Milei reabre la pelea por los fondos universitarios: las claves del proyecto que mandó al Congreso
Lunes 23 de
Febrero 2026
Después de las derrotas legislativas del año pasado y de la judicialización de la ley de Financiamiento Educativo, la Casa Rosada hace la apuesta de una nueva norma que buscará aprobar gracias a la renovación parlamentaria.
El gobierno de Javier Milei volvió a poner en el centro de la escena el financiamiento universitario cuando esta semana envió al Congreso un proyecto de modificación de la Ley 27.795, la norma que había sido sancionada el año pasado en medio de una fuerte disputa política y que aún hoy sigue atravesada por cuestionamientos judiciales y reclamos del sistema universitario.
La iniciativa oficial propone cambios en la fórmula de actualización presupuestaria y salarial, redefine partidas y establece nuevos criterios de financiamiento.
Según el texto, se trata de una “recomposición” orientada a garantizar la sostenibilidad fiscal, pero introduce modificaciones sustanciales respecto de la ley vigente, especialmente en materia de aumentos automáticos atados al IPC y en la determinación de los recursos.
Desde los sindicatos docentes ya anunciaron su rechazo a la propuesta: “Se nos quiere imponer que solo cobremos el 12% de incremento salarial en tres cómodas cuotas, la última se cobraría en noviembre, como compensación de la caída de nuestros salarios desde que asumió Milei. Por la ley, aprobada cuatro veces, nos corresponde el 50% del pago retroactivo“, señalaron desde la AGD-UBA.
El conflicto tiene una cronología cargada. En 2024, el Congreso aprobó la Ley de Financiamiento Universitario con amplio respaldo opositor. El presidente la vetó parcialmente, argumentando que no se explicitaba el origen de los fondos. Luego, el Parlamento insistió con la norma. A partir de allí, el Ejecutivo cuestionó su aplicación y sostuvo que debía aclararse cómo se cubriría el costo fiscal.
Con el paso de los meses, el Gobierno decidió no ejecutar plenamente los mecanismos automáticos previstos por la ley, bajo el argumento de que el Congreso debía precisar las fuentes de financiamiento.
La situación fue judicializada por sectores universitarios y legisladores, que denunciaron incumplimiento. Según los planteos presentados en tribunales, el Ejecutivo acumula más de 50 días sin aplicar lo dispuesto por la norma vigente.
En ese contexto, el nuevo proyecto busca reformular el esquema aprobado el año pasado. En los fundamentos, el Poder Ejecutivo sostiene que la modificación apunta a “compatibilizar el sostenimiento del sistema universitario con el equilibrio fiscal” y a introducir criterios “claros y previsibles” de actualización.
El texto enviado al Congreso plantea que la adecuación presupuestaria se realizará “en la medida en que la inflación observada, que surja del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC, supere el valor de 14,3% promedio anual utilizado para la confección del proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio 2026”.
Además, se afirma que la propuesta busca “garantizar el funcionamiento de las universidades nacionales y del sistema de salud universitario”.
En materia salarial, el proyecto establece actualizaciones escalonadas para 2026: incrementos del 4,1% en marzo, julio y septiembre, calculados sobre los básicos vigentes a diciembre de 2025. También prevé la convocatoria obligatoria a paritarias con una periodicidad no mayor a tres meses.
Uno de los cambios centrales es la modificación del artículo 5°. Mientras la ley vigente establecía una actualización atada al IPC con piso no inferior a la inflación informada por el INDEC, el nuevo proyecto fija tres aumentos del 4,1% durante 2026 sobre los básicos de diciembre de 2025.
El texto también dispone que el Poder Ejecutivo deberá convocar a negociación paritaria al mes siguiente de la sanción de la ley, con una periodicidad máxima trimestral y carácter abarcativo para docentes y no docentes.
En cuanto a los gastos de funcionamiento, la iniciativa establece que el presupuesto 2026 destinado a universidades se ajustará sólo si la inflación observada supera el 14,3% anual previsto al momento de elaborar el proyecto de Presupuesto.
La ley vigente contemplaba actualizaciones bimestrales automáticas en función del IPC y una recomposición al 1° de enero de 2025 según la variación acumulada de la inflación. El nuevo esquema introduce un umbral previo y elimina la referencia a ajustes automáticos periódicos.
