En plena amenaza narco en Rosario buscan acorralar al fiscal que condenó a "Los Monos"
Lunes 11 de
Marzo 2024
Es Matías Edery de resonante participación en condenas a “Guille” Cantero y al clan Alvarado. Los irrisorios motivos para su separación del cargo y los intereses cruzados detrás de una trama que desnuda complicidades de la justicia y la política para despejar obstáculos para el narcotráfico.
Parece el Reino del Revés, pero ocurre mientras Rosario es asolada por los ataques narco que recrudecieron con el asesinato indiscriminado de civiles: el jueves pasado, la Legislatura de Santa Fe suspendió al fiscal Matías Edery y le impuso una quita del 50% de su salario, a la par que el Ministerio Público de la Acusación –con dos fiscales María Laura Urquiza y Bárbara Ilera a cargo- ya lo había imputado por delitos que van desde la omisión de investigar a quien era una informante hasta el prevaricato.
El juego de pinzas tiene un trasfondo que se hunde en los pliegues de la política santafesina porque el fiscal, junto a Luis Schiappa Pietra había liderado investigaciones que derivaron en condenas a “Los Monos” pero también al clan de Esteban Lindor Alvarado y habían descubierto lazos para acusar también a exfuncionarios judiciales y a políticos, como el senador del PJ Armando Traferri, cuyo pedido para que se lo pueda investigar en un expediente penal (algo que el Código Procesal Penal santafesino insólitamente impide cuando existen fueros) está bajo análisis de la Corte Suprema. El embate contra Edery es leído como una contraofensiva cuyo mensaje, maquillado de institucional, tiene consecuencias nocivas en la lucha contra el narcotráfico. El silencio en torno a la maniobra es sepulcral.
Operación contra un fiscal
A Edery que hasta el momento había sido un fiscal que acumulaba laudos, lo acusaron de haber realizado un pacto ilícito con Mariana Ortigala y de haberla encubierto a ella y a su entorno evitando consignar que se trataba de una informante. Una de las promotoras de su acusación fue la abogada de Traferri, Evelyn Andriozzi, cuyo caso fue desestimado, al igual que todos los sucesivos procesos disciplinarios. Hasta ahora. El fiscal se defendió ante la Legislatura y ante la justicia, pero el caso en su contra avanza de todas maneras.
La trama es compleja porque se cruzan múltiples expedientes con protagonistas idénticos. El empresario del juego clandestino Leonardo Peiti, quien declaró como arrepentido para acusar a exfuncionarios judiciales terminó detenido en otra causa. A Edery se lo acusó de no haber investigado, a sabiendas, a Mariana Ortigala, Rodrigo Ortigala y Sebastián Felipe como parte de una organización que participó en una balacera con un mensaje extorsivo hacia Peiti. Aportaban información sobre Alvarado pero, en ese entonces, nadie sabía que eran de Los Monos.
El 13 de marzo de 2020 balearon a Mariana Ortigala. De 40 disparos, le acertaron 4 en el cuerpo y debió ser internada. Tres sicarios de Los Monos vengaron ese ataque y dieron muerte a Rodrigo Sánchez, de la banda de Alvarado. A Ortigala se la acusa de haberlos instigado y a Edery de haberla encubierto. Acusaron al fiscal de haberle pasado la grabación de la cámara de seguridad donde se registra el ataque para determinar si conocía a los agresores, algo que habría violado la confidencialidad. Pero ella era la víctima entonces, y la cámara era de su propiedad. ¿Cuál sería el deber incumplido si el objetivo era ver si reconocía a alguien? Finalmente, el video circuló pero sirvió para reconocer a uno de los que dispararon pero la mujer lo denunció, no lo mandó matar. El video se encontró en los teléfonos de hombres de “Guille” Cantero que hacía averiguaciones para devolver el golpe a Alvarado por la balacera. De hecho, el asesinado era un lugarteniente de Alvarado.
Las fiscales Urquiza e Ilera le atribuyen a Ortigala el rol de instigadora, pero en todos los años de investigaciones, el medio centenar de teléfonos secuestrados, las escuchas sobre los principales miembros de Los Monos y todos los elementos recogidos como prueba jamás había aparecido. La especulación sobre su participación no encontraría correlato en las evidencias, pero sería un atajo para llevarse por delante al fiscal. ¿Quién la señalaba como responsable de la muerte de Sánchez? Sí, Alvarado. De todas maneras, el teléfono de la mujer estuvo casi permanentemente intervenido. Nunca se halló evidencia de la comisión de un delito. Se aportaron como prueba pero fueron ignoradas.
