"Ficha limpia": Milei confirmó que volverá a la carga y un gobernador le marcó la cancha con un proyecto propio
Lunes 05 de
Enero 2026
Las legisladoras que responden a Rolando Figueroa, de Neuquén, presentaron una iniciativa que extiende las inhabilitaciones a delitos por narcotráfico, evasión y otros tipos dolosos con condena confirmada en segunda instancia
El espacio político La Neuquinidad, que lidera el gobernador Rolando Figueroa, presentó en el Congreso Nacional su propio proyecto de “ficha limpia” y se adelantó a Javier Milei, que días atrás había confirmado que volverá a insistir con esa ley. La iniciativa fue impulsada por la diputada Karina Maureira y la senadora Julieta Corroza, ambas alineadas con el mandatario provincial.
El texto se presenta como una versión “más firme” que la que fracasó el año pasado en el Senado. No se limita a los delitos de corrupción, sino que amplía las inhabilitaciones para candidatearse a personas condenadas en segunda instancia por delitos dolosos comunes o federales −con excepción de los delitos contra el honor−, delitos del Régimen Penal Tributario, delitos contra la Administración Pública y tráfico de estupefacientes.
El momento elegido para la presentación no fue casual. Ocurrió apenas dos días después de que el presidente Javier Milei confirmara, en una entrevista con Radio Mitre, que el oficialismo volverá a dar la batalla por “ficha limpia”.
“Nosotros vamos a volver a insistir”, dijo el mandatario, que atribuyó el fracaso del año pasado a la “mugre de la política” y negó que los votos estuvieran garantizados. “Nos trataron de embocar el cachetazo a nosotros”, replicó frente a las acusaciones de Pro y de sectores del radicalismo, que habían sugerido un acuerdo del Gobierno con el kirchnerismo para bloquear la ley.
Con su proyecto, Figueroa no solo se anticipa al Poder Ejecutivo, sino que le marca la cancha con una propuesta más amplia en términos penales. El punto vinculado al narcotráfico resulta especialmente sensible para el bloque libertario: el oficialismo debió bajar la candidatura de José Luis Espert en la provincia de Buenos Aires por sus presuntos vínculos con un empresario extraditado a Estados Unidos para ser juzgado, y también resignó la jura de Lorena Villaverde en el Senado, por antecedentes judiciales en ese país relacionados con la tenencia de drogas.
El gobernador explicó que la iniciativa “toma aspectos de la que ya funciona en Neuquén” y recalcó que se trata de la “ley más contundente y exigente del país”, ya que implica que nadie con antecedentes penales pueda acceder a una candidatura ni ser designado en un cargo de la función pública.
Además de las condenas con doble instancia, el proyecto incorpora otros supuestos de inhabilitación. Entre ellos, personas con prisión preventiva −impedimento que cesa una vez recuperada la libertad−; condenados al pago de deudas fiscales que no las hayan cancelado, y quienes hayan sido removidos o inhabilitados mediante juicio político u otros procedimientos constitucionales de destitución.
En los fundamentos, Maureira sostiene que “se impone la necesidad de reformular viejos esquemas y erradicar los efectos nefastos que produce la corrupción”, y plantea una visión integrada entre ética y transparencia que resguarde no solo el erario público, sino el conjunto de los bienes jurídicos protegidos por el ordenamiento legal.
El texto aclara que las inhabilitaciones son de carácter temporal y se extenderán por el plazo que disponga la condena o la decisión judicial, con el objetivo de preservar las garantías constitucionales y el principio de idoneidad para el ejercicio de la función pública.
Desde Neuquén, Figueroa celebró la iniciativa y aseguró que busca “seguir honrando la palabra” y promover a nivel nacional un modelo de transparencia que, según remarcó, ya rige en su provincia. En la misma línea, Corroza afirmó que Ficha Limpia es una herramienta clave para reforzar la responsabilidad de los funcionarios, mientras que Maureira sentenció: “Lo dijimos y cumplimos. Ficha limpia llega al Congreso de la Nación porque Neuquén representa integridad y honestidad”.
El texto se presenta como una versión “más firme” que la que fracasó el año pasado en el Senado. No se limita a los delitos de corrupción, sino que amplía las inhabilitaciones para candidatearse a personas condenadas en segunda instancia por delitos dolosos comunes o federales −con excepción de los delitos contra el honor−, delitos del Régimen Penal Tributario, delitos contra la Administración Pública y tráfico de estupefacientes.
El momento elegido para la presentación no fue casual. Ocurrió apenas dos días después de que el presidente Javier Milei confirmara, en una entrevista con Radio Mitre, que el oficialismo volverá a dar la batalla por “ficha limpia”.
“Nosotros vamos a volver a insistir”, dijo el mandatario, que atribuyó el fracaso del año pasado a la “mugre de la política” y negó que los votos estuvieran garantizados. “Nos trataron de embocar el cachetazo a nosotros”, replicó frente a las acusaciones de Pro y de sectores del radicalismo, que habían sugerido un acuerdo del Gobierno con el kirchnerismo para bloquear la ley.
Con su proyecto, Figueroa no solo se anticipa al Poder Ejecutivo, sino que le marca la cancha con una propuesta más amplia en términos penales. El punto vinculado al narcotráfico resulta especialmente sensible para el bloque libertario: el oficialismo debió bajar la candidatura de José Luis Espert en la provincia de Buenos Aires por sus presuntos vínculos con un empresario extraditado a Estados Unidos para ser juzgado, y también resignó la jura de Lorena Villaverde en el Senado, por antecedentes judiciales en ese país relacionados con la tenencia de drogas.
El gobernador explicó que la iniciativa “toma aspectos de la que ya funciona en Neuquén” y recalcó que se trata de la “ley más contundente y exigente del país”, ya que implica que nadie con antecedentes penales pueda acceder a una candidatura ni ser designado en un cargo de la función pública.
Además de las condenas con doble instancia, el proyecto incorpora otros supuestos de inhabilitación. Entre ellos, personas con prisión preventiva −impedimento que cesa una vez recuperada la libertad−; condenados al pago de deudas fiscales que no las hayan cancelado, y quienes hayan sido removidos o inhabilitados mediante juicio político u otros procedimientos constitucionales de destitución.
En los fundamentos, Maureira sostiene que “se impone la necesidad de reformular viejos esquemas y erradicar los efectos nefastos que produce la corrupción”, y plantea una visión integrada entre ética y transparencia que resguarde no solo el erario público, sino el conjunto de los bienes jurídicos protegidos por el ordenamiento legal.
El texto aclara que las inhabilitaciones son de carácter temporal y se extenderán por el plazo que disponga la condena o la decisión judicial, con el objetivo de preservar las garantías constitucionales y el principio de idoneidad para el ejercicio de la función pública.
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Con información de
La Nación
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