Santa Fe
Perotti adjudicó la construcción del edificio del Tribunal de Cuentas
Jueves 17 de
Marzo 2022
La licitación fue ganada por la firma Coemyc y tiene un presupuesto de 330 millones de pesos. La obra se levantará en San Jerónimo y Zazpe.
El gobernador Omar Perotti firmó el decreto 0376 del presente año por el cual adjudicó a la empresa local Coemyc la construcción de la estructura de hormigón para el futuro edificio que será la sede del Tribunal de Cuentas de la provincia. La obra demandará una inversión inicial de $ 330.325.429,60 y prevé un plazo de ejecución de 240 días calendario.
El edificio donde convergerán las distintas oficinas que tiene el Tribunal de Cuentas en la ciudad se levantará en el predio de San Jerónimo y Monseñor Zazpe, adquirido años atrás por el propio organismo de contralor.
El decreto de adjudicación que además de Perotti lleva las firmas de los ministros Walter Agosto (Economía) y Silvina Frana (Infraestructura) detalla las distintas etapas del proceso licitatorio iniciado en abril del año pasado con un presupuesto oficial de $ 322,211,526,38 a octubre del 2020. Además del plazo de 240 días calendario para los trabajos, se determina otro período de conservación y garantía de 360 días y un otorgamiento del 15% del monto del contrato en concepto de anticipo financiero.
El 29 de mayo del año pasado se abrieron los sobres de la licitación donde se presentaron nueve oferentes y la comisión evaluadora determinó que Coemyc cumplimentó todos los requisitos exigidos por el pliego. En los considerandos se destaca que oferta de la firma adjudicataria a mayo del 2021 estaba 17,30% por debajo del presupuesto oficial actualizado a febrero de 2021 y 24,34% por debajo si se actualiza con valores del Ipec a abril 2021. "La oferta es válida y admisible y se ajusta a lo establecido en la ley 13.505 de Compre Provincial", se afirma.
El decreto de adjudicación tiene fecha del 10 de marzo y la firma adjudicataria había informado que mantenía su propuesta presupuestada hasta el 31 de marzo.
La construcción de un edificio propio para albergar a todas las oficinas hoy dispersas en la ciudad, es uno de los objetivos que se propuso la conducción del organismo y que tuvo un fuerte impulso durante la presidencia del hoy vocal Oscar Biagioni.
La reforma constitucional santafesina de 1962 incorporó al Tribunal de Cuentas como órgano institucional. El artículo 81 de la vigente Carta Magna dispone que "un Tribunal de Cuentas, con jurisdicción en toda la Provincia, tiene a su cargo, en los casos y en la forma que señale la ley, aprobar o desaprobar la percepción e inversión de caudales públicos y declarar las responsabilidades que resulten.
En mayo de 1973, una resolución ministerial le asignó al novato Tribunal de Cuentas espacios en dos pisos del Centro Cívico Gubernamental. Ya sobre fines de los 80 y principios de los 90, la descentralización de funciones y organismos del gobierno nacional hacia las provincias hizo necesario reforzar la tarea del organismo y esa necesidad quedó plasmada en la reforma a la ley de Contabilidad, la 10.580. Desde 1995, el Tribunal de Cuentas trasladó su sede al inmueble de San Martín 1725, inmueble propio, donde están asentadas las autoridades superiores y el personal técnico de asesoramiento y apoyo administrativo. El resto del personal está ubicado en inmuebles alquilados en la zona sur de la ciudad y en oficinas que ceden algunos organismos para facilitar la proximidad física del control de expedientes.
Los vocales del Tribunal de Cuentas duran seis años en sus funciones, son nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa y pueden ser removidos según las normas del juicio político.
El edificio donde convergerán las distintas oficinas que tiene el Tribunal de Cuentas en la ciudad se levantará en el predio de San Jerónimo y Monseñor Zazpe, adquirido años atrás por el propio organismo de contralor.
El decreto de adjudicación que además de Perotti lleva las firmas de los ministros Walter Agosto (Economía) y Silvina Frana (Infraestructura) detalla las distintas etapas del proceso licitatorio iniciado en abril del año pasado con un presupuesto oficial de $ 322,211,526,38 a octubre del 2020. Además del plazo de 240 días calendario para los trabajos, se determina otro período de conservación y garantía de 360 días y un otorgamiento del 15% del monto del contrato en concepto de anticipo financiero.
El 29 de mayo del año pasado se abrieron los sobres de la licitación donde se presentaron nueve oferentes y la comisión evaluadora determinó que Coemyc cumplimentó todos los requisitos exigidos por el pliego. En los considerandos se destaca que oferta de la firma adjudicataria a mayo del 2021 estaba 17,30% por debajo del presupuesto oficial actualizado a febrero de 2021 y 24,34% por debajo si se actualiza con valores del Ipec a abril 2021. "La oferta es válida y admisible y se ajusta a lo establecido en la ley 13.505 de Compre Provincial", se afirma.
El decreto de adjudicación tiene fecha del 10 de marzo y la firma adjudicataria había informado que mantenía su propuesta presupuestada hasta el 31 de marzo.
La construcción de un edificio propio para albergar a todas las oficinas hoy dispersas en la ciudad, es uno de los objetivos que se propuso la conducción del organismo y que tuvo un fuerte impulso durante la presidencia del hoy vocal Oscar Biagioni.
La reforma constitucional santafesina de 1962 incorporó al Tribunal de Cuentas como órgano institucional. El artículo 81 de la vigente Carta Magna dispone que "un Tribunal de Cuentas, con jurisdicción en toda la Provincia, tiene a su cargo, en los casos y en la forma que señale la ley, aprobar o desaprobar la percepción e inversión de caudales públicos y declarar las responsabilidades que resulten.
En mayo de 1973, una resolución ministerial le asignó al novato Tribunal de Cuentas espacios en dos pisos del Centro Cívico Gubernamental. Ya sobre fines de los 80 y principios de los 90, la descentralización de funciones y organismos del gobierno nacional hacia las provincias hizo necesario reforzar la tarea del organismo y esa necesidad quedó plasmada en la reforma a la ley de Contabilidad, la 10.580. Desde 1995, el Tribunal de Cuentas trasladó su sede al inmueble de San Martín 1725, inmueble propio, donde están asentadas las autoridades superiores y el personal técnico de asesoramiento y apoyo administrativo. El resto del personal está ubicado en inmuebles alquilados en la zona sur de la ciudad y en oficinas que ceden algunos organismos para facilitar la proximidad física del control de expedientes.
Los vocales del Tribunal de Cuentas duran seis años en sus funciones, son nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa y pueden ser removidos según las normas del juicio político.
Con información de
El Litoral
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