El giro del FMI, la última inyección para la economía antes de que llegue la hora de poner las cuentas en orden
Por:
Virginia Porcella
Martes 24 de
Agosto 2021
En un año que en términos económicos estuvo signado por la excepcionalidad, tanto por el impacto de la pandemia como por el acceso a recursos inesperados, el Gobierno recibió ayer el último gran ingreso extraordinario de dólares, imprescindible para evitar turbulencias mayúsculas en la economía.
Se trata del giro del Fondo Monetario por USD 4.334 millones, en el marco de la emisión especial de su propia moneda (los DEG), que evitará el default con el propio organismo. Esas divisas allanarán el camino hasta fin de año, ya que son suficientes para cubrir los vencimientos de deuda, aunque no para mucho más.
Después de eso, será cuestión de cruzar el desierto. La expectativa de lo que llegará en 2022 es prácticamente unánime: el ajuste que se evitó este año gracias a los “anabólicos” irrepetibles que a duras penas permitieron surfear los últimos meses, con alta inflación y también una amplia brecha cambiaria.
En ese sentido, será clave cuántos dólares quedarán en las arcas del Banco Central tras el período electoral. Es que, dadas sus intervenciones en el mercado cambiario en las últimas semanas, se prevé que la entidad deberá desembolsar una parte de las reservas acumuladas gracias al súper precio de la soja durante este año. Esos recursos, que fueron determinantes para sostener, por ejemplo, el congelamiento de tarifas con un costo de unos USD 10.000 millones este año, ya no estarían disponibles el próximo año. Lo mismo que, en principio, el aporte solidario que recaudó este año unos $250.000 millones. Más conocido como el impuesto a la riqueza o a las grandes fortunas, su vigencia fue aprobada específicamente para 2021, aunque desde el oficialismo algunas voces empiezan a plantear una reedición. Para que eso ocurra, sin embargo, será clave el resultado de las elecciones que definirá la nueva conformación del Congreso. Y, por supuesto, tampoco estarán disponibles fondos frescos de carácter extraordinario por parte de los organismos internacionales como los que se acreditaron ayer.
Ante ese panorama, el Gobierno difícilmente podrá evitar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario para reprogramar los pagos que, a partir de marzo, empezarán a apretar los zapatos del ministro de Economía, Martín Guzmán. Aun cuando una extraña ingeniería financiera de préstamos bilaterales de los DEGs distribuidos ayer también a los países desarrollados, como propone Guzmán, permitiera esquivar el bulto de un nuevo entendimiento con el Fondo, el Gobierno no tendría resto para seguir financiando los subsidios energéticos o el auge de la obra pública.
De ahí que se da por sentado, al menos entre los funcionarios del ala económica alineados con el ministro, que sí se producirá el ajuste de tarifas postergado este año. Tampoco la expansión de la obra pública que acusa la actual ejecución presupuestaria, típica de años electorales, sería sostenible. De acuerdo a un informe del Iaraf, el gasto público en obras creció 55% respecto del 2020, cuya base de comparación es baja dadas las restricciones vigentes durante varios meses. Sin embargo, también si se compara con 2019, otro año de campaña electoral aunque en el marco del ajuste ordenado precisamente por el Fondo, el salto del gasto en obras públicas es fuerte: “En los primeros 7 meses del año, los gastos de capital acumulan $329.000 millones (0,8% del PIB), por lo que se ubican un 55% por encima de igual lapso de 2020. La comparación contra 2019 muestra que el gasto de capital resulta 9% superior al de aquel año”. Sin recursos suficientes y, ante la sensibilidad social para recortar otros gastos que ya se han ajustado en los últimos meses (jubilaciones y planes sociales) , luce extremadamente difícil mantener ese ritmo de obra pública.