Una trama compleja
Edery se defendió aportando una cronología: a julio de 2019, se produce una balacera en el domicilio legal de Ortigala, en Rosario, cuyo edificio era propiedad de Peiti; la mujer estaba custodiada porque había ingresado como testigo protegida para declarar contra Alvarado; se pensó que Ortigala había sido víctima y, en ese momento, no se sospechó que fue partícipe de un atentado hacia su propio domicilio legal; nadie sabía tampoco de Peiti. Alvarado ya había intentado deshacerse de Ortigala y había cometido atentados de falsa bandera para atribuírselo a Los Monos. Hubo policías que terminaron condenados por trabajar para el líder narco con estos objetivos.
Lo que los fiscales descubrieron luego fue que Peiti –víctima de extorsión de Los Monos-, a su vez, aportaba sus contactos en el Ministerio Público de la Acusación para alertar a Alvarado de los movimientos de las investigaciones en su contra. Un año después, libran una orden de captura contra Peiti y éste desenmascara quiénes eran los funcionarios judiciales que formaban parte de la organización. Apuntaron todos los cañones a la investigación sobre los lazos del narco dentro del MPA, una causa que tuvo mucha mayor relevancia institucional por la corrupción judicial. La acusación contra Edery dice que en esa declaración se pactó que el empresario no mencionara a Ortigala, un personaje, como se ve, periférico de la trama central. La conversación con Peiti se filmó y el fiscal general Jorge Baclini estuvo de acuerdo con la estrategia. Esa misma grabación ahora se usa como prueba contra Edery. Insólito.
Peiti mencionó a muchas personas en esa declaración sobre las que no se abrieron investigaciones porque no hubo prueba que acompañe. Pero una de las que mencionó y se encontraron elementos fue Traferri. En el teléfono de Nelson Ugolini –un exempleado del MPA- se encontró una falsa denuncia que tenía como objetivo a Ortigala y con el fin de desviar la atención y responsabilizarla de las “filtraciones” por las que terminaron ellos condenados. Los acusadores fueron Edery y Schaippa Pietra. Peiti buscó proteger a Ugolini, su verdadero nexo. Pero existe otra prueba: Ugolini tenía un cuaderno donde estaba escrito cuál era la estrategia de Peiti para salpicar a los fiscales Edery y Schiappa Pietra, entre otros y confundir expedientes sobre balaceras. Ese elemento está en poder de las fiscales que arremetieron contra Edery. El expediente está cruzado de intentos de plantar evidencia, involucrar a otros fiscales y ensuciar las investigaciones.
Existen más curiosidades: a Edery se lo acusa ahora de lo mismo por lo que terminaron condenados el exfiscal Gustavo Ponce Asahad, acusado de cobrarle coimas a Peiti por evitar investigarlo. El que lo acusó fue Edery. Pero además, Peiti volvió a repetir su denuncia contra Ortigala y una funcionaria judicial por las filtraciones y sobre la mujer y su entorno por la balacera cuando fue detenido luego, la cual fue remitida a la Fiscalía Regional Rosario por competencia territorial. El fiscal Gonzalo Fernández Bussy dispuso su archivo. No encontró elementos de que fuese real. Entonces, ¿por qué se acusa a Edery de no haber investigado algo que terminó desestimado? El perfume a venganza de la actual imputación flota en el aire de Santa Fe.
Al fiscal se lo acusa de haber “alterado” prueba incluyendo carteles amenazantes en el caso de la balacera al edificio para que se lo asignaran. Eso contradice fotos que enviaron los policías del lugar donde se hallaron los mensajes, tres días antes, y hasta el intercambio de chats con el comisario encargado del sistema de protección de testigos donde estaba Ortigala. Edery imprimió la foto de los carteles y las incluyó en el legajo. El minimalismo de la acusación sorprende.
Existe un tercer hecho que se le imputa y es no haber promovido acusación contra Rodrigo Ortigala, que terminó condenado a 1 año y 6 meses precisamente por impulso de Edery. ¿Cómo pudo haber omitido la persecución penal, entonces? La discusión es si era coautor o partícipe secundario. Otra vez minimalismo judicial. La voz de Ortigala fue reconocida por un empleado de la fiscalía cuando secuestraron el teléfono de otro narco, Maximiliano “Cachete” Díaz. No estaba entre los contactos, no tenía mensajería ni celular registrado a su nombre. Hay una pregunta ineludible: ¿Para qué imputarlo por algo si el objetivo era darle impunidad? No había forma de que fuese descubierto si el equipo de Edery no le reconocía la voz.
