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El gobierno de Venezuela agudiza la "criminalización y detención arbitraria de voces disidentes"
Lunes 30 de
Junio 2025
El gobierno de Nicolás Maduro endurece la represión en Venezuela. Sin publicar las actas de las últimas elecciones presidenciales, que dieron la victoria a la oposición, las autoridades de Caracas enfrentan mas denuncias de la ONU sobre violaciones de los derechos humanos: fraude electoral, desapariciones, torturas, encarcelamientos abusivos y amenazas de muerte.
Han aumentado las practicas de la tortura y los malos tratos en Venezuela, a causa del incremento de la represión desatada por el gobierno de Nicolás Maduro entre el 1 de mayo de 2024 y el 30 de abril de 2025, incluyendo acusaciones de «terrorismo», afirmó el Alto Comisionado de la ONU, Volker Turk, presentando su informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, cuya Oficina en Caracas cuenta con un solo diplomático acreditado.
En ese período, la ONU «documentó la detención arbitraria de 10 periodistas, 8 defensores de los derechos humanos, 6 trabajadoras humanitarias, y 58 miembros de la oposición, así como otras limitaciones de las libertades de expresión y opinión. En agosto de de 2024, las autoridades reactivaron la Operación Tun Tun, una serie de redadas para detener a manifestantes y disidentes. El candidato presidencial Enrique Marquez, fue desaparecido en enero del 2025».
«Desde el 29 de julio de 2024, al menos 75 hombres y 41 mujeres, incluidas personas defensoras de derechos humanos, periodistas, dirigentes sindicales, así como testigos de mesa y miembros de partidos de la oposición, se sintieron obligadas a abandonar el país, o a esconderse, por temor a sufrir persecución. Estas personas denunciaron represalias, como intimidaciones por parte de diversas autoridades a sus familiares en Venezuela».
También la ONU «recibió alegaciones de represalias contra personas que tenían vínculos directos o indirectos con la campaña electoral de partidos de oposición, incluidas 99 de acoso e intimidación, 64 de vigilancia y amenazas, incluidas de muerte, y 30 de cierres ilegales de negocios o confiscación de bienes» sumados a «27 casos de detenciones arbitrarias», bajo cargos de «asociación para delinquir, incitación al odio y conspiración» de opositores partidarios «y proveedores de servicios a las campañas de partidos de la oposición».
Volker Turk deploró «la limitada disponibilidad y adecuación de la información y los materiales» electorales «en lenguajes inclusivos para personas con discapacidad visual o auditiva, o en leguas indígenas». Recordó «que los Estados están obligados adoptar todas las medidas para garantizar» a la ciudadanía «que todos tengan el derecho efectivo de participar en pie de igualdad en los asuntos públicos, y a eliminar leyes, reglamentos y practicas discriminatorias».
El Alto Comisionado de la ONU para derechos humanos criticó asimismo «la retórica sexista» hostil «a las personas LGBTQ+ en los medios de comunicación públicos» utilizada «por funcionarios del Estado, incluso altos rangos», para denostar «a simpatizantes y miembros de partidos contrarios. El discurso de odio contra las mujeres, las personas LGBTQ+ u otros grupos contribuye a erosionar el derecho a participar en los asuntos públicos sin discriminación».
«Entre el 29 y 30 de julio de 2024», concluidas «las elecciones se produjeron protestas a lo largo del país… Una organización de la sociedad civil informó de 915 protestas ciudadanas en todo el país entre esas fechas, 138 de las cuales fueron reprimidas por la seguridad del Estado, en coordinación con grupos civiles armados», afines al «partido gobernante (colectivos )… Los datos oficiales refieren 28 muertes, la mayoría de manifestantes y 2 Guardias Nacionales… Se utilizaron gases lacrimógenos y disparos de las fuerzas de seguridad, tanto policiales y militares».
Nicolás Maduro se proclamó vencedor del escrutinio presidencial, pese a no presentar públicamente las actas correspondientes. Los opositores Marina Corina Machado y Edmundo González Urrutia circularon las copias recogidas por sus representantes en las mesas de votación a lo largo del país, probando la victoria, pero fueron perseguidos, debiendo elegir el exilio o la clandestinidad. Los 2.006 detenidos afrontan «liberación condicional por fases». Los 128 extranjeros de 13 pises detenidos, carecen de servicios consulares, solo 3 han sido liberados.
