El Gobierno promulgó la Ley Nicolás, que busca evitar casos de mala praxis y mejorar la seguridad sanitaria
Miércoles 08 de
Octubre 2025
La iniciativa busca establecer un marco jurídico e institucional para garantizar el derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura
Después de su sanción en el Congreso en septiembre, el Gobierno promulgó la Ley Nicolás, la cual busca establecer un marco jurídico e institucional para garantizar el derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura. Entre sus puntos, también tiene como fin reducir los daños evitables en la atención médica, mejorar las condiciones de trabajo del personal de salud y promover procesos de atención más seguros y protocolizados.
“Esta ley tiene por finalidad asegurar el derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura, centrada en las personas y en las comunidades, a través de la definición de un marco jurídico e institucional que promueva la transformación de las pautas culturales, la mejora de las condiciones de la práctica sanitaria, la protocolización y jerarquización de los procesos de atención, la incorporación de herramientas tecnológicas adecuadas, la disminución de daños evitables, y el cuidado del marco de trabajo del equipo de salud“, detalla el primer artículo de la Ley 27.797 que se promulgó en el Boletín Oficial de este miércoles.
Entre los principales puntos de la nueva normativa, se dispuso la creación de un Registro Unificado de Eventos Centinela (RUDEC), que funcionará como un sistema para reportar incidentes de seguridad, eventos adversos y otros eventos que requieran investigación, con criterio “no punitivo”. El organismo deberá adoptar medidas en respuesta a las notificaciones y garantizar la confidencialidad de la información obtenida.
La ley también impone que si un profesional es sancionado o inhabilitado en una jurisdicción, esa inhabilitación abarcará todo el país. “Las instituciones proveedoras de servicios de salud deben contar con métodos de selección transparentes y equitativos para la selección e incorporación de su personal, orientados a generar la mejor oferta posible”, sanciona y sostiene que las autoridades deben informar a la Red Federal de Profesionales de la Salud (REFEPS).
Además, dentro de un plazo máximo de cuatro años, todas las jurisdicciones deberán disponer de plataformas digitales interoperables para la historia clínica.
La Ley Nicolás recibió su sanción después de ser aprobada en el Senado con 69 votos positivos y 1 negativo. Al respecto, la senadora Lucia Corpacci (del Frente Nacional y Popular), explicó: “Las fallas humanas que derivan de diagnósticos médicos errados pueden existir y no las debemos negar, por eso es importante registrarlas sin que eso signifique una denuncia y este proyecto pretende trabajar sobre ellas, averiguar el por qué y poder modificarlas”.
El proyecto transitó un proceso de aprobación muy largo, ya que fue impulsado en 2021 y comenzó a ser discutido a mediados de 2023. Esta inspirado en el caso de Nicolás Deanna, un joven que murió en 2017 tras un diagnóstico erróneo. “Los procedimientos médicos que provocan lesiones o muertes, son tratados como homicidios culposos o de lesiones culposas. La pena del homicidio es de dos a cinco años, cuando se trata de una muerte por mala praxis. En estos casos los médicos rara vez suelen ir presos. Por eso, también se busca subir el mínimo y el máximo de la pena”, destacó años atrás la abogada Gabriela Covelli, madre de Deanna, y fundadora de la ONG Por la vida y la salud.
“Esta ley tiene por finalidad asegurar el derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura, centrada en las personas y en las comunidades, a través de la definición de un marco jurídico e institucional que promueva la transformación de las pautas culturales, la mejora de las condiciones de la práctica sanitaria, la protocolización y jerarquización de los procesos de atención, la incorporación de herramientas tecnológicas adecuadas, la disminución de daños evitables, y el cuidado del marco de trabajo del equipo de salud“, detalla el primer artículo de la Ley 27.797 que se promulgó en el Boletín Oficial de este miércoles.
Entre los principales puntos de la nueva normativa, se dispuso la creación de un Registro Unificado de Eventos Centinela (RUDEC), que funcionará como un sistema para reportar incidentes de seguridad, eventos adversos y otros eventos que requieran investigación, con criterio “no punitivo”. El organismo deberá adoptar medidas en respuesta a las notificaciones y garantizar la confidencialidad de la información obtenida.
La ley también impone que si un profesional es sancionado o inhabilitado en una jurisdicción, esa inhabilitación abarcará todo el país. “Las instituciones proveedoras de servicios de salud deben contar con métodos de selección transparentes y equitativos para la selección e incorporación de su personal, orientados a generar la mejor oferta posible”, sanciona y sostiene que las autoridades deben informar a la Red Federal de Profesionales de la Salud (REFEPS).
Además, dentro de un plazo máximo de cuatro años, todas las jurisdicciones deberán disponer de plataformas digitales interoperables para la historia clínica.
La Ley Nicolás recibió su sanción después de ser aprobada en el Senado con 69 votos positivos y 1 negativo. Al respecto, la senadora Lucia Corpacci (del Frente Nacional y Popular), explicó: “Las fallas humanas que derivan de diagnósticos médicos errados pueden existir y no las debemos negar, por eso es importante registrarlas sin que eso signifique una denuncia y este proyecto pretende trabajar sobre ellas, averiguar el por qué y poder modificarlas”.
El proyecto transitó un proceso de aprobación muy largo, ya que fue impulsado en 2021 y comenzó a ser discutido a mediados de 2023. Esta inspirado en el caso de Nicolás Deanna, un joven que murió en 2017 tras un diagnóstico erróneo. “Los procedimientos médicos que provocan lesiones o muertes, son tratados como homicidios culposos o de lesiones culposas. La pena del homicidio es de dos a cinco años, cuando se trata de una muerte por mala praxis. En estos casos los médicos rara vez suelen ir presos. Por eso, también se busca subir el mínimo y el máximo de la pena”, destacó años atrás la abogada Gabriela Covelli, madre de Deanna, y fundadora de la ONG Por la vida y la salud.
Con información de
La Nación
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