Reforma tributaria: entre dilemas y reclamos, qué aspectos debe solucionar "sí o sí" el Gobierno
Miércoles 26 de
Noviembre 2025
Sin alivio inmediato para los impuestos "distorsivos", el proyecto de ley que mandará el Gobierno promete otros cambios. Los gobernadores y sus "pedidos" para levantar la mano y apoyar.
La reforma del sistema tributario es un reclamo persistente en los diferentes sectores de la economía. El Gobierno entiende que es necesario llevar a cabo una profunda reducción de los impuestos que “menos recaudan”, con el objetivo de mejorar la competitividad de las empresas y del sistema productivo en general.
Está claro que el Ejecutivo fortalecerá, a partir del 10 de diciembre, su posición en ambas cámaras del Congreso. Sin embargo, también deberá tender puentes con sus “potenciales aliados” para conseguir los números que permitan aprobar dicho proyecto de ley.
La simplificación tributaria no es solo una intención del oficialismo nacional, sino que el Fondo Monetario Internacional (FMI) instó a la gestión de Javier Milei a llevar a cabo una serie de modificaciones.
Así lo expresó en el staff report publicado a mediados de abril, momento en el que Argentina cerró un Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF, por sus siglas en inglés) con el organismo internacional.
“Existen más de 155 impuestos, lo que aumenta la carga administrativa, aunque solo seis de ellos (impuesto a las Ganancias, contribuciones a la seguridad social, IVA, impuesto a las transacciones financieras -impuesto al Cheque-, Derechos de Exportación -retenciones- e Ingresos Brutos provinciales) representan más del 80 por ciento de la recaudación total”, dice un fragmento del apartado “Argentina’s Tax System and Reform Considerations”.
Incluso, el FMI señala que hubo “años de inestabilidad macroeconómica y limitada disciplina fiscal en todos los niveles de gobierno”, lo cual agravó la estructura impositiva. “El gobierno nacional incrementó su dependencia de impuestos distorsivos no coparticipables, y las provincias aumentaron Ingresos Brutos y otras tasas ante la reducción de transferencias federales y los escasos incentivos para reducir el gasto”, explicaron.
En ese marco, la administración del presidente Javier Milei tiene por delante un dilema ideológico. Si se eliminan impuestos distorsivos, esto podría atentar contra una de las máximas de La Libertad Avanza: el equilibrio fiscal.
A esto se suma otro capítulo de interés para las provincias: la coparticipación federal de ingresos, mediante la cual Nación distribuye parte de la recaudación entre las provincias (según la población, la capacidad fiscal y la infraestructura) y las transferencias nacionales para la ejecución de obras públicas, entre otros aspectos.
Reforma tributaria: por qué es complejo eliminar impuestos distorsivos
Los impuestos distorsivos están bajo la lupa del Ejecutivo, aunque -al menos por ahora- no formarían parte del “primer capítulo” de la reforma tributaria que se debatirá en el Congreso.
“Nosotros, en lo tributario, a lo que queremos ir es a eliminar los impuestos más distorsivos que todos sabemos cuáles son. A nivel provincial, Ingresos Brutos; a nivel nacional, el impuesto al Cheque, las retenciones y el impuesto a las Ganancias en las empresas que hoy nos hace poco competitivos respecto de otros países del mundo”, dijo hace algunas semanas el ministro de Economía, Luis Caputo.
Lo cierto es que, pese al deseo oficialista, la realidad impide llevar adelante la eliminación de gravámenes distorsivos. ¿Cuál es el motivo? El impacto en la recaudación.
“El impuesto al Cheque, alrededor de 1,5% del PBI; las retenciones, un 1,2%(...). Son todas cosas que hoy no podemos darnos el lujo [de eliminar] porque de corto plazo implica romper el ancla fiscal”, se sinceró el titular de Hacienda.
En ese sentido, un informe publicado por la Fundación Mediterránea expuso cuán complejo es suprimir o sustituir aquellos tributos considerados como “distorsivos”.
El documento, elaborado por Marcelo Capello y Martín Fiore, enfatiza “la necesidad de una reforma tributaria que elimine o sustituya los impuestos más distorsivos, que minan las posibilidades de crecimiento económico”.
Allí, enumeran los siguientes gravámenes, aclarando cuál es su peso para el Producto Bruto Interno (PBI):
Derechos de Exportación (1% del PBI) -Nacional-.
Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios (1,6% del PBI) -Nacional-.
Ingresos Brutos (4% del PBI) y Sellos (0,4% del PBI) -Provincial-.
Tasa de Seguridad e Higiene (0,6% del PBI) -Municipal-.
“En conjunto, representan 7,6% del PBI: un 2,6% del PBI los tributos nacionales, 4,4% los provinciales y 0,6% los municipales”, subraya el informe.
