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La amenaza de los gremios docentes al Gobierno por las paritarias: “Están poniendo una alfombra roja para un paro nacional”
Por:
Eduardo Menegazzi
Martes 06 de
Febrero 2024
Los sindicatos se declararon en “alerta y movilización” por la falta de convocatoria a negociar y advierten por la proximidad del inicio de clases. Además, se oponen a la sanción del artículo 10 de la Ley Ómnibus que reforma la Ley de Financiamiento Educativo porque así tendrían solo un aumento anualmente
Los gremios docentes se encuentran en estado de alerta y movilización. Y el inicio de clases en todo el país previsto para comienzos de marzo corre peligro. Además de la demora del Gobierno nacional en la convocatoria al sector para la discusión paritaria que se produce todos los años en febrero, los sindicatos con representación nacional están “muy preocupados” por el contenido de la llamada Ley Ómnibus que el viernes se aprobó en general en la Cámara de Diputados.
Ese proyecto de ley, que el gobierno de Javier Milei nombró como Ley Bases y Puntos de Partida para la libertad de los argentinos, reforma el artículo 10 de la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo y elimina, según los representantes sindicales, a la Paritaria Nacional Docente que es la que establece el salario mínimo docente para todas las jurisdicciones del país.
Sergio Romero, secretario de la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y secretario de Política Educativa de la Confederación General del Trabajo, explicó en diálogo con Infobae que con esa modificación el Gobierno “pretende que el ese salario mínimo sea determinado en forma anual por el Consejo Federal de Educación. Ese Consejo, en consulta con los ministerios de Economía de cada provincia y con el ministerio a nivel nacional, fijarían ese salario mínimo”.
Desde el Ejecutivo, ante la consulta de este medio, no respondieron porqué todavía el llamado a discutir la paritaria todavía no se hizo. A principios de este mes algunos de los sindicatos se reunieron con el Secretario de Educación, Carlos Torrendell, pero siguen sin una respuesta concreta a sus demandas.
Además de la discusión salarial hay otros temas incluidos en la Ley Ómnibus que provocaron el enojo de los sectores sindicales. Los cinco gremios a nivel nacional -UDA; CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina); SADOP (Sindicato Argentino de Docentes Privados), AMET (Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica) y CEA (Confederación de Educadores Argentinos)- se muestran en contra de la intención gubernamental de declarar a la educación “como servicio esencial”.
“Estamos hablando con los diputados que podemos para que no aprueben la ley porque está demostrado que en los países donde la educación fue declarada servicio esencial se atacan los derechos laborales, cercenando el derecho a huelga y también se abre camino al desfinanciamiento educativo”, señaló Romero. Para el gremialista hay 500 mil docentes en todo el país, de un total de 1.300.000, que se encuentran “bajo la línea de pobreza”.
Roberto Baradel, de CTERA, coincide en el diagnóstico. “Modificaron el dictamen y desconocen la paritaria docente como ámbito de negociación para fijar el piso salarial. Nosotros entendemos que es responsabilidad del gobierno garantizarlo convocar al diálogo, escuchar las necesidades de docentes, estudiantes y de las escuelas y, dando respuestas a las mismas”.
El dirigente junto a Sonia Alesso, secretaria general de ese sindicato, se reunieron con Torrendell y con el secretario de Trabajo de la Nación, Omar Yasín, a comienzos de año. “Prometieron llamarnos pero no hay novedades. Espero que se resuelva esta semana”, aseguró Baradel.
Notan, por otra parte, que todavía no está garantizado el pago de las sumas que Nación habitualmente hace a los docentes en concepto de Fondo de Incentivo Docente (FONID), material didáctico y conectividad que en la mayoría de los casos conforma “el 20% aproximadamente de un sueldo”. A este panorama se suma que varias provincias aducen que “no tienen el dinero suficiente” para cumplir con los aumentos acordados en 2023.
Les preocupan además otras iniciativas de la administración de Milei como la interrupción del programa Conectar Igualdad, la intervención del sitio educ.ar, el posible arancelamiento de las universidades y la modificación en la duración de las carreras técnicas.
Luego de que el gobierno nacional establece el salario mínimo inicial (que sirve de piso para todo el país), tanto cada una de las provincias como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben hacer una negociación en las paritarias a nivel local, en las que se determina cada escala salarial particular. En algunos distritos, como Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos, hay negociaciones abiertas aunque sin resolución.
“Están colocando una alfombra roja para un paro nacional docente con estas actitudes”, advierte Romero. “Nosotros no somos los culpables”, aclara.
Ese proyecto de ley, que el gobierno de Javier Milei nombró como Ley Bases y Puntos de Partida para la libertad de los argentinos, reforma el artículo 10 de la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo y elimina, según los representantes sindicales, a la Paritaria Nacional Docente que es la que establece el salario mínimo docente para todas las jurisdicciones del país.
Sergio Romero, secretario de la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y secretario de Política Educativa de la Confederación General del Trabajo, explicó en diálogo con Infobae que con esa modificación el Gobierno “pretende que el ese salario mínimo sea determinado en forma anual por el Consejo Federal de Educación. Ese Consejo, en consulta con los ministerios de Economía de cada provincia y con el ministerio a nivel nacional, fijarían ese salario mínimo”.
Desde el Ejecutivo, ante la consulta de este medio, no respondieron porqué todavía el llamado a discutir la paritaria todavía no se hizo. A principios de este mes algunos de los sindicatos se reunieron con el Secretario de Educación, Carlos Torrendell, pero siguen sin una respuesta concreta a sus demandas.
Además de la discusión salarial hay otros temas incluidos en la Ley Ómnibus que provocaron el enojo de los sectores sindicales. Los cinco gremios a nivel nacional -UDA; CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina); SADOP (Sindicato Argentino de Docentes Privados), AMET (Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica) y CEA (Confederación de Educadores Argentinos)- se muestran en contra de la intención gubernamental de declarar a la educación “como servicio esencial”.
“Estamos hablando con los diputados que podemos para que no aprueben la ley porque está demostrado que en los países donde la educación fue declarada servicio esencial se atacan los derechos laborales, cercenando el derecho a huelga y también se abre camino al desfinanciamiento educativo”, señaló Romero. Para el gremialista hay 500 mil docentes en todo el país, de un total de 1.300.000, que se encuentran “bajo la línea de pobreza”.
Roberto Baradel, de CTERA, coincide en el diagnóstico. “Modificaron el dictamen y desconocen la paritaria docente como ámbito de negociación para fijar el piso salarial. Nosotros entendemos que es responsabilidad del gobierno garantizarlo convocar al diálogo, escuchar las necesidades de docentes, estudiantes y de las escuelas y, dando respuestas a las mismas”.
El dirigente junto a Sonia Alesso, secretaria general de ese sindicato, se reunieron con Torrendell y con el secretario de Trabajo de la Nación, Omar Yasín, a comienzos de año. “Prometieron llamarnos pero no hay novedades. Espero que se resuelva esta semana”, aseguró Baradel.
Notan, por otra parte, que todavía no está garantizado el pago de las sumas que Nación habitualmente hace a los docentes en concepto de Fondo de Incentivo Docente (FONID), material didáctico y conectividad que en la mayoría de los casos conforma “el 20% aproximadamente de un sueldo”. A este panorama se suma que varias provincias aducen que “no tienen el dinero suficiente” para cumplir con los aumentos acordados en 2023.
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