JUEVES 9 DE MAYO
Crisis en el sistema penitenciario
La cárcel es una tortura
Martes 27 de
Mayo 2014
En los último cuatro años se triplicaron los casos de torturas investigados por la Procuración Penitenciaria de la Nación. El organismo carcelario sostiene que sólo en causas en las que el organismo es parte querellante actualmente existen involucrados 67 agentes penitenciarios del Servicio Penitenciario Federal.
Según un informe elaborado por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), cuyo presidente es Francisco Mugnolo, actualmente existen 67 agentes penitenciarios procesados sólo en causas en las que el organismo es parte querellante.
Desde el organismo explican que sólo en los 24 procesos penales en los que la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) actúa como parte querellante, 67 personas están procesadas por ilícitos cometidos en su papel de agentes del SPF. Aunque destacaron que “aún no se registran condenas, pero dos de estos procesos ya han alcanzado la etapa de juicio oral”.
“El análisis de los hechos enrostrados en los casos aludidos indica que prácticamente la mitad (44%) de los imputados se encuentran procesados por el delito de tortura”, explican desde la procuración a partir de los datos con los que cuentan.
“La participación de la PPN en estos casos busca revertir la actitud pasiva de muchos funcionarios judiciales en la sustanciación de las investigaciones e imprimirle mayor celeridad al trámite de estos procesos”, explican.
Al tiempo que advirtieron que “se procura una actuación más eficaz de la justicia frente a estos hechos, en donde las investigaciones se caracterizan por la existencia de dificultades para obtener pruebas de cargo en virtud de la invisibilidad inherente al encierro; los intentos dilatorios desplegados por las defensas de los imputados para obstaculizar el proceso; y el encuadre de los hechos en figuras delictivas menos gravosas e indulgentes para sus responsables”.
Para la procuración estos datos implican “la confirmación de la persistencia de la violencia como mecanismo de funcionamiento carcelario y sugieren con firmeza la existencia de una cifra oculta, no judicializada mucho mayor”.
Otros datos dan cuenta de la evolución histórica de casos de Tortura y Malos Tratos investigados por la PPN desde 2009 hasta 2013. De 197 casos investigados por el organismo en 2009 se pasó a 718 caso en 2013, lo que representa poco más de tres veces más que al comienzo.
El artículo 18, inciso D, de la ley 25.875, confiere a la PPN la facultad de presentarse como querellante en el juzgado que corresponda “cuando tenga conocimiento de un acto, hecho u omisión presumiblemente delictivo de acción pública”.
“Es importante considerar que las querellas penales solo conforman una porción del trabajo de la Procuración en pos de la prevención, investigación y eventual sanción de los hechos de violencia institucional”, aclaran desde el organismo.
. “La evidencia de un universo mucho mayor de casos con significación criminal, tal como demuestra la labor constante de registro y documentación de esta Procuración, reclama de todos los actores involucrados un urgente cambio de actitud hacia una intervención mucho más eficaz para la protección de los derechos humanos de las personas detenidas y la investigación y eventual sanción de sus violaciones”, concluyen.
Desde el organismo explican que sólo en los 24 procesos penales en los que la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) actúa como parte querellante, 67 personas están procesadas por ilícitos cometidos en su papel de agentes del SPF. Aunque destacaron que “aún no se registran condenas, pero dos de estos procesos ya han alcanzado la etapa de juicio oral”.
“El análisis de los hechos enrostrados en los casos aludidos indica que prácticamente la mitad (44%) de los imputados se encuentran procesados por el delito de tortura”, explican desde la procuración a partir de los datos con los que cuentan.
“La participación de la PPN en estos casos busca revertir la actitud pasiva de muchos funcionarios judiciales en la sustanciación de las investigaciones e imprimirle mayor celeridad al trámite de estos procesos”, explican.
Al tiempo que advirtieron que “se procura una actuación más eficaz de la justicia frente a estos hechos, en donde las investigaciones se caracterizan por la existencia de dificultades para obtener pruebas de cargo en virtud de la invisibilidad inherente al encierro; los intentos dilatorios desplegados por las defensas de los imputados para obstaculizar el proceso; y el encuadre de los hechos en figuras delictivas menos gravosas e indulgentes para sus responsables”.
Para la procuración estos datos implican “la confirmación de la persistencia de la violencia como mecanismo de funcionamiento carcelario y sugieren con firmeza la existencia de una cifra oculta, no judicializada mucho mayor”.
Otros datos dan cuenta de la evolución histórica de casos de Tortura y Malos Tratos investigados por la PPN desde 2009 hasta 2013. De 197 casos investigados por el organismo en 2009 se pasó a 718 caso en 2013, lo que representa poco más de tres veces más que al comienzo.
El artículo 18, inciso D, de la ley 25.875, confiere a la PPN la facultad de presentarse como querellante en el juzgado que corresponda “cuando tenga conocimiento de un acto, hecho u omisión presumiblemente delictivo de acción pública”.
“Es importante considerar que las querellas penales solo conforman una porción del trabajo de la Procuración en pos de la prevención, investigación y eventual sanción de los hechos de violencia institucional”, aclaran desde el organismo.
. “La evidencia de un universo mucho mayor de casos con significación criminal, tal como demuestra la labor constante de registro y documentación de esta Procuración, reclama de todos los actores involucrados un urgente cambio de actitud hacia una intervención mucho más eficaz para la protección de los derechos humanos de las personas detenidas y la investigación y eventual sanción de sus violaciones”, concluyen.
Con información de
DJU
