Vuelve el canal rojo para importaciones: cuáles son los nuevos controles y sanciones por incumplimiento
Martes 10 de
Marzo 2026
El Gobierno asumirá el costo de pruebas y ensayos; el detalle de la normativa que rige desde mañana
Tras el salto de las importaciones en 2025 y el reclamo de diversos sectores industriales, la Secretaría de Industria y Comercio, bajo la órbita del Ministerio de Economía, encontró un mecanismo “moderno” para controlar el ingreso de productos del exterior.
A través de la Resolución 56/2026, que establece un nuevo Protocolo de Vigilancia de Mercado, la cartera que dirige Pablo Lavigne le dio respuesta a cientos de pedidos de mayor control del sector empresario, principalmente pymes.
Sectores que golpeaban la puerta del Secretario y su equipo aseguraron a El Cronista que muchas desregulaciones que afectaron de forma negativa en la industria local, no se volvieron a implementar por “temor” de los funcionarios a ser tildados de “proteccionistas”.
Pese a que se reconocía el riesgo para los consumidores en salud o integridad física, “simplemente no se usaron herramientas de control porque lo hacía el gobierno anterior”, se quejaban los damnificados.
Aunque los mismos referentes del sector privado aseguran que el control “a dedo” generó “barreras”, “distorsiones” y “costos adicionales” en el comercio, explican que “no hay mucho para inventar en el comercio internacional”.
En esa línea, con esta normativa, el Gobierno busca adaptar el sistema de control ex-post (posterior a la comercialización) con el objetivo de garantizar la seguridad, calidad y veracidad de la información de los productos en el mercado argentino.
La medida, que lleva la firma del secretario Pablo Lavigne, se fundamenta en la Ley de Defensa del Consumidor y el Decreto de Lealtad Comercial, otorgando un marco de mayor transparencia y previsibilidad tanto para empresas como para usuarios.
El nuevo esquema abandona los controles previos ineficientes para centrarse en una fiscalización inteligente basada en tres ejes:
1) Verificación Documental: Las empresas deberán tener a disposición toda la documentación técnica que respalde que sus productos cumplen con los reglamentos vigentes.
2) Verificación Técnica y Presencial: El Estado realizará inspecciones en fábricas, depósitos y puntos de venta. Esto incluye la extracción de muestras para ser ensayadas en laboratorios especializados.
3) Control Fronterizo: Se implementarán controles aleatorios en Aduana. En caso de incumplimientos reiterados o falta de respuesta a requerimientos, se aplicará el canal rojo aduanero, pasando transitoriamente a un control ex-ante (previo al ingreso).
Uno de los puntos más controversiales de la resolución es el esquema de financiamiento de las inspecciones técnicas, diseñado bajo la premisa de incentivar el cumplimiento:
- Si el producto CUMPLE: La Secretaría de Industria y Comercio absorberá definitivamente los costos de logística y ensayos.
- Si el producto NO CUMPLE: El infractor será intimado a reintegrar la totalidad de los gastos incurridos en el análisis, además de enfrentar las multas y sanciones correspondientes.
La selección de qué productos fiscalizar no será azarosa. El protocolo establece que se priorizarán según el nivel de riesgo (incidencia en la salud y seguridad), el historial de infracciones, las denuncias recibidas y el análisis de datos de comercio exterior (volumen de importación y antigüedad del operador).
En cuanto a la ejecución, la Subsecretaría de Comercio Exterior será la encargada de la vigilancia operativa, mientras que la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial tendrá el poder de instruir sumarios y aplicar sanciones.
La nueva normativa entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial, derogando los artículos obsoletos de la reglamentación anterior.
A través de la Resolución 56/2026, que establece un nuevo Protocolo de Vigilancia de Mercado, la cartera que dirige Pablo Lavigne le dio respuesta a cientos de pedidos de mayor control del sector empresario, principalmente pymes.
Sectores que golpeaban la puerta del Secretario y su equipo aseguraron a El Cronista que muchas desregulaciones que afectaron de forma negativa en la industria local, no se volvieron a implementar por “temor” de los funcionarios a ser tildados de “proteccionistas”.
Pese a que se reconocía el riesgo para los consumidores en salud o integridad física, “simplemente no se usaron herramientas de control porque lo hacía el gobierno anterior”, se quejaban los damnificados.
Aunque los mismos referentes del sector privado aseguran que el control “a dedo” generó “barreras”, “distorsiones” y “costos adicionales” en el comercio, explican que “no hay mucho para inventar en el comercio internacional”.
En esa línea, con esta normativa, el Gobierno busca adaptar el sistema de control ex-post (posterior a la comercialización) con el objetivo de garantizar la seguridad, calidad y veracidad de la información de los productos en el mercado argentino.
La medida, que lleva la firma del secretario Pablo Lavigne, se fundamenta en la Ley de Defensa del Consumidor y el Decreto de Lealtad Comercial, otorgando un marco de mayor transparencia y previsibilidad tanto para empresas como para usuarios.
Los tres pilares de la vigilancia
El nuevo esquema abandona los controles previos ineficientes para centrarse en una fiscalización inteligente basada en tres ejes:
1) Verificación Documental: Las empresas deberán tener a disposición toda la documentación técnica que respalde que sus productos cumplen con los reglamentos vigentes.
2) Verificación Técnica y Presencial: El Estado realizará inspecciones en fábricas, depósitos y puntos de venta. Esto incluye la extracción de muestras para ser ensayadas en laboratorios especializados.
3) Control Fronterizo: Se implementarán controles aleatorios en Aduana. En caso de incumplimientos reiterados o falta de respuesta a requerimientos, se aplicará el canal rojo aduanero, pasando transitoriamente a un control ex-ante (previo al ingreso).
¿Quién paga los costos?
Uno de los puntos más controversiales de la resolución es el esquema de financiamiento de las inspecciones técnicas, diseñado bajo la premisa de incentivar el cumplimiento:
- Si el producto CUMPLE: La Secretaría de Industria y Comercio absorberá definitivamente los costos de logística y ensayos.
- Si el producto NO CUMPLE: El infractor será intimado a reintegrar la totalidad de los gastos incurridos en el análisis, además de enfrentar las multas y sanciones correspondientes.
Criterios de selección y autoridades
La selección de qué productos fiscalizar no será azarosa. El protocolo establece que se priorizarán según el nivel de riesgo (incidencia en la salud y seguridad), el historial de infracciones, las denuncias recibidas y el análisis de datos de comercio exterior (volumen de importación y antigüedad del operador).
En cuanto a la ejecución, la Subsecretaría de Comercio Exterior será la encargada de la vigilancia operativa, mientras que la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial tendrá el poder de instruir sumarios y aplicar sanciones.
La nueva normativa entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial, derogando los artículos obsoletos de la reglamentación anterior.
Con información de
Cronista
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