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Bukele expulsa de El Salvador al periodista mexicano Daniel Lizárraga, editor del medio digital El Faro
Jueves 08 de
Julio 2021
Las autoridades migratorias han argumentado que no lograron comprobar que Lizárraga es reportero. El Faro denuncia una persecución gubernamental contra el periodismo independiente
El Gobierno de El Salvador, encabezado por el presidente Nayib Bukele, ha dado un plazo de cinco días al periodista mexicano Daniel Lizárraga, editor del medio digital El Faro, para que abandone el país centroamericano, ha informado Carlos Dada, fundador de ese prestigioso diario salvadoreño. Las autoridades migratorias han argumentado que no lograron comprobar que Lizárraga es periodista, pese a contar con una reconocida trayectoria iniciada desde 1993. El reportero mexicano es coautor de la investigación “La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto”, un trabajo que en su momento causó un terremoto político en México.
“Agentes de Extranjería del Gobierno Bukele notificaron este martes al periodista mexicano Daniel Lizárraga que revocaban su permiso de 90 días de estancia en El Salvador. El Faro tramitaba el permiso de trabajo de Lizárraga para regularizar su residencia en el país y para que fungiera como uno de los editores del periódico”, ha denunciado la publicación salvadoreña.
El permiso de estancia de Lizarraga vencía a finales de este mes. “Su expulsión este 6 de julio se enmarca en el acoso sistemático que El Faro y periodistas y medios independientes enfrentan en El Salvador, desde la llegada de Nayib Bukele a la presidencia”, ha afirmado El Faro, cuya redacción ha sido objeto de investigaciones por parte del Ministerio de Hacienda desde el año pasado. Hacienda señala al diario de lavar dinero y evadir impuestos, una tónica de persecución judicial también usada en Nicaragua por Daniel Ortega para perseguir y acallar a los medios de comunicación independientes.
“Evidentemente no podemos leer esto de ninguna otra manera más que como parte de la escalada de ataques y de hostigamiento contra El Faro y la libertad de prensa en El Salvador”, dice Carlos Dada a EL PAÍS. “Y lo enmarcamos como un paso más en toda esta serie de acosos, hostigamientos, amenazas y seguimientos que el gobierno de Nayib Bukele lleva perpetrando contra nosotros desde hace más de un año, y que hemos denunciado oportunamente ante todas las instancias competentes”, agrega.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó en febrero medidas cautelares a todos los integrantes de la redacción de El Faro, al determinar que hay suficientes indicios de que los derechos de sus periodistas están en riesgo. El organismo ordenó al Estado salvadoreño investigar hostigamientos y amenazas que dificultan y ponen en riesgo el ejercicio periodístico.
Los periodistas de El Faro no solo han denunciado persecución a través de instituciones como Hacienda, sino que enfrentan una agresiva campaña de desprestigio y difamación emprendida, incluso, por el mismo presidente Bukele en su cuenta de Twitter y ruedas de prensa. También han sido atacados periodistas de la revista Factum. Un juzgado censuró a Factum en junio y le ordenó borrar un reportaje que comprobaba que el presidente Bukele mentía en el caso del “asesino de Chalchuapa”. Se trataba de un reporte periodístico que ahondaba en la historia de un asesino de mujeres en serie, cuyas víctimas fueron encontradas en una fosa clandestina. Bukele sostuvo que los cadáveres fueron enterrados hace décadas, pero según las indagaciones de Factum, trece de los quince cadáveres extraídos en Chalchuapa fueron sepultados entre 2020 y 2021, durante la administración de Bukele.
Organismos internacionales como Human Rights Watch, así como organizaciones salvadoreñas, han alertado de una profundización de la deriva autoritaria del mandatario salvadoreño, quien en febrero de 2020 ingresó a la sede de la Asamblea Nacional arropado por militares, en un hecho que fue catalogado como un intento de golpe contra el Poder Legislativo.
Dada —quien denunció el ataque contra el editor de El Faro mientras recibía el Premio Antoni Traveria a la Libertad de Expresión que entrega la Casa América de Cataluña— dice que la verdadera razón de no otorgarle permiso de trabajo a Lizarraga y de exigirle abandonar el país es por ser “un reconocido periodista especializado en investigación sobre casos de corrupción”.
