"Estoy en negro, no tengo DNI": con trámites congelados, miles de venezolanos esperan poder regularizarse en la Argentina
Viernes 13 de
Marzo 2026
Nuevos regímenes exponen un giro en la política migratoria de la Argentina y complican la búsqueda de regularización de su estatus
Históricamente, la Argentina fue un destino conocido por su tradición de puertas abiertas, particularmente por sus políticas migratorias que incentivaban la integración de los extranjeros. Hoy, sin embargo, ese recorrido se ve atravesado por demoras administrativas, cambios normativos y expedientes que quedan en pausa.
En este contexto, para los extranjeros residiendo en la Argentina la regularización de su estatus migratorio dejó de ser un trámite simple y pasó a convertirse en una espera indefinida que condiciona su vida cotidiana, particularmente sus oportunidades laborales.
En el caso de los ciudadanos venezolanos, la situación es aún más compleja. Los nuevos requisitos migratorios se suman a una problemática de fondo: por las condiciones impuestas por el régimen chavista, muchos de ellos llegaron en los últimos años a territorio argentino en circunstancias irregulares y con documentación vencida, lo que se suma al hecho de que, desde mediados de 2024, Venezuela retiró a su personal diplomático en la Argentina, impidiendo que los exiliados puedan renovar sus documentos.
A partir de esa decisión, ese mismo año la Argentina decretó un régimen especial para facilitar la regularización migratoria de los venezolanos. Pero desde mediados de enero de 2025, esa norma ya no se encuentra vigente.
Guillermo Martínez tiene 27 años y trabaja en YPF. A diferencia de muchos de sus compatriotas, ingresó a la Argentina por Brasil en noviembre de 2022. “Vine por una ruta mixta. Salí de Venezuela por la frontera con Brasil, por carretera, atravesando parte de la Gran Sabana, en la selva amazónica, una zona de fuerte actividad minera. Ya en Brasil sellé mi ingreso al país. Volé con cuatro escalas, todas dentro de Brasil, hasta llegar a Foz do Iguaçu. Desde allí crucé por carretera a Puerto Iguazú, pasé por Aduana y tomé un ómnibus a Buenos Aires”, contó.
Al ingresar al país, realizó todos los trámites legales y reglamentarios exigidos por Migraciones, lo que le permitió obtener el DNI temporario en el plazo de unos meses. Sin embargo, su situación volvió a quedar en suspenso.
“Estoy esperando nuevamente el DNI temporario. Tenía que renovarlo para solicitar la residencia permanente y había iniciado todo el trámite, incluso pagando todas las boletas correspondientes, pero en la cita presencial me notificaron que no se podía avanzar porque el régimen especial migratorio para los venezolanos ya no regía, aun cuando yo había iniciado el trámite cuando el decreto estaba vigente”, afirmó Martínez.
María Espinoza Rodríguez vive en la Argentina con su marido y su hija desde 2024. Todavía no pudo obtener su DNI. “En diciembre de 2024 fui a Migraciones porque había un régimen especial para venezolanos. Inicié el trámite, pagué todas las boletas y presenté lo que me pidieron”, explicó. Obtuvo una documentación provisoria que le permitió circular únicamente dentro del territorio nacional por un plazo de 90 días.
Sin embargo, tras ese lapso el expediente volvió a trabarse. “Ahora me exigen recibos de sueldo o comprobantes de mis ingresos desde que estoy acá, pero no los tengo: trabajo en negro porque no tengo DNI. No me dan recibos de pago justamente por eso, entonces no tengo nada para presentar. Ya me renovaron cinco veces la precaria”, señaló Espinoza Rodríguez.
Como las de muchos de sus compatriotas, su partida de Venezuela y su llegada a la Argentina fueron complicadas. Pasó varios años en Perú, pero su experiencia allí estuvo marcada por la discriminación. “Trabajaba en un restaurante y mi marido en una fábrica, pero era muy duro: te señalan, te discriminan... Vivir así es muy frustrante”, relató.
