Reforma laboral: el oficialismo reactiva las negociaciones en el Senado para aprobar el proyecto a mediados de febrero
Lunes 26 de
Enero 2026
La jefa de los senadores libertarios, Patricia Bullrich, comenzará esta semana a discutir los cambios que aceptará el Gobierno; busca el apoyo de la UCR, Pro y de las fuerzas provinciales que gobiernan sus distritos
La mira sigue puesta en la segunda semana de febrero, meta que se propuso la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich (Capital), para que el Senado apruebe el proyecto de reforma laboral que obtuvo dictamen en diciembre último.
Para lograrlo, la Casa Rosada deberá aceptar cambios en la iniciativa que tendrá que negociar con la oposición dialoguista y, sobre todo, con los gobernadores con representación en la Cámara alta que manejan un puñado de votos clave que, en el caso de conseguirlos, le garantizarían a la administración libertaria poder vencer la resistencia de la CGT a la reforma.
Así, la suerte del proyecto se definirá en las próximas tres semanas. Bullrich lo sabe y, tras tomarse unos días de descanso, esta semana reanudará las negociaciones en persona para tratar de conseguir los votos que le permitan poder aprobar la reforma y girarla para su tratamiento a la Cámara de Diputados.
El proyecto es una de las obsesiones del gobierno de Javier Milei que, después de la sanción del Presupuesto 2026, pretende avanzar con modificaciones en la legislación laboral para seguir enviando mensajes de gobernabilidad a los mercados y al Fondo Monetario Internacional.
La iniciativa, que consta de más de 200 artículos, tiene dictamen desde fines de diciembre, pero el oficialismo debió postergar su debate en el recinto para las sesiones extraordinarias de febrero ante las dificultades para reunir los votos en medio de un trámite exprés que provocó cierto escozor entre los bloques dialoguistas.
Es que el texto aprobado por un plenario de las comisiones de Trabajo, que presidió también Bullrich, y de Presupuesto y Hacienda apenas si tomó en cuenta unos pocos pedidos de modificaciones de las decenas de cambios que se plantearon durante las tres jornadas en las que expusieron funcionarios del Poder Ejecutivo, sindicalistas y representantes de los sectores empresarios.
Los bloques dialoguistas pusieron su firma en el dictamen como un gesto de buena voluntad y de apoyo al Gobierno, pero sobre todo a Bullrich y su condición de nueva interlocutora de los libertarios en el Senado. Fue una forma de ganar tiempo mientras se seguía negociando cambios hasta el momento mismo de tratarlo en el recinto.
Sin embargo, el oficialismo embarró la cancha con una serie de maniobras impulsadas por el Gobierno en la Cámara de Diputados, como pretender derogar las leyes de financiamiento universitario y de discapacidad, que calaron hondo en el humor de la oposición en el Senado.
Así, el acuerdo que había tejido Bullrich para imprimirle velocidad a la reforma laboral en la Cámara alta, y de paso anotarse un primer triunfo parlamentario en su debut como senadora, se terminó cayendo. Sin votos de radicales y de Pro, se decidió pasar el debate para febrero, con la promesa de empezar a retomar las negociaciones en la segunda mitad de enero.
Es lo que va a ocurrir a partir de esta semana. En el oficialismo informaron que recién el miércoles, cuando esperan que ya se encuentren en Buenos Aires senadores de los bloques dialoguistas, comenzarían los encuentros para empezar a negociar cambios al proyecto.
¿Cuántos serán los cambios? “Depende de los votos que necesitemos para aprobarla”, afirmó una fuente legislativa oficialista a este diario que, sin embargo, se preocupó por destacar que hay un limite. “Hay un punto en el que si le hacés muchos cambios pierde su esencia, deja de ser conveniente”, aclararon en un despacho libertario.
“No creo que ello vaya a pasar. Creo que vamos a y tener una buena ley”, se mostraron optimistas en el equipo de colaboradores de Bullrich, que durante la semana pasada comenzaron a recolectar y sistematizar los pedidos de cambios que por diferentes vías han ido llegando al despacho de la jefa de los senadores oficialistas.
Aunque sin demasiadas precisiones, la idea es no adelantar cambios todavía para no provocar celos, parece un hecho que el Gobierno terminará cediendo la rebaja de Ganancias que establece la ley como incentivo a la creación de puestos de trabajo.
En el Senado y la Casa Rosada saben que es un tema delicado que afecta la porción de la coparticipación de impuestos que reciben las provincias. El tema podría ser la llave que termine inclinando la balanza a favor de la aprobación de la reforma laboral en la Cámara alta.
El reclamo lo ha escuchado tanto Bullrich en el Senado como el ministro del Interior, Diego Santilli, en sus recorridas por diversas provincias con el objetivo de buscar respaldos legislativos para la administración Milei.
El resultado de esas gestiones es, todavía, una incógnita. Ningún mandatario de los críticos anunció su apoyo decidido a la reforma laboral tras la visita de Santilli. Es lógico, todavía hay tiempo para negociar y los reclamos de las provincias siempre son muchos.
