Cristina Kirchner pidió anular el monto del decomiso y frenar la ejecución de sus bienes
Jueves 11 de
Septiembre 2025
Con un escrito presentado ante la Casación, criticó el modo en que el tribunal que la condenó calculó el monto de más de $680.000 millones; el fiscal pidió confirmarlo
Cristina Kirchner solicitó nuevamente que se suspenda la ejecución de sus bienes y se anule la actualización del monto de $684.990.350.139 por el que debe responder junto a los otros condenados en la causa por Vialidad, en la que se juzgaron los desmanejos de la obra pública en Santa Cruz.
En un escrito presentado ante la Cámara de Casación, la expresidenta -que cumple prisión en su domicilio de San Jose 1111 por fraude al Estado- criticó el modo en que se realizó el cálculo del decomiso y solicitó que se ordene un nuevo pronunciamiento “conforme a derecho”.
Además, solicitó que se suspendan "todas las actividades patrimoniales ejecutivas en curso que se vinculan con el instituto del decomiso".
El pedido ocurre en el marco de una audiencia dispuesta por la Sala IV de la Cámara para escuchar a todas las partes respecto al monto, que fue definido en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal N°2 (TOF2), y actualizado en julio de este año, luego de que la Corte Suprema confirmara la condena a 6 años de prisión por fraude al Estado.
El monto original, dispuesto por los jueces del tribunal, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso era de $84.835.227.378. La actualización, dispuesta el 15 de julio, lo llevó a los más de 680 mil millones de pesos actuales.
Cristina Kirchner ya había formulado su pedido de nulidad ante el TOF 2, que lo rechazó in limine, pero abrió la instancia de Casación.
En su escrito, la expresidenta criticó la metodología empleada para la actualización, que fue la aplicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Sostuvo que los jueces no ofrecieron razones que explicaran “su superioridad” respecto a otras metodologías, que arrojaron sumas menores. Durante el juicio, su perito de parte calculó que el monto debía rondar los 42 millones.
“El a quo [por el TOF 2] dejó en claro que el monto consignado en la sentencia era meramente provisorio y que, en definitiva, sería definido a través de la intervención de organismos técnicos una vez que el fallo adquiriera firmeza“, dice el escrito presentado por su abogado Alberto Beraldi.
Por su parte, el fiscal ante la Casación, Mario Villar, también presentó un escrito con el que solicitó el rechazo de los recursos presentados por la defensa de la expresidenta y se confirme el monto actualizado del decomiso.
El fiscal Villar sostuvo que la interpretación de la expresidenta acerca del carácter “provisorio” de ese monto es errónea y que ya hubo oportunidad de discutir el tema en las instancias previas.
Los jueces de la Sala IV, Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña deben resolver los pedidos en los próximos días.
En un escrito presentado ante la Cámara de Casación, la expresidenta -que cumple prisión en su domicilio de San Jose 1111 por fraude al Estado- criticó el modo en que se realizó el cálculo del decomiso y solicitó que se ordene un nuevo pronunciamiento “conforme a derecho”.
Además, solicitó que se suspendan "todas las actividades patrimoniales ejecutivas en curso que se vinculan con el instituto del decomiso".
El pedido ocurre en el marco de una audiencia dispuesta por la Sala IV de la Cámara para escuchar a todas las partes respecto al monto, que fue definido en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal N°2 (TOF2), y actualizado en julio de este año, luego de que la Corte Suprema confirmara la condena a 6 años de prisión por fraude al Estado.
El monto original, dispuesto por los jueces del tribunal, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso era de $84.835.227.378. La actualización, dispuesta el 15 de julio, lo llevó a los más de 680 mil millones de pesos actuales.
Cristina Kirchner ya había formulado su pedido de nulidad ante el TOF 2, que lo rechazó in limine, pero abrió la instancia de Casación.
En su escrito, la expresidenta criticó la metodología empleada para la actualización, que fue la aplicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Sostuvo que los jueces no ofrecieron razones que explicaran “su superioridad” respecto a otras metodologías, que arrojaron sumas menores. Durante el juicio, su perito de parte calculó que el monto debía rondar los 42 millones.
“El a quo [por el TOF 2] dejó en claro que el monto consignado en la sentencia era meramente provisorio y que, en definitiva, sería definido a través de la intervención de organismos técnicos una vez que el fallo adquiriera firmeza“, dice el escrito presentado por su abogado Alberto Beraldi.
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Con información de
La Nación
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