Avanza en Diputados el proyecto que impide que los políticos condenados por corrupción sean candidatos
Martes 17 de
Septiembre 2024
La iniciativa Ficha Lima supone que no podrán presentarse a elecciones las personas que tengan condenas por delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito.
La Cámara de Diputados logró firmar los dictámenes del proyecto de ley de Ficha Limpia, una modificación de la ley Orgánica de los Partidos Políticos, que impide que condenados por corrupción y otros delitos puedan ser candidatos, y forma parte de una amplia Reforma Política que el oficialismo está impulsando, que incluye el reciente proyecto sancionado por el Senado de implementación de la Boleta Única de Papel (BUP).
El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, encabezadas por los diputados libertarios Nicolás Mayoraz y Manuel Quintar, respectivamente, cerró el debate después de varias jornadas informativas y se firmaron cuatro dictámenes.
Uno de mayoría impulsado por la diputada Silvia Lospennato del PRO, acompañada por La Libertad Avanza, el radicalismo y la Coalición Cívica, con alguna disidencia de Juan Manuel López y Paula Oliveto. Tres dictámenes de minoría, uno de Unión por la Patria, encabezados por los diputados Martín Soria y Mónica Litza, otro de Vanina Biasi del Frente de Izquierda, y un tercero firmado por el radical de Formosa, Fernando Carbajal.
El dictamen de mayoría prevé que no podrán ser candidatos los condenados por los delitos contemplados de cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados y encubrimiento.
Tampoco, por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública contemplado en el artículo 174 del Código Penal de la Nación, todos los delitos que sean incorporados al Código Penal de la Nación o por leyes especiales, en virtud del cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción.
El jefe de Estado, Javier Milei, habilitó el tratamiento de esta iniciativa, cuando anunció el 1 de marzo, en la inauguración del periodo ordinario de sesiones el impulso de un paquete de “leyes anticasta”, entre las que estaría una para que “las personas condenadas por corrupción en segunda instancia no puedan presentarse como candidatos en elecciones nacionales”.
El diputado libertario Manuel Quintar expresó que “es un gran avance para la transparencia y ética de los funcionarios públicos a pesar del kirchnerismo que ni si quiera querían dar quorum. En lo personal, no estoy conforme en limitar el tipo de delitos incluidos, deben estar todos los delitos. Voy a insistir con eso en el recinto, la sociedad lo reclama”.
Mientras que en UxP, Eduardo Valdés, dijo que “no hay Ficha Limpia con una justicia sucia”, y lo fundamentó con que “los máximos dirigentes políticos fueron víctimas. Mauricio Macri fue procesado por el juez Norberto Oyarbide, un juez que era muy cuestionado. Luego la Cámara lo ratificó. La voluntad popular, ¿tuvo en cuenta el doble procesamiento de Macri? No, ganó la elección”.
“En estos tiempos de vetos permanentes, los gobernadores de las provincias en las que se aprobó Ficha limpia, como Santa Fe, Salta, Chubut, no vetaron esas leyes y eran de nuestro signo político. Nosotros luchamos para quienes representan a los argentinos sean los más honestos, pero también para que no haya jueces a pedido, porque lo padecen los unos y los otros”, cerró el peronista Valdés.
El radical Carbajal en su dictamen propone “que ningún condenado a pena de tres o más años pueda ser candidato. Si violas la ley tenés consecuencias. La inhabilidad es cautelar por dos años. Máximo tres, si casación la confirma”.
Mientras que Vanina Biasi de la Izquierda, entendió que “este proyecto se tiene que analizar en contexto, junto a este tema se tratan otras iniciativas de modificación del código penal y se trataron leyes que violentaron la Constitución. Este proyecto depende mucho de como apliquen los jueces, las normativas y las leyes, sin embargo se está manipulando desde el Congreso este aspecto central de violentar la Constitución y las libertades individuales, que le permiten al poder político, que designa a jueces, manipular causas para luego decidir quién puede ser candidato y quien no”.
Aunque las diputadas Silvia Lospennato (Pro) y Brenda Austin (UCR) propusieron que el impedimento comience a regir con una condena en primera instancia, tal como se había consensuado en un dictamen que se firmó en 2017, pero que no llegó al recinto y perdió estado parlamentario.
Según los antecedentes parlamentarios, los delitos contemplados fueron aquellos contra la administración pública, incorporando un inciso al artículo 33 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos. Contemplando de esta manera, los delitos de cohecho y tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública; exacciones ilegales; enriquecimiento ilícito; encubrimiento; fraude en perjuicio de la administración pública; traición y delitos que comprometan la paz y dignidad de la Nación.
