zannini y lamentamos otra señal de las instituciones argentinas en contra de la inversión y el Estado de Derecho. El kirchnerismo está jugando con nuestro Estado para ejecutar sus deseos de venganza. Es momento de decirles basta. En las elecciones de noviembre tenemos una oportunidad”.
El fallo de Cirulli que provocó esa reacción política se produjo ayer, en el primer día hábil después de que la Cámara Comercial, en un fallo urgente, anunció que notificaría a la Corte Suprema sobre la existencia de un recurso por conflicto de competencias con el Superior Tribunal de Justicia. Y, en orden cronológico, después que Macri publicara una carta en Facebook donde declaró: ”El gobierno busca venganza, buscan dañarme y tienen como objetivo a mis hijos. Ese acto lo ejecutan a través de la Justicia, manipulada por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini”.
Además, en la misma declaración publicada el sábado en Facebook, Macri declaró: “Ojalá la Justicia Comercial no quede en la historia como un protagonista responsable de haber contribuido a transformar nuestro querido país en Argenzuela. No pido privilegios, pido justicia”.
Tras ambos planteos se encolumnaron Juntos por el Cambio -que habló de una “venganza y una persecución”- y la empresa Correo Argentino SA, que advirtió en un comunicado: “Hoy es un día nefasto para la justicia comercial argentina. Muchos argumentos jurídicos se escribirán de un lado y del otro, pero es increíble que el Estado se apropie de los bienes de una empresa, le deje las deudas y no acepte el pago del 100%, con lo que ahora la lleva a la quiebra. Todo por venganza e intereses políticos. Un paso más hacia Argenzuela“.
Más allá de los argumentos, fuentes de la empresa confirmaron que presentarán una apelación en el plazo de 5 días que les dio Cirulli para entregar sus bienes. Admiten que esa acción difícilmente tendrá resultados favorables, por lo que confían en que en la Corte Suprema de Justicia pueda ser la última instancia para evitar que la quiebre se aplique no ya sobre los activos remanentes de Correo Argentino SA -que está concursada desde 2001 y sin operaciones desde 2003, cuando fue estatizada por Néstor Kirchner- sino sobre SOCMA, la controlante que tiene entre sus accionistas a la familia Macri.
Desde la perspectiva del Gobierno, Correo Argentino S.A. le estaría debiendo al Estado 4.500 millones de pesos, y no los $1.011 millones ofrecidos por la familia Macri y su empresa. En marzo, en la Justicia comercial, la familia Macri había ofrecido pagar esa suma de una vez, o lo que la Justicia determinara, por toda la deuda para evitar la quiebra, pero Zannini, en nombre del Estado, rechazó la oferta y mantuvo el pedido de quiebra que se concretó este lunes.
Sobre esa controversia en torno a lo adeudado, la jueza fue determinante: “Es de suma relevancia hacer notar que el ofrecimiento de la concursada presume de satisfacer íntegramente el único crédito Categoría A, en el 100% del capital nominal ($296.205.376,49), más intereses”. Pero cuestionó la tasa que aplicó para hacer esa oferta. “Es claro que el mantenimiento de esa tasa de interés no puede compensar ni remotamente lo adeudado por falta de pago de los cánones mensuales, devengados -cuando menos- desde el año 2001 hasta el cese de la concesión del servicio postal, dispuesta en el Decreto N° 1075/2003″.
“No podría en ningún caso interpretarse que la posición evidenciada por el acreedor Estado Nacional en este concurso, es irrazonable o abusiva, por la sola circunstancia de no haberse expedido afirmativamente sobre la propuesta de pago o por haberla rechazado”, dijo la jueza. Y añadió: “No encuentro configurados los elementos constitutivos del abuso en el ejercicio del derecho que asiste al acreedor Estado Nacional” ni un “abuso del derecho”, afirmó.
Antecedentes
En 1997 el gobierno de Carlos Menem le dio la concesión del Correo Argentino S.A. al grupo Macri y en 2003, cuando llegó Néstor Kirchner a la Presidencia, rescindió ese contrato al denunciar que la empresa solo había pagado uno de los cánones semestrales que le correspondía abonar por cifras superiores a los 50 millones de pesos/dólares. La empresa adujo que estaba en concurso desde 2001, por la abultada deuda que el Estado tenía con ella, por servicios prestados durante todos esos años. Se trataba de un litigio por deudas cruzadas.
Tras idas y vueltas en el concurso -que atravesó todo el kirchnerismo-, en 2016 se desató la puja que hoy debe dilucidar la Justicia. Es que con Macri ya a cargo del Poder Ejecutivo aceptó una oferta para que se pagara en cuotas la deuda que la firma tenía en 2001. En ese momento, la fiscal ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, denunció que el acuerdo era “abusivo”, con una quita del 98,87 por ciento de la deuda, y que aceptarlo perjudicaba los intereses del Estado. El acuerdo no llegó a concretarse por la oposición fiscal y porque el propio Macri envió el caso a la Procuración del Tesoro.
Si bien los acreedores se cuentan por decenas, el actor principal es el Estado Nacional, debido a contar con las mayores acreencias. La ley 24.522 de Concursos y Quiebras establece en su artículo 48 inciso 8 que “cuando en esta etapa no se obtuviera acuerdo preventivo, por tercero o por el deudor, o el acuerdo no fuese judicialmente homologado, el juez declarará la quiebra sin más trámite”.
Por eso es que la jueza Cirulli tomó la decisión de dictar la quiebra. En su razonamiento, la magistrada avaló la posición de Zannini, al sostener que “el Estado Nacional se sujetó al procedimiento concursal por casi veinte años, haciéndose parte en el proceso, negociando con la concursada, asistiendo a las audiencias donde fue convocado, todo para obtener el cobro de su crédito (lo cual, en definitiva, se proyecta a la sociedad toda), originado hace al menos veinte años en condiciones económicas y de mercado diferentes a las actuales”.
Con información de
Infobae
