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Con fuertes críticas, el gobierno de Maduro suspende la oficina de Derechos Humanos de la ONU en Venezuela
Por:
Daniel Lozano
Jueves 15 de
Febrero 2024
El canciller venezolano criticó la "actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de Naciones Unidas" del organismo por sus denuncias ante el encarcelamiento de la activista Rocío San Miguel
El gobierno de Venezuela ha decretado el cierre inmediato de la oficina en Caracas del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), como represalia por las denuncias realizadas ante la desaparición forzada y encarcelamiento de Rocío San Miguel, relevante figura de la sociedad civil venezolana.
Los funcionarios adscritos a la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado en Venezuela disponen de 72 horas para abandonar el país “hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de Naciones Unidas”, anunció hoy el canciller del gobierno bolivariano, Yván Gil.
“Esta decisión es tomada debido al impropio papel que esta institución ha desarrollado, que lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanente se confabulan contra el país”, añadió el ministro de Exteriores.
El encarcelamiento de San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, desencadenó una oleada de censuras y críticas, a las que se unió el Alto Comisionado, Volker Türk, quien exigió “su liberación inmediata y respeto a su derecho a la defensa legal”.
Sobre la activista de derechos humanos, que permanece recluida en la infame prisión del Helicoide, pesa una acusación de terrorismo, conspiración y traición a la patria por colaborar, supuestamente, en un presunto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro, uno de los cinco denunciados en las últimas semanas desde el poder bolivariano.
Las organizaciones venezolanas reclamaban en las últimas horas a la Oficina de la ONU que elevara su presión para visitar a San Miguel en su lugar de reclusión.
“Esta Oficina del Alto Comisionado resulta muy activa para falsear hechos y precalificar situaciones en relación con Venezuela, sólo para agredir a la soberanía y autodeterminación con mentiras, falsificaciones, desinformaciones y manipulaciones”, insistió Gil, quien también ha anunciado que su gobierno realizará una “revisión integral” de la cooperación técnica puesta en marcha con la ONU en 2019.
La Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se instaló en Venezuela en 2019, cuando Michelle Bachelet ocupaba esa posición. Antes de dejar el cargo, la expresidenta chilena dijo que veía progresos en materia de derechos humanos en Venezuela, pero que aún quedaba “mucho por hacer”.
Türk visitó Venezuela en enero de 2023. Durante su gira, pidió liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente e insistió en tomar medidas para poner fin a las torturas. Además, acordó con el gobierno que la oficina seguiría operando por dos años más.
Los funcionarios adscritos a la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado en Venezuela disponen de 72 horas para abandonar el país “hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de Naciones Unidas”, anunció hoy el canciller del gobierno bolivariano, Yván Gil.
“Esta decisión es tomada debido al impropio papel que esta institución ha desarrollado, que lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanente se confabulan contra el país”, añadió el ministro de Exteriores.
El encarcelamiento de San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, desencadenó una oleada de censuras y críticas, a las que se unió el Alto Comisionado, Volker Türk, quien exigió “su liberación inmediata y respeto a su derecho a la defensa legal”.
Sobre la activista de derechos humanos, que permanece recluida en la infame prisión del Helicoide, pesa una acusación de terrorismo, conspiración y traición a la patria por colaborar, supuestamente, en un presunto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro, uno de los cinco denunciados en las últimas semanas desde el poder bolivariano.
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