“En 2022 va a ser necesario ordenar un poco la economía, sin los recursos adicionales que existieron este año. Se viene un acuerdo con el FMI”, sostuvo Fausto Spotorno, director de la consultora de Orlando Ferreres, donde se proyecta un crecimiento de 3,1% para el año que viene. Es una de las pautas más optimistas entre los economistas privados, quienes en su mayoría la ubican más cerca de 2% para 2022. En cualquier caso, se trata de un crecimiento exiguo, tras la fenomenal caída del año pasado.
Después de eso, será cuestión de cruzar el desierto. La expectativa de lo que llegará en 2022 es prácticamente unánime: el ajuste que se evitó este año gracias a los “anabólicos” irrepetibles que a duras penas permitieron surfear los últimos meses, con alta inflación y también una amplia brecha cambiaria.
En ese sentido, será clave cuántos dólares quedarán en las arcas del Banco Central tras el período electoral. Es que, dadas sus intervenciones en el mercado cambiario en las últimas semanas, se prevé que la entidad deberá desembolsar una parte de las reservas acumuladas gracias al súper precio de la soja durante este año. Esos recursos, que fueron determinantes para sostener, por ejemplo, el congelamiento de tarifas con un costo de unos USD 10.000 millones este año, ya no estarían disponibles el próximo año. Lo mismo que, en principio, el aporte solidario que recaudó este año unos $250.000 millones. Más conocido como el impuesto a la riqueza o a las grandes fortunas, su vigencia fue aprobada específicamente para 2021, aunque desde el oficialismo algunas voces empiezan a plantear una reedición. Para que eso ocurra, sin embargo, será clave el resultado de las elecciones que definirá la nueva conformación del Congreso. Y, por supuesto, tampoco estarán disponibles fondos frescos de carácter extraordinario por parte de los organismos internacionales como los que se acreditaron ayer.
Ante ese panorama, el Gobierno difícilmente podrá evitar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario para reprogramar los pagos que, a partir de marzo, empezarán a apretar los zapatos del ministro de Economía, Martín Guzmán. Aun cuando una extraña ingeniería financiera de préstamos bilaterales de los DEGs distribuidos ayer también a los países desarrollados, como propone Guzmán, permitiera esquivar el bulto de un nuevo entendimiento con el Fondo, el Gobierno no tendría resto para seguir financiando los subsidios energéticos o el auge de la obra pública.
De ahí que se da por sentado, al menos entre los funcionarios del ala económica alineados con el ministro, que sí se producirá el ajuste de tarifas postergado este año. Tampoco la expansión de la obra pública que acusa la actual ejecución presupuestaria, típica de años electorales, sería sostenible. De acuerdo a un informe del Iaraf, el gasto público en obras creció 55% respecto del 2020, cuya base de comparación es baja dadas las restricciones vigentes durante varios meses. Sin embargo, también si se compara con 2019, otro año de campaña electoral aunque en el marco del ajuste ordenado precisamente por el Fondo, el salto del gasto en obras públicas es fuerte: “En los primeros 7 meses del año, los gastos de capital acumulan $329.000 millones (0,8% del PIB), por lo que se ubican un 55% por encima de igual lapso de 2020. La comparación contra 2019 muestra que el gasto de capital resulta 9% superior al de aquel año”. Sin recursos suficientes y, ante la sensibilidad social para recortar otros gastos que ya se han ajustado en los últimos meses (jubilaciones y planes sociales) , luce extremadamente difícil mantener ese ritmo de obra pública.
“En 2022 va a ser necesario ordenar un poco la economía, sin los recursos adicionales que existieron este año. Se viene un acuerdo con el FMI”, sostuvo Fausto Spotorno, director de la consultora de Orlando Ferreres, donde se proyecta un crecimiento de 3,1% para el año que viene. Es una de las pautas más optimistas entre los economistas privados, quienes en su mayoría la ubican más cerca de 2% para 2022. En cualquier caso, se trata de un crecimiento exiguo, tras la fenomenal caída del año pasado.
Con información de
Infobae
