Diario "El Comercio" - Perú
"Defensores de un golpista": el duro editorial de El Comercio contra el gobierno argentino por su respaldo a Pedro Castillo
Martes 13 de
Diciembre 2022
El golpe de Estado dado por el ahora expresidente Pedro Castillo en nuestro país el pasado miércoles 7 de diciembre está sirviendo como una criba para diferenciar a aquellos políticos comprometidos con la democracia por encima de cualquier simpatía ideológica de los que no.
Entre los primeros, se encuentran los gobiernos que en los últimos días han resaltado la respuesta de las instituciones peruanas ante el zarpazo de un aspirante a tirano que se encontraba rodeado por serios indicios de corrupción a los que nunca pudo (ni quiso) dar respuesta y que, en un desesperado y último intento, trató de cerrar el Parlamento e intervenir el sistema de justicia. Entre los segundos, aquellos que, por el contrario, han servido y continúan sirviendo como tristes comparsas del dictador más efímero de la historia de nuestra República.
Al respecto, hace pocas horas los gobiernos de Colombia, Bolivia, México y la Argentina difundieron un comunicado conjunto que parece escrito por un acólito del exmandatario y que muestra, en el mejor de los casos, una completa desconexión de la realidad y, en el peor, una grosera manipulación de esta. Después de calificar a Pedro Castillo Terrones como “presidente de la República del Perú” y de expresar su preocupación por “los recientes sucesos” que desembocaron en la vacancia y la detención de este, los firmantes piden que se ‘priorice’ “la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas” y que “quienes integran las instituciones” se ‘abstengan’ “de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio”. O, en otras palabras, que se restituya en el cargo a quien hace apenas cinco días dio un golpe de Estado e intentó avasallar a las instituciones autónomas de este país para salvarse el pellejo. Eso, además, sin mencionar en ningún lugar del documento el zarpazo que dio el exmandatario a la democracia peruana con miras a destruirla, como si este no hubiera existido o como si intentaran hacer como que no lo vieron o no lo consideran algo grave. Una actitud que en nuestro idioma se define perfectamente con una palabra: cínica.
Por otro lado, sugerir que en nuestro país no se está respetando la voluntad ciudadana expresada en las urnas en las elecciones del 2021 es una falacia que debe ser denunciada. Quien ha asumido las riendas del Gobierno peruano ha sido Dina Boluarte, que fue elegida por los peruanos que votaron por la fórmula presidencial que ella integraba en calidad de vicepresidenta del golpista y a la que la Constitución le da el encargo de seguir la línea de sucesión presidencial cuando la jefatura del Estado queda vacante, como ha sido el caso.
En buena cuenta, pues, lo que piden los gobiernos de Colombia, Bolivia, México y la Argentina es que los peruanos nos tapemos los ojos ante lo que fue un deliberado intento por destruir la democracia en nuestro país en aras de ‘priorizar’ una retorcida y antojadiza noción de ‘voluntad popular’ por encima de lo que dictan nuestras leyes. Una solicitud no solo descarada (que amerita una respuesta contundente y rápida de nuestra Cancillería que ha permanecido muda hasta ahora), sino también manifiestamente antidemocrática y que pinta de cuerpo entero a quienes la refrendaron.
Como decíamos al inicio, las reacciones ante el golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo en nuestro país vienen sirviendo como una criba para separar a quienes realmente están comprometidos con los ideales democráticos de aquellos que, por el contrario, solo apelan a estos cuando les son funcionales a sus intereses o al de sus pares ideológicos. En ese sentido, la vergonzosa publicación de los gobiernos mexicano, boliviano, colombiano y argentino debe servir también como una advertencia para los ciudadanos de esos países hermanos, pues no es exagerado decir que, puestos en una situación parecida, quienes vienen actuando como abiertos defensores de un golpista, muy probablemente actuarían como actuó aquel con el que hoy se solidarizan.
Al respecto, hace pocas horas los gobiernos de Colombia, Bolivia, México y la Argentina difundieron un comunicado conjunto que parece escrito por un acólito del exmandatario y que muestra, en el mejor de los casos, una completa desconexión de la realidad y, en el peor, una grosera manipulación de esta. Después de calificar a Pedro Castillo Terrones como “presidente de la República del Perú” y de expresar su preocupación por “los recientes sucesos” que desembocaron en la vacancia y la detención de este, los firmantes piden que se ‘priorice’ “la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas” y que “quienes integran las instituciones” se ‘abstengan’ “de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio”. O, en otras palabras, que se restituya en el cargo a quien hace apenas cinco días dio un golpe de Estado e intentó avasallar a las instituciones autónomas de este país para salvarse el pellejo. Eso, además, sin mencionar en ningún lugar del documento el zarpazo que dio el exmandatario a la democracia peruana con miras a destruirla, como si este no hubiera existido o como si intentaran hacer como que no lo vieron o no lo consideran algo grave. Una actitud que en nuestro idioma se define perfectamente con una palabra: cínica.
Por otro lado, sugerir que en nuestro país no se está respetando la voluntad ciudadana expresada en las urnas en las elecciones del 2021 es una falacia que debe ser denunciada. Quien ha asumido las riendas del Gobierno peruano ha sido Dina Boluarte, que fue elegida por los peruanos que votaron por la fórmula presidencial que ella integraba en calidad de vicepresidenta del golpista y a la que la Constitución le da el encargo de seguir la línea de sucesión presidencial cuando la jefatura del Estado queda vacante, como ha sido el caso.
En buena cuenta, pues, lo que piden los gobiernos de Colombia, Bolivia, México y la Argentina es que los peruanos nos tapemos los ojos ante lo que fue un deliberado intento por destruir la democracia en nuestro país en aras de ‘priorizar’ una retorcida y antojadiza noción de ‘voluntad popular’ por encima de lo que dictan nuestras leyes. Una solicitud no solo descarada (que amerita una respuesta contundente y rápida de nuestra Cancillería que ha permanecido muda hasta ahora), sino también manifiestamente antidemocrática y que pinta de cuerpo entero a quienes la refrendaron.
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Con información de
El Comercio
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