Cobrarán $4 millones en junio: a tres semanas de la polémica, los proyectos para retrotraer los aumentos de los senadores no tuvieron avances
Lunes 06 de
Mayo 2024
Si una nueva resolución no revierte lo votado el pasado 18 de abril, las dietas de mayo pasarán a tener una suba superior al 100%; la imposibilidad de aplicar las solicitudes de renuncia del aumento
Después del fervor inicial de algunos senadores por retrotraer el aumento de dietas autoconcedido, los proyectos presentados con ese fin en la Cámara baja se frenaron. Se trata de cuatro iniciativas distintas impulsadas por referentes de Pro y La Libertad Avanza (LLA), entre las que se cuenta un pedido de sesión especial para revertir formalmente el incremento. De prolongarse esta postergación, en junio percibirán un piso de cuatro millones de pesos, neto.
En paralelo, radicales y macristas solicitaron vía nota la renuncia del aumento votado. Sin embargo, según señalaron fuentes de la Secretaría Administrativa del Senado a LA NACION, esta estrategia es inviable. “Van a tener que cobrar todos el aumento. No podemos no pagar dado que lo que hace la resolución es constituir el haber”, indicaron.
El artículo 12 de la ley de procedimientos administrativos respalda esta definición, en tanto determina que la resolución “goza de presunción de legitimidad”, “faculta a la administración a ponerlo en práctica” e “impide que los recursos que interpongan los administrados suspendan su ejecución y efectos, salvo que una norma expresa establezca lo contrario”. Es decir que, salvo que una nueva resolución derogue el aumento otorgado en los próximos 20 días, en la próxima liquidación de haberes los senadores percibirán la suba estipulada, de más de un 100%.
Ya hay tres iniciativas que van en este sentido. La 705/24, impulsada por el jefe del bloque libertario, Ezequiel Atauche (Jujuy); y las promovidas por los senadores Pro de Córdoba, Carmen Álvarez Rivero –684/24– y Luis Juez –636/24–. Ninguno de estos proyectos obtuvo todavía tratamiento. La bancada conducida por Juez, en tanto, hizo un pedido de sesión especial para debatir en el recinto su propuesta, pero todavía no obtuvo respuesta. Si bien la nota fue dirigida a la presidenta de la Cámara hace casi dos semanas, el cordobés evitó determinar una fecha para la concreción de su solicitud. Por el contrario, dispuso que Victoria Villarruel reúna al pleno “en la fecha que considere pertinente”. Esta indeterminación, sumada al inminente debate de la Ley Bases y el paquete fiscal, probablemente retrasen esta discusión.
“En lo personal, he presentado una nota solicitando que no se me liquide ningún incremento hasta tanto esa sesión se lleve a cabo, pero no he tenido ninguna repuesta”, indicó a este medio el senador de Pro. Algo similar plantearon los representantes radicales de Mendoza, Rodolfo Suarez y Mariana Juri, quienes enviaron una nota a la Secretaría Administrativa de la Cámara alta para solicitarle que no los incluya en la próxima liquidación de haberes con el incremento sancionado. No obstante, tal como adelantaron desde la Secretaría Administrativa a LA NACION, esta estrategia no tendrá ningún efecto práctico, más allá de lo simbólico.
La resolución 615/24 fue avalada por el Senado sobre tablas y sin siquiera mencionar el objeto del proyecto, el pasado 18 de abril. Fue colada en la sesión en la que se trató la designación de embajadores y la aplicación de tratados internacionales, motorizada por la insatisfacción que generó la disposición de ascensos en la Secretaría General de la Presidencia, conducida por Karina Milei. Entre otros, fue promovido a secretario de Estado el vocero presidencial, Manuel Adorni, que percibirá una suba salarial de alrededor de $200.000.
Sin despacho de comisiones, la iniciativa necesitó de una doble votación. Primero requirió un mínimo de 48 votos para aprobarse sobre tablas. Y luego de ese aval inicial, la votación del proyecto en sí mismo fue a mano alzada y generó opacidades sobre quiénes apoyaron realmente la sanción. Muchos senadores se escudaron detrás de este procedimiento para despegarse del incremento de dietas. No obstante, la votación fue validada por Villarruel, que dio por aprobada la iniciativa.
Con esta definición del pleno, desde junio cada senador tendrá una retribución de 13 dietas anuales, una por mes más un adicional correspondiente a los dos medios aguinaldos. Cada dieta representa 2500 módulos, equivalente a algo más de $1802, sumado a un adicional de 1000 módulos por gastos de representación y otros 500 por desarraigo. Además, se estableció un mecanismo de actualización, atado al valor del módulo que perciben los empleados legislativos, algo que se había desarticulado con la marcha atrás del aumento de febrero, que también causó revuelo.
En esa oportunidad, el incremento otorgado tanto por Villarruel como por su par de Diputados, Martín Menem, fue del 29,92%. Ante el tirón de orejas del Presidente y una rápida respuesta del titular de la Cámara baja, más obediente a los dictados de la Casa Rosada, Villarruel manifestó públicamente su desacuerdo con el pedido de Javier Milei y consideró que debería ser una decisión de los propios senadores. Si bien intentó resistir la contramarcha, debió ceder ante la presión pública y ante la necesidad de no confrontar con el primer mandatario.