Al salir de Perú, Bolivia le negó tanto la entrada como la salida debido a su cédula vencida. “Me pidieron pasaporte al día, pero yo no tengo, y una niña de 8 años en Venezuela no tiene cédula, solo partida de nacimiento. Ya estaba allá, sin dinero para volver, con mi hija. No tenía otra opción, entramos por un paso irregular: cruzamos por un río pequeño entre Bolivia y la Argentina”, detalló. Ahora, desde la ciudad de Buenos Aires espera, ya algo desesperanzada, poder regularizar su situación migratoria.
Sobre el trasfondo de las demoras en trámites migratorios, el abogado venezolano José Antonio López explica que, con la llegada del gobierno de Javier Milei, muchos contratos del personal de la Dirección Nacional de Migraciones no fueron renovados. Al mismo tiempo, esta dependencia absorbió una competencia que antes estaba en manos del Poder Judicial: los procesos de naturalización.
“Migraciones ahora asumió esos trámites, pero no tiene ni el personal, ni la plataforma, ni la normativa necesaria para llevarlos adelante. Ahí quedó todo estancado”, afirma el letrado. En agosto de 2025, fundó junto a otros abogados la asesoría Abogar, de la cual es presidente. Se trata de un espacio que acompaña a los exiliados no solo en trámites migratorios, sino también en otras problemáticas vinculadas a la regularización y la integración. Desde sus inicios hasta diciembre de 2025, la organización afirma haber atendido solicitudes de 17.890 migrantes.
“La Dirección Nacional de Migraciones presenta enormes retrasos en los trámites, especialmente en los casos de venezolanos y ciudadanos del Mercosur –suma López–. Lo primero que hacemos es asistir al migrante y presentar un pedido de pronto despacho. Cuando la administración excede los plazos legales y no emite respuesta, recurrimos a la vía judicial. En esos casos interponemos un recurso de amparo. La Justicia Federal obliga a la administración a resolver, ya sea de manera favorable o desfavorable, pero a resolver”.
La Dirección Nacional de Migraciones fue reestructurada. El organismo ya no depende del Ministerio del Interior, sino del Ministerio de Seguridad. Además, fue rebautizado como Agencia Nacional de Inmigración, con una policía migratoria propia.
“Ese rediseño respondió a exigencias del Departamento de Estado y del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos para que la Argentina pueda adecuarse a regímenes de exención de visas”, sostiene López.
Y añade: “Es una policía migratoria que verifica los datos que brindan los migrantes. Si alguien ingresa como turista y declara que se aloja en un hotel determinado, ese dato será controlado”.
En ese contexto, también señaló que quienes ya cuenten con una orden de deportación serán localizados y expulsados del país: “Es un modelo similar al ICE de Estados Unidos: un organismo federal cuya función es exclusivamente monitorear y verificar las condiciones migratorias”.
En efecto, durante los últimos dos meses, el gobierno nacional intensificó los controles migratorios y registró un fuerte aumento en la cantidad de ciudadanos extranjeros inadmitidos o expulsados en los distintos pasos fronterizos del país. De acuerdo con datos del Ministerio de Seguridad nacional, entre diciembre y enero cerca de 5000 personas no lograron ingresar a la Argentina o fueron expulsadas tras detectarse irregularidades.
Alberto Freites también integra Abogar. Es especialista en derecho migratorio y uno de sus principales focos de conflicto con la Dirección Nacional de Migraciones está puesto en el régimen especial para venezolanos. “El régimen especial dejó de estar vigente, pero todas las personas que se acogieron a él tienen derecho a que su situación se resuelva bajo ese marco. En varios expedientes, Migraciones dio por cerrado el trámite y exigió iniciar uno nuevo. Eso no existe en la ley”, subrayó.
Y agregó: “Tengo aproximadamente doce casos en los que los tribunales nos dieron la razón. Ordenaron a Migraciones que se expidiera sobre la solicitud presentada bajo el régimen especial. En esos procesos, presentamos pedidos por demora administrativa obligando a Migraciones a resolver”, indicó.
