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AUDIO: SERGIO ROMERO UDA SOBRE EL CIERRE UNILATERAL DE LA PARITARIA EN SANTA FE
Paro total en Tierra del Fuego: tensión, con plantas en huelga desde hace una semana
Miércoles 21 de
Mayo 2025
Es en rechazo a la baja de aranceles a celulares y más artículos de electrónica. Desde el miércoles pasado, las fábricas de teléfonos, televisores y aires acondicionados están sin actividad. Nuevos cruces entre el gobierno fueguino y el nacional, y polémica por el costo fiscal del régimen de promoción de la isla.
Sindicatos de Tierra del Fuego realizan este miércoles una huelga general por 24 horas, a una semana de que trabajadores de las plantas de producción de equipos electrónicos frenaron la actividad por tiempo indeterminado, bajo la resistencia gremial que lidera la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
Es en rechazo a la baja de aranceles e impuestos internos a celulares y aires acondicionados, televisores y consolas de video, publicada este martes en el Boletín Oficial.
Según la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte) –cámara que representa a empresas de electrónica– desde el miércoles pasado, están afectadas las fábricas de Río Grande y Ushuaia de Newsan –que produce celulares de Motorola–, de Mirgor –que fabrica teléfonos y televisores de Samsung– de Solnik –que hace los de LCG, Hyundai y Xiaomi–, de Radio Victoria –a cargo de TCL, Alcatel y ZTE–, de BGH –que trajo en 2024 los Tecno y fabrica aires acondicionados de marca propia– y de Midea Carrier, que ensambla heladeras y aires.
En 2024, la producción de la isla se centró en celulares, con más de 5,5 millones de unidades, que superaron al volumen de 2 millones de televisores y 1 millón de aires. Newsan y Mirgor concentran más del 87% del negocio.
La industria –a la que le bajarán impuestos internos de 9,5% a 0%– considera que las medidas benefician a equipos importados, que además de sufrir una baja de aranceles en dos tramos –de 16% a 8% este miércoles y de 8% a 0% el 15 de enero–, también tendrá una rebaja de impuestos internos de 19,5% a 9,5%, por lo que interpreta que la reducción impositiva será mayor para la mercadería extranjera y dejará a las compañías locales –que ensamblan a partir de kits importados que no pagan aranceles– en peores condiciones para competir.
Según Fundar, el esquema de beneficios impositivos –con exenciones del Impuesto a las Ganancias, IVA y otros tributos– que se aplica en la isla y en 2023 el gobierno de Alberto Fernández lo extendió hasta 2038 –con posibilidad de prorrogarse hasta 2053– tiene un costo fiscal mayor a US$ 1.000 millones al año, equivalente al 0,22% del PBI.
El descontento por la medida que busca generar competencia abaratando los precios al consumidor –y se suma a la flexibilización reciente de importaciones por courier– se extendió a más sectores. Están convocados al paro docentes y empleados públicos nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), con el respaldo de organizaciones políticas y sociales.
La seccional Tierra del Fuego de Camioneros confirmó que se adhiere, por lo que la logística se verá afectada ante la interrupción del transporte de camiones. En sus redes, argumentó que es un acompañamiento para protestar en contra, bajo la consigna “en defensa de la soberanía nacional”.
Oscar Martínez, secretario general de la UOM en Río Grande, cruzó al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger por sus declaraciones en relación a la idea de convertir a la isla en un parque de atracciones al estilo los de Disney. Defensor acérrimo del Régimen de Promoción Industrial y afiliado a la UOM desde los años '90, el sindicalista –que fue diputado entre 2013 y 2017 por el espacio que él mismo fundó, el Movimiento Solidario Popular (MSP)– encabeza la resistencia.
En un capítulo de nuevos cruces entre el gobierno fueguino y el nacional, y la polémica por el costo fiscal del régimen, el gobernador, Gustavo Melella, volvió a apuntar que se pone en riesgo la actividad productiva y a miles de empleos en el extremo sur de la Patagonia, y aclaró que “el compromiso sigue siendo contener a los trabajadores”.
Al respecto, el intendente de Río Grande, Martín Perez, apuntó que buscan “desmantelar” el régimen y expresó su preocupación por los efectos sobre el trabajo de 8.500 personas en el sector electrónico. “El arancel, absolutamente moderado y racional del 16% que protege a la industria, desaparece y miles de empleos están en riesgo”, expresó.
