Inflación e ingresos: Gobierno, UIA y CGT vuelven a reunirse (empresas rechazan un bono)
Lunes 04 de
Abril 2022
El Gobierno, los dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) y los empresarios de la Unión Industrial Argentina (UIA) volverán a reunirse este martes en el marco de la mesa tripartita que arrancó la semana pasada.
La expectativa es, antes que nada, contener la ansiedad que genera la escalada inflacionaria del primer trimestre del año, que según coinciden todos, agrava el impacto de la guerra en Ucrania.
El encuentro es una continuidad del que tuvieron el jueves pasado los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas y de Trabajo, Claudio Moroni, con el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja; el secretario de la entidad, Miguel Ángel Rodríguez y los sindicalistas Héctor Daer, Carlos Acuña y Andrés Rodríguez.
Según consta en el acta del jueves pasado, acordaron establecer mecanismos de coordinación para “enfrentar de manera efectiva el problema de la inflación”. En ese sentido, según pudo averiguar Ámbito, la mesa de diálogo tiene un objetivo no declarado pero importante: que el incremento extraordinario de los precios, sobre todo el de los alimentos, del primer trimestre no llegue a generar un desborde tanto de reclamos de incrementos salariales como de remarcaciones. La expectativa compartida es que el aumento del 5% al 6% del IPC de los primeros meses sea coyuntural y que luego se vuelva al ritmo del 3% con el que cerró 2021. Si el alza del costo de vida se mantuviera en los niveles de febrero y marzo, el resultado anual estaría arriba del 70%. La conclusión es que ajustar precios y salarios a esa proyección alimentaría el problema.
Más allá de eso, el otro objetivo de la mesa es buscar mecanismos para mejorar el salario real. En ese sentido, había trascendido que los sindicatos habían propuesto el pago de un bono similar al que decretó el gobierno el año pasado, pero ese pedido no quedó reflejado en el acta del encuentro. Según indicaron algunos de los participantes de la reunión, la propuesta ni se llegó a poner en la mesa. Las empresas dicen que complicaría el cierre de las paritarias, que está ocurriendo por estos días. De hecho, el pago de bonos compensatorios o de sumas fijas se está acordando en las discusiones salariales de este año, dicen las fuentes privadas.
Al respecto, un informe de la consultora Sarandí, que dirige el economista Sergio Chouza, estima que una suba de salarios de emergencia por decreto de $10.000 podría volcar al mercado algo menos de $100.000 millones al consumo. Chouza plantea que “frenar el impacto inflacionario global es poco factible ya que sin instrumentos y con alta nominalidad, es solo voluntarismo”. De ese modo, considera que “la alternativa es ir por la vía de los ingresos, apuntalar en el corto plazo los salarios y transferencias para minimizar el deterioro del poder adquisitivo”.
El reporte estima que el aumento debería alcanzar a 6,1 millones de asalariados privados y a 3,4 millones del sector público, y el impacto sería equivalente a 0,15 puntos del PBI. El informe dice que una suba de emergencia por decreto es “un paliativo de lógica similar al que se aplicó estos dos años en materia previsional a partir del otorgamiento de bonos para jubilados y pensionados”. “Si bien el mecanismo no es ideal, por lo menos sostiene parcialmente el poder adquisitivo de los ingresos”, indica.
El rumor del bono estaría más en el interés de los sindicatos estatales, en función del que el gobierno otorgará uno a los jubilados de la mínima, señalan en sectores empresariales. El informe de la consultora estima que la mejora de la recaudación fiscal para este año dejaría un excedente de $140.000 millones que se podría aplicar a un aumento de emergencia por única vez del 50% para la AUH y la Tarjeta Alimentar, y para fortalecer otras partidas de política alimentaria, como los fondos para comedores comunitarios. “Aún así, quedaría un saldo remanente superior a 0,1% del PBI para cerrar la brecha fiscal, en el marco del compromiso del programa con el FMI”, calcula el reporte.
Por otro lado, la mesa tripartita tiene que definir su ampliación. El acta del primer encuentro dice que se coincidió en la necesidad de ampliar la convocatoria a sectores del comercio, la construcción, el agro y la economía del conocimiento, pero hasta ahora otras entidades que integran el Grupo de los Seis no fueron llamadas. Al respecto, Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) indicó que las empresas que integran el sector “representan el 65% del PBI y el 67% de la mano de obra, por lo que sería bueno que tuvieran en cuenta nuestra opinión”.