La ONU constató que «funcionarios públicos, incluidos de las fuerzas de seguridad, difundieron en las redes sociales videos, fotos y datos de personas detenidas, incluso de adolescentes, exacerbando el temor entre la población, promoviendo la utilización de una aplicación móvil específica para facilitar las denuncias de personas consideradas «fascistas" o «terroristas», efectuando registros, inspeccionando arbitrariamente los teléfonos en busca de cualquier indicio de vínculos con la oposición, dando lugar a extorsiones bajo amenaza de detención».
Al 15 de agosto de 2024, se contabilizaban detenciones de «mas de 2.400 personas bajo cargos de terrorismo y por intentar desestabilizar el país en las protestas postelectorales», incluyendo «mujeres, indígenas, adolescentes y personas con discapacidad». Pese a «la liberación condicional escalonada de algunos detenidos, desde septiembre de 2024, estas detenciones tuvieron un efecto amedrentador general sobre otras personas, contribuyendo a restringir el derecho a la libertad de reunión y a la libertad de expresión», torturándolos en la detención.
«A pesar de las recomendaciones de la ONU de no aprobarla en su forma actual, la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro (Ley de ONG) entró en vigor en noviembre de 2024. La aprobación acelerada, el 28 de noviembre de 2024, de la Ley Orgánica del Libertador Simón Bolivar contra el bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, así como la re-introducción en la agenda legislativa de 2025 de la Ley de Cooperación», terminaron «agravando las preocupaciones sobre riesgos de aplicación arbitraria como resultado de las amplias y vagas definiciones contenidas en esta legislación».
Paralelamente, el gobierno domiciliado en Caracas aplicó «restricciones indebidas al derecho a la libertad de expresión y otras violaciones de los derechos humanos», mediante «nuevos cierres de emisoras de radio, detenciones y desapariciones forzadas de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, o la restricción del acceso a sitios web», más de 60 «durante el segundo semestre de 2024». Al tiempo, «se bloquearon aplicaciones de redes sociales como «X» y «Signal», así como redes privadas virtuales, sin que mediara orden judicial».
La ONU recibió denuncias de «autoridades, organizaciones de la sociedad civil y personas usuarias» sobre «incidentes de pirateo de sitios web aparentemente para atizar las tensiones políticas durante las elecciones y después de ellas. Se utilizaron plataformas en línea y redes sociales para intimidar, estigmatizar y permitir la detención de personas presuntamente disidentes, por ejemplo mediante tácticas de phishing, sembrando miedo», en la población.
Del periodo investigado por la ONU, se registran 84 desapariciones (62 hombres, 15 mujeres y 7 adolescentes) y se han identificado 32 víctimas de tortura, «en particular contra 4 mujeres, una de las cuales estaba embarazada, 15 adolescentes (una niña) y 3 personas con discapacidad». Veinte de esos hechos aberrantes fueron cometidos por agentes militares, organismos de inteligencia y civiles, 8 por la policía y en 5 casos los responsables no fueron identificados».
En ese período, la ONU «documentó la detención arbitraria de 10 periodistas, 8 defensores de los derechos humanos, 6 trabajadoras humanitarias, y 58 miembros de la oposición, así como otras limitaciones de las libertades de expresión y opinión. En agosto de de 2024, las autoridades reactivaron la Operación Tun Tun, una serie de redadas para detener a manifestantes y disidentes. El candidato presidencial Enrique Marquez, fue desaparecido en enero del 2025».
«Desde el 29 de julio de 2024, al menos 75 hombres y 41 mujeres, incluidas personas defensoras de derechos humanos, periodistas, dirigentes sindicales, así como testigos de mesa y miembros de partidos de la oposición, se sintieron obligadas a abandonar el país, o a esconderse, por temor a sufrir persecución. Estas personas denunciaron represalias, como intimidaciones por parte de diversas autoridades a sus familiares en Venezuela».
También la ONU «recibió alegaciones de represalias contra personas que tenían vínculos directos o indirectos con la campaña electoral de partidos de oposición, incluidas 99 de acoso e intimidación, 64 de vigilancia y amenazas, incluidas de muerte, y 30 de cierres ilegales de negocios o confiscación de bienes» sumados a «27 casos de detenciones arbitrarias», bajo cargos de «asociación para delinquir, incitación al odio y conspiración» de opositores partidarios «y proveedores de servicios a las campañas de partidos de la oposición».
Volker Turk deploró «la limitada disponibilidad y adecuación de la información y los materiales» electorales «en lenguajes inclusivos para personas con discapacidad visual o auditiva, o en leguas indígenas». Recordó «que los Estados están obligados adoptar todas las medidas para garantizar» a la ciudadanía «que todos tengan el derecho efectivo de participar en pie de igualdad en los asuntos públicos, y a eliminar leyes, reglamentos y practicas discriminatorias».