La desmentida a los cargos
Quizá la imputación más grave sobre el fiscal sea la de brindar “asesoramiento” a Ortigala y cia vía terceras personas. Edery no solo no niega, sino que aportó sus conversaciones de chats desde el origen de la investigación donde se constata que no existen mensajes referidos a algún tipo de sugerencia o asesoramiento. También dijo que no se solicitó la prisión preventiva de Ortigala precisamente porque Alvarado había logrado vejarlo y atentar contra su vida cuando estuvo en prisión anteriormente fruto de un enfrentamiento personal entre ambos por una mujer. Eso fue acordado con otros fiscales superiores. La acusación llega hasta “recrear” una supuesta conversación entre Edery y la hermana del acusado, la informante.
Ortigala fue investigada no solo por sus teléfonos, intervenidas sus comunicaciones y analizado su patrimonio, todo con resultado negativo. A partir de un asesinato de un hombre que firmó un juicio abreviado, la mujer decidió pasar información en la que sindicaba a Alvarado como responsable del crimen, aunque las pruebas apuntaran a su archirrival Cantero. Pese a las imputaciones, Ortigala insistía en su teoría. A Edery se lo señala por no haberla imputado pero al día de la fecha existen 19 expedientes que mencionan su apellido en distintas fiscalías. En ninguno está imputada. La mujer fue informante pero no estaba oculta, tuvo el aval de las autoridades del MPA. Pero cuando Ortigala se acercó a Los Monos para que la protejan de Alvarado, Edery decidió que la mantendría en el programa de protección como víctima, pero derivó a otros fiscales la investigación de eventuales delitos. Incluso, en la justicia federal.
De hecho, se apuntó fuertemente contra el fiscal de la Unidad de Balaceras, Federico Rébola, a quien Edery le pasó un informe donde detalla vínculos de los Ortigala en un posible hecho de extorsión. Nunca se investigó. Pero ahora, la jugada es apuntar a Edery, en lugar de a Rébola. Ante su inacción, elevaron una denuncia a la Fiscalía Regional.
Por ahora, lo que no había logrado el narcotráfico lo está consiguiendo la política: sacar a uno de los principales escollos que tenían en las investigaciones que era la proactiva acción de los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos. Los errores judiciales son factibles en el marco de investigaciones tan complejas. Pero eventualmente homologarlos al accionar delictivo que ya fue detectado a través de la corrupción judicial y política en Santa Fe en directa relación con el narcotráfico desnuda que el objetivo de la operación es otro. Es el capítulo invisible de la saga que va dejando muertos en las calles a diario.
El juego de pinzas tiene un trasfondo que se hunde en los pliegues de la política santafesina porque el fiscal, junto a Luis Schiappa Pietra había liderado investigaciones que derivaron en condenas a “Los Monos” pero también al clan de Esteban Lindor Alvarado y habían descubierto lazos para acusar también a exfuncionarios judiciales y a políticos, como el senador del PJ Armando Traferri, cuyo pedido para que se lo pueda investigar en un expediente penal (algo que el Código Procesal Penal santafesino insólitamente impide cuando existen fueros) está bajo análisis de la Corte Suprema. El embate contra Edery es leído como una contraofensiva cuyo mensaje, maquillado de institucional, tiene consecuencias nocivas en la lucha contra el narcotráfico. El silencio en torno a la maniobra es sepulcral.
Operación contra un fiscal
A Edery que hasta el momento había sido un fiscal que acumulaba laudos, lo acusaron de haber realizado un pacto ilícito con Mariana Ortigala y de haberla encubierto a ella y a su entorno evitando consignar que se trataba de una informante. Una de las promotoras de su acusación fue la abogada de Traferri, Evelyn Andriozzi, cuyo caso fue desestimado, al igual que todos los sucesivos procesos disciplinarios. Hasta ahora. El fiscal se defendió ante la Legislatura y ante la justicia, pero el caso en su contra avanza de todas maneras.
La trama es compleja porque se cruzan múltiples expedientes con protagonistas idénticos. El empresario del juego clandestino Leonardo Peiti, quien declaró como arrepentido para acusar a exfuncionarios judiciales terminó detenido en otra causa. A Edery se lo acusó de no haber investigado, a sabiendas, a Mariana Ortigala, Rodrigo Ortigala y Sebastián Felipe como parte de una organización que participó en una balacera con un mensaje extorsivo hacia Peiti. Aportaban información sobre Alvarado pero, en ese entonces, nadie sabía que eran de Los Monos.
