La CGT confirmó que su tercer paro general contra Javier Milei será el 10 de abril
Viernes 21 de
Marzo 2025
La huelga será con cese total de actividades por 24 horas, aunque desde el mediodía del 9 de abril los gremios se movilizarán al Congreso junto a los jubilados
En su primera reunión de consejo directivo a pleno en lo que va del año, la CGT definió ayer por la tarde la fecha del tercer paro general que activará contra la gestión de Javier Milei. La protesta será el jueves 10 de abril y consistirá en un cese total de actividades por 24 horas. Un día antes, la central obrera se movilizará a la Plaza del Congreso para apoyar el reclamo que todos los miércoles realiza la Mesa Coordinadora de Jubilados, integrada por 15 agrupaciones multipartidarias. Para la central obrera, serán entonces “36 horas acción de medidas de protesta”, según destacó en un comunicado.
Tras una sesión de tres horas y media, el concejo directivo resolvió, además del paro del 10 de abril y la movilización del día anterior, la semana próxima se convocará a las ramas regionales para dar impulso a las acciones de protesta. Además, se decidió tener una participación activa en la marcha del lunes 24 marzo, junto a organizaciones de derechos humanos, por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia. Asimismo, la central instó a acompañar, el miércoles próximo, a los jubilados que se movilicen al Congreso.
También se comunicó que la CGT impulsará su tradicional movilización del Día del Trabajador, el 1° de mayo, para manifestarse “contra las políticas del Gobierno”. Y que este viernes recibirán a Fabián Grillo, padre del fotoperiodista Pablo Grillo, herido gravemente por un proyectil de las fuerzas de seguridad durante los hechos de violencia frente al Congreso, la semana pasada.
En la previa, Héctor Daer, uno de los jefes del triunvirato de mando de la CGT, había ratificado a LA NACION la decisión de romper la fugaz tregua que habían sellado con el Gobierno a cambio de que no se avance en el Congreso con la reforma del sistema sindical y mantener vigentes el cobro de cuotas solidarias, aportes extraordinarios y reelecciones indefinidas. El enfrentamiento con la gestión libertaria se aceleró por la represión policial en la marcha de los jubilados de la semana pasada y a partir del endurecimiento oficial para convalidar paritarias por encima de la inflación.
El consejo directivo de la CGT se reunió desde las 15 en la sede de Azopardo, con asistencia casi perfecta. Hubo sectores que no estaban de acuerdo con el choque con el Gobierno. Entre ellos, Gerardo Martínez (Uocra), siempre de perfil más dialoguista y conciliador, y Luis Barrionuevo, que no logró que sus hombres en la central obrera se opongan a la medida. Barrionuevo, representado en la reunión por Sebastián Mariano, de La Fraternidad, pidió que el paro comience el miércoles 9 a las 12 y que sea de 36 horas. La iniciativa no prosperó.
Los sindicatos del transporte, determinantes para garantizar el éxito de la huelga, darían su respaldo, aunque resta definir la postura de los colectiveros de la UTA. Roberto Fernández, su referente, luce incómodo ante el conflicto y su adhesión estaría en duda, según averiguó LA NACION.
Además de resolver la fecha del paro, la CGT confirmó su asistencia a la movilización junto con organismos de derechos humanos para el lunes próximo por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia.
La CGT reunió hace diez días a su mesa chica por primera vez en 2025. Después de más de tres horas de debate, se dispuso romper el pacto que se había sellado con el Gobierno. Antes de la protesta en el Congreso que terminó con represión y heridos, los sindicalistas esgrimían que se debía avanzar con una huelga contra el límite en las paritarias, por la caída en la producción industrial, por la crisis de las obras sociales y para cuestionar el eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) porque suponen que derivará en una devaluación del peso y en más ajuste.
En la cúpula de la CGT hay dirigentes que advierten sobre un “momento de debilidad” del Gobierno. Ya habían tomado nota de la importante convocatoria a la marcha en defensa de la diversidad sexual a la que llamaron los colectivos LGBT en enero, después del discurso presidencial en Davos desde donde Milei acusó a los homosexuales de pedófilos. “Le entraron a Milei por primera vez las balas”, dijo un dirigente del ala dialoguista después de esa manifestación durante el verano. Hace unos días, en una reunión de mesa chica, los popes sindicales evaluaron también el supuesto impacto negativo en la imagen presidencial del escándalo de la criptomoneda $LIBRA y de las primeras turbulencias económicas y cambiarias. Además, volvieron a encender alarmas sobre el estancamiento del empleo y de los salarios.
Confirmada la fecha de la huelga, las dos vertientes de la CTA y gremios enrolados en el Frente de Izquierda anunciarán su adhesión a la protesta cegetista. Será el tercer paro de la central obrera peronista contra Milei. El primero fue el 24 de enero de 2024, a solo 45 días del inicio de la gestión libertaria y después de cuatro años de silencio y letargo durante el gobierno de Alberto Fernández. El segundo fue el 9 de mayo del año pasado. Luego, se abrió un canal de negociación a través del que se acordó, por ejemplo, que no avancen en el Congreso los proyectos para reformar la ley de Asociaciones Sindicales, clave para la democracia y transparencia interna de las organizaciones.