A sus dichos se plegaron legisladores, como la senadora nacional por Tierra del Fuego, Cristina López, que denunció que las medidas representan “un golpe mortal contra la industria” y que “responden más a las exigencias del FMI que a las necesidades del pueblo”, en relación al pedido del Fondo de eliminar gradualmente regímenes de excepción.
Es en rechazo a la baja de aranceles e impuestos internos a celulares y aires acondicionados, televisores y consolas de video, publicada este martes en el Boletín Oficial.
Según la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte) –cámara que representa a empresas de electrónica– desde el miércoles pasado, están afectadas las fábricas de Río Grande y Ushuaia de Newsan –que produce celulares de Motorola–, de Mirgor –que fabrica teléfonos y televisores de Samsung– de Solnik –que hace los de LCG, Hyundai y Xiaomi–, de Radio Victoria –a cargo de TCL, Alcatel y ZTE–, de BGH –que trajo en 2024 los Tecno y fabrica aires acondicionados de marca propia– y de Midea Carrier, que ensambla heladeras y aires.
En 2024, la producción de la isla se centró en celulares, con más de 5,5 millones de unidades, que superaron al volumen de 2 millones de televisores y 1 millón de aires. Newsan y Mirgor concentran más del 87% del negocio.
La industria –a la que le bajarán impuestos internos de 9,5% a 0%– considera que las medidas benefician a equipos importados, que además de sufrir una baja de aranceles en dos tramos –de 16% a 8% este miércoles y de 8% a 0% el 15 de enero–, también tendrá una rebaja de impuestos internos de 19,5% a 9,5%, por lo que interpreta que la reducción impositiva será mayor para la mercadería extranjera y dejará a las compañías locales –que ensamblan a partir de kits importados que no pagan aranceles– en peores condiciones para competir.
Según Fundar, el esquema de beneficios impositivos –con exenciones del Impuesto a las Ganancias, IVA y otros tributos– que se aplica en la isla y en 2023 el gobierno de Alberto Fernández lo extendió hasta 2038 –con posibilidad de prorrogarse hasta 2053– tiene un costo fiscal mayor a US$ 1.000 millones al año, equivalente al 0,22% del PBI.
El paro de 24 horas
El descontento por la medida que busca generar competencia abaratando los precios al consumidor –y se suma a la flexibilización reciente de importaciones por courier– se extendió a más sectores. Están convocados al paro docentes y empleados públicos nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), con el respaldo de organizaciones políticas y sociales.
La seccional Tierra del Fuego de Camioneros confirmó que se adhiere, por lo que la logística se verá afectada ante la interrupción del transporte de camiones. En sus redes, argumentó que es un acompañamiento para protestar en contra, bajo la consigna “en defensa de la soberanía nacional”.
Oscar Martínez, secretario general de la UOM en Río Grande, cruzó al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger por sus declaraciones en relación a la idea de convertir a la isla en un parque de atracciones al estilo los de Disney. Defensor acérrimo del Régimen de Promoción Industrial y afiliado a la UOM desde los años '90, el sindicalista –que fue diputado entre 2013 y 2017 por el espacio que él mismo fundó, el Movimiento Solidario Popular (MSP)– encabeza la resistencia.
En un capítulo de nuevos cruces entre el gobierno fueguino y el nacional, y la polémica por el costo fiscal del régimen, el gobernador, Gustavo Melella, volvió a apuntar que se pone en riesgo la actividad productiva y a miles de empleos en el extremo sur de la Patagonia, y aclaró que “el compromiso sigue siendo contener a los trabajadores”.
Al respecto, el intendente de Río Grande, Martín Perez, apuntó que buscan “desmantelar” el régimen y expresó su preocupación por los efectos sobre el trabajo de 8.500 personas en el sector electrónico. “El arancel, absolutamente moderado y racional del 16% que protege a la industria, desaparece y miles de empleos están en riesgo”, expresó.
A sus dichos se plegaron legisladores, como la senadora nacional por Tierra del Fuego, Cristina López, que denunció que las medidas representan “un golpe mortal contra la industria” y que “responden más a las exigencias del FMI que a las necesidades del pueblo”, en relación al pedido del Fondo de eliminar gradualmente regímenes de excepción.
Con información de
Clarín
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