El Garrahan anunció un aumento salarial con fondos propios, pero persiste el conflicto
Martes 23 de
Septiembre 2025
Los trabajadores señalaron que, a pesar de significar un avance, la medida no resuelve las desigualdades salariales ni las condiciones laborales de fondo. "Es un paso adelante, pero la pelea sigue", advirtieron.
l Hospital Garrahan informó un incremento salarial para su planta de trabajadores, financiado a partir del Plan de Eficiencia aplicado en la institución. Según detallaron en un comunicado, el personal asistencial recibirá un complemento mensual de 450 mil pesos y el resto de la planta un adicional de 350 mil pesos. Desde la conducción del centro de salud señalaron que se trata de un “hito” en la administración, al redireccionar fondos que antes quedaban en manos de unos pocos hacia la mejora de los salarios y la atención de los pacientes.
El Consejo de Administración celebró la medida como parte de un cambio de rumbo en la gestión, orientado a “reconocer económicamente a los equipos de salud”. En la misma línea, el ministro de Salud, Mario Lugones, sostuvo que “gracias a una gestión eficiente, el Garrahan hoy está en condiciones de mejorar los ingresos de sus trabajadores”. Para el funcionario, la decisión demuestra que “la plata para el personal siempre estuvo en el Hospital, pero mal distribuida”, y que el objetivo del Gobierno es “terminar con el despilfarro y los privilegios para que cada peso se destine a lo que importa: los profesionales y los pacientes”.
Sin embargo, el anuncio se produjo en la antesala de un paro de 48 horas convocado por la Junta Interna de ATE en el Garrahan, que venía sumando adhesión. Su secretario general, Alejandro Lipcovich, consideró que el aumento es una “primera conquista salarial de la huelga” y advirtió que no alcanza para resolver de fondo los problemas estructurales que atraviesa el personal de salud.
“Las sumas fijas de 450 mil y 350 mil pesos por cuatro meses son indiscutiblemente fruto de la lucha. El Consejo anunció el aumento cuando estaba contra las cuerdas, tras revelarse la existencia de 40 mil millones de pesos de fondos propios retenidos en un fondo de inversión”, señaló el dirigente.
Lipcovich también recordó que la conducción del hospital había negado la posibilidad de usar esos recursos para salarios y hasta acusó a trabajadores de ser “ñoquis”, sin poder probarlo. “Lo que cambió las condiciones fue la tenaz lucha de todos los sectores, con paros, asambleas y movilizaciones. Esa presión es la que arrancó esta conquista parcial”, subrayó.
En ese marco, los trabajadores plantearon que el anuncio, aunque significativo, no resuelve las desigualdades salariales ni las condiciones laborales de fondo. “Es un paso adelante, pero la pelea sigue. El Garrahan necesita un verdadero plan de recomposición salarial sostenido en el tiempo, no parches que solo descomprimen la bronca”, remarcaron desde ATE.
Luego del rechazo del veto de Javier Milei, el Gobierno promulgó la ley 27.793, que declara la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, tal como había adelantado hace una semana el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la ejecución de la norma quedó suspendida hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento e incluya las partidas correspondientes en el Presupuesto nacional. La medida se oficializó mediante el Decreto 681/2025 publicado en el Boletín Oficial.
La suspensión responde al impacto fiscal que la implementación de la ley traería al Estado. Según cálculos del oficialismo, la creación de la nueva pensión implicará un gasto de $2,16 billones en 2025 (0,26 % del PBI) y $4,7 billones en 2026 (0,47 % del PBI). A esto se suma el Programa Incluir Salud, con un gasto adicional de $574.200 millones para 2025 y $1,24 billones para 2026, más $278.323 millones para la compensación de prestadores, alcanzando un total de $3,02 billones, equivalente al 0,35 % del PBI.
El Ejecutivo justificó la postergación señalando que el Congreso “omitió indicar de manera fehaciente cómo se financiarán las erogaciones” de la ley, y recordó que el jefe de Gabinete no puede considerar la facultad de reasignar partidas presupuestarias como una fuente suficiente.
El Consejo de Administración celebró la medida como parte de un cambio de rumbo en la gestión, orientado a “reconocer económicamente a los equipos de salud”. En la misma línea, el ministro de Salud, Mario Lugones, sostuvo que “gracias a una gestión eficiente, el Garrahan hoy está en condiciones de mejorar los ingresos de sus trabajadores”. Para el funcionario, la decisión demuestra que “la plata para el personal siempre estuvo en el Hospital, pero mal distribuida”, y que el objetivo del Gobierno es “terminar con el despilfarro y los privilegios para que cada peso se destine a lo que importa: los profesionales y los pacientes”.
Sin embargo, el anuncio se produjo en la antesala de un paro de 48 horas convocado por la Junta Interna de ATE en el Garrahan, que venía sumando adhesión. Su secretario general, Alejandro Lipcovich, consideró que el aumento es una “primera conquista salarial de la huelga” y advirtió que no alcanza para resolver de fondo los problemas estructurales que atraviesa el personal de salud.
“Las sumas fijas de 450 mil y 350 mil pesos por cuatro meses son indiscutiblemente fruto de la lucha. El Consejo anunció el aumento cuando estaba contra las cuerdas, tras revelarse la existencia de 40 mil millones de pesos de fondos propios retenidos en un fondo de inversión”, señaló el dirigente.
Lipcovich también recordó que la conducción del hospital había negado la posibilidad de usar esos recursos para salarios y hasta acusó a trabajadores de ser “ñoquis”, sin poder probarlo. “Lo que cambió las condiciones fue la tenaz lucha de todos los sectores, con paros, asambleas y movilizaciones. Esa presión es la que arrancó esta conquista parcial”, subrayó.
En ese marco, los trabajadores plantearon que el anuncio, aunque significativo, no resuelve las desigualdades salariales ni las condiciones laborales de fondo. “Es un paso adelante, pero la pelea sigue. El Garrahan necesita un verdadero plan de recomposición salarial sostenido en el tiempo, no parches que solo descomprimen la bronca”, remarcaron desde ATE.
Mientras tanto, el Gobierno postergó la aplicación de la ley de Emergencia en Discapacidad
Luego del rechazo del veto de Javier Milei, el Gobierno promulgó la ley 27.793, que declara la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, tal como había adelantado hace una semana el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la ejecución de la norma quedó suspendida hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento e incluya las partidas correspondientes en el Presupuesto nacional. La medida se oficializó mediante el Decreto 681/2025 publicado en el Boletín Oficial.
La suspensión responde al impacto fiscal que la implementación de la ley traería al Estado. Según cálculos del oficialismo, la creación de la nueva pensión implicará un gasto de $2,16 billones en 2025 (0,26 % del PBI) y $4,7 billones en 2026 (0,47 % del PBI). A esto se suma el Programa Incluir Salud, con un gasto adicional de $574.200 millones para 2025 y $1,24 billones para 2026, más $278.323 millones para la compensación de prestadores, alcanzando un total de $3,02 billones, equivalente al 0,35 % del PBI.
El Ejecutivo justificó la postergación señalando que el Congreso “omitió indicar de manera fehaciente cómo se financiarán las erogaciones” de la ley, y recordó que el jefe de Gabinete no puede considerar la facultad de reasignar partidas presupuestarias como una fuente suficiente.
Con información de
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