La organización no gubernamental integrada por jueces, fiscales, defensores oficiales, letrados particulares, funcionarios judiciales, profesores universitarios y estudiantes de derecho hizo una evaluación del plan de seguridad anunciado por Daniel Scioli, y no tuvo contemplaciones al momento de realizar el diagnóstico.
 
"El gobierno bonaerense termina de anunciar un plan destinado a afrontar la problemática relacionada con la inseguridad, el que, nos anticipamos a señalar, una vez más se encuentra destinado al fracaso, sumando una nueva frustración a una desorientada población, necesitada de respuestas reales y duraderas que mejoren su calidad de vida", disparó la Asociación Pensamiento Penal (APP).
 
A través de un comunicado, la ONG apuntó que su vaticinio encuentra fundamento "en la experiencia acumulada durante años de presenciar el modo en que se apela a recetas que suelen acarrear costosas consecuencias que pagan los sectores más desprotegidos de la sociedad en moneda de derechos y garantías".
 
El anuncio de que se realizará una inversión de 600 millones de pesos para la compra de insumos motivó una de las respuestas más duras de la nota mencionada. "No nos oponemos a la renovación de materiales obsoletos que, suponemos, se encontrará dentro de las previsiones presupuestarias habituales", señalan los penalistas.
 
"A lo que sí nos oponemos es a la dudosa asignación y prioridad de los escasos recursos económicos, postergando una vez más la posibilidad de orientarlos a la promoción de sectores poblacionales que se encuentran en situación de vulnerabilidad y, por ende, con mayor proclividad de incurrir en conductas sancionadas por la ley", argumentan tras recordar la puja salarial que aún se encuentra en trámite con los empleados públicos de la Provincia.
 
Entre las críticas más ácidas se encuentra la que apunta contra la restricción de la circulación de motos por el espacio céntrico, la prohibición de que sean ocupadas por dos personas y que los conductores vistan chalecos reflectantes en los que debe lucir el número de dominio del rodado.
 
Los penalistas consideran que esta medida "se inscribe, lisa y llanamente, en los aspectos bizarros del plan, orientado, evidentemente, a "combatir" a los motochorros". Aunque no niegan que "el arrebato de carteras en la vía pública forme parte de la problemática vinculada con la seguridad ciudadana", entienden que imponer la mencionada restricción para paliar esa parte del problema "es como limitar el uso de zapatillas y gorritas porque esta clase de delincuentes las usan".