Los republicanos sientan las bases legales para impugnar las elecciones
Domingo 29 de
Septiembre 2024
En Arizona, uno de los siete estados competitivos de Estados Unidos que se espera que decidan las elecciones presidenciales de 2024, un grupo de defensa fundado por el asesor de Donald Trump, Stephen Miller, está promoviendo una teoría legal audaz: que los jueces pueden anular los resultados electorales por "fallas o irregularidades" de los funcionarios locales.
La demanda presentada por America First Legal Foundation, un grupo de defensa conservador, dice que el tribunal en tales casos debería poder anular los resultados de las elecciones y ordenar nuevas rondas de votación en dos condados de Arizona, donde la candidata demócrata a la vicepresidenta, Kamala Harris, lidera a Trump en las encuestas por un margen muy estrecho.
Casi cuatro años después de que el expresidente Trump y sus aliados intentaran sin éxito revertir su derrota electoral con una serie de más de 60 demandas organizadas apresuradamente, los republicanos han lanzado una agresiva campaña legal para sentar las bases para desafiar posibles pérdidas.
El Comité Nacional Republicano dice que está involucrado en más de 120 demandas en 26 estados, en una estrategia que algunos expertos legales y grupos de derechos electorales dicen que tiene como objetivo socavar la confianza en el sistema.
Los republicanos afirman que las demandas tienen como objetivo restaurar la confianza en las elecciones al garantizar que la gente no vote ilegalmente. Trump y sus aliados han afirmado falsamente que su derrota electoral de 2020 ante Joe Biden estuvo manchada por un fraude generalizado.
Si bien el caso de Arizona probablemente sea una posibilidad remota, los expertos legales dicen que encaja con un patrón de demandas respaldadas por los republicanos que parecen destinadas a sembrar dudas sobre la legitimidad de las elecciones antes de que ocurran y proporcionar material para desafiar los resultados después del hecho.
"Esto es parte de la creación de la narrativa de que habrá irregularidades que requerirán una intervención externa", dijo el profesor de la Facultad de Derecho de Columbia, Richard Briffault.
America First Legal Foundation, sus abogados y Miller no respondieron a las consultas.
Un portavoz del Comité Nacional Republicano dijo que la principal prioridad del partido es solucionar lo que dicen son problemas con los sistemas de votación antes del día de las elecciones para garantizar que no se emitan votos ilegalmente.
"Nuestra operación de Integridad Electoral lucha por garantizar la seguridad de las elecciones, promoviendo la transparencia y la imparcialidad de cada voto legal. Esto da a los votantes la confianza de que su voto será contado correctamente y, a su vez, inspira la participación electoral", dijo la portavoz del RNC, Claire Zunk.
Trump y Harris están enfrascados en una reñida batalla antes de las elecciones del 5 de noviembre, lo que alimenta una ola de litigios entre demócratas y republicanos mientras discuten sobre las reglas básicas.
Los republicanos suelen presentar demandas para hacer cumplir las restricciones al voto que, según ellos, son necesarias para prevenir el fraude, mientras que los demócratas generalmente piden a los tribunales que mantengan accesible la votación.
La campaña de Harris dijo en un comunicado que los republicanos están "conspirando para sembrar desconfianza en nuestras elecciones y socavar nuestra democracia para poder protestar cuando pierden".
"El equipo Harris-Walz llega a la recta final de esta campaña con una sólida operación de protección de los votantes y de las elecciones y con los mejores abogados del país, preparados para cualquier desafío que nos lancen los republicanos. Daremos a los estadounidenses las elecciones libres y justas que merecen para que todos los votantes elegibles puedan votar y que su voto sea contado", afirmó la campaña.
En Michigan, otro estado muy disputado, los republicanos están presentando una demanda para impedir que las agencias estatales amplíen el acceso al registro de votantes, restrinjan el uso de sitios de votación móviles como camionetas e impongan reglas de verificación más estrictas para las papeletas de votación por correo.
En Nevada y otros estados, los aliados de Trump están tratando de purgar los registros electorales de votantes supuestamente no elegibles y no ciudadanos , aunque la fecha límite para la eliminación sistemática de los registros a tiempo para las elecciones ya pasó.
En Pensilvania, los republicanos están luchando por aplicar normas estrictas para el voto por correo y limitar la capacidad de los votantes de corregir errores en sus papeletas. El 13 de septiembre, los republicanos lograron una victoria cuando el tribunal más importante del estado dictaminó que las papeletas enviadas por correo con fechas incorrectas no se contabilizarán.
