En el nuevo Consenso Fiscal, el Gobierno impulsa a las provincias a crear impuestos a la herencia
Por:
Gabriela Origlia
Jueves 23 de
Diciembre 2021
El acuerdo debe firmarse antes del 1 de enero; deja trunca la reducción de impuestos contemplada en 2017
El nuevo Consenso Fiscal que la Casa Rosada espera firmar con las provincias la próxima semana incluye un punto que sorprendió a los ministros de Economía: el borrador que les enviaron desde el Ministerio del Interior establece que las jurisdicciones “procurarán legislar un impuesto a todo aumento de riqueza obtenido a título gratuito como consecuencia de una transmisión o acto de esa naturaleza”. Es decir, la Nación impulsa que se impongan cargas tributarias a herencias, legados, donaciones y anticipos de herencia.
LA NACION conversó con cinco responsables de Economía de diferentes jurisdicciones -oficialistas y de la oposición- y todos admitieron desconocer el porqué de ese punto, que es el séptimo del texto que recibieron. “No tiene ninguna razón; las provincias no tienen prohibido crear esa carga. La mayoría no la tienen y no se estaba analizando generarla”, afirma un funcionario cuyano.
Lo llamativo es que el texto señala que tanto las provincias como la ciudad de Buenos Aires “procurarán” crear el impuesto. El objetivo es que “comprenda a bienes situados en su territorio y/o beneficie a personas humanas o jurídicas domiciliadas en el mismo; busca aplicar alícuotas marginales crecientes a medida que aumenta el monto transmitido a fin de otorgar progresividad al tributo”.
Hasta el momento, Buenos Aires es la única provincia que cobra una carga de este tipo. En 2009 intentó instrumentarlo el entonces gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, pero la Legislatura no se lo aprobó. En 2013, Entre Ríos lo impuso y el gobernador Gustavo Bordet lo derogó en 2019.
Los otros puntos incluidos en el Consenso Fiscal son los que vienen ya desde 2017, cuando se firmó el primero durante la gestión de Mauricio Macri y que establecía un sendero de baja de impuestos, en especial de Ingresos Brutos. Según ese plan, en 2022 las actividades primarias quedarían exentas, al igual que gas, electricidad y agua; la intermediación financiera tendría un tope de 5%, como el comercio.
Ese camino quedó trunco cuando, en 2019, apenas asumido Alberto Fernández firmó un nuevo acuerdo que dejó sin efecto los topes establecidos por el original. Para este año se renovó el permiso para que Sellos e Ingresos Brutos se movieran por encima de los límites pautados en 2017. Aunque la mayoría de los distritos no subió las cargas, los valores están por encima de lo previsto en la primera firma.
“Hay que firmar antes del 1 de enero porque si no, los contribuyentes podrían reclamar que hay una ley que nos establece topes a los impuestos -explica un funcionario de una provincia chica-. Si estamos por encima de esos límites, podrían acudir a la Justicia. Por eso el tema ya se venía conversando con Interior”.
En esa línea el texto sostiene que se dejan “sin efecto” las obligaciones asumidas en materia tributaria provincial establecidas con anterioridad a través de los Consensos Fiscales suscriptos en 2017, 2018, 2019 y 2020, “teniendo únicamente como exigibles aquellas cuyo cumplimiento se haya efectivizado a la fecha de la firma del presente Consenso”.
Ingresos Brutos
El acuerdo propuesto por Nación establece como alícuotas topes de Ingresos Brutos: 0,75% para actividades primarias; 1,5% para industria manufacturera; 6% para la papelera; 3,75% para electricidad, gas y agua (excepto residenciales); y 4% para esos servicios residenciales. Para comercio mayorista y minorista mantiene el 5%; hoteles y restaurantes 4,5%; comunicaciones, 5,5%; y telefonía celular, 6,5%.
En el caso de Servicios Financieros e Intermediación Financiera impulsa una alícuota del 9%; quedan exentos los créditos hipotecarios. Hace un año el gobierno de la Ciudad subió de 7% a 8% lo que cobraba y gravó las Leliq, al igual que San Luis y Tucumán. Córdoba y Buenos Aires también incrementaron de 7% a 9% la carga. Por su parte distritos como La Pampa y Tucumán están sobre el tope previsto para 2022 en el borrador del acuerdo.
El borrador ratifica que se deben mantener desgravados los ingresos provenientes de las actividades de exportación de bienes (excepto los vinculados con actividades mineras o hidrocarburíferas y sus servicios complementarios) y los ingresos provenientes de prestaciones de servicios cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior del país.
Con respecto a Sellos, establece una alícuota máxima del 3,5% a la transferencia de inmuebles, del 3% a la transferencia de automotores y del 2% a los restantes actos, contratos y operaciones alcanzadas por este tributo en general.
Deuda y demandas
Respecto de la toma de deuda por parte de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la iniciativa sostiene que por un año, desde el 31 de diciembre del actual, solo se podrán incrementar el stock de deuda en moneda extranjera si es con organismos bilaterales o multilaterales de créditos o con acreedores institucionales, si son desembolsos pendientes de acuerdos previos al 31 o si son canjes o reestructuraciones cerradas antes de esa fecha.
Las operaciones de emisión de Títulos Públicos en moneda nacional con vencimientos a 18 meses solo se habilitarán si son para “financiar obras de infraestructura o a reestructuración de servicios de deuda emitida” antes del 31 próximo. Se aclara que la Nación “denegará” autorizaciones para las operaciones que se aparten de estas condiciones.
