Bukele culpa a las ONG de una protesta a las puertas de su residencia y promueve una "ley de agentes extranjeros" para asfixiarlas
Jueves 15 de
Mayo 2025
Los militares salvadoreños reprimen a unas 300 familias campesinas durante la movilización, un hecho sin precedentes desde el fin de la guerra civil
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, puso en marcha el martes una dura embestida contra las organizaciones defensoras de derechos humanos, al ordenar que se les retenga el 30% de sus ingresos. La decisión de Bukele, similar a la adoptada por su homólogo nicaragüense, Daniel Ortega, en 2020 para asfixiar a las ONG, se produjo un día después de que policías militares reprimieran por primera vez una protesta campesina a las puertas de su residencia. La intervención violenta de los uniformados sienta un precedente histórico en El Salvador desde la firma de los acuerdos de paz en 1992.
Todo comenzó la noche del lunes, cuando unas 300 familias campesinas de la comunidad El Bosque realizaron una protesta pacífica a unos 500 metros de la entrada del complejo privado Los Sueños, donde vive el mandatario y donde construye su nueva residencia presidencial valorada en 1,4 millones de dólares. Los campesinos, con pancartas y gritos, pedían al presidente que interviniera para evitar un desalojo ordenado por un juzgado.
Cerca de las ocho de la tarde, un grupo de agentes de la Policía Militar, equipados con escudos balísticos, empujó a los manifestantes —entre ellos adultos mayores y niños— para impedirles acercarse a la residencial. Luego, llegaron agentes antimotines y de Seguridad Pública que dispersaron la protesta y capturaron a cinco líderes comunitarios.
La escena fue transmitida en vivo por varios medios de comunicación. En uno de los videos, grabado por un periodista del Colectivo San Jacinto, se observa a una decena de policías dando empujones a dos dirigentes campesinos y sometiéndolos hasta obligarlos a caminar hacia una patrulla, encorvados, con la cabeza a la altura de la cintura y los brazos hacia atrás. Uno de ellos grita “¡No, no, no, por favor, no!”, mientras el otro lo abraza intentando evitar su captura. Los dos hombres fueron identificados como José Ángel Pérez y Gustavo Castro, ambos líderes comunales.
Al final de la noche, cuatro de los cinco líderes campesinos fueron liberados. Algunos denunciaron haber sido golpeados por los agentes y mostraron moretones en sus cuerpos. El único que quedó bajo arresto fue José Ángel Pérez, presidente de la comunidad El Bosque.
A la mañana siguiente, Alejandro Henríquez, activista y representante legal de la cooperativa de El Bosque, fue capturado mientras salía de su oficina, acusado de los delitos de desórdenes públicos y resistencia.
Según Carlos Flores, representante de la organización Foro del Agua —que respalda a la comunidad—, la Policía utilizó un equipo de once agentes, algunos con armas largas, y un vehículo particular para ejecutar la detención. “Nos apuntaron con sus armas y se negaron a decir por qué delitos se lo llevaban”, declaró Flores a EL PAÍS.
Flores además aseguró que a la mañana siguiente, agentes de la Policía se presentaron a la comunidad El Bosque a buscar “casa por casa” a las personas que aparecieron en los videos difundidos en redes sociales. Cuatro de los líderes capturados y posteriormente liberados se encuentran escondidos por su seguridad. Este periódico logró contactar a uno de ellos por teléfono y este aseguró que no podía dar declaraciones por temor a represalias.
El hecho generó una fuerte reacción en redes sociales y el rechazo de, al menos, 18 organizaciones locales de derechos humanos, así como de algunas internacionales, entre ellas Amnistía Internacional. Todas condenaron la represión y el uso de militares contra civiles.
El uso de la Policía Militar para reprimir protestas civiles es un hecho sin precedentes en El Salvador. Desde la firma de los acuerdos de paz, la única fuerza del Estado usada para disolver manifestaciones ha sido la Policía Nacional Civil con el uso de agentes de Seguridad Pública o en su defecto agentes de la Unidad del Mantenimiento del Orden. Bukele se ha jactado durante sus seis años de mandato de no haber usado “ni una sola lata de humo” para disolver protestas en respuesta a señalamientos de autoritarismo en su contra.
Según una publicación de la Fuerza Armada Salvadoreña, la función de esta unidad es brindar seguridad en instalaciones y áreas de combate, controlar el tráfico interno, proteger a personalidades importantes, realizar patrullajes motorizados y velar por la disciplina, la ley y el orden.
Sin embargo, defensores de derechos humanos aseguran que, aunque se tratara de la residencia presidencial, no existía una amenaza que justificara la intervención militar. Zaira Navas, jefa del equipo Anticorrupción de Cristosal —la principal organización de derechos humanos del país—, recordó que la seguridad del presidente corresponde al Batallón Presidencial, no a la Policía Militar.