LA NACION consultó a la Agencia Nacional de Inmigración para obtener mayores precisiones sobre por qué el régimen especial para venezolanos dejó de estar vigente y sobre las demoras en los expedientes señaladas por múltiples venezolanos y profesionales. Al cierre de esta nota, no había recibido respuesta.
En el Centro Venezolano Argentino, donde funciona Abogar, esperan varios migrantes que buscan respuestas a sus problemáticas migratorias. Entre ellos está Jesús Mata, quien llegó a la Argentina a comienzos de 2026 procedente de Chile, adonde había emigrado años atrás.
“Hoy los venezolanos, y muchos otros migrantes, están siendo expulsados de Chile. Esa es la nueva orden. Expulsar a todos termina siendo dejarlos varados. Perú no permite el ingreso y Bolivia reforzó el control fronterizo con su fuerza militar. Además, cuando llegás a la frontera con Bolivia o Perú, hay una mafia: si no pagás –y es mucho dinero, puede llegar hasta los 1200 dólares– te toman fotos, te revisan, saben quién sos. Podés quedar abandonado en la ruta o desaparecer. Eso pasa. Te piden que salgas de Chile, pero es imposible”, contó Mata.
Frente a ese escenario, decidió venirse a la Argentina. El cruce fue extremo. “Crucé caminando. Lo hice por un paso no habilitado conocido como el Paso Vuriloche. Solo lo conocen quienes hacen senderismo. Hay un río, llevás comida y seguís un sendero apenas marcado por huellas de personas o caballos”, explicó.
El trayecto le llevó cinco días. “Me perdí casi seis horas en la montaña. Estaba solo. No es fácil, pero tampoco imposible. Hay muchas encrucijadas y no sabés si vas bien, pero siempre aparecía alguien que me decía: ‘Sí, es por acá’”, relató. Del lado argentino, llegó al albergue Pampa Linda, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. “Desde ahí fui hasta Bariloche”, contó.
Después del encuentro con la abogada, Mata se mostró más aliviado: “Estoy mucho más tranquilo, porque tenía muchos nervios. Ahora quizás hay soluciones”.
A pocos metros de Mata está Alberto Campos, un cantante venezolano de 72 años que también se acercó por primera vez al centro. “Llegué a la Argentina el año pasado. Llevo diez meses acá. Vivía en Bogotá, donde estuve cuatro años”, contó.
Campos ingresó al país de manera regular, en avión y con pasaporte. “Después de diez meses sigo sin mi DNI. Me dicen que está todo bien, que no hay problemas, pero que tengo que esperar”, señaló. Para Campos, la demora impacta directamente en su vida cotidiana. “Lo necesito para progresar, sobre todo en lo económico. Sin identificación no puedo, por ejemplo, sacar una licencia de conducir. Canto en el subte y con eso me defiendo, pero es muy duro. Quiero poder manejar, trabajar de chofer de aplicación y así aumentar mis ingresos. El DNI es fundamental porque es mi medio de vida y un sustento más digno; por eso vine acá para que me ayuden”, describió.
Actualmente, el equipo también aborda esa nueva problemática regional. “En Chile, la situación migratoria de los venezolanos es muy delicada. El presidente José Antonio Kast, al ser electo, dio 30 días desde su asunción para que todos los migrantes abandonen el país. Esto provocó que muchos venezolanos que estaban en Chile, incluso con una situación económica sólida, opten por emigrar nuevamente hacia la Argentina”, sostuvo López.
“La migración no es algo que uno elija. Uno migra para proteger a sus hijos. Trabajamos, pagamos impuestos, cumplimos con todo. No estamos de paso ni vivimos de ayuda. Solo queremos vivir en paz y de manera legal”, dijo Milli Castellano, de 37 años.
Ella tuvo un recorrido similar al de Espinoza Rodríguez. “Llegué con mi hija y mi marido a la Argentina en agosto de 2022. Antes habíamos vivido tres años y medio en Perú, pero decidimos irnos porque la situación de xenofobia se volvió insoportable. Para llegar tuvimos que pasar por Bolivia y ahí atravesamos una situación muy grave: intentaron quitarnos a nuestra hija”, relató Castellano.
