Negociación minuto a minuto con el FMI: Argentina pide déficit cero en 2026 y "aterrizaje" más suave en los primeros años
Jueves 27 de
Enero 2022
El Gobierno propone un sendero al FMI para llegar a un acuerdo por la deuda. No está confirmado el pago de este viernes.
El número clave es 2026. Es el año en el que el Gobierno quiere comprometerse a llegar al déficit cero. Los últimos detalles de lo que, en este momento, discute el ministro de Economía Martín Guzmán dibujan así un sendero que propone, desde la Casa Rosada, un déficit de 2,5% del PBI para este año 2022 y, a partir de allí una secuencia del 2% para 2023, 1% para 2024, 0,5% para 2025 y recién un déficit cero en 2026.
El dato más importante no es solamente la divergencia con respecto al año y plazo en el cual el FMI está pidiendo llegar al déficit cero al país. Lo más relevante es el tamaño del ajuste gradual que pide el Fondo. El tándem Cubeddu-Kozak pareciera diferir bastante de la propuesta de Guzmán.
Por ejemplo, le reclama a Martín Guzmán un recorte más importante para este año en curso, para llegar a los 2 puntos de déficit: es decir, le pide 0,5 puntos porcentuales adicionales de recorte, lo que obligaría a mayores sacrificios. Para el 2023, el FMI solicita que el déficit sea el equivalente a 1,4% del PBI. A partir de 2024, el FMI se vuelve más exigente. En lugar de un recorte progresivo de 0,6 puntos porcentuales anual, exige uno de 0,7 y mantiene esta misma exigencia hasta 2025, año en el que quiere llegar al déficit cero.
Como se dijo, mientras el Gobierno argentino quiere un recorte de 0,5 puntos porcentuales entre el 2022 y 2023 que afecte lo menos posible a la disponibilidad de recursos para lo que resta del mandato, ofrece, en cambio, un déficit de 1 punto porcentual del producto en 2024 (año de arranque post-elecciones) y luego adopta la misma secuencia previa de un recorte anual de medio punto porcentual.
Las conclusiones son numerosas. Está claro que Alberto Fernández quiere despejar de exigencias fiscales por parte del FMI lo que queda de su mandato. De todas formas, eso implicaría un recorte gradual, aunque en la propuesta del Gobierno resulta un aterrizaje más suave que lo abrupto del FMI. Por otro lado, se “aprovecharía” el impulso del resultado electoral para que, en 2024, el gobierno electo pueda avanzar con los recortes en su primer año.
Como se dijo, el pago que debe realizarse este viernes por u$s 731 millones aún no ha sido confirmado por el Gobierno. Según trascendió, sólo se estaría dispuesto a hacer ese desembolso si, de máxima, logra que el FMI se acerque lo más posible a la propuesta de Guzmán o, en todo caso, si el Gobierno logra avanzar lo suficiente como para abrir una nueva fase de la negociación con algunas garantías en el haber.
Es decir que la confirmación del pago depende de una sutil percepción: si todo el Gobierno considera que la instancia de negociación ha dado algún fruto (aunque aún no se haya llegado a un acuerdo) entonces se autorizaría el pago con el compromiso de seguir la conversación y respetar lo pactado hasta ese punto. Claro está que no sólo la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda deben corroborar esa apreciación de avance real -muchas veces subjetiva- en función de la aversión a la ruptura negociadora.
Sabido es que el presidente Alberto Fernández ha sido partidario en las últimas horas de blindar la negociación y despejar el escenario de cualquier declaración pesimista a diferencia de la vicepresidenta que, desde Honduras, cargó duro contra los organismos multilaterales de crédito. Ahí radicaría el esfuerzo de Guzmán por ganar algo de tiempo, dejando trascender desde anoche que había un acercamiento “en lo fiscal”, uno de los puntos de conflicto con el FMI.
Al menos dos fuentes de Gobierno que participan de las conversaciones con el FMI señalaban ayer que se habían logrado “avances”, lo que remitía a la posibilidad de que la Argentina mantenga la chance de conservar su autonomía para definir qué clase de política fiscal debería aplicar al menos en los próximos dos años, es decir, 2022 y 2023. Sería entonces un acuerdo de Facilidades Extendidas sin el compromiso de reformas estructurales en el corto plazo y con una supervisión que no genera la incertidumbre de la “aprobación” permanente por parte del FMI.