Durante el fin de semana, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, dijo en declaraciones radiales que sería necesario incorporar a la Mesa de Enlace a ese formato, porque a su entender es la que puede poner en números cuál es la oferta de alimentos que tienen para el mercado local. El secretario sostiene la idea de que el gobierno tiene que subir las retenciones a las exportaciones de trigo y maíz para desacoplar los precios internos del efecto inflacionario de los mercados globales.
El encuentro es una continuidad del que tuvieron el jueves pasado los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas y de Trabajo, Claudio Moroni, con el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja; el secretario de la entidad, Miguel Ángel Rodríguez y los sindicalistas Héctor Daer, Carlos Acuña y Andrés Rodríguez.
Según consta en el acta del jueves pasado, acordaron establecer mecanismos de coordinación para “enfrentar de manera efectiva el problema de la inflación”. En ese sentido, según pudo averiguar Ámbito, la mesa de diálogo tiene un objetivo no declarado pero importante: que el incremento extraordinario de los precios, sobre todo el de los alimentos, del primer trimestre no llegue a generar un desborde tanto de reclamos de incrementos salariales como de remarcaciones. La expectativa compartida es que el aumento del 5% al 6% del IPC de los primeros meses sea coyuntural y que luego se vuelva al ritmo del 3% con el que cerró 2021. Si el alza del costo de vida se mantuviera en los niveles de febrero y marzo, el resultado anual estaría arriba del 70%. La conclusión es que ajustar precios y salarios a esa proyección alimentaría el problema.
Más allá de eso, el otro objetivo de la mesa es buscar mecanismos para mejorar el salario real. En ese sentido, había trascendido que los sindicatos habían propuesto el pago de un bono similar al que decretó el gobierno el año pasado, pero ese pedido no quedó reflejado en el acta del encuentro. Según indicaron algunos de los participantes de la reunión, la propuesta ni se llegó a poner en la mesa. Las empresas dicen que complicaría el cierre de las paritarias, que está ocurriendo por estos días. De hecho, el pago de bonos compensatorios o de sumas fijas se está acordando en las discusiones salariales de este año, dicen las fuentes privadas.
Al respecto, un informe de la consultora Sarandí, que dirige el economista Sergio Chouza, estima que una suba de salarios de emergencia por decreto de $10.000 podría volcar al mercado algo menos de $100.000 millones al consumo. Chouza plantea que “frenar el impacto inflacionario global es poco factible ya que sin instrumentos y con alta nominalidad, es solo voluntarismo”. De ese modo, considera que “la alternativa es ir por la vía de los ingresos, apuntalar en el corto plazo los salarios y transferencias para minimizar el deterioro del poder adquisitivo”.
El reporte estima que el aumento debería alcanzar a 6,1 millones de asalariados privados y a 3,4 millones del sector público, y el impacto sería equivalente a 0,15 puntos del PBI. El informe dice que una suba de emergencia por decreto es “un paliativo de lógica similar al que se aplicó estos dos años en materia previsional a partir del otorgamiento de bonos para jubilados y pensionados”. “Si bien el mecanismo no es ideal, por lo menos sostiene parcialmente el poder adquisitivo de los ingresos”, indica.
El rumor del bono estaría más en el interés de los sindicatos estatales, en función del que el gobierno otorgará uno a los jubilados de la mínima, señalan en sectores empresariales. El informe de la consultora estima que la mejora de la recaudación fiscal para este año dejaría un excedente de $140.000 millones que se podría aplicar a un aumento de emergencia por única vez del 50% para la AUH y la Tarjeta Alimentar, y para fortalecer otras partidas de política alimentaria, como los fondos para comedores comunitarios. “Aún así, quedaría un saldo remanente superior a 0,1% del PBI para cerrar la brecha fiscal, en el marco del compromiso del programa con el FMI”, calcula el reporte.
Por otro lado, la mesa tripartita tiene que definir su ampliación. El acta del primer encuentro dice que se coincidió en la necesidad de ampliar la convocatoria a sectores del comercio, la construcción, el agro y la economía del conocimiento, pero hasta ahora otras entidades que integran el Grupo de los Seis no fueron llamadas. Al respecto, Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) indicó que las empresas que integran el sector “representan el 65% del PBI y el 67% de la mano de obra, por lo que sería bueno que tuvieran en cuenta nuestra opinión”.
Durante el fin de semana, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, dijo en declaraciones radiales que sería necesario incorporar a la Mesa de Enlace a ese formato, porque a su entender es la que puede poner en números cuál es la oferta de alimentos que tienen para el mercado local. El secretario sostiene la idea de que el gobierno tiene que subir las retenciones a las exportaciones de trigo y maíz para desacoplar los precios internos del efecto inflacionario de los mercados globales.
Con información de
Ámbito
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