“En Venezuela los chicos no tienen cédula hasta los 9 años y mi hija tenía cuatro años y medio cuando nos fuimos. Cuando nos acercamos a Migraciones en Bolivia nos pedían el sello de entrada, pero no lo teníamos porque habíamos cruzado por caminos verdes, es decir, por un paso irregular. No podíamos dejar a la niña en Bolivia, como nos exigían, así que salimos del país, también de manera irregular, y entramos a la Argentina por La Quiaca”, añadió Castellano.
Al llegar a la Argentina, Castellano y su familia iniciaron una solicitud de refugio ante la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare), lo que les permitió obtener una residencia precaria y regularizar de manera provisoria su situación migratoria. Sin embargo, como esa residencia precaria debía renovarse después de los tres meses iniciales, mes a mes, desde fuentes oficiales le indicaron que, para ordenar el expediente, debía salir del país y reingresar por un paso habilitado. Así, a fines de 2022, ella y su esposo salieron a Uruguay y volvieron a ingresar de manera regular, pero aun así el expediente permaneció estancado durante meses. “Nos decían que tenían que verificar las cédulas, revisar documentación, pero nada se resolvía. Sin embajada venezolana, no podían corroborar los documentos”, sostuvo Castellano.
En ese marco, la familia suspendió el trámite que había iniciado previamente y se acogió a la nueva regulación, lo que implicó perder todo el tiempo acumulado en el proceso anterior. Durante ese período, Castellano quedó embarazada y dio a luz a su segunda hija en la Argentina. “No podía presentarla porque no teníamos DNI. Acá te piden DNI para inscribir a un bebé. La nena no podía hacerse estudios ni controles médicos porque no tenía quién la presentara legalmente”, expresó. Finalmente, con la intervención de profesionales de Desarrollo Social y Acción Social, lograron inscribirla de manera excepcional utilizando las cédulas venezolanas.
Recién en mayo de 2025 recibió el DNI, aunque bajo una residencia temporaria, pese a llevar casi tres años en el país y tener una hija argentina. “Al no tener la permanente, no podemos abrir cuentas bancarias, no podemos avanzar hacia la ciudadanía y no sabemos si podemos salir del país sin perder la residencia”, concluyó Castellano.
En este contexto, para los extranjeros residiendo en la Argentina la regularización de su estatus migratorio dejó de ser un trámite simple y pasó a convertirse en una espera indefinida que condiciona su vida cotidiana, particularmente sus oportunidades laborales.
En el caso de los ciudadanos venezolanos, la situación es aún más compleja. Los nuevos requisitos migratorios se suman a una problemática de fondo: por las condiciones impuestas por el régimen chavista, muchos de ellos llegaron en los últimos años a territorio argentino en circunstancias irregulares y con documentación vencida, lo que se suma al hecho de que, desde mediados de 2024, Venezuela retiró a su personal diplomático en la Argentina, impidiendo que los exiliados puedan renovar sus documentos.
A partir de esa decisión, ese mismo año la Argentina decretó un régimen especial para facilitar la regularización migratoria de los venezolanos. Pero desde mediados de enero de 2025, esa norma ya no se encuentra vigente.
Guillermo Martínez tiene 27 años y trabaja en YPF. A diferencia de muchos de sus compatriotas, ingresó a la Argentina por Brasil en noviembre de 2022. “Vine por una ruta mixta. Salí de Venezuela por la frontera con Brasil, por carretera, atravesando parte de la Gran Sabana, en la selva amazónica, una zona de fuerte actividad minera. Ya en Brasil sellé mi ingreso al país. Volé con cuatro escalas, todas dentro de Brasil, hasta llegar a Foz do Iguaçu. Desde allí crucé por carretera a Puerto Iguazú, pasé por Aduana y tomé un ómnibus a Buenos Aires”, contó.
Al ingresar al país, realizó todos los trámites legales y reglamentarios exigidos por Migraciones, lo que le permitió obtener el DNI temporario en el plazo de unos meses. Sin embargo, su situación volvió a quedar en suspenso.