“La Constitución de la República establece con claridad que la seguridad pública es responsabilidad de la Policía Nacional Civil, no de la Fuerza Armada. Esta solo puede ser utilizada para fines internos en casos muy específicos”, explica López.
Pasadas las cinco de la tarde del día siguiente, el presidente Bukele reaccionó al escándalo a través de su cuenta personal en X. “Ayer fuimos testigos de cómo personas humildes fueron manipuladas por grupos autodenominados de izquierda y ONG globalistas, cuyo único objetivo real es atacar al Gobierno”, escribió. El término globalista tiene una carga peyorativa y es utilizado con frecuencia por gobiernos autoritarios para desacreditar a organizaciones de derechos humanos que promueven la democracia o la transparencia.
En su publicación, Bukele reconoció que la situación de la comunidad El Bosque era “difícil”, pero aseguró que no usaría recursos públicos para atenderla. “Sería injusto que los salvadoreños que pagan alquileres o cuotas de vivienda tengan que financiar con sus impuestos los terrenos de quienes simplemente hacen más ruido”, dijo. Luego anunció: “Por eso, y ante la aparente preocupación de estas ONG, he decidido enviar a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley de Agentes Extranjeros, el cual incluirá un impuesto del 30% sobre todas las donaciones que estas ONG reciben. Con esos fondos, se pagará la deuda de la cooperativa”.
Bukele ya había impulsado un borrador de esta ley a finales de 2021. Sin embargo, la iniciativa no prosperó, debido a resistencias internas y a presiones internacionales. Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Human Rights Watch y Amnistía Internacional expresaron su rechazo, argumentando que la propuesta violaba estándares internacionales de derechos humanos. Advirtieron que su aprobación representaría una amenaza directa contra la sociedad civil y la prensa independiente.
En su momento, la propuesta fue comparada con la ley aprobada en la Nicaragua de Daniel Ortega. El 15 de octubre de 2020, la Asamblea Nacional de ese país —controlada por el oficialismo— aprobó la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que obliga a personas y organizaciones que reciben financiamiento extranjero a registrarse ante el Estado como “agentes extranjeros” y someterse a una estricta vigilancia gubernamental. La ley también prohíbe su participación en actividades políticas internas y contempla sanciones como multas o la cancelación de permisos en caso de incumplimiento.
Al cierre de esta nota, aún se desconocen los detalles del nuevo borrador que Bukele enviará a la Asamblea Legislativa, también dominada por su partido. Sin embargo, el proyecto anterior contemplaba gravar con un impuesto del 40% a organizaciones o medios de comunicación que el Gobierno considerara involucrados en temas políticos o que alteraran el orden y la estabilidad del país.
Todo comenzó la noche del lunes, cuando unas 300 familias campesinas de la comunidad El Bosque realizaron una protesta pacífica a unos 500 metros de la entrada del complejo privado Los Sueños, donde vive el mandatario y donde construye su nueva residencia presidencial valorada en 1,4 millones de dólares. Los campesinos, con pancartas y gritos, pedían al presidente que interviniera para evitar un desalojo ordenado por un juzgado.
Cerca de las ocho de la tarde, un grupo de agentes de la Policía Militar, equipados con escudos balísticos, empujó a los manifestantes —entre ellos adultos mayores y niños— para impedirles acercarse a la residencial. Luego, llegaron agentes antimotines y de Seguridad Pública que dispersaron la protesta y capturaron a cinco líderes comunitarios.
La escena fue transmitida en vivo por varios medios de comunicación. En uno de los videos, grabado por un periodista del Colectivo San Jacinto, se observa a una decena de policías dando empujones a dos dirigentes campesinos y sometiéndolos hasta obligarlos a caminar hacia una patrulla, encorvados, con la cabeza a la altura de la cintura y los brazos hacia atrás. Uno de ellos grita “¡No, no, no, por favor, no!”, mientras el otro lo abraza intentando evitar su captura. Los dos hombres fueron identificados como José Ángel Pérez y Gustavo Castro, ambos líderes comunales.
Al final de la noche, cuatro de los cinco líderes campesinos fueron liberados. Algunos denunciaron haber sido golpeados por los agentes y mostraron moretones en sus cuerpos. El único que quedó bajo arresto fue José Ángel Pérez, presidente de la comunidad El Bosque.
La persecución continúa
A la mañana siguiente, Alejandro Henríquez, activista y representante legal de la cooperativa de El Bosque, fue capturado mientras salía de su oficina, acusado de los delitos de desórdenes públicos y resistencia.
