Santa Fe | San Javier
Denuncian trato esclavo para dos chicos con guarda judicial
Lunes 12 de
Mayo 2014
El juez penal Sergio Carraro dictó hoy la prisión preventiva para una pareja de 46 y 57 años, detenida el viernes en una ladrillería de la localidad de La Brava, donde vivían junto a un joven de 18 años sometido a “reducción a la servidumbre”.
La investigación comenzó el jueves pasado, en la sede de la Unidad Fiscal San Javier, cuando los dos hermanos mayores de la víctima se entrevistaron con la fiscal Rosana Marcolín, preocupados por la situación del joven del que hacía meses no tenían noticias.
Los denunciantes son “la hermana de la víctima actual y un hermano, quien había padecido el mismo trato, y por eso decidió escapar hace 6 años.
Según relató la fiscal, “ante el fallecimiento de la madre, los hermanos fueron entregados en guarda provisoria a este matrimonio con domicilio en la localidad de La Brava”. El mayor tenía 8 años y estuvo desde el 2000 al 2008, cuando decidió escapar. El otro fue entregado a los 9 años y continuó viviendo en la ladrillería hasta el viernes pasado, cuando la Sección Trata de Personas allanó el lugar.
Pedido de prisión
La orden de allanamiento extendida por el juez Nicolás Falkenberg fue llevada a cabo por la fiscal Marcolín, quien tras relevar el área libró las órdenes de detención de la pareja. El sábado se realizó la audiencia imputativa, en la que la fiscal acusó por el delito de “reducción a la servidumbre” y este lunes solicitó la prisión preventiva que fue concedida por el juez Carraro.
“Es un delito que requiere una permanencia en el tiempo”, dijo la Dra. Marcolín, que describió cómo se configuró el “trabajo forzoso, los malos tratos, la privación de alimentos, la coacción psicológica”, además de “amenazas y golpes con machetes, pala y hierros calientes”.
Al momento de mostrar las evidencias, la fiscal hizo notar que fueron las autoridades escolares las que en el 2006 denunciaron en el Juzgado de Menores “al observar el estado físico de los niños y escuchar su relato”.
Minoridad y desamparo
El caso se inscribe en un contexto de pobreza y marginalidad, tanto de las víctimas como de los victimarios; y así se encargó de encuadrarlo el defensor público Matías Spadaro cuando se refirió a la “precariedad” y de la “situación de indefensión” de los imputados.
Fue el propio defensor quien sin denunciarlo abiertamente dejó en evidencia la debilidad de los controles estatales en materia de minoridad.
Para desmontar la trama de delitos que se le atribuyen a sus defendidos, el abogado buscó resguardo en dichas intervenciones, que hacen impensada la tolerancia de semejantes episodios de vulneración de derechos.
“Estos chicos fueron dados en guarda”, expresó Spadaro, dando por sentado que “se habrán realizado los controles pertinentes”. Y continuó: “El Juzgado de Menores evidentemente habrá considerado que no había elementos para sacar esa guarda. Me remito a que pasaron 8 años”.
Comida de perros
Por su parte, la fiscalía aportó los testimonios de vecinos y autoridades escolares, además del testimonio de las propias víctimas, que fueron mantenidas indocumentadas con nula asistencia médica y en el abandono total.
Los chicos reconocieron que están indocumentados, que producto del hambre llegaron a comer el alimento que los mayores tiraban a los perros y que se bañaban con agua fría, con un balde, amén de que se pasaban el día realizando trabajos en la ladrillería y techería y cortando leña.
Para la funcionaria, “ambos niños habrían sido obligados a trabajar extensas jornadas, faltando asiduamente a clases, y sometidos a toda clase de vejámenes, tanto físicos como psicológicos”.
Los denunciantes son “la hermana de la víctima actual y un hermano, quien había padecido el mismo trato, y por eso decidió escapar hace 6 años.
Según relató la fiscal, “ante el fallecimiento de la madre, los hermanos fueron entregados en guarda provisoria a este matrimonio con domicilio en la localidad de La Brava”. El mayor tenía 8 años y estuvo desde el 2000 al 2008, cuando decidió escapar. El otro fue entregado a los 9 años y continuó viviendo en la ladrillería hasta el viernes pasado, cuando la Sección Trata de Personas allanó el lugar.
Pedido de prisión
La orden de allanamiento extendida por el juez Nicolás Falkenberg fue llevada a cabo por la fiscal Marcolín, quien tras relevar el área libró las órdenes de detención de la pareja. El sábado se realizó la audiencia imputativa, en la que la fiscal acusó por el delito de “reducción a la servidumbre” y este lunes solicitó la prisión preventiva que fue concedida por el juez Carraro.
“Es un delito que requiere una permanencia en el tiempo”, dijo la Dra. Marcolín, que describió cómo se configuró el “trabajo forzoso, los malos tratos, la privación de alimentos, la coacción psicológica”, además de “amenazas y golpes con machetes, pala y hierros calientes”.
Al momento de mostrar las evidencias, la fiscal hizo notar que fueron las autoridades escolares las que en el 2006 denunciaron en el Juzgado de Menores “al observar el estado físico de los niños y escuchar su relato”.
Minoridad y desamparo
El caso se inscribe en un contexto de pobreza y marginalidad, tanto de las víctimas como de los victimarios; y así se encargó de encuadrarlo el defensor público Matías Spadaro cuando se refirió a la “precariedad” y de la “situación de indefensión” de los imputados.
Fue el propio defensor quien sin denunciarlo abiertamente dejó en evidencia la debilidad de los controles estatales en materia de minoridad.
Para desmontar la trama de delitos que se le atribuyen a sus defendidos, el abogado buscó resguardo en dichas intervenciones, que hacen impensada la tolerancia de semejantes episodios de vulneración de derechos.
“Estos chicos fueron dados en guarda”, expresó Spadaro, dando por sentado que “se habrán realizado los controles pertinentes”. Y continuó: “El Juzgado de Menores evidentemente habrá considerado que no había elementos para sacar esa guarda. Me remito a que pasaron 8 años”.
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Con información de
ellitoral
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