“Estoy esperando nuevamente el DNI temporario. Tenía que renovarlo para solicitar la residencia permanente y había iniciado todo el trámite, incluso pagando todas las boletas correspondientes, pero en la cita presencial me notificaron que no se podía avanzar porque el régimen especial migratorio para los venezolanos ya no regía, aun cuando yo había iniciado el trámite cuando el decreto estaba vigente”, afirmó Martínez.
“Me renovaron cinco veces la precaria”
María Espinoza Rodríguez vive en la Argentina con su marido y su hija desde 2024. Todavía no pudo obtener su DNI. “En diciembre de 2024 fui a Migraciones porque había un régimen especial para venezolanos. Inicié el trámite, pagué todas las boletas y presenté lo que me pidieron”, explicó. Obtuvo una documentación provisoria que le permitió circular únicamente dentro del territorio nacional por un plazo de 90 días.
Sin embargo, tras ese lapso el expediente volvió a trabarse. “Ahora me exigen recibos de sueldo o comprobantes de mis ingresos desde que estoy acá, pero no los tengo: trabajo en negro porque no tengo DNI. No me dan recibos de pago justamente por eso, entonces no tengo nada para presentar. Ya me renovaron cinco veces la precaria”, señaló Espinoza Rodríguez.
Como las de muchos de sus compatriotas, su partida de Venezuela y su llegada a la Argentina fueron complicadas. Pasó varios años en Perú, pero su experiencia allí estuvo marcada por la discriminación. “Trabajaba en un restaurante y mi marido en una fábrica, pero era muy duro: te señalan, te discriminan... Vivir así es muy frustrante”, relató.
Al salir de Perú, Bolivia le negó tanto la entrada como la salida debido a su cédula vencida. “Me pidieron pasaporte al día, pero yo no tengo, y una niña de 8 años en Venezuela no tiene cédula, solo partida de nacimiento. Ya estaba allá, sin dinero para volver, con mi hija. No tenía otra opción, entramos por un paso irregular: cruzamos por un río pequeño entre Bolivia y la Argentina”, detalló. Ahora, desde la ciudad de Buenos Aires espera, ya algo desesperanzada, poder regularizar su situación migratoria.
Qué hay detrás de las demoras
Sobre el trasfondo de las demoras en trámites migratorios, el abogado venezolano José Antonio López explica que, con la llegada del gobierno de Javier Milei, muchos contratos del personal de la Dirección Nacional de Migraciones no fueron renovados. Al mismo tiempo, esta dependencia absorbió una competencia que antes estaba en manos del Poder Judicial: los procesos de naturalización.
“Migraciones ahora asumió esos trámites, pero no tiene ni el personal, ni la plataforma, ni la normativa necesaria para llevarlos adelante. Ahí quedó todo estancado”, afirma el letrado. En agosto de 2025, fundó junto a otros abogados la asesoría Abogar, de la cual es presidente. Se trata de un espacio que acompaña a los exiliados no solo en trámites migratorios, sino también en otras problemáticas vinculadas a la regularización y la integración. Desde sus inicios hasta diciembre de 2025, la organización afirma haber atendido solicitudes de 17.890 migrantes.
“La Dirección Nacional de Migraciones presenta enormes retrasos en los trámites, especialmente en los casos de venezolanos y ciudadanos del Mercosur –suma López–. Lo primero que hacemos es asistir al migrante y presentar un pedido de pronto despacho. Cuando la administración excede los plazos legales y no emite respuesta, recurrimos a la vía judicial. En esos casos interponemos un recurso de amparo. La Justicia Federal obliga a la administración a resolver, ya sea de manera favorable o desfavorable, pero a resolver”.
La Dirección Nacional de Migraciones fue reestructurada. El organismo ya no depende del Ministerio del Interior, sino del Ministerio de Seguridad. Además, fue rebautizado como Agencia Nacional de Inmigración, con una policía migratoria propia.
“Ese rediseño respondió a exigencias del Departamento de Estado y del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos para que la Argentina pueda adecuarse a regímenes de exención de visas”, sostiene López.
