25 DE ABRIL 2024
El FMI aprobó el nuevo acuerdo y la Argentina recibirá fondos frescos para reforzar las reservas
Por:
Rafael Mathus Ruiz
Viernes 25 de
Marzo 2022
El Directorio Ejecutivo del organismo avaló el programa presentado por el gobierno de Alberto Fernández y extendió una nueva línea de crédito por US$45.000 millones que servirá para cancelar el préstamo que tomó la administración de Mauricio Macri
El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó el nuevo acuerdo con la Argentina por 45.000 millones de dólares, brindando un poco de oxígeno financiero al país y cerrando una larga negociación de más de dos años que culminó el proceso de reestructuración de la deuda externa que encaró el gobierno de Alberto Fernández. Aun resta la confirmación oficial del organismo a través de un comunicado.
El Directorio Ejecutivo del FMI, controlado por las potencias del G7, aprobó un Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF, según sus siglas en inglés) para la Argentina, que le permitirá al país obtener una nueva línea de financiamiento de “acceso excepcional” casi cuatro años después del crédito que recibió el gobierno de Mauricio Macri, el más grande en la historia del organismo, bajo condiciones similares.
Los fondos frescos se utilizarán para reforzar las reservas –la semana próxima llegará un giro de casi 10.000 millones de dólares– y afrontar los vencimientos de ese préstamo. La Argentina deberá comenzar a devolver la nueva deuda a partir de fines de 2026, con los últimos pagos previstos para 2032.
El nuevo acuerdo, el 22º en la historia de la Argentina y el Fondo, fue diseñado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el staff del organismo con el objetivo primordial de comenzar a atacar uno de los problemas más urgentes del país, la alta y persistente inflación.
El núcleo del plan es una reducción paulatina y gradual del déficit fiscal hasta equilibrar las cuentas públicas en 2025, disminuyendo el financiamiento monetario del Tesoro, ampliamente visto como una de las causas principales del fuerte aumento de los precios.
El ajuste fiscal se concentrará en el recorte de los subsidios a la energía, que tendrá como contrapartida un aumento en las tarifas de la electricidad y del gas a los hogares de mayores ingresos del país.
Desafíos
El nuevo programa nace con enormes desafíos y fuertes dudas sobre su viabilidad. La guerra en Ucrania provocó un aumento de los alimentos, el petróleo y el gas, y le puso más presión a la inflación local y complicó el sendero de ajuste fiscal por el impacto que tienen los precios de la energía sobre los subsidios.
La capacidad política para implementar el plan también es incierta por la fractura política del Frente de Todos y la polarización. El programa económico ha sido criticado por Juntos por el Cambio, los libertarios, la vicepresidenta Cristina Kirchner, La Cámpora y el kirchnerismo duro. Y el plan del Gobierno también ha sido deshilachado por economistas en la Argentina y en Estados Unidos, que lo consideran demasiado “liviano” y que patea los problemas para adelante al dejar de lado reformas estructurales y el ataque frontal a los problemas de fondo de la economía.
El Fondo describió el nuevo programa como “realista, pragmático y creíble”.
El Gobierno ha defendido el nuevo acuerdo al afirmar que uno de los objetivos centrales del plan es “mantener la recuperación económica y social”. La Casa Rosada y el Palacio de Hacienda han dicho, además, que evita un ajuste –aunque el aumento de las tarifas implicará, en los hechos, un ajuste–, un salto del dólar y reformas estructurales como un cambio previsional o laboral, iniciativas complejas que suelen conllevar un amplio rechazo social.
Críticas de lado, el nuevo pacto permitirá evitar un “impago”, o arrears, con el Fondo Monetario, que hubiera dejado al país en una situación mucho más delicada. Y le brindará a la Argentina un período de gracia de cuatro años y medio sin fuertes vencimientos para intentar encarrilar la economía.
El acuerdo aspira a bajar el déficit fiscal “gradualmente y sustentablemente” al 2,5% del producto bruto interno este año; 1,9% en 2023; 0,9% en 2024, y 0% o equilibrio fiscal en 2025. La letra del nuevo convenio contempla además crecimiento para este año de entre el 3,5 y el 4,5 por ciento, una reducción de la inflación a un rango del 38 al 48 por ciento, y un aumento de las reservas netas del Banco Central de 5800 millones de dólares.
Incertidumbres
Sin embargo, el propio Gobierno reconoció en los documentos que fueron presentados al board del Fondo para la aprobación final que existen “importantes incertidumbres” que pueden alterar los números y forzar a “recalibrar” las políticas. La lista incluye la pandemia del coronavirus, la guerra en Ucrania, un deterioro de la economía regional, cambios en los términos de intercambio del país, principalmente en los precios de las materias primas como el trigo, la soja o el petróleo, y “shocks vinculados con el clima”.
Es un paraguas que se hace eco, en parte, de la sequía de 2018, que contribuyó a la crisis cambiaria que terminó por enterrar el “gradualismo” de Macri y llevó al país de regreso al FMI, y que se ha repetido este año. Pero también es un seguro ante los aumentos en el costo de generación de la electricidad, por el aumento del precio del gas por la invasión de Putin a Ucrania o por falta de agua en las represas que alimentan las centrales hidroeléctricas del país, apenas dos de las amenazas más apremiantes que enfrenta el nuevo convenio.