“El periodismo crítico y los críticos en general, incluyendo organizaciones no gubernamentales, algunas universidades que han demostrado valentía y algunos grupos profesionales e individuos como abogados, representan ahora mismo el último obstáculo de Bukele para el control total, no sólo del aparato de Estado, sino de su negativa a la rendición de cuentas”, sostiene Dada. “Esta es la única explicación a su afán por desmantelar completamente la democracia en El Salvador. La institucionalidad democrática es la única razón que explicaría su encono contra el periodismo crítico. Es un régimen que no tolera la crítica, porque le puede desnudar”, asegura el periodista.
“Agentes de Extranjería del Gobierno Bukele notificaron este martes al periodista mexicano Daniel Lizárraga que revocaban su permiso de 90 días de estancia en El Salvador. El Faro tramitaba el permiso de trabajo de Lizárraga para regularizar su residencia en el país y para que fungiera como uno de los editores del periódico”, ha denunciado la publicación salvadoreña.
El permiso de estancia de Lizarraga vencía a finales de este mes. “Su expulsión este 6 de julio se enmarca en el acoso sistemático que El Faro y periodistas y medios independientes enfrentan en El Salvador, desde la llegada de Nayib Bukele a la presidencia”, ha afirmado El Faro, cuya redacción ha sido objeto de investigaciones por parte del Ministerio de Hacienda desde el año pasado. Hacienda señala al diario de lavar dinero y evadir impuestos, una tónica de persecución judicial también usada en Nicaragua por Daniel Ortega para perseguir y acallar a los medios de comunicación independientes.
“Evidentemente no podemos leer esto de ninguna otra manera más que como parte de la escalada de ataques y de hostigamiento contra El Faro y la libertad de prensa en El Salvador”, dice Carlos Dada a EL PAÍS. “Y lo enmarcamos como un paso más en toda esta serie de acosos, hostigamientos, amenazas y seguimientos que el gobierno de Nayib Bukele lleva perpetrando contra nosotros desde hace más de un año, y que hemos denunciado oportunamente ante todas las instancias competentes”, agrega.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó en febrero medidas cautelares a todos los integrantes de la redacción de El Faro, al determinar que hay suficientes indicios de que los derechos de sus periodistas están en riesgo. El organismo ordenó al Estado salvadoreño investigar hostigamientos y amenazas que dificultan y ponen en riesgo el ejercicio periodístico.
Los periodistas de El Faro no solo han denunciado persecución a través de instituciones como Hacienda, sino que enfrentan una agresiva campaña de desprestigio y difamación emprendida, incluso, por el mismo presidente Bukele en su cuenta de Twitter y ruedas de prensa. También han sido atacados periodistas de la revista Factum. Un juzgado censuró a Factum en junio y le ordenó borrar un reportaje que comprobaba que el presidente Bukele mentía en el caso del “asesino de Chalchuapa”. Se trataba de un reporte periodístico que ahondaba en la historia de un asesino de mujeres en serie, cuyas víctimas fueron encontradas en una fosa clandestina. Bukele sostuvo que los cadáveres fueron enterrados hace décadas, pero según las indagaciones de Factum, trece de los quince cadáveres extraídos en Chalchuapa fueron sepultados entre 2020 y 2021, durante la administración de Bukele.
Organismos internacionales como Human Rights Watch, así como organizaciones salvadoreñas, han alertado de una profundización de la deriva autoritaria del mandatario salvadoreño, quien en febrero de 2020 ingresó a la sede de la Asamblea Nacional arropado por militares, en un hecho que fue catalogado como un intento de golpe contra el Poder Legislativo.
Dada —quien denunció el ataque contra el editor de El Faro mientras recibía el Premio Antoni Traveria a la Libertad de Expresión que entrega la Casa América de Cataluña— dice que la verdadera razón de no otorgarle permiso de trabajo a Lizarraga y de exigirle abandonar el país es por ser “un reconocido periodista especializado en investigación sobre casos de corrupción”.
“El periodismo crítico y los críticos en general, incluyendo organizaciones no gubernamentales, algunas universidades que han demostrado valentía y algunos grupos profesionales e individuos como abogados, representan ahora mismo el último obstáculo de Bukele para el control total, no sólo del aparato de Estado, sino de su negativa a la rendición de cuentas”, sostiene Dada. “Esta es la única explicación a su afán por desmantelar completamente la democracia en El Salvador. La institucionalidad democrática es la única razón que explicaría su encono contra el periodismo crítico. Es un régimen que no tolera la crítica, porque le puede desnudar”, asegura el periodista.
Con información de
El País
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