Según Carlos Flores, representante de la organización Foro del Agua —que respalda a la comunidad—, la Policía utilizó un equipo de once agentes, algunos con armas largas, y un vehículo particular para ejecutar la detención. “Nos apuntaron con sus armas y se negaron a decir por qué delitos se lo llevaban”, declaró Flores a EL PAÍS.
Flores además aseguró que a la mañana siguiente, agentes de la Policía se presentaron a la comunidad El Bosque a buscar “casa por casa” a las personas que aparecieron en los videos difundidos en redes sociales. Cuatro de los líderes capturados y posteriormente liberados se encuentran escondidos por su seguridad. Este periódico logró contactar a uno de ellos por teléfono y este aseguró que no podía dar declaraciones por temor a represalias.
El hecho generó una fuerte reacción en redes sociales y el rechazo de, al menos, 18 organizaciones locales de derechos humanos, así como de algunas internacionales, entre ellas Amnistía Internacional. Todas condenaron la represión y el uso de militares contra civiles.
Uso de la Policía Militar
El uso de la Policía Militar para reprimir protestas civiles es un hecho sin precedentes en El Salvador. Desde la firma de los acuerdos de paz, la única fuerza del Estado usada para disolver manifestaciones ha sido la Policía Nacional Civil con el uso de agentes de Seguridad Pública o en su defecto agentes de la Unidad del Mantenimiento del Orden. Bukele se ha jactado durante sus seis años de mandato de no haber usado “ni una sola lata de humo” para disolver protestas en respuesta a señalamientos de autoritarismo en su contra.
Según una publicación de la Fuerza Armada Salvadoreña, la función de esta unidad es brindar seguridad en instalaciones y áreas de combate, controlar el tráfico interno, proteger a personalidades importantes, realizar patrullajes motorizados y velar por la disciplina, la ley y el orden.
Sin embargo, defensores de derechos humanos aseguran que, aunque se tratara de la residencia presidencial, no existía una amenaza que justificara la intervención militar. Zaira Navas, jefa del equipo Anticorrupción de Cristosal —la principal organización de derechos humanos del país—, recordó que la seguridad del presidente corresponde al Batallón Presidencial, no a la Policía Militar.
“La Constitución de la República establece con claridad que la seguridad pública es responsabilidad de la Policía Nacional Civil, no de la Fuerza Armada. Esta solo puede ser utilizada para fines internos en casos muy específicos”, explica López.
Asfixiar a las ONG
Pasadas las cinco de la tarde del día siguiente, el presidente Bukele reaccionó al escándalo a través de su cuenta personal en X. “Ayer fuimos testigos de cómo personas humildes fueron manipuladas por grupos autodenominados de izquierda y ONG globalistas, cuyo único objetivo real es atacar al Gobierno”, escribió. El término globalista tiene una carga peyorativa y es utilizado con frecuencia por gobiernos autoritarios para desacreditar a organizaciones de derechos humanos que promueven la democracia o la transparencia.
En su publicación, Bukele reconoció que la situación de la comunidad El Bosque era “difícil”, pero aseguró que no usaría recursos públicos para atenderla. “Sería injusto que los salvadoreños que pagan alquileres o cuotas de vivienda tengan que financiar con sus impuestos los terrenos de quienes simplemente hacen más ruido”, dijo. Luego anunció: “Por eso, y ante la aparente preocupación de estas ONG, he decidido enviar a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley de Agentes Extranjeros, el cual incluirá un impuesto del 30% sobre todas las donaciones que estas ONG reciben. Con esos fondos, se pagará la deuda de la cooperativa”.
Bukele ya había impulsado un borrador de esta ley a finales de 2021. Sin embargo, la iniciativa no prosperó, debido a resistencias internas y a presiones internacionales. Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Human Rights Watch y Amnistía Internacional expresaron su rechazo, argumentando que la propuesta violaba estándares internacionales de derechos humanos. Advirtieron que su aprobación representaría una amenaza directa contra la sociedad civil y la prensa independiente.
En su momento, la propuesta fue comparada con la ley aprobada en la Nicaragua de Daniel Ortega. El 15 de octubre de 2020, la Asamblea Nacional de ese país —controlada por el oficialismo— aprobó la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que obliga a personas y organizaciones que reciben financiamiento extranjero a registrarse ante el Estado como “agentes extranjeros” y someterse a una estricta vigilancia gubernamental. La ley también prohíbe su participación en actividades políticas internas y contempla sanciones como multas o la cancelación de permisos en caso de incumplimiento.
Al cierre de esta nota, aún se desconocen los detalles del nuevo borrador que Bukele enviará a la Asamblea Legislativa, también dominada por su partido. Sin embargo, el proyecto anterior contemplaba gravar con un impuesto del 40% a organizaciones o medios de comunicación que el Gobierno considerara involucrados en temas políticos o que alteraran el orden y la estabilidad del país.
Con información de
El País
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