Pensiones por discapacidad: un estudio alerta sobre bajas incorrectas e ineficiencias en el sistema
Lunes 01 de
Septiembre 2025
Según Idesa, la auditoría masiva implementada por Andis, hoy en el ojo de la tormenta, evidenció falencias en controles y maltrato a beneficiarios, mientras persisten pagos indebidos y brechas descomunales entre distritos
Un informe privado sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) reveló problemas estructurales en la gestión de las pensiones no contributivas por invalidez. Según el análisis, en el centro del escándalo se encuentran denuncias de corrupción y distintos focos de ineficacia en la administración de un rubro sensible del gasto público. Un ejemplo es la brecha entre provincias: Chaco tiene casi 11 veces más pensiones por invalidez que la Ciudad de Buenos Aires.
Los investigadores del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) señalaron que “las mayores polémicas se generan porque el partido que fue votado para terminar con estas prácticas no solo que no fue capaz de eliminarlas, sino que está sospechado de aprovecharlas”. Esta situación refleja la naturalización de la corrupción dentro del sector público y pone en evidencia la falta de controles efectivos sobre los recursos destinados a personas con discapacidad.
El informe también resalta los problemas en las auditorías a las pensiones por invalidez, destinadas a personas con incapacidad superior al 66% y en situación de vulnerabilidad. Entre 2000 y 2023, el número de pensiones pasó de 75 mil a 1,2 millones, lo que generó la necesidad de una auditoría masiva. El informe indica que “pululan denuncias en distintas partes del país de personas con visibles manifestaciones incapacitantes cuyas prestaciones fueron suspendidas y otras que se quejan por el maltrato y el sometimiento a trámites muy engorrosos, burocráticos y hasta irrazonables”.
Los datos provinciales muestran desigualdades notables en la distribución de pensiones. Según IDESA, en Chaco hay 86 pensiones por invalidez cada 1.000 habitantes, mientras que en Salta, Tucumán y Catamarca la cifra es de 40 por 1.000, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires apenas 8 por cada 1.000. “Estos datos muestran una gran dispersión en las pensiones no contributivas por invalidez según la provincia”, señala el informe, agregando que en provincias del norte y noroeste, como Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Misiones, Corrientes y La Rioja, existen más pensiones por invalidez que Certificados Únicos de Discapacidad (CUD).
El plan de auditoría ejecutado por ANDIS para depurar el padrón de beneficiarios fue criticado por su implementación. IDESA sostiene que “la ANDIS implementó el plan de auditoría utilizando instrumentos muy rudimentarios. Aparentemente se enviaron citaciones de manera masiva y sin un criterio estratégico para que los beneficiarios se presenten en oficinas públicas”. El resultado fue un maltrato sistemático a personas con discapacidad, con largas esperas y suspensión arbitraria de beneficios.
El documento subraya que los problemas del sector público argentino tienen dos dimensiones: financiera y de gestión. Mientras que los déficits financieros pueden abordarse mediante medidas de ajuste presupuestario, la calidad de la gestión sigue siendo un desafío crucial. IDESA señala que “la metáfora de la motosierra es muy eficaz para atacar los déficits financieros, pero no menos importante es atacar los déficits de gestión”. El informe advierte que sin fortalecer los equipos profesionales y los procesos internos, la eficiencia y la transparencia seguirán siendo deficitarias, limitando la efectividad de cualquier reforma estructural.
El escándalo de ANDIS también muestra que la corrupción y las malas prácticas administrativas impactan directamente en la percepción pública sobre la capacidad del Estado. El centro de estudios con sede en Córdoba indica que “el sector público es sumamente permeable a la corrupción y proclive al maltrato de los ciudadanos”, y subraya que la solución no se reduce a recortes de presupuesto o eliminación de gastos innecesarios, sino que requiere innovación institucional y personal capacitado.
