Brasil registra la menor tasa de homicidios en 11 años, pero la inseguridad desgasta a Lula
Miércoles 14 de
Mayo 2025
El país registra los mejores índices de violencia de su historia reciente, pero la seguridad es lo que más preocupa a los brasileños y el presidente no consigue dar respuestas a la altura del desafío
Brasil registra los índices de violencia más bajos de los últimos años justo cuando la inseguridad ha escalado hasta convertirse en la principal preocupación de los brasileños. En 2023 (el último año con datos completos disponibles) en Brasil fueron asesinadas 45.474 personas, según los datos del Anuario de la Violencia, divulgado el lunes por el Fórum Brasileño de Seguridad Pública. Sí, es una cifra altísima, pero supone un 20,3% menos que hace diez años. La tasa de letalidad es de 21,1 muertes por cada 100.000 habitantes. Sigue entre las más altas del mundo, pero es la más baja en 11 años.
Los especialistas atribuyen la caída a una mezcla de factores: por un lado, históricamente la mayoría de víctimas son jóvenes (y negros), y los brasileños están envejeciendo. Cuanto menos jóvenes, menos muertos. Además de la cuestión demográfica también pesa el pacto de no agresión entre las dos principales facciones del narcotráfico del país, el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV). Se acaba de romper hace unas semanas y aún es pronto para prever sus consecuencias, pero en los últimos años ayudó a frenar el derramamiento de sangre. Por último, los especialistas hablan de una “revolución silenciosa” en la seguridad pública: gestores de estados y municipios que poco a poco salen de las inercias de poner a cuántos más policías en la calle mejor e invierten en políticas más efectivas, basadas en inteligencia, medición de resultados y prevención.
Los autores del informe asumen que la mejora de los datos no se corresponde con la percepción a pie de calle. Según una reciente encuesta de Quaest, la violencia es el principal problema para el 29% de los brasileños, un porcentaje que se ha triplicado en comparación con diciembre de 2023. Lo atribuyen a múltiples factores, como la repercusión de algunos crímenes específicos en los medios y las redes sociales o razones geoespaciales: poco importa si ya no hay muertos en las favelas y periferias de mi ciudad si me acaban de atracar para robarme el celular.
Sea como fuere, la inseguridad se ha convertido en un factor de desgaste para el Gobierno Lula, algo que, junto con la inflación de los alimentos, están empujando hacia abajo su popularidad en los últimos meses. Históricamente, Lula no ha tenido la bandera de la seguridad como sus temas favoritos de conversación. Se da la circunstancia que los estados de la región noreste de Brasil, su tradicional granero de votos, son de los que presentan peores índices de violencia. Ya no basta con apelar a la lucha contra el hambre y a programas sociales como el Bolsa Familia, los nordestinos ahora reclaman paz en las calles. La palma, no obstante, se la lleva un estadio de la región norte: Amapá. Aislado junto al delta de la Amazonia, en este rincón de Brasil los asesinatos aumentaron un 42%. La extrema derecha y sus promesas de mano dura está capitalizando ese descontento: en las elecciones municipales del año pasado, hubo un récord de alcaldes bolsonaristas en antiguos feudos de la izquierda.
Las respuestas al problema son tímidas y, si acaso la hay, prometen frutos que tardarán mucho en llegar. La principal propuesta del Gobierno Lula es poco vistosa y compleja de explicar al elector: modificar la Constitución para ampliar el papel del Estado central en las políticas de seguridad. Hasta ahora, la mayoría de competencias (como el mando de las policías militares) corresponden a los estados. A priori, los gobernadores, la mayoría conservadores, criticaron la medida con miedo de perder competencias. La propuesta avanza desde hace meses a paso de tortuga, pero los especialistas del Anuario de la Violencia confían en que salga adelante, aunque sea muy modificada, para que al menos se acabe de crear un sistema nacional de seguridad, una base para que los 27 cuerpos policiales del país dejen de andar cada uno por su lado.
Aunque a grandes rasgos los datos del anuario permiten empezar a fantasear con una luz al final del túnel, lo cierto es que si se observan en detalle ofrecen una realidad todavía muy cruda: los feminicidios crecieron un 2,5%, lo que supone una media de diez mujeres asesinadas cada día. Y la desigualdad racial no sólo persiste, sino que se agrava, ya que un brasileño negro tiene 2,7 veces más posibilidad de morir asesinado que uno con la piel más clara. Es un aumento del 15,6% respecto a diez años atrás.
Los especialistas atribuyen la caída a una mezcla de factores: por un lado, históricamente la mayoría de víctimas son jóvenes (y negros), y los brasileños están envejeciendo. Cuanto menos jóvenes, menos muertos. Además de la cuestión demográfica también pesa el pacto de no agresión entre las dos principales facciones del narcotráfico del país, el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV). Se acaba de romper hace unas semanas y aún es pronto para prever sus consecuencias, pero en los últimos años ayudó a frenar el derramamiento de sangre. Por último, los especialistas hablan de una “revolución silenciosa” en la seguridad pública: gestores de estados y municipios que poco a poco salen de las inercias de poner a cuántos más policías en la calle mejor e invierten en políticas más efectivas, basadas en inteligencia, medición de resultados y prevención.
Los autores del informe asumen que la mejora de los datos no se corresponde con la percepción a pie de calle. Según una reciente encuesta de Quaest, la violencia es el principal problema para el 29% de los brasileños, un porcentaje que se ha triplicado en comparación con diciembre de 2023. Lo atribuyen a múltiples factores, como la repercusión de algunos crímenes específicos en los medios y las redes sociales o razones geoespaciales: poco importa si ya no hay muertos en las favelas y periferias de mi ciudad si me acaban de atracar para robarme el celular.
Sea como fuere, la inseguridad se ha convertido en un factor de desgaste para el Gobierno Lula, algo que, junto con la inflación de los alimentos, están empujando hacia abajo su popularidad en los últimos meses. Históricamente, Lula no ha tenido la bandera de la seguridad como sus temas favoritos de conversación. Se da la circunstancia que los estados de la región noreste de Brasil, su tradicional granero de votos, son de los que presentan peores índices de violencia. Ya no basta con apelar a la lucha contra el hambre y a programas sociales como el Bolsa Familia, los nordestinos ahora reclaman paz en las calles. La palma, no obstante, se la lleva un estadio de la región norte: Amapá. Aislado junto al delta de la Amazonia, en este rincón de Brasil los asesinatos aumentaron un 42%. La extrema derecha y sus promesas de mano dura está capitalizando ese descontento: en las elecciones municipales del año pasado, hubo un récord de alcaldes bolsonaristas en antiguos feudos de la izquierda.
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Aunque a grandes rasgos los datos del anuario permiten empezar a fantasear con una luz al final del túnel, lo cierto es que si se observan en detalle ofrecen una realidad todavía muy cruda: los feminicidios crecieron un 2,5%, lo que supone una media de diez mujeres asesinadas cada día. Y la desigualdad racial no sólo persiste, sino que se agrava, ya que un brasileño negro tiene 2,7 veces más posibilidad de morir asesinado que uno con la piel más clara. Es un aumento del 15,6% respecto a diez años atrás.
Con información de
El País
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