El 13 de marzo de 2020 balearon a Mariana Ortigala. De 40 disparos, le acertaron 4 en el cuerpo y debió ser internada. Tres sicarios de Los Monos vengaron ese ataque y dieron muerte a Rodrigo Sánchez, de la banda de Alvarado. A Ortigala se la acusa de haberlos instigado y a Edery de haberla encubierto. Acusaron al fiscal de haberle pasado la grabación de la cámara de seguridad donde se registra el ataque para determinar si conocía a los agresores, algo que habría violado la confidencialidad. Pero ella era la víctima entonces, y la cámara era de su propiedad. ¿Cuál sería el deber incumplido si el objetivo era ver si reconocía a alguien? Finalmente, el video circuló pero sirvió para reconocer a uno de los que dispararon pero la mujer lo denunció, no lo mandó matar. El video se encontró en los teléfonos de hombres de “Guille” Cantero que hacía averiguaciones para devolver el golpe a Alvarado por la balacera. De hecho, el asesinado era un lugarteniente de Alvarado.
Las fiscales Urquiza e Ilera le atribuyen a Ortigala el rol de instigadora, pero en todos los años de investigaciones, el medio centenar de teléfonos secuestrados, las escuchas sobre los principales miembros de Los Monos y todos los elementos recogidos como prueba jamás había aparecido. La especulación sobre su participación no encontraría correlato en las evidencias, pero sería un atajo para llevarse por delante al fiscal. ¿Quién la señalaba como responsable de la muerte de Sánchez? Sí, Alvarado. De todas maneras, el teléfono de la mujer estuvo casi permanentemente intervenido. Nunca se halló evidencia de la comisión de un delito. Se aportaron como prueba pero fueron ignoradas.
Una trama compleja
Edery se defendió aportando una cronología: a julio de 2019, se produce una balacera en el domicilio legal de Ortigala, en Rosario, cuyo edificio era propiedad de Peiti; la mujer estaba custodiada porque había ingresado como testigo protegida para declarar contra Alvarado; se pensó que Ortigala había sido víctima y, en ese momento, no se sospechó que fue partícipe de un atentado hacia su propio domicilio legal; nadie sabía tampoco de Peiti. Alvarado ya había intentado deshacerse de Ortigala y había cometido atentados de falsa bandera para atribuírselo a Los Monos. Hubo policías que terminaron condenados por trabajar para el líder narco con estos objetivos.
Lo que los fiscales descubrieron luego fue que Peiti –víctima de extorsión de Los Monos-, a su vez, aportaba sus contactos en el Ministerio Público de la Acusación para alertar a Alvarado de los movimientos de las investigaciones en su contra. Un año después, libran una orden de captura contra Peiti y éste desenmascara quiénes eran los funcionarios judiciales que formaban parte de la organización. Apuntaron todos los cañones a la investigación sobre los lazos del narco dentro del MPA, una causa que tuvo mucha mayor relevancia institucional por la corrupción judicial. La acusación contra Edery dice que en esa declaración se pactó que el empresario no mencionara a Ortigala, un personaje, como se ve, periférico de la trama central. La conversación con Peiti se filmó y el fiscal general Jorge Baclini estuvo de acuerdo con la estrategia. Esa misma grabación ahora se usa como prueba contra Edery. Insólito.
Peiti mencionó a muchas personas en esa declaración sobre las que no se abrieron investigaciones porque no hubo prueba que acompañe. Pero una de las que mencionó y se encontraron elementos fue Traferri. En el teléfono de Nelson Ugolini –un exempleado del MPA- se encontró una falsa denuncia que tenía como objetivo a Ortigala y con el fin de desviar la atención y responsabilizarla de las “filtraciones” por las que terminaron ellos condenados. Los acusadores fueron Edery y Schaippa Pietra. Peiti buscó proteger a Ugolini, su verdadero nexo. Pero existe otra prueba: Ugolini tenía un cuaderno donde estaba escrito cuál era la estrategia de Peiti para salpicar a los fiscales Edery y Schiappa Pietra, entre otros y confundir expedientes sobre balaceras. Ese elemento está en poder de las fiscales que arremetieron contra Edery. El expediente está cruzado de intentos de plantar evidencia, involucrar a otros fiscales y ensuciar las investigaciones.
