La oposición advirtió que la reforma de la Policía Federal le permitirá realizar requisas y ciberpatrullaje sin orden judicial
Miércoles 18 de
Junio 2025
El decreto 383, firmado por Milei y Bullrich, amplía la discrecionalidad de la fuerza y limita las libertades, alertan
La decisión del Gobierno de instrumentar, por decreto, una reforma en el estatuto de la Policía Federal (PFA) no solo apunta a modernizar esta fuerza de seguridad al estilo FBI, como anunciaron este martes con bombos y platillos el presidente Javier Milei y la ministra del área, Patricia Bullrich. Desde la oposición advirtieron que en la letra chica del decreto hay cláusulas que le confieren a esta fuerza atribuciones discrecionales para llevar adelante su labor, como realizar ciberpatrullaje y requisas sin orden judicial.
El decreto en cuestión –el 383/2025- se dictó en el uso de las facultades delegadas en la Ley Bases y, en líneas generales, dispone que la tarea de la Policía Federal estará orientada exclusivamente a la prevención e investigación de delitos federales y complejos. El decreto elimina por completo las funciones y atribuciones de la PFA en materia de seguridad dentro de la ciudad de Buenos Aires, culminando así el proceso de transferencia iniciado en 2016. A partir de ahora, la PFA solo podrá intervenir en cuestiones de seguridad en otras jurisdicciones de manera subsidiaria o cuando sea expresamente solicitada.
La polémica surge con el articulado del nuevo estatuto, incorporado como anexo del decreto en cuestión. El artículo 6, que detalla las facultades que tendrá la PFA, permite por caso que esta fuerza pueda actuar en diversas situaciones sin necesidad de una orden judicial previa, advierten en la oposición.
En efecto, el decreto habilita a que la policía pueda, sin autorización previa de la Justicia, realizar “tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales” (artículo 6to. inciso 11); requisas cuando sea “en lugares de acceso público y en el marco de operativos de prevención” (artículo 6to. Inciso 13); “registrar y calificar a las personas dedicadas habitualmente a una actividad que la policía debe reprimir” (art. 6to, inciso 8); o detener a una persona “si existiesen circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo y no acreditase fehacientemente su identidad”. Todas ellas “sin necesidad de autorización judicial” (art. 6 inciso 7).
Por lo pronto, desde la oposición cuestionaron que el Gobierno haya decidido esquivar al Congreso para una reforma de esta envergadura.
“La PFA necesita modernizarse, en eso coincidimos. El problema es el cómo: una reforma de esta magnitud no puede ser una decisión unilateral del Poder Ejecutivo −planteó el diputado José Glinski (Unión por la Patria), vicepresidente de la Comisión de Seguridad Interior−. Imponer una reforma así, sin consenso y sin pasar por el Parlamento, no es fortalecer la seguridad, es debilitar la democracia y profundizar una visión autoritaria”.
El legislador advirtió que “lo más preocupante” del decreto es que se le otorga a la PFA “facultades de inteligencia criminal por fuera del Sistema Nacional de Inteligencia”, al crear una agencia de espionaje “sin control parlamentario”. “Con este decreto, la policía podrá hacer inteligencia sin causa judicial ni orden de un juez. Esto viola la ley actual y borra de un plumazo los controles democráticos que tanto costaron construir”, señaló.
En la misma línea, el vicepresidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, Leopoldo Moreau (Unión por la Patria), advirtió que este decreto confirma “la deriva autoritaria del gobierno de Milei” y su intención de “avanzar hacia un estado de excepción que desmorone los cimientos democráticos”.
“Esto quedó de manifiesto en los últimos días con la detención de [Juan] Grabois por orden del Poder Ejecutivo y el blindaje con vallas del Congreso, con fines intimidatorios, en cada movilización popular”, sostuvo.
Desde el bloque de Democracia para Siempre, que aglutina a los radicales opositores, la Mariela Coletta señaló que “esta reforma del Estatuto de la Policía Federal debería −como mínimo− pasar por el Congreso, pero otra vez el Gobierno lo saltea”. “Lejos de dar más libertad, cada vez que pueden limitan más las libertades de los argentinos”, agregó.
Uno de sus compañeros de bancada, el formoseño Fernando Carbajal, fue tajante: “Con el decreto 383/25 el gobierno ha establecido un virtual estado de sitio. Detenciones policiales sin control. Se consolida día a día el Estado autoritario”.
También Margarita Stolbizer, de GEN, cuestionó el decreto. “Habilita a la Policía Federal a detener personas sin orden judicial, sólo por lo que publican, lo que visten o si participan de una manifestación –indicó-. Esto no es ni orden ni libertad, es la más burda persecución y una vuelta al autoritarismo que tanto nos costó dejar atrás. Una república no puede convivir con miedo a que la gente sea detenida porque sí, por opinar distinto”.
El decreto en cuestión –el 383/2025- se dictó en el uso de las facultades delegadas en la Ley Bases y, en líneas generales, dispone que la tarea de la Policía Federal estará orientada exclusivamente a la prevención e investigación de delitos federales y complejos. El decreto elimina por completo las funciones y atribuciones de la PFA en materia de seguridad dentro de la ciudad de Buenos Aires, culminando así el proceso de transferencia iniciado en 2016. A partir de ahora, la PFA solo podrá intervenir en cuestiones de seguridad en otras jurisdicciones de manera subsidiaria o cuando sea expresamente solicitada.
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En efecto, el decreto habilita a que la policía pueda, sin autorización previa de la Justicia, realizar “tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales” (artículo 6to. inciso 11); requisas cuando sea “en lugares de acceso público y en el marco de operativos de prevención” (artículo 6to. Inciso 13); “registrar y calificar a las personas dedicadas habitualmente a una actividad que la policía debe reprimir” (art. 6to, inciso 8); o detener a una persona “si existiesen circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo y no acreditase fehacientemente su identidad”. Todas ellas “sin necesidad de autorización judicial” (art. 6 inciso 7).
Por lo pronto, desde la oposición cuestionaron que el Gobierno haya decidido esquivar al Congreso para una reforma de esta envergadura.
“La PFA necesita modernizarse, en eso coincidimos. El problema es el cómo: una reforma de esta magnitud no puede ser una decisión unilateral del Poder Ejecutivo −planteó el diputado José Glinski (Unión por la Patria), vicepresidente de la Comisión de Seguridad Interior−. Imponer una reforma así, sin consenso y sin pasar por el Parlamento, no es fortalecer la seguridad, es debilitar la democracia y profundizar una visión autoritaria”.
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Con información de
La Nación
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