Manuel Adorni, vocero presidencial, dijo que “no hay nada que amerite” para que los gremios activen un paro de actividades. En otro despacho oficial, en tanto, desplegaron las últimas estadísticas disponibles sobre conflictividad para reforzar el mensaje de Adorni. En esos informes oficiales se registró una caída en los conflictos en los últimos siete meses como consecuencia de las “mejoras salariales”.
Tras una sesión de tres horas y media, el concejo directivo resolvió, además del paro del 10 de abril y la movilización del día anterior, la semana próxima se convocará a las ramas regionales para dar impulso a las acciones de protesta. Además, se decidió tener una participación activa en la marcha del lunes 24 marzo, junto a organizaciones de derechos humanos, por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia. Asimismo, la central instó a acompañar, el miércoles próximo, a los jubilados que se movilicen al Congreso.
También se comunicó que la CGT impulsará su tradicional movilización del Día del Trabajador, el 1° de mayo, para manifestarse “contra las políticas del Gobierno”. Y que este viernes recibirán a Fabián Grillo, padre del fotoperiodista Pablo Grillo, herido gravemente por un proyectil de las fuerzas de seguridad durante los hechos de violencia frente al Congreso, la semana pasada.
En la previa, Héctor Daer, uno de los jefes del triunvirato de mando de la CGT, había ratificado a LA NACION la decisión de romper la fugaz tregua que habían sellado con el Gobierno a cambio de que no se avance en el Congreso con la reforma del sistema sindical y mantener vigentes el cobro de cuotas solidarias, aportes extraordinarios y reelecciones indefinidas. El enfrentamiento con la gestión libertaria se aceleró por la represión policial en la marcha de los jubilados de la semana pasada y a partir del endurecimiento oficial para convalidar paritarias por encima de la inflación.
El consejo directivo de la CGT se reunió desde las 15 en la sede de Azopardo, con asistencia casi perfecta. Hubo sectores que no estaban de acuerdo con el choque con el Gobierno. Entre ellos, Gerardo Martínez (Uocra), siempre de perfil más dialoguista y conciliador, y Luis Barrionuevo, que no logró que sus hombres en la central obrera se opongan a la medida. Barrionuevo, representado en la reunión por Sebastián Mariano, de La Fraternidad, pidió que el paro comience el miércoles 9 a las 12 y que sea de 36 horas. La iniciativa no prosperó.
Los sindicatos del transporte, determinantes para garantizar el éxito de la huelga, darían su respaldo, aunque resta definir la postura de los colectiveros de la UTA. Roberto Fernández, su referente, luce incómodo ante el conflicto y su adhesión estaría en duda, según averiguó LA NACION.
Además de resolver la fecha del paro, la CGT confirmó su asistencia a la movilización junto con organismos de derechos humanos para el lunes próximo por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia.
La CGT reunió hace diez días a su mesa chica por primera vez en 2025. Después de más de tres horas de debate, se dispuso romper el pacto que se había sellado con el Gobierno. Antes de la protesta en el Congreso que terminó con represión y heridos, los sindicalistas esgrimían que se debía avanzar con una huelga contra el límite en las paritarias, por la caída en la producción industrial, por la crisis de las obras sociales y para cuestionar el eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) porque suponen que derivará en una devaluación del peso y en más ajuste.
“Momento de debilidad”
En la cúpula de la CGT hay dirigentes que advierten sobre un “momento de debilidad” del Gobierno. Ya habían tomado nota de la importante convocatoria a la marcha en defensa de la diversidad sexual a la que llamaron los colectivos LGBT en enero, después del discurso presidencial en Davos desde donde Milei acusó a los homosexuales de pedófilos. “Le entraron a Milei por primera vez las balas”, dijo un dirigente del ala dialoguista después de esa manifestación durante el verano. Hace unos días, en una reunión de mesa chica, los popes sindicales evaluaron también el supuesto impacto negativo en la imagen presidencial del escándalo de la criptomoneda $LIBRA y de las primeras turbulencias económicas y cambiarias. Además, volvieron a encender alarmas sobre el estancamiento del empleo y de los salarios.
Confirmada la fecha de la huelga, las dos vertientes de la CTA y gremios enrolados en el Frente de Izquierda anunciarán su adhesión a la protesta cegetista. Será el tercer paro de la central obrera peronista contra Milei. El primero fue el 24 de enero de 2024, a solo 45 días del inicio de la gestión libertaria y después de cuatro años de silencio y letargo durante el gobierno de Alberto Fernández. El segundo fue el 9 de mayo del año pasado. Luego, se abrió un canal de negociación a través del que se acordó, por ejemplo, que no avancen en el Congreso los proyectos para reformar la ley de Asociaciones Sindicales, clave para la democracia y transparencia interna de las organizaciones.
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Con información de
La Nación
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