A la luz de estos últimos hechos, ese primer incremento de las dietas hubiese significado una menor erogación para el Estado. Tal como informó una fuente administrativa del Senado, con esa disposición un senador estaría cobrando hoy alrededor de $2,8 millones, un 30% menos de lo que podrían pasar a cobrar desde el mes próximo.
En paralelo, radicales y macristas solicitaron vía nota la renuncia del aumento votado. Sin embargo, según señalaron fuentes de la Secretaría Administrativa del Senado a LA NACION, esta estrategia es inviable. “Van a tener que cobrar todos el aumento. No podemos no pagar dado que lo que hace la resolución es constituir el haber”, indicaron.
El artículo 12 de la ley de procedimientos administrativos respalda esta definición, en tanto determina que la resolución “goza de presunción de legitimidad”, “faculta a la administración a ponerlo en práctica” e “impide que los recursos que interpongan los administrados suspendan su ejecución y efectos, salvo que una norma expresa establezca lo contrario”. Es decir que, salvo que una nueva resolución derogue el aumento otorgado en los próximos 20 días, en la próxima liquidación de haberes los senadores percibirán la suba estipulada, de más de un 100%.
Ya hay tres iniciativas que van en este sentido. La 705/24, impulsada por el jefe del bloque libertario, Ezequiel Atauche (Jujuy); y las promovidas por los senadores Pro de Córdoba, Carmen Álvarez Rivero –684/24– y Luis Juez –636/24–. Ninguno de estos proyectos obtuvo todavía tratamiento. La bancada conducida por Juez, en tanto, hizo un pedido de sesión especial para debatir en el recinto su propuesta, pero todavía no obtuvo respuesta. Si bien la nota fue dirigida a la presidenta de la Cámara hace casi dos semanas, el cordobés evitó determinar una fecha para la concreción de su solicitud. Por el contrario, dispuso que Victoria Villarruel reúna al pleno “en la fecha que considere pertinente”. Esta indeterminación, sumada al inminente debate de la Ley Bases y el paquete fiscal, probablemente retrasen esta discusión.
“En lo personal, he presentado una nota solicitando que no se me liquide ningún incremento hasta tanto esa sesión se lleve a cabo, pero no he tenido ninguna repuesta”, indicó a este medio el senador de Pro. Algo similar plantearon los representantes radicales de Mendoza, Rodolfo Suarez y Mariana Juri, quienes enviaron una nota a la Secretaría Administrativa de la Cámara alta para solicitarle que no los incluya en la próxima liquidación de haberes con el incremento sancionado. No obstante, tal como adelantaron desde la Secretaría Administrativa a LA NACION, esta estrategia no tendrá ningún efecto práctico, más allá de lo simbólico.
La resolución 615/24 fue avalada por el Senado sobre tablas y sin siquiera mencionar el objeto del proyecto, el pasado 18 de abril. Fue colada en la sesión en la que se trató la designación de embajadores y la aplicación de tratados internacionales, motorizada por la insatisfacción que generó la disposición de ascensos en la Secretaría General de la Presidencia, conducida por Karina Milei. Entre otros, fue promovido a secretario de Estado el vocero presidencial, Manuel Adorni, que percibirá una suba salarial de alrededor de $200.000.
Sin despacho de comisiones, la iniciativa necesitó de una doble votación. Primero requirió un mínimo de 48 votos para aprobarse sobre tablas. Y luego de ese aval inicial, la votación del proyecto en sí mismo fue a mano alzada y generó opacidades sobre quiénes apoyaron realmente la sanción. Muchos senadores se escudaron detrás de este procedimiento para despegarse del incremento de dietas. No obstante, la votación fue validada por Villarruel, que dio por aprobada la iniciativa.
Con esta definición del pleno, desde junio cada senador tendrá una retribución de 13 dietas anuales, una por mes más un adicional correspondiente a los dos medios aguinaldos. Cada dieta representa 2500 módulos, equivalente a algo más de $1802, sumado a un adicional de 1000 módulos por gastos de representación y otros 500 por desarraigo. Además, se estableció un mecanismo de actualización, atado al valor del módulo que perciben los empleados legislativos, algo que se había desarticulado con la marcha atrás del aumento de febrero, que también causó revuelo.
En esa oportunidad, el incremento otorgado tanto por Villarruel como por su par de Diputados, Martín Menem, fue del 29,92%. Ante el tirón de orejas del Presidente y una rápida respuesta del titular de la Cámara baja, más obediente a los dictados de la Casa Rosada, Villarruel manifestó públicamente su desacuerdo con el pedido de Javier Milei y consideró que debería ser una decisión de los propios senadores. Si bien intentó resistir la contramarcha, debió ceder ante la presión pública y ante la necesidad de no confrontar con el primer mandatario.
A la luz de estos últimos hechos, ese primer incremento de las dietas hubiese significado una menor erogación para el Estado. Tal como informó una fuente administrativa del Senado, con esa disposición un senador estaría cobrando hoy alrededor de $2,8 millones, un 30% menos de lo que podrían pasar a cobrar desde el mes próximo.
Con información de
La Nación
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