SEMBRANDO CONFUSIÓN
Los litigios electorales aumentaron en 2020, ya que la COVID-19 impulsó cambios en los procedimientos de votación y un uso más amplio del voto por correo. Esas luchas fueron a menudo reacciones a cuestiones específicas de un lugar.
Más de 60 demandas presentadas por republicanos impugnando la derrota de Trump en 2020 fueron rechazadas por los tribunales.
Esta vez, los republicanos están presentando impugnaciones legales con anticipación y formulando acusaciones de fraude generalizado que afectan el núcleo mismo del proceso electoral.
Las continuas afirmaciones falsas de Trump de que su derrota de 2020 fue resultado de un fraude han echado raíces en el Partido Republicano: el 71% de los votantes republicanos registrados que respondieron a una encuesta de Reuters/Ipsos de agosto dijeron que creían que el fraude electoral era un problema generalizado, muy por encima del 37% de los independientes y el 16% de los demócratas que tenían esa opinión.
"Están al frente y al principio y se están adelantando, mientras que en 2020 fueron más bien reactivos. Aquí se están adelantando", dijo Briffault.
La demanda de Arizona, presentada en febrero en el tribunal del condado de Yavapai, pone de relieve la actitud proactiva de los aliados de Trump. Alega una serie de "errores e ilegalidades" por parte de los funcionarios electorales de los condados de Maricopa, Yavapai y Coconino en elecciones pasadas y afirma que sólo la intervención judicial puede restaurar la confianza pública.
El condado de Maricopa fue desestimado del caso por razones de procedimiento.
La denuncia pide a un juez que imponga una lista de 24 órdenes para hacer cumplir la interpretación de las leyes electorales de la America First Legal Foundation y corregir los errores por cualquier medio necesario, incluida la anulación de resultados y la orden de nuevas rondas de votación.
Los errores pueden incluir la falta de personal en las urnas electorales en todo momento o no tomar ciertas medidas para verificar las firmas en las boletas.
Según expertos legales y abogados electorales, se trata de una petición novedosa y de gran alcance que es poco probable que un juez conceda. Pero que un juez anule los resultados en un estado crucial podría provocar caos, confusión y demoras, lo que algunos expertos legales y grupos de derechos electorales consideran un objetivo central de la estrategia legal republicana.
Según Sophia Lin Lakin, abogada que litiga casos de derechos electorales en nombre de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), la incertidumbre podría dar a los funcionarios locales y a las legislaturas estatales la oportunidad de interferir en los resultados. Por ejemplo, los funcionarios podrían intentar anular votos o negarse a certificar el resultado.
“Se trata de sentar las bases para que haya suficientes dudas en el proceso electoral para que se pueda llevar a cabo una maniobra política que influya en el resultado”, dijo Lakin.
Casi cuatro años después de que el expresidente Trump y sus aliados intentaran sin éxito revertir su derrota electoral con una serie de más de 60 demandas organizadas apresuradamente, los republicanos han lanzado una agresiva campaña legal para sentar las bases para desafiar posibles pérdidas.
El Comité Nacional Republicano dice que está involucrado en más de 120 demandas en 26 estados, en una estrategia que algunos expertos legales y grupos de derechos electorales dicen que tiene como objetivo socavar la confianza en el sistema.
Los republicanos afirman que las demandas tienen como objetivo restaurar la confianza en las elecciones al garantizar que la gente no vote ilegalmente. Trump y sus aliados han afirmado falsamente que su derrota electoral de 2020 ante Joe Biden estuvo manchada por un fraude generalizado.
Si bien el caso de Arizona probablemente sea una posibilidad remota, los expertos legales dicen que encaja con un patrón de demandas respaldadas por los republicanos que parecen destinadas a sembrar dudas sobre la legitimidad de las elecciones antes de que ocurran y proporcionar material para desafiar los resultados después del hecho.
"Esto es parte de la creación de la narrativa de que habrá irregularidades que requerirán una intervención externa", dijo el profesor de la Facultad de Derecho de Columbia, Richard Briffault.
America First Legal Foundation, sus abogados y Miller no respondieron a las consultas.
Un portavoz del Comité Nacional Republicano dijo que la principal prioridad del partido es solucionar lo que dicen son problemas con los sistemas de votación antes del día de las elecciones para garantizar que no se emitan votos ilegalmente.
"Nuestra operación de Integridad Electoral lucha por garantizar la seguridad de las elecciones, promoviendo la transparencia y la imparcialidad de cada voto legal. Esto da a los votantes la confianza de que su voto será contado correctamente y, a su vez, inspira la participación electoral", dijo la portavoz del RNC, Claire Zunk.
