Otro conflicto por fondos: Santa Fe rechazó el DNU de Milei que recorta partidas para las cajas jubilatorias y analiza judicializarlo
Viernes 29 de
Marzo 2024
Se trata de una medida que eliminó los anticipos que Nación le transfiere a 13 provincias para el pago de haberes, que rige desde la gestión de Mauricio Macri. Un funcionario del gobernador Pullaro lo calificó de una “apropiación indebida de fondos” y analizan impugnarlo en la Justicia
La relación entre el presidente Javier Milei y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, atraviesa otro foco de conflicto. Es que esta semana, el Gobierno eliminó los anticipos de pagos a las cajas de jubilaciones que están bajo el control de unas 13 provincias, lo que complica la liquidación de los haberes y el funcionamiento de las cuentas públicas locales. Afectado por la decisión, el Gobierno santafesino analizará la semana próxima impugnar la medida ante la Justicia.
Así lo confirmó el secretario de Seguridad Social de Santa Fe, Jorge Boasso, que responde al radical Pullaro. El funcionario calificó la medida como “otra trastada del Presidente” y un “apropiación indebida de fondos” de parte del Estado nacional.
“Mientras Milei convoca al consenso a los gobernadores para que lo acompañen en sus leyes, saca por decreto un recorte de fondos adeudados por ley (no discrecionales) a las cajas jubilatorias de 13 provincias”, fustigó Boasso sobre la decisión administrativa del gobierno libertario.
La controversia surgió por el decreto 280/2024, publicado en el Boletín Oficial este miércoles, que modificó la prórroga de la Ley de Presupuesto 2023. Como no se aprobó una nueva “ley de leyes” por el contexto electoral del año pasado, Milei prorrogó en enero el ejercicio anterior y le fue incorporando cambios, a tono con su plan de gobierno y las medidas libertarias de ajuste de gasto público. Entre las novedades del último decreto, se derogó la prórroga de los recursos destinados a las cajas jubilatorias de las provincias, y formalizó la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público del Interior. Se trata de dos decisiones que suman focos de conflicto con las provincias.
Puntualmente, en lo que respecta a las jubilaciones de los empleados públicos provinciales, la medida dejó sin efecto los artículos 92 y 93 de la Ley de Presupuesto 2023. Allí se establecía que la ANSES “transferirá antes del día 20 de cada mes a aquellas provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales al Estado nacional, en concepto de anticipo a cuenta del resultado definitivo del déficit correspondiente a cada sistema previsional, un importe equivalente a una doceava parte del monto total del último déficit anual, provisorio o definitivo, conformado para cada una de ellas” y que cada anticipo mensual debe realizarse de acuerdo a “las variaciones en el índice de movilidad jubilatoria del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)”.
Santa Fe es una de las trece jurisdicciones que le impacta la medida, junto a la provincia de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Corrientes.
“Las cajas de jubilaciones no son casta, son aportes de los trabajadores durante su vida laboral”, repudió Jorge Boasso, según reprodujo el diario La Capital, y anticipó que la semana próxima se analizará recurrir a la vía judicial para frenar este recorte. Según los últimos datos oficiales disponibles - noviembre de 2023-, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe registró en la provincia unos 100.356 beneficiarios, de los cuales 76.425 son jubilaciones y 23.931 pensiones. El haber promedio de las jubilaciones es de $571.503, mientras que las pensiones oscilan en torno a los 335.060 pesos.
Según el referente de la seguridad social de Santa Fe, “Nación le debe a Santa Fe alrededor de 700 mil millones de pesos”. “Imagínense los santafesinos las obras que se podrían encarar con 700 mil millones”, puntualizó. Pullaro ya había advertido en otra oportunidad y como una condición para la firma del Pacto de Mayo que se paguen esas obligaciones con la provincia. “Hay que terminar con el unitarismo y construir un país federal en serio”, sostuvo Boasso, y reclamó: “Se debe aprobar urgente una ley de coparticipación inversa, es decir que recauden municipios y provincias y después coparticipen a la Nación”.
