El Gobierno envió al Congreso el proyecto para modificar la ley de protección a glaciares
Martes 16 de
Diciembre 2025
La presentación fue confirmada por la Oficina de Presidencia; el Ejecutivo sostiene que la regulación vigente presenta "graves falencias"
El Gobierno envió al Congreso el proyecto con el que busca modificar la ley de protección a glaciares y obtener inversiones millonarias. Así lo informó el Ejecutivo mediante un comunicado difundido este lunes a la noche por la Oficina de la Presidencia, en el que asegura que la ley firmada en 2010 presenta “graves falencias”. ”Bajo pretextos ideológicos, se obstaculizó el desarrollo del país“, afirma.
Según resalta el Gobierno, su intención es modificar la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares N° 26.639 durante el periodo de sesiones extraordinarias “con el objetivo de ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución Nacional”.
“Esta reforma propone reglas claras: protege los glaciares que cumplen una función hídrica efectiva, fortalece los estándares ambientales vigentes y elimina la discrecionalidad que, bajo pretextos ideológicos, obstaculizó el desarrollo económico del país”, dice el escrito difundido en redes sociales.
“El proyecto reafirma el mandato constitucional del artículo 41, que exige proteger el ambiente sin impedir el desarrollo humano, y del artículo 124, que reconoce a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales”, aclaran.
Con eso en mente, el proyecto del oficialismo tendría como objetivo “fortalecer el rol de las autoridades provinciales en la evaluación de impacto ambiental, reconocer su capacidad técnica y científica, y promover una articulación eficiente con el Inventario Nacional de Glaciares, a fin de contar con información precisa, actualizada y útil para la toma de decisiones”.
La modificación sigue los lineamientos y el rumbo trazado por la administración libertaria, en el marco de las “desregulaciones, el orden del Estado, el respeto a la Constitución y la liberación de las fuerzas productivas”. Y aseguran que se trata de una “verdadera reforma de federalismo ambiental”.
Si bien el comunicado enfatiza que el proyecto busca responder a los reclamos de las provincias integrantes de la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y de la Mesa del Cobre (Mendoza y San Juan), no menciona a ninguna de las patagónicas, donde se encuentran los principales glaciares del país.
La Ley N.º 26.639 (“Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de Glaciares y del Ambiente Periglacial”) define como glaciar a “toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formada por la recristalización de nieve, ubicada en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua”.
Asimismo, se entiende por ambiente “periglacial” en la alta montaña al área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En el caso de la media y baja montaña, en tanto, al área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo.
El artículo 6 de la norma impide la exploración y explotación minera en glaciares y ambientes periglaciares, entre otras actividades que puedan modificar la dinámica natural del hielo o la calidad del agua, y el almacenamiento o manejo de sustancias tóxicas.
En declaraciones recientes, el presidente Javier Milei había anticipado que la modificación que analizaba enviar el Ejecutivo a extraordinarias tenía que ver con una definición más clara de lo que es una zona glaciar y una periglaciar, en la que tengan participación las provincias. Además, empresas del sector coinciden en que con esa modificación se destrabarán inversiones para la explotación de cobre, que suman US$35.000 millones.
Milei también reconoció que la idea había sido del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y conversada con las otras tres provincias que conforman la Mesa del Cobre: San Juan (Marcelo Orrego), Raúl Catamarca (Raúl Jalil) y Jujuy (Carlos Sadir).
Por su parte, el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola, explicó a LA NACION que una flexibilización en la Ley de Glaciares implicaría destrabar proyectos que traerán aparejadas inversiones multimillonarias en los próximos años. “El 75% de la superficie de los proyectos de cobre que fueron anunciados necesitan una aclaratoria de la ley porque están en zonas consideradas como periglaciares, la mayoría ya inició la solicitud para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)”, detalló.
Cabe señalar que más de 25 organizaciones de todo el país expresaron su preocupación ante la posible reforma de la ley de glaciares. Modificarla implicaría habilitar, según señalaron desde las organizaciones, actividades económicas —especialmente la minería de gran escala— con alto impacto ambiental y, entre otras cosas, la pérdida del agua almacenada en ellos.
Según resalta el Gobierno, su intención es modificar la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares N° 26.639 durante el periodo de sesiones extraordinarias “con el objetivo de ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución Nacional”.
“Esta reforma propone reglas claras: protege los glaciares que cumplen una función hídrica efectiva, fortalece los estándares ambientales vigentes y elimina la discrecionalidad que, bajo pretextos ideológicos, obstaculizó el desarrollo económico del país”, dice el escrito difundido en redes sociales.
“El proyecto reafirma el mandato constitucional del artículo 41, que exige proteger el ambiente sin impedir el desarrollo humano, y del artículo 124, que reconoce a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales”, aclaran.
Con eso en mente, el proyecto del oficialismo tendría como objetivo “fortalecer el rol de las autoridades provinciales en la evaluación de impacto ambiental, reconocer su capacidad técnica y científica, y promover una articulación eficiente con el Inventario Nacional de Glaciares, a fin de contar con información precisa, actualizada y útil para la toma de decisiones”.
La modificación sigue los lineamientos y el rumbo trazado por la administración libertaria, en el marco de las “desregulaciones, el orden del Estado, el respeto a la Constitución y la liberación de las fuerzas productivas”. Y aseguran que se trata de una “verdadera reforma de federalismo ambiental”.
Si bien el comunicado enfatiza que el proyecto busca responder a los reclamos de las provincias integrantes de la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y de la Mesa del Cobre (Mendoza y San Juan), no menciona a ninguna de las patagónicas, donde se encuentran los principales glaciares del país.
Qué es la ley de glaciares
La Ley N.º 26.639 (“Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de Glaciares y del Ambiente Periglacial”) define como glaciar a “toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formada por la recristalización de nieve, ubicada en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua”.
Asimismo, se entiende por ambiente “periglacial” en la alta montaña al área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En el caso de la media y baja montaña, en tanto, al área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo.
El artículo 6 de la norma impide la exploración y explotación minera en glaciares y ambientes periglaciares, entre otras actividades que puedan modificar la dinámica natural del hielo o la calidad del agua, y el almacenamiento o manejo de sustancias tóxicas.
En declaraciones recientes, el presidente Javier Milei había anticipado que la modificación que analizaba enviar el Ejecutivo a extraordinarias tenía que ver con una definición más clara de lo que es una zona glaciar y una periglaciar, en la que tengan participación las provincias. Además, empresas del sector coinciden en que con esa modificación se destrabarán inversiones para la explotación de cobre, que suman US$35.000 millones.
Milei también reconoció que la idea había sido del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y conversada con las otras tres provincias que conforman la Mesa del Cobre: San Juan (Marcelo Orrego), Raúl Catamarca (Raúl Jalil) y Jujuy (Carlos Sadir).
Por su parte, el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola, explicó a LA NACION que una flexibilización en la Ley de Glaciares implicaría destrabar proyectos que traerán aparejadas inversiones multimillonarias en los próximos años. “El 75% de la superficie de los proyectos de cobre que fueron anunciados necesitan una aclaratoria de la ley porque están en zonas consideradas como periglaciares, la mayoría ya inició la solicitud para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)”, detalló.
Cabe señalar que más de 25 organizaciones de todo el país expresaron su preocupación ante la posible reforma de la ley de glaciares. Modificarla implicaría habilitar, según señalaron desde las organizaciones, actividades económicas —especialmente la minería de gran escala— con alto impacto ambiental y, entre otras cosas, la pérdida del agua almacenada en ellos.
Con información de
La Nación
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