Cómo funcionan las bombas de racimo, las armas prohibidas que Estados UNidos enviará a Ucrania
Por:
Lucía Sol Miguel
Viernes 07 de
Julio 2023
Estos dispositivos están vetados por 108 países por su capacidad para matar o herir a muchas personas de manera indiscriminada
La noticia de que Estados Unidos enviará municiones de racimo a Ucrania para ayudar a su ejército a hacer retroceder a las fuerzas rusas atrincheradas en el frente ha causado una enorme conmoción dado que dichas armas están prohibidas en 108 países por su capacidad para matar o herir a muchas personas de manera indiscriminada.
Se espera que el gobierno del presidente Joe Biden anuncie el viernes el envío de miles de ellas como parte de un nuevo paquete de ayuda militar por valor de 800 millones de dólares, de acuerdo con personas al tanto de la decisión que no estaban autorizadas a hablar de ella públicamente antes del anuncio oficial y que hablaron a condición de mantener el anonimato, informó la agencia de noticias AP.
Los defensores de la decisión argumentan que Rusia ya ha estado usando la controvertida arma en Ucrania, y que las municiones que proporcionará Estados Unidos tienen una tasa reducida de fallas, lo que significa que habrá muchas menos rondas sin explotar que puedan provocar muertes civiles no deseadas.
Los casos de bombas de racimo en la guerra de Ucrania son varios. Uno de ellos ocurrió el 8 de abril de 2022 a las 10 de la mañana, la estación de Kramatorsk, en el oblast de Donetsk, se convirtió en un blanco de ataque con bombas racimo.
Tamara, de 71, planeaba escapar aquel día de esa ciudad asediada del este de Ucrania, que fue su hogar durante 40 años, para reencontrarse en Polonia con su hija Alina Kovalenko, de 48. Pero la mujer nunca llegó a destino.
“Empecé a recibir mensajes en redes sociales, como Facebook, y oí que [lanzaron] un misil”, contó a la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) Alina, que revisó cada foto publicada en las noticias. “La primera que vi fue una foto de mi madre, tendida en el suelo. Veía las fotos y no lo podía creer”.
Un misil Tochka-U lanzado desde un territorio controlado por Rusia en el este de Ucrania dispersó indiscriminadamente 50 submuniciones de fragmentación 9N24 al impactar en la terminal. Se trató de uno de los ataques más mortales en lo que va de la guerra, y uno de los tantos en los que los beligerantes cruzaron la línea roja al utilizar bombas racimo, un tipo de arma prohibida por gran parte de la comunidad internacional.
La guerra en Ucrania marcó un nuevo retroceso en los esfuerzos internacionales por bloquear el uso, almacenamiento y la venta de este armamento letal, considerado ilícito por la Convención sobre Municiones en Racimo de Dublín de 2008.
Desde que comenzó la invasión el 24 de febrero de 2022, las fuerzas rusas las usaron al menos seis veces en ataques que provocaron víctimas civiles y afectaron hospitales, casas residenciales y escuelas, según otra investigación de Human Rights Watch. Pero varios reportes de medios han indicado que también las fuerzas ucranianas utilizaron bombas de racimo, como en Hrushvika, durante la ocupación rusa.
Contaminación
Fuera de las fronteras de Ucrania, el uso de las bombas de racimo continúa siendo una grave amenaza para poblaciones civiles, las principales víctimas de estos artefactos no solo en el momento de los ataques, también una vez finalizado el conflicto. Las municiones de racimo, que pueden ser lanzadas por misiles o aviones, son armas que cuentan con un contenedor que se abre en el aire y dispersa entre decenas y cientas de submuniciones explosivas en espacios equivalentes a estadios de futbol.
Además del daño que producen instantáneamente, las submuniciones suelen tener fallas que impiden que exploten en el momento, lo que las convierte en una especie de mina terrestre que contamina el terreno y atenta la seguridad de la población durante décadas.
La “indiscriminación” de las municiones de racimo es lo que las hace tan peligrosas. “Si las lanzas sobre una población civil, es completamente indiscriminado, porque no van a un objetivo específico, y porque toda el área queda contaminada por submuniciones. Esto termina provocando desplazamientos de los civiles”, explicó a este medio Pia Devoto, coordinadora de la Red de Seguridad Humana en América Latina y el Caribe.