Desde el comienzo de la gestión que el vínculo entre el gobernador de la UCR y el de Javier Milei es tumultuoso, y la controversia por los recursos jubilatorios ahora suman un ingrediente adicional. Ya con el tratamiento de la Ley Ómnibus, el Presidente trató de “traidor” a Pullaro por los desacuerdos con el proyecto de ley. El único impasse entre ambos fue el estallido de violencia en Rosario, a raíz del accionar de las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, donde en lo operativo ambas gestiones buscan coordinar las políticas de seguridad y están de acuerdo en que las fuerzas armadas participen en el combate del “narcoterrorismo”.
Así lo confirmó el secretario de Seguridad Social de Santa Fe, Jorge Boasso, que responde al radical Pullaro. El funcionario calificó la medida como “otra trastada del Presidente” y un “apropiación indebida de fondos” de parte del Estado nacional.
“Mientras Milei convoca al consenso a los gobernadores para que lo acompañen en sus leyes, saca por decreto un recorte de fondos adeudados por ley (no discrecionales) a las cajas jubilatorias de 13 provincias”, fustigó Boasso sobre la decisión administrativa del gobierno libertario.
La controversia surgió por el decreto 280/2024, publicado en el Boletín Oficial este miércoles, que modificó la prórroga de la Ley de Presupuesto 2023. Como no se aprobó una nueva “ley de leyes” por el contexto electoral del año pasado, Milei prorrogó en enero el ejercicio anterior y le fue incorporando cambios, a tono con su plan de gobierno y las medidas libertarias de ajuste de gasto público. Entre las novedades del último decreto, se derogó la prórroga de los recursos destinados a las cajas jubilatorias de las provincias, y formalizó la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público del Interior. Se trata de dos decisiones que suman focos de conflicto con las provincias.
Puntualmente, en lo que respecta a las jubilaciones de los empleados públicos provinciales, la medida dejó sin efecto los artículos 92 y 93 de la Ley de Presupuesto 2023. Allí se establecía que la ANSES “transferirá antes del día 20 de cada mes a aquellas provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales al Estado nacional, en concepto de anticipo a cuenta del resultado definitivo del déficit correspondiente a cada sistema previsional, un importe equivalente a una doceava parte del monto total del último déficit anual, provisorio o definitivo, conformado para cada una de ellas” y que cada anticipo mensual debe realizarse de acuerdo a “las variaciones en el índice de movilidad jubilatoria del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)”.
Santa Fe es una de las trece jurisdicciones que le impacta la medida, junto a la provincia de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Corrientes.
“Las cajas de jubilaciones no son casta, son aportes de los trabajadores durante su vida laboral”, repudió Jorge Boasso, según reprodujo el diario La Capital, y anticipó que la semana próxima se analizará recurrir a la vía judicial para frenar este recorte. Según los últimos datos oficiales disponibles - noviembre de 2023-, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe registró en la provincia unos 100.356 beneficiarios, de los cuales 76.425 son jubilaciones y 23.931 pensiones. El haber promedio de las jubilaciones es de $571.503, mientras que las pensiones oscilan en torno a los 335.060 pesos.
Según el referente de la seguridad social de Santa Fe, “Nación le debe a Santa Fe alrededor de 700 mil millones de pesos”. “Imagínense los santafesinos las obras que se podrían encarar con 700 mil millones”, puntualizó. Pullaro ya había advertido en otra oportunidad y como una condición para la firma del Pacto de Mayo que se paguen esas obligaciones con la provincia. “Hay que terminar con el unitarismo y construir un país federal en serio”, sostuvo Boasso, y reclamó: “Se debe aprobar urgente una ley de coparticipación inversa, es decir que recauden municipios y provincias y después coparticipen a la Nación”.
Desde el comienzo de la gestión que el vínculo entre el gobernador de la UCR y el de Javier Milei es tumultuoso, y la controversia por los recursos jubilatorios ahora suman un ingrediente adicional. Ya con el tratamiento de la Ley Ómnibus, el Presidente trató de “traidor” a Pullaro por los desacuerdos con el proyecto de ley. El único impasse entre ambos fue el estallido de violencia en Rosario, a raíz del accionar de las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, donde en lo operativo ambas gestiones buscan coordinar las políticas de seguridad y están de acuerdo en que las fuerzas armadas participen en el combate del “narcoterrorismo”.
Con información de
Infobae
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