Santa Fe
Diputados insistió con medidas para sancionar la venta de drogas
Por:
Mario Cáffaro
Viernes 09 de
Mayo 2014
Votó un proyecto de ley para crear una línea telefónica gratuita para recibir denuncias y la autorización para destruir búnkers levantados en terrenos públicos.
Sobre tablas, sin discursos, la Cámara de Diputados dio media sanción y remitió en revisión al Senado un proyecto de la oficialista Verónica Benas (Pares) creando una línea telefónica gratuita (0800) para recibir denuncias sobre localización de sitios dedicados a la comercialización, venta o distribución de drogas y para autorizar a la fuerza pública para destruir locales de ventas de drogas ubicados en terrenos públicos, en un plazo no mayor a las 48 horas de constatada su existencia.
La rapidez en el tratamiento del proyecto obedece a que Diputados había votado uno muy similar en agosto de 2012, también de autoría de Benas, y que perdió estado parlamentario el 30 de noviembre último, ya que el Senado no lo llevó al recinto. En esta ocasión, la legisladora agregó un artículo que dispone que “la comercialización de estupefacientes en una vivienda social concedida por la provincia es causa de desadjudicación de la misma y la autoridad de aplicación tramitará con el área de Vivienda el inmediato desalojo”.
En otros artículos dispone que la información recibida en el 0800 será confidencial, anónima, y su evaluación estará en manos de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones del Ministerio de Seguridad. En cuanto a la facultad para derribar los búnkers de la droga, se autoriza “previo aseguramiento de pruebas y comunicación al órgano jurisdiccional pertinente”.
Tras la sesión, Benas le dijo a El Litoral que es “necesario insistir con el tema, habida cuenta de las proporciones que ha alcanzado el problema del narcotráfico en la provincia”, y dijo estar convencida de que la propuesta “contribuye, con herramientas legales, a contrarrestar la proliferación de puestos de venta de drogas y la remoción de los existentes”.
La rapidez en el tratamiento del proyecto obedece a que Diputados había votado uno muy similar en agosto de 2012, también de autoría de Benas, y que perdió estado parlamentario el 30 de noviembre último, ya que el Senado no lo llevó al recinto. En esta ocasión, la legisladora agregó un artículo que dispone que “la comercialización de estupefacientes en una vivienda social concedida por la provincia es causa de desadjudicación de la misma y la autoridad de aplicación tramitará con el área de Vivienda el inmediato desalojo”.
En otros artículos dispone que la información recibida en el 0800 será confidencial, anónima, y su evaluación estará en manos de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones del Ministerio de Seguridad. En cuanto a la facultad para derribar los búnkers de la droga, se autoriza “previo aseguramiento de pruebas y comunicación al órgano jurisdiccional pertinente”.
Tras la sesión, Benas le dijo a El Litoral que es “necesario insistir con el tema, habida cuenta de las proporciones que ha alcanzado el problema del narcotráfico en la provincia”, y dijo estar convencida de que la propuesta “contribuye, con herramientas legales, a contrarrestar la proliferación de puestos de venta de drogas y la remoción de los existentes”.
Con información de
ellitoral
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