Cómo será la estrategia legal de Alberto Fernández para evitar una condena por la fiesta en Olivos
Por:
Román Lejtman
Martes 24 de
Agosto 2021
Alberto Fernández ya tiene su estrategia de defensa penal para evitar una condena por haber autorizado y participado de la fiesta de cumpleaños que su pareja Fabiola Yañez celebró en Olivos, cuando estaban prohibidas todas las reuniones sociales en Buenos Aires por un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó junto a los 21 ministros del Gabinete Nacional.
El Presidente será defendido en Comodoro Py por Gregorio Dalbón -su abogado en la denuncia contra Patricia Bullrich-y aún no se decidió cuando hará la presentación formal ante el fiscal federal Ramiro González, que tiene a su cargo la investigación penal. Es poco probable que Dalbón concurra al despacho de González antes que se conozcan los resultados de las PASO convocadas por el 12 de septiembre.
La foto de la fiesta de Yañez en Olivos ya impactó en las encuestas y no parece razonable que Alberto Fernández aparezca por los tribunales facilitando la campaña de Juntos por el Cambio. Los sondeos de opinión muestran que el pedido de disculpas del jefe de Estado no frenó los cuestionamientos del “voto blando” que apoyó al Frente de Todos en 2019 y ahora se resiste a repetir esa experiencia en las PASO.
El sábado pasado, durante dos horas, Alberto Fernández y Dalbón trabajaron juntos en Olivos para fijar la estrategia de defensa. Y el resultado de esa actividad conjunta fue un complejo galimatías jurídico que pone en jaque -al menos- los principios básicos de la filosofía griega y la lógica cartesiana:
1. Se sostendrá en la presentación judicial que no hubo delito, porque nadie se contagió durante la fiesta de cumpleaños.
2. Sin embargo, Alberto Fernández decidió que se hará cargo ante la justicia de la violación del DNU, que prohibía las reuniones sociales en el conurbano bonaerense.
3. En los términos del artículo 59 inciso 6 del Código Penal propondrá un acuerdo al fiscal federal para cerrar la causa. Ese artículo sostiene que “la acción penal se extinguirá (...) por conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes”.
4. “La reparación” (artículo 59 inciso 6 del Código Penal) consistiría en pagar una multa o hacer una donación del sueldo presidencial.
Es decir: Alberto Fernández niega que violó su propio DNU, pero irá a Comodoro Py para confesar su conducta ilegal y negociar un acuerdo con el fiscal González, que implicaría pagar una multa o donar su sueldo presidencial a un hospital público.
“No hay delito. Sin embargo, el Presidente quiere hacerse cargo ante la justicia”, explicó Dalbón.
-Si no hay delito, ¿por qué Alberto Fernández lo reconocería?-, preguntó Infobae al abogado del jefe de Estado.
-Estoy defendiendo a un hombre inocente. No tengo dudas. El Presidente quiere hacerse cargo por una cuestión ética y moral-, contestó Dalbón.
La estrategia presidencial establece una argucia Iuris Tantum, al asegurar que no hubo delito porque no hubo contagio. Se trata de una presunción débil que es rechazada por todos los abogados del foro porteño que nunca compartieron un café con Alberto Fernández en el bar que una vez se llamó De Las Artes.
El delito se consuma por la violación de las normas -DNU y artículo 205 del Código Penal-, y no hace falta que haya contagio en las personas. Se pena al que no cumplió la ley, con ese resultado alcanza para ser condenado. No es necesario el contagio para perfeccionar la conducta delictiva.
Es cierto que el fiscal González avaló la hipótesis de trabajo de Alberto Fernández -si no hay contagio, no hay delito-, cuando absolvió al exdiputado Facundo Moyano por organizar una reunión social en su departamento de Puerto Madero. Pero fue una resolución que pasó desapercibida para la opinión pública y que sucedió cuando faltaban ocho meses para las PASO.
González sabe como funciona Comodoro Py y se mueve con extrema cautela política. Entiende que Alberto Fernández no es Moyano, y que Olivos tiene más poder institucional que Puerto Madero. El fiscal federal prepara las imputaciones por la fiesta de Fabiola Yañez. Y en su lista -por ahora- aparecen todos los invitados al cumpleaños de la Primera Dama.
La foto de la fiesta de Yañez en Olivos ya impactó en las encuestas y no parece razonable que Alberto Fernández aparezca por los tribunales facilitando la campaña de Juntos por el Cambio. Los sondeos de opinión muestran que el pedido de disculpas del jefe de Estado no frenó los cuestionamientos del “voto blando” que apoyó al Frente de Todos en 2019 y ahora se resiste a repetir esa experiencia en las PASO.
El sábado pasado, durante dos horas, Alberto Fernández y Dalbón trabajaron juntos en Olivos para fijar la estrategia de defensa. Y el resultado de esa actividad conjunta fue un complejo galimatías jurídico que pone en jaque -al menos- los principios básicos de la filosofía griega y la lógica cartesiana:
1. Se sostendrá en la presentación judicial que no hubo delito, porque nadie se contagió durante la fiesta de cumpleaños.
2. Sin embargo, Alberto Fernández decidió que se hará cargo ante la justicia de la violación del DNU, que prohibía las reuniones sociales en el conurbano bonaerense.
3. En los términos del artículo 59 inciso 6 del Código Penal propondrá un acuerdo al fiscal federal para cerrar la causa. Ese artículo sostiene que “la acción penal se extinguirá (...) por conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes”.
4. “La reparación” (artículo 59 inciso 6 del Código Penal) consistiría en pagar una multa o hacer una donación del sueldo presidencial.
Es decir: Alberto Fernández niega que violó su propio DNU, pero irá a Comodoro Py para confesar su conducta ilegal y negociar un acuerdo con el fiscal González, que implicaría pagar una multa o donar su sueldo presidencial a un hospital público.
“No hay delito. Sin embargo, el Presidente quiere hacerse cargo ante la justicia”, explicó Dalbón.
-Si no hay delito, ¿por qué Alberto Fernández lo reconocería?-, preguntó Infobae al abogado del jefe de Estado.
-Estoy defendiendo a un hombre inocente. No tengo dudas. El Presidente quiere hacerse cargo por una cuestión ética y moral-, contestó Dalbón.
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El delito se consuma por la violación de las normas -DNU y artículo 205 del Código Penal-, y no hace falta que haya contagio en las personas. Se pena al que no cumplió la ley, con ese resultado alcanza para ser condenado. No es necesario el contagio para perfeccionar la conducta delictiva.
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Con información de
Infobae
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