El Fondo Monetario ya había alertado que el conflicto en Europa del este representa un “gran golpe” a la economía global que le pondrá un freno a la recuperación a la pandemia del coronavirus y acelerará la inflación mundial. El panorama que brindó el Fondo fue particularmente pesimista para África y América Latina, donde el organismo espera que la inflación se acelere “significativamente” debido a los aumentos en los alimentos y la energía.
El Directorio Ejecutivo del FMI, controlado por las potencias del G7, aprobó un Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF, según sus siglas en inglés) para la Argentina, que le permitirá al país obtener una nueva línea de financiamiento de “acceso excepcional” casi cuatro años después del crédito que recibió el gobierno de Mauricio Macri, el más grande en la historia del organismo, bajo condiciones similares.
Los fondos frescos se utilizarán para reforzar las reservas –la semana próxima llegará un giro de casi 10.000 millones de dólares– y afrontar los vencimientos de ese préstamo. La Argentina deberá comenzar a devolver la nueva deuda a partir de fines de 2026, con los últimos pagos previstos para 2032.
El nuevo acuerdo, el 22º en la historia de la Argentina y el Fondo, fue diseñado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el staff del organismo con el objetivo primordial de comenzar a atacar uno de los problemas más urgentes del país, la alta y persistente inflación.
El núcleo del plan es una reducción paulatina y gradual del déficit fiscal hasta equilibrar las cuentas públicas en 2025, disminuyendo el financiamiento monetario del Tesoro, ampliamente visto como una de las causas principales del fuerte aumento de los precios.
El ajuste fiscal se concentrará en el recorte de los subsidios a la energía, que tendrá como contrapartida un aumento en las tarifas de la electricidad y del gas a los hogares de mayores ingresos del país.
Desafíos
El nuevo programa nace con enormes desafíos y fuertes dudas sobre su viabilidad. La guerra en Ucrania provocó un aumento de los alimentos, el petróleo y el gas, y le puso más presión a la inflación local y complicó el sendero de ajuste fiscal por el impacto que tienen los precios de la energía sobre los subsidios.
La capacidad política para implementar el plan también es incierta por la fractura política del Frente de Todos y la polarización. El programa económico ha sido criticado por Juntos por el Cambio, los libertarios, la vicepresidenta Cristina Kirchner, La Cámpora y el kirchnerismo duro. Y el plan del Gobierno también ha sido deshilachado por economistas en la Argentina y en Estados Unidos, que lo consideran demasiado “liviano” y que patea los problemas para adelante al dejar de lado reformas estructurales y el ataque frontal a los problemas de fondo de la economía.
El Fondo describió el nuevo programa como “realista, pragmático y creíble”.
El Gobierno ha defendido el nuevo acuerdo al afirmar que uno de los objetivos centrales del plan es “mantener la recuperación económica y social”. La Casa Rosada y el Palacio de Hacienda han dicho, además, que evita un ajuste –aunque el aumento de las tarifas implicará, en los hechos, un ajuste–, un salto del dólar y reformas estructurales como un cambio previsional o laboral, iniciativas complejas que suelen conllevar un amplio rechazo social.
Críticas de lado, el nuevo pacto permitirá evitar un “impago”, o arrears, con el Fondo Monetario, que hubiera dejado al país en una situación mucho más delicada. Y le brindará a la Argentina un período de gracia de cuatro años y medio sin fuertes vencimientos para intentar encarrilar la economía.
El acuerdo aspira a bajar el déficit fiscal “gradualmente y sustentablemente” al 2,5% del producto bruto interno este año; 1,9% en 2023; 0,9% en 2024, y 0% o equilibrio fiscal en 2025. La letra del nuevo convenio contempla además crecimiento para este año de entre el 3,5 y el 4,5 por ciento, una reducción de la inflación a un rango del 38 al 48 por ciento, y un aumento de las reservas netas del Banco Central de 5800 millones de dólares.
Incertidumbres
Sin embargo, el propio Gobierno reconoció en los documentos que fueron presentados al board del Fondo para la aprobación final que existen “importantes incertidumbres” que pueden alterar los números y forzar a “recalibrar” las políticas. La lista incluye la pandemia del coronavirus, la guerra en Ucrania, un deterioro de la economía regional, cambios en los términos de intercambio del país, principalmente en los precios de las materias primas como el trigo, la soja o el petróleo, y “shocks vinculados con el clima”.
Es un paraguas que se hace eco, en parte, de la sequía de 2018, que contribuyó a la crisis cambiaria que terminó por enterrar el “gradualismo” de Macri y llevó al país de regreso al FMI, y que se ha repetido este año. Pero también es un seguro ante los aumentos en el costo de generación de la electricidad, por el aumento del precio del gas por la invasión de Putin a Ucrania o por falta de agua en las represas que alimentan las centrales hidroeléctricas del país, apenas dos de las amenazas más apremiantes que enfrenta el nuevo convenio.
El Fondo Monetario ya había alertado que el conflicto en Europa del este representa un “gran golpe” a la economía global que le pondrá un freno a la recuperación a la pandemia del coronavirus y acelerará la inflación mundial. El panorama que brindó el Fondo fue particularmente pesimista para África y América Latina, donde el organismo espera que la inflación se acelere “significativamente” debido a los aumentos en los alimentos y la energía.
Con información de
La Nación