El Alto Comisionado de la ONU para derechos humanos criticó asimismo «la retórica sexista» hostil «a las personas LGBTQ+ en los medios de comunicación públicos» utilizada «por funcionarios del Estado, incluso altos rangos», para denostar «a simpatizantes y miembros de partidos contrarios. El discurso de odio contra las mujeres, las personas LGBTQ+ u otros grupos contribuye a erosionar el derecho a participar en los asuntos públicos sin discriminación».
«Entre el 29 y 30 de julio de 2024», concluidas «las elecciones se produjeron protestas a lo largo del país… Una organización de la sociedad civil informó de 915 protestas ciudadanas en todo el país entre esas fechas, 138 de las cuales fueron reprimidas por la seguridad del Estado, en coordinación con grupos civiles armados», afines al «partido gobernante (colectivos )… Los datos oficiales refieren 28 muertes, la mayoría de manifestantes y 2 Guardias Nacionales… Se utilizaron gases lacrimógenos y disparos de las fuerzas de seguridad, tanto policiales y militares».
Nicolás Maduro se proclamó vencedor del escrutinio presidencial, pese a no presentar públicamente las actas correspondientes. Los opositores Marina Corina Machado y Edmundo González Urrutia circularon las copias recogidas por sus representantes en las mesas de votación a lo largo del país, probando la victoria, pero fueron perseguidos, debiendo elegir el exilio o la clandestinidad. Los 2.006 detenidos afrontan «liberación condicional por fases». Los 128 extranjeros de 13 pises detenidos, carecen de servicios consulares, solo 3 han sido liberados.
La ONU constató que «funcionarios públicos, incluidos de las fuerzas de seguridad, difundieron en las redes sociales videos, fotos y datos de personas detenidas, incluso de adolescentes, exacerbando el temor entre la población, promoviendo la utilización de una aplicación móvil específica para facilitar las denuncias de personas consideradas «fascistas" o «terroristas», efectuando registros, inspeccionando arbitrariamente los teléfonos en busca de cualquier indicio de vínculos con la oposición, dando lugar a extorsiones bajo amenaza de detención».
Al 15 de agosto de 2024, se contabilizaban detenciones de «mas de 2.400 personas bajo cargos de terrorismo y por intentar desestabilizar el país en las protestas postelectorales», incluyendo «mujeres, indígenas, adolescentes y personas con discapacidad». Pese a «la liberación condicional escalonada de algunos detenidos, desde septiembre de 2024, estas detenciones tuvieron un efecto amedrentador general sobre otras personas, contribuyendo a restringir el derecho a la libertad de reunión y a la libertad de expresión», torturándolos en la detención.
«A pesar de las recomendaciones de la ONU de no aprobarla en su forma actual, la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro (Ley de ONG) entró en vigor en noviembre de 2024. La aprobación acelerada, el 28 de noviembre de 2024, de la Ley Orgánica del Libertador Simón Bolivar contra el bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, así como la re-introducción en la agenda legislativa de 2025 de la Ley de Cooperación», terminaron «agravando las preocupaciones sobre riesgos de aplicación arbitraria como resultado de las amplias y vagas definiciones contenidas en esta legislación».
Paralelamente, el gobierno domiciliado en Caracas aplicó «restricciones indebidas al derecho a la libertad de expresión y otras violaciones de los derechos humanos», mediante «nuevos cierres de emisoras de radio, detenciones y desapariciones forzadas de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, o la restricción del acceso a sitios web», más de 60 «durante el segundo semestre de 2024». Al tiempo, «se bloquearon aplicaciones de redes sociales como «X» y «Signal», así como redes privadas virtuales, sin que mediara orden judicial».
La ONU recibió denuncias de «autoridades, organizaciones de la sociedad civil y personas usuarias» sobre «incidentes de pirateo de sitios web aparentemente para atizar las tensiones políticas durante las elecciones y después de ellas. Se utilizaron plataformas en línea y redes sociales para intimidar, estigmatizar y permitir la detención de personas presuntamente disidentes, por ejemplo mediante tácticas de phishing, sembrando miedo», en la población.
Del periodo investigado por la ONU, se registran 84 desapariciones (62 hombres, 15 mujeres y 7 adolescentes) y se han identificado 32 víctimas de tortura, «en particular contra 4 mujeres, una de las cuales estaba embarazada, 15 adolescentes (una niña) y 3 personas con discapacidad». Veinte de esos hechos aberrantes fueron cometidos por agentes militares, organismos de inteligencia y civiles, 8 por la policía y en 5 casos los responsables no fueron identificados».
Con información de
Perfil
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