En medio del remate de los bienes de Cristina Kirchner, el Gobierno y la Corte pelean por el control de las propiedades incautadas
Jueves 14 de
Agosto 2025
La discusión es para decidir quién obtendrá y manejará las propiedades recuperadas de personas que cometieron delitos o actos de corrupción.
Mientras se decide qué ocurrirá con el remate de las propiedades de la expresidenta Cristina Kirchner por su condena en la causa Vialidad, se generó un conflicto entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo para decidir quién obtendrá y manejará los bienes recuperados.
El 15 de julio la Corte creó un reglamento para bienes decomisados, reservándose su registro y administración; sin embargo, este miércoles 13 de agosto, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial un decreto de necesidad y urgencia (DNU), asignándose las mismas facultades y constituyendo un Consejo de Bienes Recuperados.
Este problema deberá ser resuelto por la Justicia, ya que se enfrenta una acordada de la Corte, basada en la ley de autarquía del Poder Judicial, contra un DNU presidencial.
Los jueces federales de Comodoro Py, que hasta el martes pasado mandaban reportes de los bienes decomisados a la Corte para que decida qué hacer con ellos, ahora no saben cómo actuar. Una fuente de los tribunales que habló con La Nación explicó que, posiblemente, se realice un planteo para que la Corte decida.
El DNU 575/2025, que se publicó este miércoles en el Boletín Oficial, cambia, de manera implícita, la ley que establece que los bienes decomisados “son específicos del Poder Judicial”, reservando para el Ministerio de Justicia “la administración y conservación de estos bienes”, con su trazabilidad, para “garantizar la transparencia en todas las etapas del proceso”.
“Decreto de necesidad y urgencia mata acordada”, expresaron desde el Gobierno. Según su punto de vista, el DNU “no solo ordena y sistematiza un conjunto normativo actualmente disperso, sino que amplía sustancialmente el universo de bienes alcanzados por las medidas de conservación, administración y disposición, al consolidar en una única vía legal los recursos provenientes de procesos penales de la Justicia nacional y federal y de extinción de dominio”.
El decreto presidencial además detalla que la Agencia de Administración de Bienes del Estado funcionará como “órgano rector” de los bienes inmuebles estatales. Esto ocurre el mismo día en que terminó el plazo para que Cristina Kirchner deposite, junto con el resto de los condenados por la causa Vialidad, los 530 millones de dólares determinados por el Tribunal Oral para reparar el perjuicio económico que le provocaron al Estado.
También se creó el Consejo de Bienes Recuperados en favor del Estado Nacional, que estará a cargo de la “supervisión, evaluación y toma de decisiones orientadas a la coordinación interinstitucional, la asignación de recursos y el seguimiento de dichos bienes”.
La Corte publicó hace apenas un mes dos acordadas: una para crear este registro y otra para definir cómo se rematarán de manera online los bienes decomisados a partir del próximo 1° de octubre. Si dan los tiempos en la causa Vialidad, podría usarse este mecanismo, le dijeron fuentes judiciales a La Nación.
La Corte determinó que los bienes decomisados y lo recaudado por su remate —o alquiler— son recursos específicos y propios del Poder Judicial. “Entre ellos están los efectos secuestrados en causas penales que no hayan podido entregarse a sus dueños”, detallaron.
La Corte además se asignó la facultad para “determinar el régimen de percepción, administración y contralor de sus recursos”, y “adoptar las medidas que considere convenientes para efectuar el control y exigir el cobro de esos recursos”.
En su acordada del 22 de julio pasado, reguló el procedimiento para que otros organismos puedan también acceder a los bienes incautados, y transparentarlos en un registro que aparece en la página oficial de la Corte.
La Corte puede autoasignarse estos bienes para su propio uso, del Ministerio Público Fiscal, del Poder Judicial, del Consejo de la Magistratura o “de otras reparticiones nacionales o locales que acrediten fehacientemente una finalidad de interés público, puedan ser beneficiarias de asignaciones provisorias de bienes muebles secuestrados que por su valor económico y cultural puedan cumplir una utilidad social”.
Por ese motivo, los publicarán con las fotos correspondientes en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Comisados en Causas Penales de competencia de la Justicia Nacional y Federal (BBSD), que será accesible al público en la página digital de la Corte. Se protegerá la identidad de los titulares de los bienes y de los terceros.