IDESA advierte que la persistencia de este tipo de problemas genera riesgos sociales y económicos. Sin una gestión profesional y mecanismos de control robustos, se corre el riesgo de que la ciudadanía normalice la corrupción y perciba como inevitable que los recursos públicos se asignen de manera arbitraria. El informe concluye que el caso de ANDIS evidencia la necesidad de una política pública integral que combine control fiscal, transparencia y atención efectiva a los beneficiarios, mostrando que la eficiencia del Estado depende tanto de la disciplina financiera como de la calidad en la gestión.
Los investigadores del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) señalaron que “las mayores polémicas se generan porque el partido que fue votado para terminar con estas prácticas no solo que no fue capaz de eliminarlas, sino que está sospechado de aprovecharlas”. Esta situación refleja la naturalización de la corrupción dentro del sector público y pone en evidencia la falta de controles efectivos sobre los recursos destinados a personas con discapacidad.
El informe también resalta los problemas en las auditorías a las pensiones por invalidez, destinadas a personas con incapacidad superior al 66% y en situación de vulnerabilidad. Entre 2000 y 2023, el número de pensiones pasó de 75 mil a 1,2 millones, lo que generó la necesidad de una auditoría masiva. El informe indica que “pululan denuncias en distintas partes del país de personas con visibles manifestaciones incapacitantes cuyas prestaciones fueron suspendidas y otras que se quejan por el maltrato y el sometimiento a trámites muy engorrosos, burocráticos y hasta irrazonables”.
Los datos provinciales muestran desigualdades notables en la distribución de pensiones. Según IDESA, en Chaco hay 86 pensiones por invalidez cada 1.000 habitantes, mientras que en Salta, Tucumán y Catamarca la cifra es de 40 por 1.000, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires apenas 8 por cada 1.000. “Estos datos muestran una gran dispersión en las pensiones no contributivas por invalidez según la provincia”, señala el informe, agregando que en provincias del norte y noroeste, como Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Misiones, Corrientes y La Rioja, existen más pensiones por invalidez que Certificados Únicos de Discapacidad (CUD).
El plan de auditoría ejecutado por ANDIS para depurar el padrón de beneficiarios fue criticado por su implementación. IDESA sostiene que “la ANDIS implementó el plan de auditoría utilizando instrumentos muy rudimentarios. Aparentemente se enviaron citaciones de manera masiva y sin un criterio estratégico para que los beneficiarios se presenten en oficinas públicas”. El resultado fue un maltrato sistemático a personas con discapacidad, con largas esperas y suspensión arbitraria de beneficios.
Problemas financieros y de gestión
El documento subraya que los problemas del sector público argentino tienen dos dimensiones: financiera y de gestión. Mientras que los déficits financieros pueden abordarse mediante medidas de ajuste presupuestario, la calidad de la gestión sigue siendo un desafío crucial. IDESA señala que “la metáfora de la motosierra es muy eficaz para atacar los déficits financieros, pero no menos importante es atacar los déficits de gestión”. El informe advierte que sin fortalecer los equipos profesionales y los procesos internos, la eficiencia y la transparencia seguirán siendo deficitarias, limitando la efectividad de cualquier reforma estructural.
El escándalo de ANDIS también muestra que la corrupción y las malas prácticas administrativas impactan directamente en la percepción pública sobre la capacidad del Estado. El centro de estudios con sede en Córdoba indica que “el sector público es sumamente permeable a la corrupción y proclive al maltrato de los ciudadanos”, y subraya que la solución no se reduce a recortes de presupuesto o eliminación de gastos innecesarios, sino que requiere innovación institucional y personal capacitado.
IDESA advierte que la persistencia de este tipo de problemas genera riesgos sociales y económicos. Sin una gestión profesional y mecanismos de control robustos, se corre el riesgo de que la ciudadanía normalice la corrupción y perciba como inevitable que los recursos públicos se asignen de manera arbitraria. El informe concluye que el caso de ANDIS evidencia la necesidad de una política pública integral que combine control fiscal, transparencia y atención efectiva a los beneficiarios, mostrando que la eficiencia del Estado depende tanto de la disciplina financiera como de la calidad en la gestión.
Con información de
Infobae
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