Córdoba
Sigue en funciones el comisario acusado de ordenar arrestos arbitrarios
Martes 03 de
Junio 2014 - 17:13
Se le imputan los delitos de coacción y abuso de autoridad. El fiscal de la causa pidió por segunda vez la elevación a juicio de la causa.
El comisario Pablo Márquez, acusado de ordenar detenciones arbitrarias para mejorar las estadísticas del comando a su cargo, continúa en funciones operativas en la Departamental Sur de la Policía de Córdoba.
"Depende de mí, de la Dirección General de la Departamental Sur", reconoció el jefe de la Departamental Sur, Miguel Ángel Casteló, quien detalló que Márquez se desempeña tanto en cuestiones administrativas como en operativos en las calles de diferentes ciudades.
El titular del Tribunal de Conducta Policial de Córdoba, Martín Berrotarán, explicó que Márquez estuvo en situación pasiva pero que por el principio de inocencia volvió a sus funciones. "Es muy gravoso para el personal estar sin trabajo durante más de dos años", manifestó Berrotarán al hacer referencia al lapso que ya lleva la instrucción de la causa.
Sin embargo, también reconoció que en otras causas similares (en cuanto al avance de la investigación de la Justicia) los imputados siguen en funciones en algunas ocasiones y en otras son suspendidos. "No hay un criterio objetivo", manifestó.
En tanto, Casteló aseguró que para despejar cualquier duda, le solicitó a Márquez que pida licencia por vacaciones (las correspondientes a 2013).
Cabe recordar que el domingo pasado este diario publicó una entrevista al jefe de Policía, Julio Suárez, en la que dijo que "hay que limpiar la institución".
La primera denuncia
El caso Márquez saltó a la luz en 2011 cuando una subordinada, la oficial subinspectora Natalia Zárate, lo denunció penalmente con el patrocinio letrado de Carlos Nayi.
La agente aseguró que Márquez, quien entonces era jefe del Comando de Acción Preventiva (CAP) Ocho, les ordenaba realizar detenciones a personas por más que no hubieran cometido un delito o una infracción del Código de Faltas, con el objetivo de mejorar las estadísticas y demostrar una supuesta eficiencia policial.
A la denuncia de Zárate luego se le acumuló las de otros dos subordinados. Los tres hicieron referencia a un régimen de premios y castigos a los agentes que aprehendieran a la mayor cantidad de ciudadanos, fueran o no inocentes.
La causa
El fiscal de la causa, Pablo Molina, pidió en diciembre de 2012 por segunda vez la elevación a juicio de la causa contra Márquez.
En la actualidad, la solicitud de Molina está en consideración del juzgado de Control.
"Depende de mí, de la Dirección General de la Departamental Sur", reconoció el jefe de la Departamental Sur, Miguel Ángel Casteló, quien detalló que Márquez se desempeña tanto en cuestiones administrativas como en operativos en las calles de diferentes ciudades.
El titular del Tribunal de Conducta Policial de Córdoba, Martín Berrotarán, explicó que Márquez estuvo en situación pasiva pero que por el principio de inocencia volvió a sus funciones. "Es muy gravoso para el personal estar sin trabajo durante más de dos años", manifestó Berrotarán al hacer referencia al lapso que ya lleva la instrucción de la causa.
Sin embargo, también reconoció que en otras causas similares (en cuanto al avance de la investigación de la Justicia) los imputados siguen en funciones en algunas ocasiones y en otras son suspendidos. "No hay un criterio objetivo", manifestó.
En tanto, Casteló aseguró que para despejar cualquier duda, le solicitó a Márquez que pida licencia por vacaciones (las correspondientes a 2013).
Cabe recordar que el domingo pasado este diario publicó una entrevista al jefe de Policía, Julio Suárez, en la que dijo que "hay que limpiar la institución".
La primera denuncia
El caso Márquez saltó a la luz en 2011 cuando una subordinada, la oficial subinspectora Natalia Zárate, lo denunció penalmente con el patrocinio letrado de Carlos Nayi.
La agente aseguró que Márquez, quien entonces era jefe del Comando de Acción Preventiva (CAP) Ocho, les ordenaba realizar detenciones a personas por más que no hubieran cometido un delito o una infracción del Código de Faltas, con el objetivo de mejorar las estadísticas y demostrar una supuesta eficiencia policial.
A la denuncia de Zárate luego se le acumuló las de otros dos subordinados. Los tres hicieron referencia a un régimen de premios y castigos a los agentes que aprehendieran a la mayor cantidad de ciudadanos, fueran o no inocentes.
La causa
El fiscal de la causa, Pablo Molina, pidió en diciembre de 2012 por segunda vez la elevación a juicio de la causa contra Márquez.
En la actualidad, la solicitud de Molina está en consideración del juzgado de Control.
Con información de
lavoz
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