''Pandemia económica'': 5.000 sanatorios privados aseguraron que pueden quebrar el año que viene por una deuda que se remonta a 2002
Jueves 21 de
Noviembre 2024
A fin de año, el Gobierno pondrá fin a la emergencia sanitaria que rige desde hace más de dos décadas. La cámara que nuclea a más de 400 instituciones de la salud privada pidió soluciones de fondo para una crisis que, aseguraron, lleva años y pone ''en peligro la atención de miles de centros de salud en cuestión de semanas''
“No damos más, estamos al borde de la quiebra”. La frase es de un empresario del sector privado de la salud que pide off the record. Es accionista de un sanatorio mediano y asegura estar en estado de “desesperación”, por el negocio y los empleados, pocos más de 100.
No está solo según Adecra+Cedim, la cámara nacional que nuclea a más de 400 instituciones de salud privada entre clínicas, sanatorios, hospitales privados, laboratorios y centros de diagnóstico y tratamiento ambulatorio. La entidad, que es parte también de la Unión Argentina de Salud, UAS, aseguró que hay unas 5.000 de estas empresas del sector que están al borde de la quiebra. La situación, destacó la asociación, pondría “en peligro la atención de miles de centros de salud en cuestión de semanas”.
Adecra+Cedim afirmó que el sector atraviesa una “pandemia económica”, con una crisis que lleva varios años y se disparó con el coronavirus, y que “de continuar esta situación, cerca de 300 mil trabajadores registrados correrían el riesgo de perder su fuente de trabajo y de percibir sus haberes mínimos al momento de jubilarse”.
La Ley Bases dejó sin efecto la emergencia sanitaria que se dictó, junto con la emergencia económica, en medio de la crisis de 2001. Ese esquema se mantiene hasta estos días, 23 años después, y permitió que durante ese largo período, las empresas no pagaran contribuciones patronales. Según pudo saber este medio, sólo un grupo muy pequeño de las empresas más grandes continuó pagando, al menos hasta la pandemia. El resto acumuló una deuda multimillonaria. Según dictó el gobierno de Javier Milei ese esquema dejará de funcionar a fin de año.
“El Gobierno está al tanto, obvio. Nos dicen que están trabajando, pero los tiempos de ellos, los burocráticos, no son los nuestros” (Cherro).
“Es deuda impagable. Si no se negocia, muchas, pero muchas las empresas van a quebrar. No se puede sostener. No pueden afrontar las cargas corrientes, mucho menos la deuda. Es algo que hablamos con todos desde hace años, pero nadie lo resuelve. En el camino cierran muchas empresas del rubro: en el interior de Córdoba y Santa Fe, por ejemplo, casi no hay sanatorios privados. El Gobierno está al tanto, obvio. El ministro de Salud [Mario Lugones] es del sector. Nos dicen que están trabajando, pero los tiempos de ellos, los burocráticos, no son los nuestros. Atendemos a todos, no sólo a los privados: sin nuestro eslabón colapsará todo el sistema de salud”, le dijo a Infobae Jorge Cherro, presidente de Adecra –Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina– y vicepresidente de la UAS.
Allí se detalla que de un total de 25 mil instituciones inscriptas en todo el país, según el Registro Federal de Establecimientos de Salud (Refes) del Ministerio de Salud de la Nación, al menos cinco mil ya fueron detectadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) y podrían ser embargadas a partir de esa fecha.
“La problemática planteada es el corolario de una crisis de largo arrastre. Los prestadores de salud privada en su conjunto, que atienden la salud de más de 30 millones de personas en Argentina (afiliadas a PAMI, obras sociales nacionales y provinciales, y empresas de medicina prepaga), vienen sufriendo un lento y continuo deterioro económico-financiero, que se agudizó en pandemia, flagelo del que aún hoy no se ha podido recomponer el capital de trabajo. El congelamiento de los aranceles durante 2020 (en plena pandemia), la inflación y las sucesivas devaluaciones han puesto en jaque a las instituciones”, destacó Adecra+Cedim.
El Gobierno estableció un plan de pagos extraordinario para saldar esos pasivos, pero las empresas lo definieron como insuficiente.
“Asimismo, el sector de la salud pública, lógicamente, no estaría en condiciones de absorber la demanda de atención que dejaría el sector privado, lo que pondría en seria tensión al sistema sanitario. Es por esto que resulta imprescindible consensuar medidas urgentes que permitan una salida ordenada a la crisis descripta”, pidieron. “Todas las semanas vemos en la prensa noticias sobre los problemas en el sector salud: diferimiento de turnos, médicos que abandonan las cartillas médicas, cobro de copagos, guardias saturadas, aumentos desmesurados en los precios de los medicamentos, prácticas médicas condicionadas por falta de insumos, e instituciones que al estar ahogadas financieramente comienzan a ser gestionadas por PAMI o IOMA, etcétera”, agregaron.
“Todos estos meses las empresas estuvieron viendo cómo pagar, pero no hay opción. No se puede. Además, nadie se anotó en el régimen de pago que puso el Gobierno y los que lo hicieron no pudieron pagar más de dos o tres cuotas. Hay un gran desfasaje de financiamiento”, remarcó otra fuente del sector.