Como en los años anteriores, el Consenso a firmar compromete a los distritos a “abstenerse” por un año de iniciar procesos judiciales y a “suspender por igual término los ya iniciados”, relativos al Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, a afectaciones específicas de recursos y a transferencias de competencias, servicios o funciones. La Ciudad y La Pampa tienen procesos en marcha.
LA NACION conversó con cinco responsables de Economía de diferentes jurisdicciones -oficialistas y de la oposición- y todos admitieron desconocer el porqué de ese punto, que es el séptimo del texto que recibieron. “No tiene ninguna razón; las provincias no tienen prohibido crear esa carga. La mayoría no la tienen y no se estaba analizando generarla”, afirma un funcionario cuyano.
Lo llamativo es que el texto señala que tanto las provincias como la ciudad de Buenos Aires “procurarán” crear el impuesto. El objetivo es que “comprenda a bienes situados en su territorio y/o beneficie a personas humanas o jurídicas domiciliadas en el mismo; busca aplicar alícuotas marginales crecientes a medida que aumenta el monto transmitido a fin de otorgar progresividad al tributo”.
Hasta el momento, Buenos Aires es la única provincia que cobra una carga de este tipo. En 2009 intentó instrumentarlo el entonces gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, pero la Legislatura no se lo aprobó. En 2013, Entre Ríos lo impuso y el gobernador Gustavo Bordet lo derogó en 2019.
Los otros puntos incluidos en el Consenso Fiscal son los que vienen ya desde 2017, cuando se firmó el primero durante la gestión de Mauricio Macri y que establecía un sendero de baja de impuestos, en especial de Ingresos Brutos. Según ese plan, en 2022 las actividades primarias quedarían exentas, al igual que gas, electricidad y agua; la intermediación financiera tendría un tope de 5%, como el comercio.
Ese camino quedó trunco cuando, en 2019, apenas asumido Alberto Fernández firmó un nuevo acuerdo que dejó sin efecto los topes establecidos por el original. Para este año se renovó el permiso para que Sellos e Ingresos Brutos se movieran por encima de los límites pautados en 2017. Aunque la mayoría de los distritos no subió las cargas, los valores están por encima de lo previsto en la primera firma.
“Hay que firmar antes del 1 de enero porque si no, los contribuyentes podrían reclamar que hay una ley que nos establece topes a los impuestos -explica un funcionario de una provincia chica-. Si estamos por encima de esos límites, podrían acudir a la Justicia. Por eso el tema ya se venía conversando con Interior”.
En esa línea el texto sostiene que se dejan “sin efecto” las obligaciones asumidas en materia tributaria provincial establecidas con anterioridad a través de los Consensos Fiscales suscriptos en 2017, 2018, 2019 y 2020, “teniendo únicamente como exigibles aquellas cuyo cumplimiento se haya efectivizado a la fecha de la firma del presente Consenso”.
Ingresos Brutos
El acuerdo propuesto por Nación establece como alícuotas topes de Ingresos Brutos: 0,75% para actividades primarias; 1,5% para industria manufacturera; 6% para la papelera; 3,75% para electricidad, gas y agua (excepto residenciales); y 4% para esos servicios residenciales. Para comercio mayorista y minorista mantiene el 5%; hoteles y restaurantes 4,5%; comunicaciones, 5,5%; y telefonía celular, 6,5%.
En el caso de Servicios Financieros e Intermediación Financiera impulsa una alícuota del 9%; quedan exentos los créditos hipotecarios. Hace un año el gobierno de la Ciudad subió de 7% a 8% lo que cobraba y gravó las Leliq, al igual que San Luis y Tucumán. Córdoba y Buenos Aires también incrementaron de 7% a 9% la carga. Por su parte distritos como La Pampa y Tucumán están sobre el tope previsto para 2022 en el borrador del acuerdo.
El borrador ratifica que se deben mantener desgravados los ingresos provenientes de las actividades de exportación de bienes (excepto los vinculados con actividades mineras o hidrocarburíferas y sus servicios complementarios) y los ingresos provenientes de prestaciones de servicios cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior del país.
Con respecto a Sellos, establece una alícuota máxima del 3,5% a la transferencia de inmuebles, del 3% a la transferencia de automotores y del 2% a los restantes actos, contratos y operaciones alcanzadas por este tributo en general.
Deuda y demandas
Respecto de la toma de deuda por parte de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la iniciativa sostiene que por un año, desde el 31 de diciembre del actual, solo se podrán incrementar el stock de deuda en moneda extranjera si es con organismos bilaterales o multilaterales de créditos o con acreedores institucionales, si son desembolsos pendientes de acuerdos previos al 31 o si son canjes o reestructuraciones cerradas antes de esa fecha.
Las operaciones de emisión de Títulos Públicos en moneda nacional con vencimientos a 18 meses solo se habilitarán si son para “financiar obras de infraestructura o a reestructuración de servicios de deuda emitida” antes del 31 próximo. Se aclara que la Nación “denegará” autorizaciones para las operaciones que se aparten de estas condiciones.
Como en los años anteriores, el Consenso a firmar compromete a los distritos a “abstenerse” por un año de iniciar procesos judiciales y a “suspender por igual término los ya iniciados”, relativos al Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, a afectaciones específicas de recursos y a transferencias de competencias, servicios o funciones. La Ciudad y La Pampa tienen procesos en marcha.
