Intento de Golpe en Brasil: Bolsonaro tuvo que entregar su pasaporte por pedido de la Justicia
Jueves 08 de
Febrero 2024

El juez de la corte suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, ordenó la operación "Tempus Veritatis", en la causa donde el exmandatario es investigado como presunto instigador de esos actos.
Luego de una operación policial por "tentativa de golpe de Estado", el expresidente brasileño Jair Bolsonaro debió entregar su pasaporte.
La policía lanzó la operación "Tempus Veritatis" en nueve estados de Brasil y el Distrito Federal para "investigar la organización criminal que actuó en el intento de golpe de Estado y abolición del Estado democrático de derecho" que habría arrancado antes de las elecciones presidenciales de octubre de 2022 que dieron el triunfo a Luiz Inácio Lula de Silva
Los agentes cumplen 33 órdenes de allanamiento y cuatro arrestos, además de requisar pasaportes para impedir a algunos de los investigados salir del país.
El pasaporte de Bolsonaro "ya fue entregado a las autoridades competentes", indicó en X su asesor y abogado Fabio Wajngarten.
Ordenada por el magistrado de la corte suprema Alexandre de Moraes, la operación involucra asimismo a cuatro generales, incluyendo a Walter Braga Netto, exministro de Defensa y candidato a vicepresidente de Bolsonaro, y Augusto Heleno, ministro del gabinete de Seguridad Institucional durante el gobierno del ultraderechista.
Hasta ahora se cumplieron tres de las cuatro órdenes de arresto, según la prensa: un exasesor para asuntos internacionales de Bolsonaro, Filipe Martins, y dos militares del Ejército.
Bolsonaro ya fue inhabilitado políticamente en junio pasado por un periodo de ocho años
Los investigados "difundieron la ocurrencia de fraude en las elecciones presidenciales de 2022, incluso antes de que se celebraran, con el fin de permitir y legitimar una intervención militar", dijo la policía.
Por este hecho, Bolsonaro ya fue inhabilitado políticamente en junio pasado por un periodo de ocho años.
Después, los investigados "ejecutaron un plan para subvertir el Estado democrático de derecho con el objetivo de impedir la toma de posesión del gobierno de Lula de Silva, legítimamente electo", escribió en su decisión el juez Moraes.
Los sospechosos esperaron tener éxito hasta el inicio de 2023, "principalmente cuando se produjeron los actos golpistas del 8 de enero", una semana después de la toma de posesión de Lula.
Ese día, miles de bolsonaristas ingresaron y saquearon el palacio presidencial y los edificios del Congreso y el Supremo Tribunal Federal para pedir una intervención militar y revocar al izquierdista del poder. El mandatario es investigado como presunto instigador de esos actos.
La policía lanzó la operación "Tempus Veritatis" en nueve estados de Brasil y el Distrito Federal para "investigar la organización criminal que actuó en el intento de golpe de Estado y abolición del Estado democrático de derecho" que habría arrancado antes de las elecciones presidenciales de octubre de 2022 que dieron el triunfo a Luiz Inácio Lula de Silva
Los agentes cumplen 33 órdenes de allanamiento y cuatro arrestos, además de requisar pasaportes para impedir a algunos de los investigados salir del país.
El pasaporte de Bolsonaro "ya fue entregado a las autoridades competentes", indicó en X su asesor y abogado Fabio Wajngarten.
Ordenada por el magistrado de la corte suprema Alexandre de Moraes, la operación involucra asimismo a cuatro generales, incluyendo a Walter Braga Netto, exministro de Defensa y candidato a vicepresidente de Bolsonaro, y Augusto Heleno, ministro del gabinete de Seguridad Institucional durante el gobierno del ultraderechista.
Hasta ahora se cumplieron tres de las cuatro órdenes de arresto, según la prensa: un exasesor para asuntos internacionales de Bolsonaro, Filipe Martins, y dos militares del Ejército.
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Los investigados "difundieron la ocurrencia de fraude en las elecciones presidenciales de 2022, incluso antes de que se celebraran, con el fin de permitir y legitimar una intervención militar", dijo la policía.
Por este hecho, Bolsonaro ya fue inhabilitado políticamente en junio pasado por un periodo de ocho años.
Después, los investigados "ejecutaron un plan para subvertir el Estado democrático de derecho con el objetivo de impedir la toma de posesión del gobierno de Lula de Silva, legítimamente electo", escribió en su decisión el juez Moraes.
Los sospechosos esperaron tener éxito hasta el inicio de 2023, "principalmente cuando se produjeron los actos golpistas del 8 de enero", una semana después de la toma de posesión de Lula.
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Con información de
Ámbito
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