La posición de la Argentina hasta el momento era de un déficit cero en el año 2027, mientras que el FMI pedía hacerlo en 2024.
El dato más importante no es solamente la divergencia con respecto al año y plazo en el cual el FMI está pidiendo llegar al déficit cero al país. Lo más relevante es el tamaño del ajuste gradual que pide el Fondo. El tándem Cubeddu-Kozak pareciera diferir bastante de la propuesta de Guzmán.
Por ejemplo, le reclama a Martín Guzmán un recorte más importante para este año en curso, para llegar a los 2 puntos de déficit: es decir, le pide 0,5 puntos porcentuales adicionales de recorte, lo que obligaría a mayores sacrificios. Para el 2023, el FMI solicita que el déficit sea el equivalente a 1,4% del PBI. A partir de 2024, el FMI se vuelve más exigente. En lugar de un recorte progresivo de 0,6 puntos porcentuales anual, exige uno de 0,7 y mantiene esta misma exigencia hasta 2025, año en el que quiere llegar al déficit cero.
Como se dijo, mientras el Gobierno argentino quiere un recorte de 0,5 puntos porcentuales entre el 2022 y 2023 que afecte lo menos posible a la disponibilidad de recursos para lo que resta del mandato, ofrece, en cambio, un déficit de 1 punto porcentual del producto en 2024 (año de arranque post-elecciones) y luego adopta la misma secuencia previa de un recorte anual de medio punto porcentual.
Las conclusiones son numerosas. Está claro que Alberto Fernández quiere despejar de exigencias fiscales por parte del FMI lo que queda de su mandato. De todas formas, eso implicaría un recorte gradual, aunque en la propuesta del Gobierno resulta un aterrizaje más suave que lo abrupto del FMI. Por otro lado, se “aprovecharía” el impulso del resultado electoral para que, en 2024, el gobierno electo pueda avanzar con los recortes en su primer año.
Como se dijo, el pago que debe realizarse este viernes por u$s 731 millones aún no ha sido confirmado por el Gobierno. Según trascendió, sólo se estaría dispuesto a hacer ese desembolso si, de máxima, logra que el FMI se acerque lo más posible a la propuesta de Guzmán o, en todo caso, si el Gobierno logra avanzar lo suficiente como para abrir una nueva fase de la negociación con algunas garantías en el haber.
Es decir que la confirmación del pago depende de una sutil percepción: si todo el Gobierno considera que la instancia de negociación ha dado algún fruto (aunque aún no se haya llegado a un acuerdo) entonces se autorizaría el pago con el compromiso de seguir la conversación y respetar lo pactado hasta ese punto. Claro está que no sólo la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda deben corroborar esa apreciación de avance real -muchas veces subjetiva- en función de la aversión a la ruptura negociadora.
Sabido es que el presidente Alberto Fernández ha sido partidario en las últimas horas de blindar la negociación y despejar el escenario de cualquier declaración pesimista a diferencia de la vicepresidenta que, desde Honduras, cargó duro contra los organismos multilaterales de crédito. Ahí radicaría el esfuerzo de Guzmán por ganar algo de tiempo, dejando trascender desde anoche que había un acercamiento “en lo fiscal”, uno de los puntos de conflicto con el FMI.
Al menos dos fuentes de Gobierno que participan de las conversaciones con el FMI señalaban ayer que se habían logrado “avances”, lo que remitía a la posibilidad de que la Argentina mantenga la chance de conservar su autonomía para definir qué clase de política fiscal debería aplicar al menos en los próximos dos años, es decir, 2022 y 2023. Sería entonces un acuerdo de Facilidades Extendidas sin el compromiso de reformas estructurales en el corto plazo y con una supervisión que no genera la incertidumbre de la “aprobación” permanente por parte del FMI.
La posición de la Argentina hasta el momento era de un déficit cero en el año 2027, mientras que el FMI pedía hacerlo en 2024.
Con información de
Ámbito
