Presupuesto 2025: el Gobierno aplica una modificación y reasigna partidas en distintas áreas
Jueves 13 de
Marzo 2025
A través de un decreto redistribuye fondos en áreas clave y establece nuevas condiciones para la gestión de recursos públicos
El Poder Ejecutivo Nacional aprobó por decreto modificaciones en el presupuesto vigente para el ejercicio 2025, con reasignaciones de partidas en distintas áreas. La medida, publicada en el Boletín Oficial, establece ajustes en el financiamiento de sectores estratégicos como seguridad, educación, salud y energía. La norma, identificada como Decreto 186/2025, también introduce un régimen especial para regularizar deudas en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y establece nuevas condiciones de pago con bienes del Estado.
Las modificaciones aplican sobre la prórroga del Presupuesto 2023, en vigencia debido a la falta de aprobación de una nueva ley por parte del Congreso. Según lo dispuesto, se reforzaron partidas para la Agencia Nacional de Discapacidad, el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Seguros de la Nación, mientras que se redujeron transferencias destinadas a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). En materia energética, el decreto establece mecanismos para regularizar la deuda de distribuidoras con el MEM y habilita un esquema de créditos para las empresas que hayan cumplido con sus obligaciones.
En el ámbito de la seguridad, se amplió el presupuesto del Ministerio de Seguridad Nacional con el objetivo de financiar la supervisión y monitoreo electrónico de personas procesadas y condenadas. A su vez, se asignaron nuevos recursos a la Jefatura de Gabinete para cubrir erogaciones vinculadas a procesos electorales. En paralelo, se dispuso la disminución de aportes del Tesoro Nacional a diversas áreas del sector público.
En materia de educación, se restablece la vigencia del artículo 7° de la Ley 26.075, con el objetivo de asegurar el reparto automático de fondos a las provincias y municipios para gastos en el sistema educativo. La medida busca garantizar la ejecución de los servicios en todos los niveles, en un contexto de revisión del esquema de financiamiento nacional.
En el sector energético, el decreto establece un régimen de regularización de deudas para las distribuidoras de electricidad, que permitirá cancelar obligaciones con Cammesa en hasta 72 cuotas mensuales y con una tasa de interés equivalente al 50% de la vigente en el MEM.
En paralelo, se crea un régimen especial de créditos para las distribuidoras que hayan cumplido con sus compromisos financieros, con condiciones preferenciales definidas por la Subsecretaría de Energía Eléctrica.
Otro de los puntos centrales del decreto es la posibilidad de cancelar deudas del Estado Nacional con provincias mediante la cesión de bienes inmuebles. La medida se implementará en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, con la participación de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Se autoriza al Ministerio de Economía a definir los activos a transferir y su valuación, con el objetivo de reducir el impacto de las obligaciones fiscales.
En el plano internacional, se aprueban aportes por un total de 439,4 millones de dólares para el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Estos compromisos se abonarán en cuotas anuales y estarán a cargo del Banco Central de la República Argentina (BCRA), con recursos provistos por el Tesoro Nacional.
En ese marco, la medida será remitida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su análisis, en el marco del procedimiento establecido para los decretos de necesidad y urgencia. Sin embargo, la norma fue firmada por el presidente y los ministros del gabinete nacional entró en vigencia a partir de su publicación.
Las modificaciones aplican sobre la prórroga del Presupuesto 2023, en vigencia debido a la falta de aprobación de una nueva ley por parte del Congreso. Según lo dispuesto, se reforzaron partidas para la Agencia Nacional de Discapacidad, el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Seguros de la Nación, mientras que se redujeron transferencias destinadas a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). En materia energética, el decreto establece mecanismos para regularizar la deuda de distribuidoras con el MEM y habilita un esquema de créditos para las empresas que hayan cumplido con sus obligaciones.
En el ámbito de la seguridad, se amplió el presupuesto del Ministerio de Seguridad Nacional con el objetivo de financiar la supervisión y monitoreo electrónico de personas procesadas y condenadas. A su vez, se asignaron nuevos recursos a la Jefatura de Gabinete para cubrir erogaciones vinculadas a procesos electorales. En paralelo, se dispuso la disminución de aportes del Tesoro Nacional a diversas áreas del sector público.
En materia de educación, se restablece la vigencia del artículo 7° de la Ley 26.075, con el objetivo de asegurar el reparto automático de fondos a las provincias y municipios para gastos en el sistema educativo. La medida busca garantizar la ejecución de los servicios en todos los niveles, en un contexto de revisión del esquema de financiamiento nacional.
En el sector energético, el decreto establece un régimen de regularización de deudas para las distribuidoras de electricidad, que permitirá cancelar obligaciones con Cammesa en hasta 72 cuotas mensuales y con una tasa de interés equivalente al 50% de la vigente en el MEM.
En paralelo, se crea un régimen especial de créditos para las distribuidoras que hayan cumplido con sus compromisos financieros, con condiciones preferenciales definidas por la Subsecretaría de Energía Eléctrica.
Otro de los puntos centrales del decreto es la posibilidad de cancelar deudas del Estado Nacional con provincias mediante la cesión de bienes inmuebles. La medida se implementará en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, con la participación de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Se autoriza al Ministerio de Economía a definir los activos a transferir y su valuación, con el objetivo de reducir el impacto de las obligaciones fiscales.
En el plano internacional, se aprueban aportes por un total de 439,4 millones de dólares para el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Estos compromisos se abonarán en cuotas anuales y estarán a cargo del Banco Central de la República Argentina (BCRA), con recursos provistos por el Tesoro Nacional.
En ese marco, la medida será remitida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su análisis, en el marco del procedimiento establecido para los decretos de necesidad y urgencia. Sin embargo, la norma fue firmada por el presidente y los ministros del gabinete nacional entró en vigencia a partir de su publicación.
Con información de
La Nación
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