No está solo según Adecra+Cedim, la cámara nacional que nuclea a más de 400 instituciones de salud privada entre clínicas, sanatorios, hospitales privados, laboratorios y centros de diagnóstico y tratamiento ambulatorio. La entidad, que es parte también de la Unión Argentina de Salud, UAS, aseguró que hay unas 5.000 de estas empresas del sector que están al borde de la quiebra. La situación, destacó la asociación, pondría “en peligro la atención de miles de centros de salud en cuestión de semanas”.
Adecra+Cedim afirmó que el sector atraviesa una “pandemia económica”, con una crisis que lleva varios años y se disparó con el coronavirus, y que “de continuar esta situación, cerca de 300 mil trabajadores registrados correrían el riesgo de perder su fuente de trabajo y de percibir sus haberes mínimos al momento de jubilarse”.
La Ley Bases dejó sin efecto la emergencia sanitaria que se dictó, junto con la emergencia económica, en medio de la crisis de 2001. Ese esquema se mantiene hasta estos días, 23 años después, y permitió que durante ese largo período, las empresas no pagaran contribuciones patronales. Según pudo saber este medio, sólo un grupo muy pequeño de las empresas más grandes continuó pagando, al menos hasta la pandemia. El resto acumuló una deuda multimillonaria. Según dictó el gobierno de Javier Milei ese esquema dejará de funcionar a fin de año.
“El Gobierno está al tanto, obvio. Nos dicen que están trabajando, pero los tiempos de ellos, los burocráticos, no son los nuestros” (Cherro).
“Es deuda impagable. Si no se negocia, muchas, pero muchas las empresas van a quebrar. No se puede sostener. No pueden afrontar las cargas corrientes, mucho menos la deuda. Es algo que hablamos con todos desde hace años, pero nadie lo resuelve. En el camino cierran muchas empresas del rubro: en el interior de Córdoba y Santa Fe, por ejemplo, casi no hay sanatorios privados. El Gobierno está al tanto, obvio. El ministro de Salud [Mario Lugones] es del sector. Nos dicen que están trabajando, pero los tiempos de ellos, los burocráticos, no son los nuestros. Atendemos a todos, no sólo a los privados: sin nuestro eslabón colapsará todo el sistema de salud”, le dijo a Infobae Jorge Cherro, presidente de Adecra –Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina– y vicepresidente de la UAS.
Sin emergencia
El 31 de diciembre de 2024 perderá vigencia la Resolución 617/24, emitida por Economía y que suspendió temporalmente “el inicio de los juicios de ejecución fiscal y de la traba de medidas cautelares del Estado frente a las deudas tributarias que los prestadores contrajeron durante más de 20 años, bajo el “paraguas” de la Ley de Emergencia Sanitaria (que caducó a fin de año pasado)”.Allí se detalla que de un total de 25 mil instituciones inscriptas en todo el país, según el Registro Federal de Establecimientos de Salud (Refes) del Ministerio de Salud de la Nación, al menos cinco mil ya fueron detectadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) y podrían ser embargadas a partir de esa fecha.
“La problemática planteada es el corolario de una crisis de largo arrastre. Los prestadores de salud privada en su conjunto, que atienden la salud de más de 30 millones de personas en Argentina (afiliadas a PAMI, obras sociales nacionales y provinciales, y empresas de medicina prepaga), vienen sufriendo un lento y continuo deterioro económico-financiero, que se agudizó en pandemia, flagelo del que aún hoy no se ha podido recomponer el capital de trabajo. El congelamiento de los aranceles durante 2020 (en plena pandemia), la inflación y las sucesivas devaluaciones han puesto en jaque a las instituciones”, destacó Adecra+Cedim.
El Gobierno estableció un plan de pagos extraordinario para saldar esos pasivos, pero las empresas lo definieron como insuficiente.
“Asimismo, el sector de la salud pública, lógicamente, no estaría en condiciones de absorber la demanda de atención que dejaría el sector privado, lo que pondría en seria tensión al sistema sanitario. Es por esto que resulta imprescindible consensuar medidas urgentes que permitan una salida ordenada a la crisis descripta”, pidieron. “Todas las semanas vemos en la prensa noticias sobre los problemas en el sector salud: diferimiento de turnos, médicos que abandonan las cartillas médicas, cobro de copagos, guardias saturadas, aumentos desmesurados en los precios de los medicamentos, prácticas médicas condicionadas por falta de insumos, e instituciones que al estar ahogadas financieramente comienzan a ser gestionadas por PAMI o IOMA, etcétera”, agregaron.
“Todos estos meses las empresas estuvieron viendo cómo pagar, pero no hay opción. No se puede. Además, nadie se anotó en el régimen de pago que puso el Gobierno y los que lo hicieron no pudieron pagar más de dos o tres cuotas. Hay un gran desfasaje de financiamiento”, remarcó otra fuente del sector.
Con información de
Infobae
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