El factor de los gobernadores es clave para vencer la resistencia de la CGT. Con el peronismo debilitado y todavía desorientado tras la derrota electoral del año pasado, la resistencia de los mandatarios provinciales es, tal vez, el último bastión al que podría apelar la central obrera para detener el avance del proyecto.
Para lograrlo, la Casa Rosada deberá aceptar cambios en la iniciativa que tendrá que negociar con la oposición dialoguista y, sobre todo, con los gobernadores con representación en la Cámara alta que manejan un puñado de votos clave que, en el caso de conseguirlos, le garantizarían a la administración libertaria poder vencer la resistencia de la CGT a la reforma.
Así, la suerte del proyecto se definirá en las próximas tres semanas. Bullrich lo sabe y, tras tomarse unos días de descanso, esta semana reanudará las negociaciones en persona para tratar de conseguir los votos que le permitan poder aprobar la reforma y girarla para su tratamiento a la Cámara de Diputados.
El proyecto es una de las obsesiones del gobierno de Javier Milei que, después de la sanción del Presupuesto 2026, pretende avanzar con modificaciones en la legislación laboral para seguir enviando mensajes de gobernabilidad a los mercados y al Fondo Monetario Internacional.
La iniciativa, que consta de más de 200 artículos, tiene dictamen desde fines de diciembre, pero el oficialismo debió postergar su debate en el recinto para las sesiones extraordinarias de febrero ante las dificultades para reunir los votos en medio de un trámite exprés que provocó cierto escozor entre los bloques dialoguistas.
Es que el texto aprobado por un plenario de las comisiones de Trabajo, que presidió también Bullrich, y de Presupuesto y Hacienda apenas si tomó en cuenta unos pocos pedidos de modificaciones de las decenas de cambios que se plantearon durante las tres jornadas en las que expusieron funcionarios del Poder Ejecutivo, sindicalistas y representantes de los sectores empresarios.
Los bloques dialoguistas pusieron su firma en el dictamen como un gesto de buena voluntad y de apoyo al Gobierno, pero sobre todo a Bullrich y su condición de nueva interlocutora de los libertarios en el Senado. Fue una forma de ganar tiempo mientras se seguía negociando cambios hasta el momento mismo de tratarlo en el recinto.
Sin embargo, el oficialismo embarró la cancha con una serie de maniobras impulsadas por el Gobierno en la Cámara de Diputados, como pretender derogar las leyes de financiamiento universitario y de discapacidad, que calaron hondo en el humor de la oposición en el Senado.
Así, el acuerdo que había tejido Bullrich para imprimirle velocidad a la reforma laboral en la Cámara alta, y de paso anotarse un primer triunfo parlamentario en su debut como senadora, se terminó cayendo. Sin votos de radicales y de Pro, se decidió pasar el debate para febrero, con la promesa de empezar a retomar las negociaciones en la segunda mitad de enero.
Los cambios
Es lo que va a ocurrir a partir de esta semana. En el oficialismo informaron que recién el miércoles, cuando esperan que ya se encuentren en Buenos Aires senadores de los bloques dialoguistas, comenzarían los encuentros para empezar a negociar cambios al proyecto.
¿Cuántos serán los cambios? “Depende de los votos que necesitemos para aprobarla”, afirmó una fuente legislativa oficialista a este diario que, sin embargo, se preocupó por destacar que hay un limite. “Hay un punto en el que si le hacés muchos cambios pierde su esencia, deja de ser conveniente”, aclararon en un despacho libertario.
“No creo que ello vaya a pasar. Creo que vamos a y tener una buena ley”, se mostraron optimistas en el equipo de colaboradores de Bullrich, que durante la semana pasada comenzaron a recolectar y sistematizar los pedidos de cambios que por diferentes vías han ido llegando al despacho de la jefa de los senadores oficialistas.
Aunque sin demasiadas precisiones, la idea es no adelantar cambios todavía para no provocar celos, parece un hecho que el Gobierno terminará cediendo la rebaja de Ganancias que establece la ley como incentivo a la creación de puestos de trabajo.
En el Senado y la Casa Rosada saben que es un tema delicado que afecta la porción de la coparticipación de impuestos que reciben las provincias. El tema podría ser la llave que termine inclinando la balanza a favor de la aprobación de la reforma laboral en la Cámara alta.
El reclamo lo ha escuchado tanto Bullrich en el Senado como el ministro del Interior, Diego Santilli, en sus recorridas por diversas provincias con el objetivo de buscar respaldos legislativos para la administración Milei.
El resultado de esas gestiones es, todavía, una incógnita. Ningún mandatario de los críticos anunció su apoyo decidido a la reforma laboral tras la visita de Santilli. Es lógico, todavía hay tiempo para negociar y los reclamos de las provincias siempre son muchos.
El factor de los gobernadores es clave para vencer la resistencia de la CGT. Con el peronismo debilitado y todavía desorientado tras la derrota electoral del año pasado, la resistencia de los mandatarios provinciales es, tal vez, el último bastión al que podría apelar la central obrera para detener el avance del proyecto.
Con información de
La Nación
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