Trump y Harris están enfrascados en una reñida batalla antes de las elecciones del 5 de noviembre, lo que alimenta una ola de litigios entre demócratas y republicanos mientras discuten sobre las reglas básicas.
Los republicanos suelen presentar demandas para hacer cumplir las restricciones al voto que, según ellos, son necesarias para prevenir el fraude, mientras que los demócratas generalmente piden a los tribunales que mantengan accesible la votación.
La campaña de Harris dijo en un comunicado que los republicanos están "conspirando para sembrar desconfianza en nuestras elecciones y socavar nuestra democracia para poder protestar cuando pierden".
"El equipo Harris-Walz llega a la recta final de esta campaña con una sólida operación de protección de los votantes y de las elecciones y con los mejores abogados del país, preparados para cualquier desafío que nos lancen los republicanos. Daremos a los estadounidenses las elecciones libres y justas que merecen para que todos los votantes elegibles puedan votar y que su voto sea contado", afirmó la campaña.
En Michigan, otro estado muy disputado, los republicanos están presentando una demanda para impedir que las agencias estatales amplíen el acceso al registro de votantes, restrinjan el uso de sitios de votación móviles como camionetas e impongan reglas de verificación más estrictas para las papeletas de votación por correo.
En Nevada y otros estados, los aliados de Trump están tratando de purgar los registros electorales de votantes supuestamente no elegibles y no ciudadanos , aunque la fecha límite para la eliminación sistemática de los registros a tiempo para las elecciones ya pasó.
En Pensilvania, los republicanos están luchando por aplicar normas estrictas para el voto por correo y limitar la capacidad de los votantes de corregir errores en sus papeletas. El 13 de septiembre, los republicanos lograron una victoria cuando el tribunal más importante del estado dictaminó que las papeletas enviadas por correo con fechas incorrectas no se contabilizarán.
SEMBRANDO CONFUSIÓN
Los litigios electorales aumentaron en 2020, ya que la COVID-19 impulsó cambios en los procedimientos de votación y un uso más amplio del voto por correo. Esas luchas fueron a menudo reacciones a cuestiones específicas de un lugar.
Más de 60 demandas presentadas por republicanos impugnando la derrota de Trump en 2020 fueron rechazadas por los tribunales.
Esta vez, los republicanos están presentando impugnaciones legales con anticipación y formulando acusaciones de fraude generalizado que afectan el núcleo mismo del proceso electoral.
Las continuas afirmaciones falsas de Trump de que su derrota de 2020 fue resultado de un fraude han echado raíces en el Partido Republicano: el 71% de los votantes republicanos registrados que respondieron a una encuesta de Reuters/Ipsos de agosto dijeron que creían que el fraude electoral era un problema generalizado, muy por encima del 37% de los independientes y el 16% de los demócratas que tenían esa opinión.
"Están al frente y al principio y se están adelantando, mientras que en 2020 fueron más bien reactivos. Aquí se están adelantando", dijo Briffault.
La demanda de Arizona, presentada en febrero en el tribunal del condado de Yavapai, pone de relieve la actitud proactiva de los aliados de Trump. Alega una serie de "errores e ilegalidades" por parte de los funcionarios electorales de los condados de Maricopa, Yavapai y Coconino en elecciones pasadas y afirma que sólo la intervención judicial puede restaurar la confianza pública.
El condado de Maricopa fue desestimado del caso por razones de procedimiento.
La denuncia pide a un juez que imponga una lista de 24 órdenes para hacer cumplir la interpretación de las leyes electorales de la America First Legal Foundation y corregir los errores por cualquier medio necesario, incluida la anulación de resultados y la orden de nuevas rondas de votación.
Los errores pueden incluir la falta de personal en las urnas electorales en todo momento o no tomar ciertas medidas para verificar las firmas en las boletas.
Según expertos legales y abogados electorales, se trata de una petición novedosa y de gran alcance que es poco probable que un juez conceda. Pero que un juez anule los resultados en un estado crucial podría provocar caos, confusión y demoras, lo que algunos expertos legales y grupos de derechos electorales consideran un objetivo central de la estrategia legal republicana.
Según Sophia Lin Lakin, abogada que litiga casos de derechos electorales en nombre de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), la incertidumbre podría dar a los funcionarios locales y a las legislaturas estatales la oportunidad de interferir en los resultados. Por ejemplo, los funcionarios podrían intentar anular votos o negarse a certificar el resultado.
“Se trata de sentar las bases para que haya suficientes dudas en el proceso electoral para que se pueda llevar a cabo una maniobra política que influya en el resultado”, dijo Lakin.
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