En el primer semestre de 2022 se registraron al menos 698 víctimas civiles durante ataques con bombas de racimo, un aumento del 300% en comparación con el mismo período en 2021, advirtió el monitoreo de la Coalición Bombas de Racimo (CMC, por sus siglas en inglés), una ONG que lucha por su prohibición a nivel mundial. Los civiles representan el 97% de todas las víctimas de municiones de racimo registradas y casi el 70% de ellas son niños, que suelen confundir las submuniciones con juguetes.
Al menos 26 países están contaminados en la actualidad, con Vietnam, Laos, Camboya e Irak como los más afectados. Chile es el único país de América con restos de bombas de racimo en terrenos utilizados para entrenamiento militar -en tres polígonos de tiro de la Fuerza Aérea de Chile y en una base militar-.
Desde la Segunda Guerra
Estos artefactos explosivos fueron utilizados en conflictos tales como la guerra de Vietnam, en Nagorno Karabaj, Yugoslavia, Afganistán, Irak, e inclusive por los ingleses en la guerra de Malvinas. El intenso proceso de descontaminación de las playas de las islas –en especial infectada por minas antipersonales– terminó recién en 2020, 38 años después del conflicto.
Las bombas de racimo violan un conjunto de normas –como no atacar civiles o el principio de proporcionalidad– y convenciones que forman parte del Derecho Internacional Humanitario, que busca “minimizar la destrucción indiscriminada de los civiles”, dijo a LA NACION Iain Overton, director ejecutivo de Acción contra la Violencia Armada (AOAV), una organización benéfica londinense que investiga la violencia armada.
Utilizadas por primera vez en la Segunda Guerra Mundial por las fuerzas soviéticas contra la Alemania nazi, las bombas de racimo fueron incluidas en la Convención de Ciertas Armas Convencionales (CCAC) de 1980, un marco normativo del que forman parte 109 países de la ONU –incluida la Argentina– para proteger a la población civil de los efectos indiscriminados de las armas convencionales que pueden considerarse excesivamente nocivas. Este tratado también restringe el uso de minas terrestre antipersona –presuntamente usadas por Ucrania en la guerra–, armas no detectables de fragmentación, armas láser cegadoras, entre otras.
Otro marco normativo similar es el que censura a las Armas de Destrucción Masiva, impulsado por el Consejo de Seguridad de la ONU en 1991, que incluye armas químicas, biológicas y nucleares.
No obstante, estos marcos normativos no fueron suficientes para reprimir por completo su uso. Por la falta de compromisos, y tras la denuncia de la ONU contra Israel por lanzar bombas de racimo en el sur del Líbano, se creó por fuera de Naciones Unidas la Convención Sobre Municiones en Racimo en la que cada Estado Parte se compromete a “nunca, y bajo ninguna circunstancia, emplear municiones de racimo, desarrollar, producir, adquirir de un modo u otro”.
La Convención, adoptada por más de 100 gobiernos –la Argentina, antiguo productor, no es uno de ellos–, acumula varios éxitos desde su implementación: 36 Estados Parte destruyeron sus reservas de municiones de racimo –el más reciente es Suiza–, mientras que República Checa, Países Bajos y Eslovaquia desistieron de utilizarlas con fines de investigación, entre otros.
“El estigma internacional contra el uso de estas armas es fuerte. Lo hemos visto en Siria, donde las fuerzas sirias respaldadas por Rusia utilizaron ampliamente municiones de racimo, así como Ucrania con esta arma y minas antipersonales; en ambos casos, los responsables han negado rotundamente haberlas utilizado (...) y esto se debe a que está ampliamente reconocido que matan indiscriminadamente a civiles”, remarcó a LA NACION Jared Bloch, vocero de la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres (ICBL)-Coalición contra las Municiones en Racimo (CMC).
Desafíos
Sin embargo, aún presenta grandes desafíos. Restan países por adherirse, incluso grandes potencias como Rusia y Estados Unidos, o en conflicto, como Ucrania. La última vez que se unió un país fue en 2020 con la incorporación de Santa Lucía. Una decena de gobiernos lleva años debiendo sus informes de transparencia.
En efecto, las bombas de racimo siguen siendo parte del comercio mundial de armas. “Un total de 16 productores de municiones en racimo aún no se han comprometido a abandonar la producción, entre ellos China y Rusia”, puntualiza el informe de CMC.
“Todavía vemos países parte de la Convención que las utilizan, otros que solían usarlas pero aún no se deshicieron de ellas. Siguen siendo una parte fundamental del contrabando de armas por parte de grupos tales como el Estado Islámico”, puntualiza Overton. “Y el mayor desafío es que, cuando el país entero está bajo amenaza, los gobiernos olvidan las convenciones existentes y usan lo que está a su alcance por defenderse”.
