Mariano Cúneo Libarona dio detalles de las cifras que motivaron a dejar de pagar indemnizaciones a víctimas del terrorismo de Estado
Martes 23 de
Abril 2024
También se refirió a la postulación de Lijo y lo defendió de las impugnaciones: “Hay que ver qué es lo que denuncian”; “No me consta que haya un pacto de impunidad”, añadió
Luego de anunciar que se auditarán todos los pedidos realizados en el contexto de las leyes de reparación patrimonial para víctimas de terrorismo de Estado, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, sugirió que las irregularidades detectadas en la tramitación y pago de estas prestaciones “no podrían haber ocurrido sin una ayuda política”.
“No se pueden haber dado estos hechos si no existiera alguna actuación de un funcionario público. Era un festival de pagos, de crear estructuras para generar plata del Estado”, sostuvo el funcionario en declaraciones a LN+.
Cuando Pablo Rossi le preguntó por la postulación de Ariel Lijo para la Corte Suprema, Cúneo Libarona dijo: “Hay un procedimiento que se sustanció apenas el Presidente dio los nombres de las personas seleccionadas para el cargo. Se publicó en dos diarios de difusión masiva. Empieza ahora un pedido de impugnaciones”.
“¿Por qué asocia un sector que impugna a Lijo a un pacto de impunidad con Cristina Kirchner, lo escribió Joaquín Morales Solá”, le dijo el periodista. Y Cúneo Libarona se atajó: “Todavía estamos en un proceso de procedimiento y ya estamos anticipando qué va a hacer Lijo... un pacto de impunidad... no lo he visto, no me consta”. Cuando le consultaron si el Gobierno está buscando votos a favor, agregó: “Es muy difícil ir a buscar los votos. Ni Lijo ni el Gobierno ni nadie será dueño de los votos”.
Novaresio le preguntó si habían analizado la posibilidad de postular a una mujer: “Había cuatro mujeres. Cuatro o cinco. Estudiadas y en carpeta. La Constitución establece que elije el Presidente. Y escogió en base a su criterio. En la mesa coloqué distintos candidatos, incluidas varias mujeres, y eligió dos candidatos que son buenos jueces. El número de adhesiones que recibió el doctor Lijo es muy superior al que han tenido otros”.
Después trató de defender al magistrado de las impugnaciones. “Hay que ver quién lo impugna y por qué. Lo que yo quiero ver es denuncias concretas, en qué están fundadas las impugnaciones. Quiero que den hechos concretos”. “¡No te parece raro que el kirchnerismo no se haya pronunciado?”, le insistió Rossi. “¿Y quién se pronunció? ¿La UCR dice una cosa y otra; el partido gobernante dice una cosa y otra, en el momento de la votación, supongo que va a haber ausentes”.
Sobre las indemnizaciones por el Terrorismo de Estado
En el primer tramo de la entrevista, Cúneo LIbarona señaló que las anomalías fueron halladas a partir del descubrimiento de “distintos juicios con autoprocesamientos confirmados por la Cámara [Nacional de Apelación en los Criminal y Correccional Federal] de gente que, con documentos falsos, con testigos falsos y formularios falsos, inventaba y reclamaba ser víctimas y que percibieron más de 150 mil dólares por ese concepto”.
“Hay otro juicio más donde descubrimos una maniobra fraudulenta donde se presentaban personas que ya habían cobrado y volvían a cobrar, se presentaban personas que eran de Uruguay y reclamaban el periodos como si hubieran estado detenidas acá. Son más de 100 juicios que ganaban”, detalló.
Frente a estas circunstancias, afirmó que el Ministerio de Justicia actúa como querellante en esta causa y solicita que “se apunte al secuestro y decomiso del dinero”. “Lo vamos a recuperar, que devuelvan el dinero, porque si lo introdujeron al mercado pueden estar cometiendo lavado de dinero porque tiene origen ilícito”, agregó.
La auditoría en cuestión será sobre un total de 7996 indemnizaciones, además del caso de 14400 personas exiliadas. “Ahí tengo mucha trampa de quién estuvo y quién no. Son 350 juicios de 100 mil dólares cada uno”, precisó.
En tanto, contó que para esa tarea está formando un cuerpo de auditores ya que deben analizar un total de 2550 juicios en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos. “Mucho está pago y mucho falta por pagar. Hay mucho justo y muchísimo pecador, lo que quiero es descubrir la banda de pecadores. Quiero ver los expedientes, esto me divierte y me apasiona bastante”, manifestó.
En el comunicado que difundió el ministro para anunciar la medida, detalló que la auditoría surge a partir del fallo de procesamiento dictado en la causa ‘Martínez Moreira, Adrián y otros s/defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita’, y que confirmó la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal”.
“En dicha causa, se procesó a un conjunto de personas por los delitos de asociación ilícita, falsificación de documentos públicos y privados, uso de documentos públicos, falso testimonio, falsa denuncia, estafa y defraudación en perjuicio de la Administración Pública Nacional. A su vez, existen otras causas penales en trámite por irregularidades surgidas por pagos duplicados o realizados a personas que carecen de documentación que respalde su pedido”, detalla.