El punto es, además, que la actual administración redujo el gasto público consolidado en poco más de cinco puntos del PBI.
“No existe chance de que se pueda reducir ‘en shock’ el gasto de los tres niveles de gobierno en otros 8 puntos del PBI, para dar lugar a la eliminación de los mencionados tributos. Más bien hay que pensar en un mix de reducción gradual del gasto junto a la sustitución de impuestos malos por menos malos, para que la reforma tributaria resulte viable”, plantearon Capello y Fiore.
Reforma tributaria: qué reclamos podrían poner sobre la mesa los gobernadores
El documento de la Fundación Mediterránea añade otro aspecto que podría complicar las negociaciones parlamentarias: los reclamos de los gobernadores.
Entre los ejes del debate, los responsables del artículo incluyeron:
- Los reclamos plasmados en proyectos de ley (por ejemplo, la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional -destinados, originalmente, a atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros-, con un costo fiscal para la Nación de 0,06% del PBI, y la distribución del impuesto a los Combustibles, con un costo para la Nación de 0,12% del PBI);
- La disputa por los fondos que la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) debiera transferir a las cajas de jubilaciones de 13 jurisdicciones con sistemas propios, lo cual implicaría un costo anual de 0,2% del PBI (sin considerar deudas de períodos anteriores);
- Los fondos de coparticipación que reclama la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con un costo fiscal anual de alrededor de 0,18% del PBI.
- Las transferencias nacionales para la ejecución de obras públicas en provincias, que sufrieron un recorte de alrededor de 0,3% del PBI si se compara la situación actual contra el promedio observado entre 2015 y 2023.
- En total, los investigadores señalaron que los reclamos provinciales implican un 0,8% de la actividad económica del país.
“Sumados a la pérdida de recursos fiscales para el gobierno nacional que podría significar una reforma tributaria, no resultarían compatibles con el objetivo de viabilidad fiscal”, resaltaron.
Pese a ello, los economistas entienden que es viable establecer “un nuevo pacto entre Nación y Provincias”, con objetivos fiscales y de competitividad para estimular la economía.
“Debiera contener un elemento central que permita financiar en forma gradual las reformas pendientes, como aprobar un tope al aumento anual del gasto público en ambos niveles de gobierno, por una cierta cantidad de años, para que no supere a la tasa de inflación. Con crecimiento económico, dicho tope a la suba del gasto liberaría recursos para la reforma tributaria y otros fines”, precisaron.
Está claro que el Ejecutivo fortalecerá, a partir del 10 de diciembre, su posición en ambas cámaras del Congreso. Sin embargo, también deberá tender puentes con sus “potenciales aliados” para conseguir los números que permitan aprobar dicho proyecto de ley.
La simplificación tributaria no es solo una intención del oficialismo nacional, sino que el Fondo Monetario Internacional (FMI) instó a la gestión de Javier Milei a llevar a cabo una serie de modificaciones.
Así lo expresó en el staff report publicado a mediados de abril, momento en el que Argentina cerró un Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF, por sus siglas en inglés) con el organismo internacional.
“Existen más de 155 impuestos, lo que aumenta la carga administrativa, aunque solo seis de ellos (impuesto a las Ganancias, contribuciones a la seguridad social, IVA, impuesto a las transacciones financieras -impuesto al Cheque-, Derechos de Exportación -retenciones- e Ingresos Brutos provinciales) representan más del 80 por ciento de la recaudación total”, dice un fragmento del apartado “Argentina’s Tax System and Reform Considerations”.
Incluso, el FMI señala que hubo “años de inestabilidad macroeconómica y limitada disciplina fiscal en todos los niveles de gobierno”, lo cual agravó la estructura impositiva. “El gobierno nacional incrementó su dependencia de impuestos distorsivos no coparticipables, y las provincias aumentaron Ingresos Brutos y otras tasas ante la reducción de transferencias federales y los escasos incentivos para reducir el gasto”, explicaron.
En ese marco, la administración del presidente Javier Milei tiene por delante un dilema ideológico. Si se eliminan impuestos distorsivos, esto podría atentar contra una de las máximas de La Libertad Avanza: el equilibrio fiscal.
A esto se suma otro capítulo de interés para las provincias: la coparticipación federal de ingresos, mediante la cual Nación distribuye parte de la recaudación entre las provincias (según la población, la capacidad fiscal y la infraestructura) y las transferencias nacionales para la ejecución de obras públicas, entre otros aspectos.
Reforma tributaria: por qué es complejo eliminar impuestos distorsivos
Los impuestos distorsivos están bajo la lupa del Ejecutivo, aunque -al menos por ahora- no formarían parte del “primer capítulo” de la reforma tributaria que se debatirá en el Congreso.