La iniciativa incorpora un incremento nominal específico de $8.072.460.000 para la actividad “Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios” dentro del programa de Desarrollo de la Educación Superior, destinado al funcionamiento del sistema de salud universitario.
La iniciativa oficial propone cambios en la fórmula de actualización presupuestaria y salarial, redefine partidas y establece nuevos criterios de financiamiento.
Según el texto, se trata de una “recomposición” orientada a garantizar la sostenibilidad fiscal, pero introduce modificaciones sustanciales respecto de la ley vigente, especialmente en materia de aumentos automáticos atados al IPC y en la determinación de los recursos.
Desde los sindicatos docentes ya anunciaron su rechazo a la propuesta: “Se nos quiere imponer que solo cobremos el 12% de incremento salarial en tres cómodas cuotas, la última se cobraría en noviembre, como compensación de la caída de nuestros salarios desde que asumió Milei. Por la ley, aprobada cuatro veces, nos corresponde el 50% del pago retroactivo“, señalaron desde la AGD-UBA.
El conflicto tiene una cronología cargada. En 2024, el Congreso aprobó la Ley de Financiamiento Universitario con amplio respaldo opositor. El presidente la vetó parcialmente, argumentando que no se explicitaba el origen de los fondos. Luego, el Parlamento insistió con la norma. A partir de allí, el Ejecutivo cuestionó su aplicación y sostuvo que debía aclararse cómo se cubriría el costo fiscal.
Con el paso de los meses, el Gobierno decidió no ejecutar plenamente los mecanismos automáticos previstos por la ley, bajo el argumento de que el Congreso debía precisar las fuentes de financiamiento.
La situación fue judicializada por sectores universitarios y legisladores, que denunciaron incumplimiento. Según los planteos presentados en tribunales, el Ejecutivo acumula más de 50 días sin aplicar lo dispuesto por la norma vigente.
En ese contexto, el nuevo proyecto busca reformular el esquema aprobado el año pasado. En los fundamentos, el Poder Ejecutivo sostiene que la modificación apunta a “compatibilizar el sostenimiento del sistema universitario con el equilibrio fiscal” y a introducir criterios “claros y previsibles” de actualización.
El texto enviado al Congreso plantea que la adecuación presupuestaria se realizará “en la medida en que la inflación observada, que surja del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC, supere el valor de 14,3% promedio anual utilizado para la confección del proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio 2026”.
Además, se afirma que la propuesta busca “garantizar el funcionamiento de las universidades nacionales y del sistema de salud universitario”.
En materia salarial, el proyecto establece actualizaciones escalonadas para 2026: incrementos del 4,1% en marzo, julio y septiembre, calculados sobre los básicos vigentes a diciembre de 2025. También prevé la convocatoria obligatoria a paritarias con una periodicidad no mayor a tres meses.
Actualización salarial con aumentos escalonados
Uno de los cambios centrales es la modificación del artículo 5°. Mientras la ley vigente establecía una actualización atada al IPC con piso no inferior a la inflación informada por el INDEC, el nuevo proyecto fija tres aumentos del 4,1% durante 2026 sobre los básicos de diciembre de 2025.
El texto también dispone que el Poder Ejecutivo deberá convocar a negociación paritaria al mes siguiente de la sanción de la ley, con una periodicidad máxima trimestral y carácter abarcativo para docentes y no docentes.
Nueva fórmula para la recomposición presupuestaria
En cuanto a los gastos de funcionamiento, la iniciativa establece que el presupuesto 2026 destinado a universidades se ajustará sólo si la inflación observada supera el 14,3% anual previsto al momento de elaborar el proyecto de Presupuesto.
La ley vigente contemplaba actualizaciones bimestrales automáticas en función del IPC y una recomposición al 1° de enero de 2025 según la variación acumulada de la inflación. El nuevo esquema introduce un umbral previo y elimina la referencia a ajustes automáticos periódicos.
Refuerzo para hospitales universitarios
La iniciativa incorpora un incremento nominal específico de $8.072.460.000 para la actividad “Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios” dentro del programa de Desarrollo de la Educación Superior, destinado al funcionamiento del sistema de salud universitario.
Con información de
Cronista
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