En consecuencia, resuelven: “El Ministerio articulará medidas para no abonar las sumas económicas de los beneficios a quienes no correspondan. Asimismo, perseguirá la devolución de las sumas pagadas por el fraude y que han sido cobradas indebidamente para que se restituyan a las arcas del Estado”.
“No se pueden haber dado estos hechos si no existiera alguna actuación de un funcionario público. Era un festival de pagos, de crear estructuras para generar plata del Estado”, sostuvo el funcionario en declaraciones a LN+.
Cuando Pablo Rossi le preguntó por la postulación de Ariel Lijo para la Corte Suprema, Cúneo Libarona dijo: “Hay un procedimiento que se sustanció apenas el Presidente dio los nombres de las personas seleccionadas para el cargo. Se publicó en dos diarios de difusión masiva. Empieza ahora un pedido de impugnaciones”.
“¿Por qué asocia un sector que impugna a Lijo a un pacto de impunidad con Cristina Kirchner, lo escribió Joaquín Morales Solá”, le dijo el periodista. Y Cúneo Libarona se atajó: “Todavía estamos en un proceso de procedimiento y ya estamos anticipando qué va a hacer Lijo... un pacto de impunidad... no lo he visto, no me consta”. Cuando le consultaron si el Gobierno está buscando votos a favor, agregó: “Es muy difícil ir a buscar los votos. Ni Lijo ni el Gobierno ni nadie será dueño de los votos”.
Novaresio le preguntó si habían analizado la posibilidad de postular a una mujer: “Había cuatro mujeres. Cuatro o cinco. Estudiadas y en carpeta. La Constitución establece que elije el Presidente. Y escogió en base a su criterio. En la mesa coloqué distintos candidatos, incluidas varias mujeres, y eligió dos candidatos que son buenos jueces. El número de adhesiones que recibió el doctor Lijo es muy superior al que han tenido otros”.
Después trató de defender al magistrado de las impugnaciones. “Hay que ver quién lo impugna y por qué. Lo que yo quiero ver es denuncias concretas, en qué están fundadas las impugnaciones. Quiero que den hechos concretos”. “¡No te parece raro que el kirchnerismo no se haya pronunciado?”, le insistió Rossi. “¿Y quién se pronunció? ¿La UCR dice una cosa y otra; el partido gobernante dice una cosa y otra, en el momento de la votación, supongo que va a haber ausentes”.
Sobre las indemnizaciones por el Terrorismo de Estado
En el primer tramo de la entrevista, Cúneo LIbarona señaló que las anomalías fueron halladas a partir del descubrimiento de “distintos juicios con autoprocesamientos confirmados por la Cámara [Nacional de Apelación en los Criminal y Correccional Federal] de gente que, con documentos falsos, con testigos falsos y formularios falsos, inventaba y reclamaba ser víctimas y que percibieron más de 150 mil dólares por ese concepto”.
“Hay otro juicio más donde descubrimos una maniobra fraudulenta donde se presentaban personas que ya habían cobrado y volvían a cobrar, se presentaban personas que eran de Uruguay y reclamaban el periodos como si hubieran estado detenidas acá. Son más de 100 juicios que ganaban”, detalló.
Frente a estas circunstancias, afirmó que el Ministerio de Justicia actúa como querellante en esta causa y solicita que “se apunte al secuestro y decomiso del dinero”. “Lo vamos a recuperar, que devuelvan el dinero, porque si lo introdujeron al mercado pueden estar cometiendo lavado de dinero porque tiene origen ilícito”, agregó.
La auditoría en cuestión será sobre un total de 7996 indemnizaciones, además del caso de 14400 personas exiliadas. “Ahí tengo mucha trampa de quién estuvo y quién no. Son 350 juicios de 100 mil dólares cada uno”, precisó.
En tanto, contó que para esa tarea está formando un cuerpo de auditores ya que deben analizar un total de 2550 juicios en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos. “Mucho está pago y mucho falta por pagar. Hay mucho justo y muchísimo pecador, lo que quiero es descubrir la banda de pecadores. Quiero ver los expedientes, esto me divierte y me apasiona bastante”, manifestó.
En el comunicado que difundió el ministro para anunciar la medida, detalló que la auditoría surge a partir del fallo de procesamiento dictado en la causa ‘Martínez Moreira, Adrián y otros s/defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita’, y que confirmó la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal”.
“En dicha causa, se procesó a un conjunto de personas por los delitos de asociación ilícita, falsificación de documentos públicos y privados, uso de documentos públicos, falso testimonio, falsa denuncia, estafa y defraudación en perjuicio de la Administración Pública Nacional. A su vez, existen otras causas penales en trámite por irregularidades surgidas por pagos duplicados o realizados a personas que carecen de documentación que respalde su pedido”, detalla.
En consecuencia, resuelven: “El Ministerio articulará medidas para no abonar las sumas económicas de los beneficios a quienes no correspondan. Asimismo, perseguirá la devolución de las sumas pagadas por el fraude y que han sido cobradas indebidamente para que se restituyan a las arcas del Estado”.
Con información de
La Nación