Es por eso que para Bloch, la clave está en que la sociedad civil siga abocada a exigirles a los organismos internacionales y nacionales “la rendición de cuentas por parte de los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de los tratados”.
Se espera que el gobierno del presidente Joe Biden anuncie el viernes el envío de miles de ellas como parte de un nuevo paquete de ayuda militar por valor de 800 millones de dólares, de acuerdo con personas al tanto de la decisión que no estaban autorizadas a hablar de ella públicamente antes del anuncio oficial y que hablaron a condición de mantener el anonimato, informó la agencia de noticias AP.
Los defensores de la decisión argumentan que Rusia ya ha estado usando la controvertida arma en Ucrania, y que las municiones que proporcionará Estados Unidos tienen una tasa reducida de fallas, lo que significa que habrá muchas menos rondas sin explotar que puedan provocar muertes civiles no deseadas.
Los casos de bombas de racimo en la guerra de Ucrania son varios. Uno de ellos ocurrió el 8 de abril de 2022 a las 10 de la mañana, la estación de Kramatorsk, en el oblast de Donetsk, se convirtió en un blanco de ataque con bombas racimo.
Tamara, de 71, planeaba escapar aquel día de esa ciudad asediada del este de Ucrania, que fue su hogar durante 40 años, para reencontrarse en Polonia con su hija Alina Kovalenko, de 48. Pero la mujer nunca llegó a destino.
“Empecé a recibir mensajes en redes sociales, como Facebook, y oí que [lanzaron] un misil”, contó a la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) Alina, que revisó cada foto publicada en las noticias. “La primera que vi fue una foto de mi madre, tendida en el suelo. Veía las fotos y no lo podía creer”.
Un misil Tochka-U lanzado desde un territorio controlado por Rusia en el este de Ucrania dispersó indiscriminadamente 50 submuniciones de fragmentación 9N24 al impactar en la terminal. Se trató de uno de los ataques más mortales en lo que va de la guerra, y uno de los tantos en los que los beligerantes cruzaron la línea roja al utilizar bombas racimo, un tipo de arma prohibida por gran parte de la comunidad internacional.
La guerra en Ucrania marcó un nuevo retroceso en los esfuerzos internacionales por bloquear el uso, almacenamiento y la venta de este armamento letal, considerado ilícito por la Convención sobre Municiones en Racimo de Dublín de 2008.
Desde que comenzó la invasión el 24 de febrero de 2022, las fuerzas rusas las usaron al menos seis veces en ataques que provocaron víctimas civiles y afectaron hospitales, casas residenciales y escuelas, según otra investigación de Human Rights Watch. Pero varios reportes de medios han indicado que también las fuerzas ucranianas utilizaron bombas de racimo, como en Hrushvika, durante la ocupación rusa.
Contaminación
Fuera de las fronteras de Ucrania, el uso de las bombas de racimo continúa siendo una grave amenaza para poblaciones civiles, las principales víctimas de estos artefactos no solo en el momento de los ataques, también una vez finalizado el conflicto. Las municiones de racimo, que pueden ser lanzadas por misiles o aviones, son armas que cuentan con un contenedor que se abre en el aire y dispersa entre decenas y cientas de submuniciones explosivas en espacios equivalentes a estadios de futbol.
Además del daño que producen instantáneamente, las submuniciones suelen tener fallas que impiden que exploten en el momento, lo que las convierte en una especie de mina terrestre que contamina el terreno y atenta la seguridad de la población durante décadas.
La “indiscriminación” de las municiones de racimo es lo que las hace tan peligrosas. “Si las lanzas sobre una población civil, es completamente indiscriminado, porque no van a un objetivo específico, y porque toda el área queda contaminada por submuniciones. Esto termina provocando desplazamientos de los civiles”, explicó a este medio Pia Devoto, coordinadora de la Red de Seguridad Humana en América Latina y el Caribe.
En el primer semestre de 2022 se registraron al menos 698 víctimas civiles durante ataques con bombas de racimo, un aumento del 300% en comparación con el mismo período en 2021, advirtió el monitoreo de la Coalición Bombas de Racimo (CMC, por sus siglas en inglés), una ONG que lucha por su prohibición a nivel mundial. Los civiles representan el 97% de todas las víctimas de municiones de racimo registradas y casi el 70% de ellas son niños, que suelen confundir las submuniciones con juguetes.