El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, encabezadas por los diputados libertarios Nicolás Mayoraz y Manuel Quintar, respectivamente, cerró el debate después de varias jornadas informativas y se firmaron cuatro dictámenes.
Uno de mayoría impulsado por la diputada Silvia Lospennato del PRO, acompañada por La Libertad Avanza, el radicalismo y la Coalición Cívica, con alguna disidencia de Juan Manuel López y Paula Oliveto. Tres dictámenes de minoría, uno de Unión por la Patria, encabezados por los diputados Martín Soria y Mónica Litza, otro de Vanina Biasi del Frente de Izquierda, y un tercero firmado por el radical de Formosa, Fernando Carbajal.
El dictamen de mayoría prevé que no podrán ser candidatos los condenados por los delitos contemplados de cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados y encubrimiento.
Tampoco, por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública contemplado en el artículo 174 del Código Penal de la Nación, todos los delitos que sean incorporados al Código Penal de la Nación o por leyes especiales, en virtud del cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción.
El jefe de Estado, Javier Milei, habilitó el tratamiento de esta iniciativa, cuando anunció el 1 de marzo, en la inauguración del periodo ordinario de sesiones el impulso de un paquete de “leyes anticasta”, entre las que estaría una para que “las personas condenadas por corrupción en segunda instancia no puedan presentarse como candidatos en elecciones nacionales”.
El diputado libertario Manuel Quintar expresó que “es un gran avance para la transparencia y ética de los funcionarios públicos a pesar del kirchnerismo que ni si quiera querían dar quorum. En lo personal, no estoy conforme en limitar el tipo de delitos incluidos, deben estar todos los delitos. Voy a insistir con eso en el recinto, la sociedad lo reclama”.
Mientras que en UxP, Eduardo Valdés, dijo que “no hay Ficha Limpia con una justicia sucia”, y lo fundamentó con que “los máximos dirigentes políticos fueron víctimas. Mauricio Macri fue procesado por el juez Norberto Oyarbide, un juez que era muy cuestionado. Luego la Cámara lo ratificó. La voluntad popular, ¿tuvo en cuenta el doble procesamiento de Macri? No, ganó la elección”.
“En estos tiempos de vetos permanentes, los gobernadores de las provincias en las que se aprobó Ficha limpia, como Santa Fe, Salta, Chubut, no vetaron esas leyes y eran de nuestro signo político. Nosotros luchamos para quienes representan a los argentinos sean los más honestos, pero también para que no haya jueces a pedido, porque lo padecen los unos y los otros”, cerró el peronista Valdés.
El radical Carbajal en su dictamen propone “que ningún condenado a pena de tres o más años pueda ser candidato. Si violas la ley tenés consecuencias. La inhabilidad es cautelar por dos años. Máximo tres, si casación la confirma”.
Mientras que Vanina Biasi de la Izquierda, entendió que “este proyecto se tiene que analizar en contexto, junto a este tema se tratan otras iniciativas de modificación del código penal y se trataron leyes que violentaron la Constitución. Este proyecto depende mucho de como apliquen los jueces, las normativas y las leyes, sin embargo se está manipulando desde el Congreso este aspecto central de violentar la Constitución y las libertades individuales, que le permiten al poder político, que designa a jueces, manipular causas para luego decidir quién puede ser candidato y quien no”.
Los antecedentes parlamentarios
En 2019 la Cámara de Diputados intentó, por segunda vez, avanzar con esta iniciativa y firmó los dictámenes correspondientes, pero nunca llego el debate al recinto. La discusión giró en torno al grado de la sentencia que impediría a una persona ser candidata. El por entonces oficialismo, Cambiemos, respetó la propuesta de la entonces oposición del Frente para la Victoria, (hoy Unión por la Patria) que estableció que la prohibición se extenderá desde que exista sentencia condenatoria confirmada en segunda instancia del proceso hasta su eventual revocación posterior o bien hasta el cumplimiento de la pena correspondiente.Aunque las diputadas Silvia Lospennato (Pro) y Brenda Austin (UCR) propusieron que el impedimento comience a regir con una condena en primera instancia, tal como se había consensuado en un dictamen que se firmó en 2017, pero que no llegó al recinto y perdió estado parlamentario.
Según los antecedentes parlamentarios, los delitos contemplados fueron aquellos contra la administración pública, incorporando un inciso al artículo 33 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos. Contemplando de esta manera, los delitos de cohecho y tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública; exacciones ilegales; enriquecimiento ilícito; encubrimiento; fraude en perjuicio de la administración pública; traición y delitos que comprometan la paz y dignidad de la Nación.
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