“Nosotros, en lo tributario, a lo que queremos ir es a eliminar los impuestos más distorsivos que todos sabemos cuáles son. A nivel provincial, Ingresos Brutos; a nivel nacional, el impuesto al Cheque, las retenciones y el impuesto a las Ganancias en las empresas que hoy nos hace poco competitivos respecto de otros países del mundo”, dijo hace algunas semanas el ministro de Economía, Luis Caputo.
Lo cierto es que, pese al deseo oficialista, la realidad impide llevar adelante la eliminación de gravámenes distorsivos. ¿Cuál es el motivo? El impacto en la recaudación.
“El impuesto al Cheque, alrededor de 1,5% del PBI; las retenciones, un 1,2%(...). Son todas cosas que hoy no podemos darnos el lujo [de eliminar] porque de corto plazo implica romper el ancla fiscal”, se sinceró el titular de Hacienda.
En ese sentido, un informe publicado por la Fundación Mediterránea expuso cuán complejo es suprimir o sustituir aquellos tributos considerados como “distorsivos”.
El documento, elaborado por Marcelo Capello y Martín Fiore, enfatiza “la necesidad de una reforma tributaria que elimine o sustituya los impuestos más distorsivos, que minan las posibilidades de crecimiento económico”.
Allí, enumeran los siguientes gravámenes, aclarando cuál es su peso para el Producto Bruto Interno (PBI):
Derechos de Exportación (1% del PBI) -Nacional-.
Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios (1,6% del PBI) -Nacional-.
Ingresos Brutos (4% del PBI) y Sellos (0,4% del PBI) -Provincial-.
Tasa de Seguridad e Higiene (0,6% del PBI) -Municipal-.
“En conjunto, representan 7,6% del PBI: un 2,6% del PBI los tributos nacionales, 4,4% los provinciales y 0,6% los municipales”, subraya el informe.
El punto es, además, que la actual administración redujo el gasto público consolidado en poco más de cinco puntos del PBI.
“No existe chance de que se pueda reducir ‘en shock’ el gasto de los tres niveles de gobierno en otros 8 puntos del PBI, para dar lugar a la eliminación de los mencionados tributos. Más bien hay que pensar en un mix de reducción gradual del gasto junto a la sustitución de impuestos malos por menos malos, para que la reforma tributaria resulte viable”, plantearon Capello y Fiore.
Reforma tributaria: qué reclamos podrían poner sobre la mesa los gobernadores
El documento de la Fundación Mediterránea añade otro aspecto que podría complicar las negociaciones parlamentarias: los reclamos de los gobernadores.
Entre los ejes del debate, los responsables del artículo incluyeron:
- Los reclamos plasmados en proyectos de ley (por ejemplo, la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional -destinados, originalmente, a atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros-, con un costo fiscal para la Nación de 0,06% del PBI, y la distribución del impuesto a los Combustibles, con un costo para la Nación de 0,12% del PBI);
- La disputa por los fondos que la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) debiera transferir a las cajas de jubilaciones de 13 jurisdicciones con sistemas propios, lo cual implicaría un costo anual de 0,2% del PBI (sin considerar deudas de períodos anteriores);
- Los fondos de coparticipación que reclama la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con un costo fiscal anual de alrededor de 0,18% del PBI.
- Las transferencias nacionales para la ejecución de obras públicas en provincias, que sufrieron un recorte de alrededor de 0,3% del PBI si se compara la situación actual contra el promedio observado entre 2015 y 2023.
- En total, los investigadores señalaron que los reclamos provinciales implican un 0,8% de la actividad económica del país.
“Sumados a la pérdida de recursos fiscales para el gobierno nacional que podría significar una reforma tributaria, no resultarían compatibles con el objetivo de viabilidad fiscal”, resaltaron.
Pese a ello, los economistas entienden que es viable establecer “un nuevo pacto entre Nación y Provincias”, con objetivos fiscales y de competitividad para estimular la economía.
“Debiera contener un elemento central que permita financiar en forma gradual las reformas pendientes, como aprobar un tope al aumento anual del gasto público en ambos niveles de gobierno, por una cierta cantidad de años, para que no supere a la tasa de inflación. Con crecimiento económico, dicho tope a la suba del gasto liberaría recursos para la reforma tributaria y otros fines”, precisaron.
Con información de
Cronista
Reforma tributaria: entre dilemas y reclamos, qué aspectos debe solucionar "sí o sí" el Gobierno
Sin alivio inmediato para los impuestos "distorsivos", el proyecto de ley que mandará el Gobierno promete otros cambios. Los gobernadores y sus "pedidos" para levantar la mano y apoyar.
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