Los que reciban estos bienes deberán mantenerlos y cuidarlos. Cuando se trate de embarcaciones, vehículos o aeronaves, quienes se hagan cargo de ellos deberán abonar las multas por infracciones de tránsito.
Para realizar esta tarea, la Corte creó una Unidad de Coordinación de la Dirección de Gestión Interna e Infraestructura; y ordenó, en otra acordada, un procedimiento online de remate digital, que ofrece anonimato a los postores, participación del público y control ciudadano. Es el Reglamento de Subastas Electrónicas Judiciales.
El 15 de julio la Corte creó un reglamento para bienes decomisados, reservándose su registro y administración; sin embargo, este miércoles 13 de agosto, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial un decreto de necesidad y urgencia (DNU), asignándose las mismas facultades y constituyendo un Consejo de Bienes Recuperados.
Este problema deberá ser resuelto por la Justicia, ya que se enfrenta una acordada de la Corte, basada en la ley de autarquía del Poder Judicial, contra un DNU presidencial.
Los jueces federales de Comodoro Py, que hasta el martes pasado mandaban reportes de los bienes decomisados a la Corte para que decida qué hacer con ellos, ahora no saben cómo actuar. Una fuente de los tribunales que habló con La Nación explicó que, posiblemente, se realice un planteo para que la Corte decida.
El DNU 575/2025, que se publicó este miércoles en el Boletín Oficial, cambia, de manera implícita, la ley que establece que los bienes decomisados “son específicos del Poder Judicial”, reservando para el Ministerio de Justicia “la administración y conservación de estos bienes”, con su trazabilidad, para “garantizar la transparencia en todas las etapas del proceso”.
“Decreto de necesidad y urgencia mata acordada”, expresaron desde el Gobierno. Según su punto de vista, el DNU “no solo ordena y sistematiza un conjunto normativo actualmente disperso, sino que amplía sustancialmente el universo de bienes alcanzados por las medidas de conservación, administración y disposición, al consolidar en una única vía legal los recursos provenientes de procesos penales de la Justicia nacional y federal y de extinción de dominio”.
El decreto presidencial además detalla que la Agencia de Administración de Bienes del Estado funcionará como “órgano rector” de los bienes inmuebles estatales. Esto ocurre el mismo día en que terminó el plazo para que Cristina Kirchner deposite, junto con el resto de los condenados por la causa Vialidad, los 530 millones de dólares determinados por el Tribunal Oral para reparar el perjuicio económico que le provocaron al Estado.
También se creó el Consejo de Bienes Recuperados en favor del Estado Nacional, que estará a cargo de la “supervisión, evaluación y toma de decisiones orientadas a la coordinación interinstitucional, la asignación de recursos y el seguimiento de dichos bienes”.
Las medidas de la Corte para manejar los bienes decomisados por delitos
La Corte publicó hace apenas un mes dos acordadas: una para crear este registro y otra para definir cómo se rematarán de manera online los bienes decomisados a partir del próximo 1° de octubre. Si dan los tiempos en la causa Vialidad, podría usarse este mecanismo, le dijeron fuentes judiciales a La Nación.
La Corte determinó que los bienes decomisados y lo recaudado por su remate —o alquiler— son recursos específicos y propios del Poder Judicial. “Entre ellos están los efectos secuestrados en causas penales que no hayan podido entregarse a sus dueños”, detallaron.
La Corte además se asignó la facultad para “determinar el régimen de percepción, administración y contralor de sus recursos”, y “adoptar las medidas que considere convenientes para efectuar el control y exigir el cobro de esos recursos”.
En su acordada del 22 de julio pasado, reguló el procedimiento para que otros organismos puedan también acceder a los bienes incautados, y transparentarlos en un registro que aparece en la página oficial de la Corte.
La Corte puede autoasignarse estos bienes para su propio uso, del Ministerio Público Fiscal, del Poder Judicial, del Consejo de la Magistratura o “de otras reparticiones nacionales o locales que acrediten fehacientemente una finalidad de interés público, puedan ser beneficiarias de asignaciones provisorias de bienes muebles secuestrados que por su valor económico y cultural puedan cumplir una utilidad social”.
Por ese motivo, los publicarán con las fotos correspondientes en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Comisados en Causas Penales de competencia de la Justicia Nacional y Federal (BBSD), que será accesible al público en la página digital de la Corte. Se protegerá la identidad de los titulares de los bienes y de los terceros.
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