La ONU denunció más de 2400 detenciones arbitrarias en Venezuela y habló de desapariciones forzadas
Martes 13 de
Agosto 2024
El organismo internacional expresó su profunda preocupación y precisó que más 2400 personas fueron detenidas tras las últimas elecciones.
En las últimas horas, el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Volker Türk, manifestó su “profunda preocupación” por la numerosa cantidad de detenciones arbitrarias que se registran en Venezuela desde que sucedieron las últimas elecciones presidenciales.
En un comunicado publicado recientemente se hizo hincapié en “el uso desproporcionado de la fuerza” reportados tras reelección de Nicolás Maduro y “el clima de miedo que resulta de ello”.
“Es especialmente preocupante que tantas personas estén siendo detenidas, acusadas o imputadas de incitación al odio o bajo la legislación antiterrorista. El derecho penal nunca debe utilizarse para limitar indebidamente los derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación”, afirmó Türk.
La ONU estableció que, según declaraciones oficiales, más de 2400 personas han sido detenidas desde el 29 de julio. En su sitio web precisó que dicha cifra incluye la detención arbitraria de manifestantes, personas defensoras de derechos humanos, adolescentes, personas con discapacidad, miembros de la oposición o a quienes se considera relacionados con ellos, así como de personas que actuaron como observadores electorales acreditados por los partidos de oposición en los centros de votación.
“En la mayoría de los casos documentados por ONU Derechos Humanos, no se le ha permitido a las personas detenidas designar a un abogado de su elección ni tener contacto con sus familiares. Algunos de estos casos constituirían desapariciones forzadas”, expresaron.
Por su parte, el principal funcionario de derechos humanos de las Naciones Unidas expresó: “Pido la liberación inmediata de todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente, y garantías de juicios justos para todas las personas detenidas”.
Luego continuó: “El uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley y los ataques contra manifestantes por parte de personas armadas que apoyan al gobierno, algunos de los cuales resultaron en muertes, no deben repetirse”.
“También ha habido informes de actos de violencia contra funcionarios y edificios públicos por parte de algunos manifestantes. La violencia nunca es la respuesta”, resaltó Türk.
“Todas las muertes ocurridas en el contexto de las protestas deben ser investigadas y los responsables deben rendir cuentas y ser sancionados, en consonancia con las normas sobre el debido proceso y los juicios justos”, agregó.
El Ato Comisionado también ratificó su preocupación por la posible adopción del proyecto de ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines, así como el proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares.
“Insto a las autoridades a que no adopten estas u otras leyes que socaven el espacio cívico y democrático en el país” afirmó Türk, quien completó: “Me preocupa que a algunas personas se les haya cancelado el pasaporte, lo que parece ser un acto de represalia por su trabajo legítimo en el país. Todo esto está exacerbando las tensiones y fragmentando aún más el tejido social de Venezuela”.
En un comunicado publicado recientemente se hizo hincapié en “el uso desproporcionado de la fuerza” reportados tras reelección de Nicolás Maduro y “el clima de miedo que resulta de ello”.
“Es especialmente preocupante que tantas personas estén siendo detenidas, acusadas o imputadas de incitación al odio o bajo la legislación antiterrorista. El derecho penal nunca debe utilizarse para limitar indebidamente los derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación”, afirmó Türk.
La ONU estableció que, según declaraciones oficiales, más de 2400 personas han sido detenidas desde el 29 de julio. En su sitio web precisó que dicha cifra incluye la detención arbitraria de manifestantes, personas defensoras de derechos humanos, adolescentes, personas con discapacidad, miembros de la oposición o a quienes se considera relacionados con ellos, así como de personas que actuaron como observadores electorales acreditados por los partidos de oposición en los centros de votación.
“En la mayoría de los casos documentados por ONU Derechos Humanos, no se le ha permitido a las personas detenidas designar a un abogado de su elección ni tener contacto con sus familiares. Algunos de estos casos constituirían desapariciones forzadas”, expresaron.
Por su parte, el principal funcionario de derechos humanos de las Naciones Unidas expresó: “Pido la liberación inmediata de todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente, y garantías de juicios justos para todas las personas detenidas”.
Luego continuó: “El uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley y los ataques contra manifestantes por parte de personas armadas que apoyan al gobierno, algunos de los cuales resultaron en muertes, no deben repetirse”.
“También ha habido informes de actos de violencia contra funcionarios y edificios públicos por parte de algunos manifestantes. La violencia nunca es la respuesta”, resaltó Türk.
“Todas las muertes ocurridas en el contexto de las protestas deben ser investigadas y los responsables deben rendir cuentas y ser sancionados, en consonancia con las normas sobre el debido proceso y los juicios justos”, agregó.
El Ato Comisionado también ratificó su preocupación por la posible adopción del proyecto de ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines, así como el proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares.
“Insto a las autoridades a que no adopten estas u otras leyes que socaven el espacio cívico y democrático en el país” afirmó Türk, quien completó: “Me preocupa que a algunas personas se les haya cancelado el pasaporte, lo que parece ser un acto de represalia por su trabajo legítimo en el país. Todo esto está exacerbando las tensiones y fragmentando aún más el tejido social de Venezuela”.
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TN
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