Al menos 26 países están contaminados en la actualidad, con Vietnam, Laos, Camboya e Irak como los más afectados. Chile es el único país de América con restos de bombas de racimo en terrenos utilizados para entrenamiento militar -en tres polígonos de tiro de la Fuerza Aérea de Chile y en una base militar-.
Desde la Segunda Guerra
Estos artefactos explosivos fueron utilizados en conflictos tales como la guerra de Vietnam, en Nagorno Karabaj, Yugoslavia, Afganistán, Irak, e inclusive por los ingleses en la guerra de Malvinas. El intenso proceso de descontaminación de las playas de las islas –en especial infectada por minas antipersonales– terminó recién en 2020, 38 años después del conflicto.
Las bombas de racimo violan un conjunto de normas –como no atacar civiles o el principio de proporcionalidad– y convenciones que forman parte del Derecho Internacional Humanitario, que busca “minimizar la destrucción indiscriminada de los civiles”, dijo a LA NACION Iain Overton, director ejecutivo de Acción contra la Violencia Armada (AOAV), una organización benéfica londinense que investiga la violencia armada.
Utilizadas por primera vez en la Segunda Guerra Mundial por las fuerzas soviéticas contra la Alemania nazi, las bombas de racimo fueron incluidas en la Convención de Ciertas Armas Convencionales (CCAC) de 1980, un marco normativo del que forman parte 109 países de la ONU –incluida la Argentina– para proteger a la población civil de los efectos indiscriminados de las armas convencionales que pueden considerarse excesivamente nocivas. Este tratado también restringe el uso de minas terrestre antipersona –presuntamente usadas por Ucrania en la guerra–, armas no detectables de fragmentación, armas láser cegadoras, entre otras.
Otro marco normativo similar es el que censura a las Armas de Destrucción Masiva, impulsado por el Consejo de Seguridad de la ONU en 1991, que incluye armas químicas, biológicas y nucleares.
No obstante, estos marcos normativos no fueron suficientes para reprimir por completo su uso. Por la falta de compromisos, y tras la denuncia de la ONU contra Israel por lanzar bombas de racimo en el sur del Líbano, se creó por fuera de Naciones Unidas la Convención Sobre Municiones en Racimo en la que cada Estado Parte se compromete a “nunca, y bajo ninguna circunstancia, emplear municiones de racimo, desarrollar, producir, adquirir de un modo u otro”.
La Convención, adoptada por más de 100 gobiernos –la Argentina, antiguo productor, no es uno de ellos–, acumula varios éxitos desde su implementación: 36 Estados Parte destruyeron sus reservas de municiones de racimo –el más reciente es Suiza–, mientras que República Checa, Países Bajos y Eslovaquia desistieron de utilizarlas con fines de investigación, entre otros.
“El estigma internacional contra el uso de estas armas es fuerte. Lo hemos visto en Siria, donde las fuerzas sirias respaldadas por Rusia utilizaron ampliamente municiones de racimo, así como Ucrania con esta arma y minas antipersonales; en ambos casos, los responsables han negado rotundamente haberlas utilizado (...) y esto se debe a que está ampliamente reconocido que matan indiscriminadamente a civiles”, remarcó a LA NACION Jared Bloch, vocero de la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres (ICBL)-Coalición contra las Municiones en Racimo (CMC).
Desafíos
Sin embargo, aún presenta grandes desafíos. Restan países por adherirse, incluso grandes potencias como Rusia y Estados Unidos, o en conflicto, como Ucrania. La última vez que se unió un país fue en 2020 con la incorporación de Santa Lucía. Una decena de gobiernos lleva años debiendo sus informes de transparencia.
En efecto, las bombas de racimo siguen siendo parte del comercio mundial de armas. “Un total de 16 productores de municiones en racimo aún no se han comprometido a abandonar la producción, entre ellos China y Rusia”, puntualiza el informe de CMC.
“Todavía vemos países parte de la Convención que las utilizan, otros que solían usarlas pero aún no se deshicieron de ellas. Siguen siendo una parte fundamental del contrabando de armas por parte de grupos tales como el Estado Islámico”, puntualiza Overton. “Y el mayor desafío es que, cuando el país entero está bajo amenaza, los gobiernos olvidan las convenciones existentes y usan lo que está a su alcance por defenderse”.
Es por eso que para Bloch, la clave está en que la sociedad civil siga abocada a exigirles a los organismos internacionales y nacionales “la rendición de cuentas por parte de los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de los tratados”.