Y añade: “Es una policía migratoria que verifica los datos que brindan los migrantes. Si alguien ingresa como turista y declara que se aloja en un hotel determinado, ese dato será controlado”.
En ese contexto, también señaló que quienes ya cuenten con una orden de deportación serán localizados y expulsados del país: “Es un modelo similar al ICE de Estados Unidos: un organismo federal cuya función es exclusivamente monitorear y verificar las condiciones migratorias”.
En efecto, durante los últimos dos meses, el gobierno nacional intensificó los controles migratorios y registró un fuerte aumento en la cantidad de ciudadanos extranjeros inadmitidos o expulsados en los distintos pasos fronterizos del país. De acuerdo con datos del Ministerio de Seguridad nacional, entre diciembre y enero cerca de 5000 personas no lograron ingresar a la Argentina o fueron expulsadas tras detectarse irregularidades.
Alberto Freites también integra Abogar. Es especialista en derecho migratorio y uno de sus principales focos de conflicto con la Dirección Nacional de Migraciones está puesto en el régimen especial para venezolanos. “El régimen especial dejó de estar vigente, pero todas las personas que se acogieron a él tienen derecho a que su situación se resuelva bajo ese marco. En varios expedientes, Migraciones dio por cerrado el trámite y exigió iniciar uno nuevo. Eso no existe en la ley”, subrayó.
Y agregó: “Tengo aproximadamente doce casos en los que los tribunales nos dieron la razón. Ordenaron a Migraciones que se expidiera sobre la solicitud presentada bajo el régimen especial. En esos procesos, presentamos pedidos por demora administrativa obligando a Migraciones a resolver”, indicó.
LA NACION consultó a la Agencia Nacional de Inmigración para obtener mayores precisiones sobre por qué el régimen especial para venezolanos dejó de estar vigente y sobre las demoras en los expedientes señaladas por múltiples venezolanos y profesionales. Al cierre de esta nota, no había recibido respuesta.
En el Centro Venezolano Argentino, donde funciona Abogar, esperan varios migrantes que buscan respuestas a sus problemáticas migratorias. Entre ellos está Jesús Mata, quien llegó a la Argentina a comienzos de 2026 procedente de Chile, adonde había emigrado años atrás.
“Hoy los venezolanos, y muchos otros migrantes, están siendo expulsados de Chile. Esa es la nueva orden. Expulsar a todos termina siendo dejarlos varados. Perú no permite el ingreso y Bolivia reforzó el control fronterizo con su fuerza militar. Además, cuando llegás a la frontera con Bolivia o Perú, hay una mafia: si no pagás –y es mucho dinero, puede llegar hasta los 1200 dólares– te toman fotos, te revisan, saben quién sos. Podés quedar abandonado en la ruta o desaparecer. Eso pasa. Te piden que salgas de Chile, pero es imposible”, contó Mata.
Frente a ese escenario, decidió venirse a la Argentina. El cruce fue extremo. “Crucé caminando. Lo hice por un paso no habilitado conocido como el Paso Vuriloche. Solo lo conocen quienes hacen senderismo. Hay un río, llevás comida y seguís un sendero apenas marcado por huellas de personas o caballos”, explicó.
El trayecto le llevó cinco días. “Me perdí casi seis horas en la montaña. Estaba solo. No es fácil, pero tampoco imposible. Hay muchas encrucijadas y no sabés si vas bien, pero siempre aparecía alguien que me decía: ‘Sí, es por acá’”, relató. Del lado argentino, llegó al albergue Pampa Linda, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. “Desde ahí fui hasta Bariloche”, contó.
Después del encuentro con la abogada, Mata se mostró más aliviado: “Estoy mucho más tranquilo, porque tenía muchos nervios. Ahora quizás hay soluciones”.
A pocos metros de Mata está Alberto Campos, un cantante venezolano de 72 años que también se acercó por primera vez al centro. “Llegué a la Argentina el año pasado. Llevo diez meses acá. Vivía en Bogotá, donde estuve cuatro años”, contó.