Existen más curiosidades: a Edery se lo acusa ahora de lo mismo por lo que terminaron condenados el exfiscal Gustavo Ponce Asahad, acusado de cobrarle coimas a Peiti por evitar investigarlo. El que lo acusó fue Edery. Pero además, Peiti volvió a repetir su denuncia contra Ortigala y una funcionaria judicial por las filtraciones y sobre la mujer y su entorno por la balacera cuando fue detenido luego, la cual fue remitida a la Fiscalía Regional Rosario por competencia territorial. El fiscal Gonzalo Fernández Bussy dispuso su archivo. No encontró elementos de que fuese real. Entonces, ¿por qué se acusa a Edery de no haber investigado algo que terminó desestimado? El perfume a venganza de la actual imputación flota en el aire de Santa Fe.
Al fiscal se lo acusa de haber “alterado” prueba incluyendo carteles amenazantes en el caso de la balacera al edificio para que se lo asignaran. Eso contradice fotos que enviaron los policías del lugar donde se hallaron los mensajes, tres días antes, y hasta el intercambio de chats con el comisario encargado del sistema de protección de testigos donde estaba Ortigala. Edery imprimió la foto de los carteles y las incluyó en el legajo. El minimalismo de la acusación sorprende.
Existe un tercer hecho que se le imputa y es no haber promovido acusación contra Rodrigo Ortigala, que terminó condenado a 1 año y 6 meses precisamente por impulso de Edery. ¿Cómo pudo haber omitido la persecución penal, entonces? La discusión es si era coautor o partícipe secundario. Otra vez minimalismo judicial. La voz de Ortigala fue reconocida por un empleado de la fiscalía cuando secuestraron el teléfono de otro narco, Maximiliano “Cachete” Díaz. No estaba entre los contactos, no tenía mensajería ni celular registrado a su nombre. Hay una pregunta ineludible: ¿Para qué imputarlo por algo si el objetivo era darle impunidad? No había forma de que fuese descubierto si el equipo de Edery no le reconocía la voz.
La desmentida a los cargos
Quizá la imputación más grave sobre el fiscal sea la de brindar “asesoramiento” a Ortigala y cia vía terceras personas. Edery no solo no niega, sino que aportó sus conversaciones de chats desde el origen de la investigación donde se constata que no existen mensajes referidos a algún tipo de sugerencia o asesoramiento. También dijo que no se solicitó la prisión preventiva de Ortigala precisamente porque Alvarado había logrado vejarlo y atentar contra su vida cuando estuvo en prisión anteriormente fruto de un enfrentamiento personal entre ambos por una mujer. Eso fue acordado con otros fiscales superiores. La acusación llega hasta “recrear” una supuesta conversación entre Edery y la hermana del acusado, la informante.
Ortigala fue investigada no solo por sus teléfonos, intervenidas sus comunicaciones y analizado su patrimonio, todo con resultado negativo. A partir de un asesinato de un hombre que firmó un juicio abreviado, la mujer decidió pasar información en la que sindicaba a Alvarado como responsable del crimen, aunque las pruebas apuntaran a su archirrival Cantero. Pese a las imputaciones, Ortigala insistía en su teoría. A Edery se lo señala por no haberla imputado pero al día de la fecha existen 19 expedientes que mencionan su apellido en distintas fiscalías. En ninguno está imputada. La mujer fue informante pero no estaba oculta, tuvo el aval de las autoridades del MPA. Pero cuando Ortigala se acercó a Los Monos para que la protejan de Alvarado, Edery decidió que la mantendría en el programa de protección como víctima, pero derivó a otros fiscales la investigación de eventuales delitos. Incluso, en la justicia federal.
De hecho, se apuntó fuertemente contra el fiscal de la Unidad de Balaceras, Federico Rébola, a quien Edery le pasó un informe donde detalla vínculos de los Ortigala en un posible hecho de extorsión. Nunca se investigó. Pero ahora, la jugada es apuntar a Edery, en lugar de a Rébola. Ante su inacción, elevaron una denuncia a la Fiscalía Regional.
Por ahora, lo que no había logrado el narcotráfico lo está consiguiendo la política: sacar a uno de los principales escollos que tenían en las investigaciones que era la proactiva acción de los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos. Los errores judiciales son factibles en el marco de investigaciones tan complejas. Pero eventualmente homologarlos al accionar delictivo que ya fue detectado a través de la corrupción judicial y política en Santa Fe en directa relación con el narcotráfico desnuda que el objetivo de la operación es otro. Es el capítulo invisible de la saga que va dejando muertos en las calles a diario.
Con información de
Ámbito