Campos ingresó al país de manera regular, en avión y con pasaporte. “Después de diez meses sigo sin mi DNI. Me dicen que está todo bien, que no hay problemas, pero que tengo que esperar”, señaló. Para Campos, la demora impacta directamente en su vida cotidiana. “Lo necesito para progresar, sobre todo en lo económico. Sin identificación no puedo, por ejemplo, sacar una licencia de conducir. Canto en el subte y con eso me defiendo, pero es muy duro. Quiero poder manejar, trabajar de chofer de aplicación y así aumentar mis ingresos. El DNI es fundamental porque es mi medio de vida y un sustento más digno; por eso vine acá para que me ayuden”, describió.
Una situación regional complicada
Actualmente, el equipo también aborda esa nueva problemática regional. “En Chile, la situación migratoria de los venezolanos es muy delicada. El presidente José Antonio Kast, al ser electo, dio 30 días desde su asunción para que todos los migrantes abandonen el país. Esto provocó que muchos venezolanos que estaban en Chile, incluso con una situación económica sólida, opten por emigrar nuevamente hacia la Argentina”, sostuvo López.
“La migración no es algo que uno elija. Uno migra para proteger a sus hijos. Trabajamos, pagamos impuestos, cumplimos con todo. No estamos de paso ni vivimos de ayuda. Solo queremos vivir en paz y de manera legal”, dijo Milli Castellano, de 37 años.
Ella tuvo un recorrido similar al de Espinoza Rodríguez. “Llegué con mi hija y mi marido a la Argentina en agosto de 2022. Antes habíamos vivido tres años y medio en Perú, pero decidimos irnos porque la situación de xenofobia se volvió insoportable. Para llegar tuvimos que pasar por Bolivia y ahí atravesamos una situación muy grave: intentaron quitarnos a nuestra hija”, relató Castellano.
“En Venezuela los chicos no tienen cédula hasta los 9 años y mi hija tenía cuatro años y medio cuando nos fuimos. Cuando nos acercamos a Migraciones en Bolivia nos pedían el sello de entrada, pero no lo teníamos porque habíamos cruzado por caminos verdes, es decir, por un paso irregular. No podíamos dejar a la niña en Bolivia, como nos exigían, así que salimos del país, también de manera irregular, y entramos a la Argentina por La Quiaca”, añadió Castellano.
Al llegar a la Argentina, Castellano y su familia iniciaron una solicitud de refugio ante la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare), lo que les permitió obtener una residencia precaria y regularizar de manera provisoria su situación migratoria. Sin embargo, como esa residencia precaria debía renovarse después de los tres meses iniciales, mes a mes, desde fuentes oficiales le indicaron que, para ordenar el expediente, debía salir del país y reingresar por un paso habilitado. Así, a fines de 2022, ella y su esposo salieron a Uruguay y volvieron a ingresar de manera regular, pero aun así el expediente permaneció estancado durante meses. “Nos decían que tenían que verificar las cédulas, revisar documentación, pero nada se resolvía. Sin embajada venezolana, no podían corroborar los documentos”, sostuvo Castellano.
En ese marco, la familia suspendió el trámite que había iniciado previamente y se acogió a la nueva regulación, lo que implicó perder todo el tiempo acumulado en el proceso anterior. Durante ese período, Castellano quedó embarazada y dio a luz a su segunda hija en la Argentina. “No podía presentarla porque no teníamos DNI. Acá te piden DNI para inscribir a un bebé. La nena no podía hacerse estudios ni controles médicos porque no tenía quién la presentara legalmente”, expresó. Finalmente, con la intervención de profesionales de Desarrollo Social y Acción Social, lograron inscribirla de manera excepcional utilizando las cédulas venezolanas.
Recién en mayo de 2025 recibió el DNI, aunque bajo una residencia temporaria, pese a llevar casi tres años en el país y tener una hija argentina. “Al no tener la permanente, no podemos abrir cuentas bancarias, no podemos avanzar hacia la ciudadanía y no sabemos si podemos salir del país sin perder la residencia”, concluyó Castellano.
Con información de
La Nación
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